LOS ACONTECIMIENTOS EN JUJUY

ESCRIBE ALBERTO CORTES

EL LITIO, uno de los átomos más sencillos de la tabla periódica de los elementos, tan sólo el tercero en simplicidad, después del hidrógeno y el helio, sobre los 92 naturales que incluye la tabla (y varios más artificiales); ha devenido, en los últimos años, en uno de los elementos más codiciados. Se encuentra en varios lugares del mundo (en diferentes formatos que requieren distintas formas de extracción), pero las más grandes reservas mundiales se hallan –en la forma de salares, junto a otros minerales-, en el llamado Triángulo del Litio, que incluye el Noroeste argentino y zonas adyacentes de Bolivia y Chile.

Es un elemento central para la fabricación de baterías –para la acumulación, no para la producción– de energía eléctrica en cantidades modestas, pero totalmente adecuadas para celulares, notebooks y automóviles eléctricos, entre otros. Los primeros dos son obviamente productos de gran masividad, y la transición a una economía con menor emisión de dióxido de carbono incluye necesariamente el remplazo progresivo de los actuales automóviles a combustión interna de combustibles fósiles por otros eléctricos (siempre y cuando, claro, que la electricidad para acumular en esas baterías no se genere quemando también combustible fósil, como ocurre predominantemente hoy).

En el desarrollo tecnológico actual, esas baterías son, por el momento, las más convenientes, entre otras opciones más caras o menos eficientes. Por lo tanto la demanda mundial de Litio se está disparando (hay previsiones de la Agencia Internacional de Energía de un incremento de 42 veces hasta 2040) y las naciones, y dentro de ellas las provincias que lo albergan (Salta, Jujuy y Catamarca, en el caso argentino), son hoy vedettes.

La Nefasta Reforma Constitucional de 1994, arreglada entre Menem y Alfonsín en el Pacto de Olivos, incluye la Propiedad del Subsuelo para las Provincias, exactamente lo contrario de lo que decía el Art. N° 40 de la Constitución Nacional de 1949, (derogada por un bando de una dictadura militar), que la reservaba para la Nación en su conjunto.

Desde mediados del Siglo XX por lo menos, las Compañías Mineras Trasnacionales han procurado que el Poder de Decisión sobre las Concesiones en ese rubro estén en manos de las Provincias y No de la Nación. Estas, son más débiles en su capacidad de negociación y terminan aceptando muchas veces condiciones ruinosas a cambio de migajas, que sin embargo, comparadas con los magros presupuestos provinciales (en especial para Provincias con escaso desarrollo económico en otros ítems), les resultan tentadoras.

Esto lo consiguieron con la Constitución hoy vigente, no por casualidad sancionada en el momento de mayor auge del Neoliberalismo en la Argentina y el Mundo. Se defiende ese criterio en nombre de un supuesto federalismo, que no debería significar –como en la práctica lo hace la letra de la Constitución del 94– una ventaja sustancial para las Trasnacionales y una Desventaja para los argentinos; sino que el Estado Nacional debería tener el mayor Poder de Decisión, acompañado de garantía de participación en esas decisiones y – sobre todo– en los Réditos Económicos, para las Provincias.

Los Gobernadores de las tres Provincias con más litio se oponen a coordinar con otros países principales productores políticas conjuntas en defensa de sus intereses comunes en la extracción e industrialización del elemento, la llamada OPEP del litio. En cambio, en sintonía con las empresas mineras, pretenden aprovechar la supuesta “ventaja” que para Argentina representa no haber consensuado todavía políticas para defender los intereses nacionales en la materia, mientras sí las tienen Bolivia y crecientemente Chile; para que las “inversiones” de las multinacionales se orienten preferentemente hacia aquí, donde se les permite cualquier cosa. Las regalías que deben pagar a las provincias, por ejemplo, son en Argentina menos de la mitad que en Chile.

A estas cuestiones, hay que agregar la disputa geopolítica entre EE.UU. y China por su influencia –y en especial el control de los recursos naturales– en el mundo y en particular en América Latina. También las cuestiones ambientales, que en este caso pasan principalmente por las enormes cantidades de agua que requieren las técnicas utilizadas en los salares, en zonas caracterizadas por la baja disponibilidad de ese recurso, que deja así de estar disponible para otros usos. No menor es si exportamos el litio como una mera materia prima, o si procuramos avanzar en su industrialización – para fabricar las baterías, o incluso hasta los autos eléctricos – generando puestos de mano obra local de especialización importante. Evo Morales lo planteó, y esto fue causa central del golpe en su contra. Argentina tiene aún mejores condiciones que Bolivia para intentarlo.

En este contexto, el Gobierno Radical de Jujuy, a cargo de Gerardo Morales, con la Complicidad de la Mayoría de los Electos por el Justicialismo de esa Provincia, sancionó entre gallos y medianoche una Nueva Constitución, el último 20 de junio, que intenta aggiornar aún más las condiciones legales para facilitar los negocios en torno a la Minería entre otros objetivos. 6 legisladores del F.I.T. y 2 Justicialistas se retiraron de la Convención Constituyente para no convalidarla. El sector del peronismo que se opone no es un sector menor –a pesar de tener hoy menos constituyentes-, ya que encabezó en 2019 las elecciones de legisladores nacionales que ganó, el mismo año que Morales ganaba las provinciales, frente a un justicialismo dividido.

Mueve la Reforma el objetivo de pavimentar mecanismos para emprender explotaciones en territorios reclamados por pueblos originarios (pero que en muchos casos carecen de títulos legales), eliminar límites al uso irrestricto de la propiedad privada, aún en detrimento del interés público; facilitar la represión de la protesta social dándole un carácter más “Constitucional” y acentuar el carácter Antidemocrático del Estado Jujeño. Morales exhibe acuerdos con algunas comunidades de originarios, pero ignora a muchas más. Incluso pretende reservarse el derecho de seleccionar a cuáles reconoce. El famoso Director de Cine Canadiense, James Cameron denunció que Morales le había tendido “UNA EMBOSCAD”, para usarlo en defensa de sus posiciones defensoras del Extractivismo. LA CONSTITUCION PROVINCIAL, REFORMADA EN CASI TODOS SUS ARTICULOS, SE CONTRAPONE EN VARIOS DE ELLOS CON LA CONSTITUCION NACIONAL Y CON CONVENIOS INTERNACIONALES DE RANGO CONSTITUCIONAL EN NUESTRO PAIS.

También hay que recordar que apenas asumido Morales, se aseguró el control del máximo tribunal, de forma escandalosa: Hizo votar por sus diputados la ampliación del mismo, luego nombrar a los nuevos jueces, incluyendo diputados que pocas horas antes habían votado la creación de esos cargos. Controlada así la justicia por su gobierno, la utilizó para una guerra sin cuartel contra Milagro Sala. Se llegaron a difundir audios del presidente del tribunal admitiendo que Sala no estaba presa por sus delitos sino para garantizarle la gobernabilidad a Morales. Hace un año promovió juicios políticos a 6 de los nueve jueces, incluyendo algunos nombrados por él, porque ya no servían a sus nuevos objetivos. Parece ser que para JxC es antirrepublicano promover juicios políticos contra los miembros de la Corte Nacional, pero está perfecto hacer lo mismo al interior de las provincias por ellos gobernadas. Respecto a Milagro, Morales no oculta que uno de los objetivos de la Constitución es no permitir a futuro que se la indulte. O sea llega al extremo de rebajar la jerarquía de una Constitución – que se supone que debería tener el máximo consenso y aval social – a los objetivos de la persecución de una persona determinada.

También intentó la eliminación de las elecciones de medio término (como sugirió Gabriela Michetti hace unos años). Además, garantizar al gobernador la mayoría automática en la Legislatura, por fuera de toda proporcionalidad. Morales acaba de defender esto diciendo que así es en provincias como Santa Fe. Justamente aquí, eso es una de los aspectos más cuestionados de la Constitución vigente, que no se ha logrado cambiar solamente por la mutua anulación de las fuerzas políticas que impide llegar a la mayoría especial para la reforma. Sin embargo hay coincidencia unánime – en las palabras –de la necesidad de esa reforma. La guinda del postre de esta declamación de la división de poderes y la acción exactamente opuesta es el nombre del presidente de la Convención Constituyente: El mismo Gerardo Morales. Para ello, pide licencia como gobernador, pero no se priva de ejercer actos en uno de sus trajes, mientras tiene puesto el otro.

Otro de los jalones antidemocráticos del curriculum de Morales es su colaboración activa con el golpe contra el otro Morales, muy distinto de él: Evo. E incluso condecoró al embajador macrista en Bolivia que participó en el contrabando de munición para la represión para las fuerzas de la usurpadora Jeanine Añez.

La Sanción de la Constitución “Moralista” se hizo precisamente en medio de un prolongado conflicto de los docentes jujeños por salarios dignos. El cóctel así conformado generó condiciones para grandes movilizaciones en contra tanto de la política salarial docente, como del contenido de esa “Constitución”. Y luego, de la represión que siguió.

Morales alega que durante las movilizaciones se produjeron desmanes, pero hay que tener en cuenta que los manifestantes detectaron a policías infiltrados entre sus filas (luego protegidos hasta sacarlos de sus columnas para que otros manifestantes no los agredieran) y que policías fueron filmados arrojando piedras, lo que claramente está por fuera de cualquier protocolo de accionar policial. Otros arengando a cometer ataques. Es decir que estos elementos, sumados a otros antecedentes, hacen muy factible que todos o parte de esos “desmanes” hayan sido provocados por agentes “moralistas”, con la finalidad de tener excusas para la represión.

Desatada la misma, incluyó balas en la cara de Adolescentes haciéndoles perder la vista, Detención de Turistas que estaban casualmente cerca, accionar de personal policial (incluido capturas de personas) desde vehículos sin identificación y hasta sin patentes, Allanamientos Sin Orden Judicial. Todos estos Actos Ilegales avalados por la Gobernación, en un claro intento de sembrar el miedo, en una provincia que tiene aún fresco el recuerdo del terrorismo de Estado, en especial con la “Noche del Apagón” del Ingenio Ledesma, con preocupantes similitudes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, se pronunciaron llamando al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos.

Paradójicamente, este despliegue Represivo, Antidemocrático y Antirrepublicano sin límites –que fue avalado además en un Comunicado de muchos de los más grandes empresarios del país- son empleados como recurso para la Campaña Electoral Nacional de Morales y de JxC, echándole la culpa de todos los problemas de la Provincia al Gobierno Nacional, al Kirchnerismo y también a la Izquierda, dado que el FIT es fuerte en la provincia y tiene un rol activo en las movilizaciones.

Que esto se lo creen cada vez menos los Jujeños está exhibido en la Masividad creciente de la Movilización Antirrepresiva. Pero claro, allí las elecciones ya fueron, y es tarde para lamentar lo que se votó, aunque muchos lo están haciendo.

A nivel Nacional, en cambio, las elecciones están por empezar, y habrá que ver si el electorado entra o no –como en 2015– en la Trampa de un Programa Terrorífico como el de Morales, Larreta, Bullrich y JxC, por mera reacción al monstruo que éste pinta en la vereda de enfrente, con la inestimable ayuda de Clarín, la Nación, etc., que, o no hablan de Jujuy, o lo hacen a través de entrevistas a Morales.