LA HISTORICA DECISION DE COLOMBIA

GUSTAVO PETRO Y FRANCIA MARQUEZ

ESCRIBE ALBERTO CORTES

Es difícil exagerar la importancia del resultado de las recientes elecciones presidenciales en Colombia. Pocas veces tan atinadamente elegido el nombre de la coalición que llevó a Gustavo Petro y a Francia Márquez a la Presidencia y Vicepresidencia de ese país: El Pacto Histórico.

Después de más de dos siglos, el país conoce por primera vez la posibilidad de un cambio real. Fue necesaria una crisis muy grande del sistema de dominación, después de muchas décadas de masacres, que siguieron a un período aún más prolongado de guerra civil intermitente; para que por primera vez llegara al gobierno una propuesta de izquierda. Las movilizaciones sociales multitudinarias, reprimidas salvajemente, que desde el 2019 buscan ponerle freno a los avances neoliberales insaciables del gobierno de Iván Duque, jugaron sin duda un rol determinante en conformar el clima social que terminó de derrumbar al uribismo y posibilitar el triunfo electoral que acaba de producirse.

El proceso de paz culminó en 2016 con la firma del acuerdo entre el gobierno de Santo -antecesor de Duque– y la más importante organización guerrillera: las Fuezas Armadas Revolucionarias de Colombia (F.A.R.C.), con más de medio siglo en la lucha armada, con la mediación de Cuba, Venezuela, Noruega y Chile, fue clave.

A pesar del flagrante incumplimiento de esos acuerdos por el gobierno de Duque, que hace que hoy haya un retraso de cuatro años en su implementación, y del retorno a la lucha armada de algunos sectores minoritarios de las F.A.R.C.; es indudable que el clima bélico, con una fuertísima impronta anticomunista, que los partidarios del ex presidente Uribe y las clases dominantes colombianas en general habían logrado impregnar a la vida política del país –control de los más importantes medios de comunicación mediante-, se diluyó con esa firma. Poco antes, el uribismo había logrado convencer a una mayoría estrecha de los electores a rechazar el acuerdo en las urnas, es decir, a optar por la guerra.

Terminada –al menos oficialmente y en lo que hace al principal grupo guerrillero– la guerra; la retórica del miedo al comunismo, a la venezolanización, al castro-chavismo, etc. perdió mucha fuerza y permitió a una fuerza de izquierda, como el Pacto Histórico y sus antecedentes que la fueron conformando, un avance mucho más rápido en la población, capitalizando las atrocidades del oficialismo, comenzando por el incumplimiento de prácticamente todo lo que había prometido Duque en campaña, empezando por terminar con la pobreza extrema, que hoy alcanza a 7 de los 50 millones de colombianos, y bajar la pobreza; siendo que este año la FAO incluyó al país en la lista de los que padecen hambre aguda, con 54% en inseguridad alimentaria.

Las 44 masacres en lo que va de 2022, las 96 del año anterior, los más de 1300 líderes sociales y defensores DD.HH., y los 320 ex guerrilleros desmovilizados de las F.A.R.C. asesinados desde la firma de los acuerdos, muestran que las armas fueron depuestas, pero de un solo lado. 

El pésimo manejo de la pandemia, la falta de avances en los puntos de la cuestión agraria incluidos en los acuerdos –estando Colombia entre los tres paises con mayor concentración de la tierra en pocas manos del continente, que a su vez es el que ocupa el podio mundial en el tema; y una oligarquía terrateniente que mantiene además improductivas a 2/3 de esa tierra-, la ausencia de una reforma política, en medio de un sistema institucional muy degradado; el no desmantelamiento efectivo del paramilitarismo y la falta de avances en la sustitución consensuada de los cultivos ilícitos,  son otros tantos puntos de déficit de la gestión Duque y de incumplimiento deliberado de los acuerdos.

Los Estados Unidos, en franco retroceso de su hegemonía en el conjunto del planeta, con excepción de los países de Europa Occidental, a los que la Guerra de Ucrania ha convertido más que nunca, en la mascota más dócil del amo del norte, en flagrante contradicción con los intereses de sus propias poblaciones; verán sin duda debilitarse sustancialmente su control, hasta aquí casi absoluto, de su más importante pieza de ajedrez en América Latina, que ha sido hasta aquí Colombia. Europa, al acercarse aún más a EE.UU., cabe señalar, es hoy la excepción del planeta; dado que el estrepitoso fracaso de las mal llamadas “SANCIONES” contra Rusia, el fortalecimiento de los lazos económicos y otros, de Rusia con China, la India y muchos países más, y la creciente tendencia al abandono del dólar como moneda en los intercambios internacionales, además de la derrota ucraniana en la guerra – a pesar del elevado costo militar para ambos bandos– muestran más bien la aceleración del declive mundial estadounidense.

No cabe esperar, a tono con los discursos de todos los presidentes progresistas de América Latina –incluidos los de Cuba y Venezuela– un planteo de ruptura con los EE.UU., sino la demanda de un diálogo igualitario y respetuoso de las soberanías nacionales y sin exclusiones y una priorización de América Latina en las relaciones internacionales.

EL DEBATE EN TORNO A LA DETERMINACION DE ELEMENTOS DEL MEDIO AMBIENTE, TALES COMO LOS ANIMALES, RIOS Y ECOSISTEMAS, COMO SUJETOS DE DERECHO, HA ALCANZADO UNA IMPORTANCIA DE DIFICIL PARANGON EN LA HISTORIA DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COLOMBIANO.

Petro, en su discurso poselectoral, en el que como alguien dijo “mostró que toda Colombia le entraba en la cabeza”, convocó a transformar a su país en vanguardia mundial contra el cambio climático –contrastando con un Duque que hasta impulsaba el fracking-, marcando la relevancia de la agenda ambiental para el próximo gobierno. Resumió su plan en tres frases: “Primero, en la Paz; Segundo, en la Justicia Social y Tercero, Justicia ambiental”. Y abundó: “La Paz no es más que la garantía de los derechos de la gente”.

La derecha colombiana no ha desaparecido. Está bien viva en el poder económico y especialmente en las fuerzas armadas y policiales, educadas en la doctrina de la seguridad nacional. La jurisdicción especial para la paz reveló un total de 6402 “falsos positivos”, aunque se sospecha son muchos más. Estos eran ciudadanos ordinarios secuestrados y asesinados por las fuerzas militares, que luego los hacían pasar falsamente por guerrilleros, para obtener las prebendas que el gobierno de Álvaro Uribe daba a cambio. Hasta hace poco, en la principal esquina de Bogotá, en la que asesinaron en 1948 al líder popular Jorge Eliécer Gaitán, originando el Bogotazo, y en la que está el diario “El Tiempo”; mantenía un carromato de denuncia, el padre de un soldado asesinado por sus superiores por negarse a participar de esa política.

Petro tuvo que comprometerse ante escribano público a que no haría expropiaciones, para despejar este fantasma blandido por la derecha. No cabe esperar un gobierno socialista, pero si se avanza seriamente en la instrumentación de los acuerdos de paz, se deja de ser el ariete de los EE.UU. en América Latina –en especial contra Venezuela-, se avanza en la resolución de algunos de los problemas sociales más acuciantes y se cumplen los principales compromisos en materia ambiental y de dignificación de mujeres, minorías sexuales y étnicas, Colombia será otra. O, como dijo Petro en la noche de la elección: “Colombia ya es otra”. 

Es también la primera vez que una mujer ecologista, feminista y afrodescendiente ocupará la vicepresidencia de ese país, estratégico en América Latina y el Caribe, por muchas razones.

Como sintetizó Francia Márquez el programa del Pacto histórico: Se trata de “vivir sabroso”.

Mientras tanto, en la vecina Ecuador, un presidente como Guillermo Lasso –un banquero enriquecido especulando con el llamado feriado bancario de 1999, el equivalente ecuatoriano del “corralito” argentino- que pudo llegar al gobierno en 2021 en segunda vuelta por la división del movimiento popular; y en particular la fisura del gobierno del ex presidente Rafael Correa con el movimiento indígena que inicialmente lo había apoyado; tras un año de gobierno en el que intentó profundizar el rumbo neoliberal del anterior presidente –y traidor a su mandato de origen– Lenin Moreno; ante las muy masivas movilizaciones contra ese rumbo, iniciadas por el movimiento de los pueblos originarios, pero a los que a esta altura se ha sumado todo el pueblo; ha respondido con enormes niveles de represión y violencia, que ya lleva varios muertos y en los que la policía copia los métodos antes vistos en Chile y Colombia: Con muchos heridos perdiendo la vista por disparos de perdigones a la cara. Sectores sociales y políticos han comenzado además movimientos para poner en marcha mecanismos previstos en la Constitución para intentar remover a Lasso.

JULIAN ASSANGE

En otras latitudes se va configurando el mayor crimen contra la libertad de prensa en el mundo del milenio: El gobierno británico avanza en la extradición de Julian Assange, por el único delito de haber mostrado al mundo, a través de Wikileaks, los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas norteamericanas en Afganistán e Irak. La dictadura mundial pretende dejar perfectamente en claro a futuro, que cualquiera que exponga los crímenes que pretende ocultar, se expone al largo brazo del siniestro aparato judicial de los EE.UU., el que más personas ha puesto y mantiene en la cárcel en el planeta.

POR LA VIGENCIA DEL PROYECTO Y PENSAMIENTO DE JOSE GERVASIO ARTIGAS

JOSE GERVASIO ARTIGAS

CON MOTIVO DEL TALLER JUEGO PEDAGOGICO QUE SE DESARROLLARA MAÑANA MIERCOLES 29 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE GABOTO -PROVINCIA DE SANTA FE- CHARLAMOS CON TRES DE SUS ORGANIZADORES RESPECTO DE ESTA ACTIVIDAD QUE QUE ESTA DIRIGIDA A TODO EL PUEBLO DE NUESTRA NACION ARGENTINA

JOSE GOICOECHEA -Profesor de História y Director del Centro de Estudios Históricos Pago de los Arroyos de las ciudad de Villa Constitución-

LUCIANO REY -Integrante de la Red Patrimonio en Construcción-

PABLO VILLANUEVA -Miembro de la Comisión por la Memoria de la ciudad de Funes e Integrante del Instituto Artiguista de Santa Fe

REALIZARAN JORNADA POR EL 207° ANIVERSARIO DE «LA DECLARACION DE INDEPENDENCIA DE LA LIGA DE LOS PUEBLOS LIBRES»

29 DE JUNIO DE 1815-2022 «EL DIA DE LA INDEPENDENCIA OLVIDADA» EN EL PARQUE DEL FUERTE DE LA CIUDAD DE GABOTO -PROVINCIA DE SANTA FE-

El sentido de la historia se construye colectivamente a través de las huellas de la memoria, en los bordes del horizonte de los acontecimientos, donde el recuerdo se inviste de significantes a través de la pregunta permanente y del relato prospectivo del encuentro.

La recuperación de tramas reflexivas que invitan al conocimiento y reconocimiento sociocultural de la historiografía del  29 de junio de 1815 – 2022, nominada como “El día de la Independencia olvidada” se actualiza a través de la producción académica en diálogo con la pedagogía mediante los procesos simbólicos escolares.

El espacio de lectura colectiva sobre los movimientos emblemáticos de la historia es una invitación a la legítima lucha por la toma de conciencia de quienes fuimos para entender lo que somos en perspectiva de quienes podemos llegar a ser como cultura.

¿Por qué el 9 de Julio de 1816 fue la segunda declaración de Independencia? La primera declaración de nuestra independencia fue el 29 de junio de 1815 en el Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. ¿Por qué no es reconocida y recordada? ¿Qué provincias participaron? ¿Por qué las provincias federales lideradas por el “Protector” José Gervasio Artigas no participaron del Congreso de Tucumán de 1816? ¿Por qué el caudillo oriental no pertenece a nuestro imaginario nacional junto a Belgrano, San Martín, Güemes, entre tantos otros?  Si es el héroe máximo del Uruguay ¿que tendrá que ver con los argentinos?

Son las clínicas de historia las que planifican un revisionismo decolonial sobre los tradicionales formatos de la historia liberal y la escuela positivista.

La «Liga de los Pueblos Libres» se había conformado en oposición a la orientación política del gobierno revolucionario en Buenos Aires. Para 1814 incluía Entre Ríos y a comienzos de 1815 su influencia llegó hasta Santa Fe y Córdoba. Las banderas de “libertad y unión” confederales levantadas por el artiguismo sintetizaban los reclamos de pueblos y provincias autoconstituidos como nuevos sujetos soberanos. Estas ideas chocaban con la concepción centralista que veía en ellas, división, anarquía y disolución de la nación. Desde una extrema politización del concepto, el Directorio de las Provincias Unidas reforzaba la carga negativa del mismo, aplicada tanto a las personas como a los cuerpos territoriales. Para las primeras, “independencia” implicaba no sujetarse a las reglas que eran la base del orden social. Respecto a los territorios, encerraba peligros que iban desde un “espíritu de provincialismo” hasta un atentado contra la unidad nacional. 1815 marcó el momento de mayor expansión del Protectorado; un congreso a realizarse en Concepción del Uruguay a fines de junio debía sellar los lazos de la confederación.

AUSPICIA E INVITA:

LA MASIVA MOVILIZACION HACIA ROSARIO Y EL ACTO SILENCIADO POR LOS MEDIOS DE COMUNICACION

«QUE EL PRESIDENTE Y EL CONGRESO SE DEN CUENTA DE QUE NO PUEDEN VIVIR DE ESPALDAS AL RIO, AL PUEBLO. LOS MEDIOS NO DICEN UNA PALABRA, ESTAN PAGADOS POR LOS PODERES EXTRANJEROS. CON ESTO HACEMOS VISIBLE A TODO EL PAIS LO QUE OCURRE. ES UNA CAUSA NACIONAL TAN GRANDE COMO LAS MALVINAS, NO PODEMOS ENTREGAR EL PARANA» DISCURSO DEL PERIODISTA Y ESCRITOR MEMPO GIARDINELLI, FRENTE AL EDIFICIO TORRE BOLSA DE COMERCIO CALLE PARAGUAY N° 777 DE LA CIUDAD DE ROSARIO.

«LA VERDADERA DEMOCRACIA ES AQUELLA DONDE EL GOBIERNO HACE LO QUE EL PUEBLO QUIERE Y DEFIENDE UN SOLO INTERES: EL DEL PUEBLO»

DEBEMOS VOLVER A LA FUENTE DE LA DOCTRINA DEL MOVIMIENTO NACIONAL JUSTICIALISTA

Como doctrina económica, el Justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía, y ésta, al servicio del bienestar social.

Como doctrina social el Justicialismo realiza la justicia social, que da a cada persona su derecho en función social.

Como doctrina política, el Justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad.

COMPARTIMOS CON NUESTROS LECTORES EL DISCURSO DEL DIPUTADO PROVINCIAL CARLOS DEL FRADE

ACTO DE INICIO DE LA CARAVANA FEDERAL EN DEFENSA DEL RIO PARANA Y EL CANAL DE MAGDALENA EN LA CIUDAD DE LA PLATA

La C.T.A. Autónoma Bonaerense el día Jueves 23, en el Acto frente a la Legislatura provincial junto a integrantes de la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del Río Paraná y el Canal de Magdalena integrada por nuestra central, la C.T.A. de los Trabajadores, la C.G.T., la Corriente Federal de Trabajadores, y organizaciones diversas.

Las Centrales Obreras Unidas, en la lucha que llevan adelante por la Recuperación para el Estado, de la vía troncal de los ríos Paraná – Paraguay, la construcción del Canal de Magdalena y la Plena Reactivación de la Industria Naval.

EL LAMENTABLE NOVELON DEL AVION VENEZOLANO

ESCRIBE ALBERTO CORTES

Un avión de carga que había sido contratado por una multinacional fabricante de autopartes para trasladar hasta Argentina desde México un lote de las mismas destinadas a la fabricación local de automóviles de la también multinacional Volkswagen, acaba de ser objeto de una saga de eventos insólitos.

En buena hora que las fronteras nacionales estuvieran celosamente custodiadas para impedir todo tipo de ilícitos a través de ellas: Así, por ejemplo habrían ido presos Mauricio Macri y otros, por el probado contrabando (también de autopartes en aquél caso) en la década del 90; que quedó impune por decisión de la Corte Suprema menemista, luego encausada hacia un juicio político por ese y otros delitos de prevaricato. También estarían en aprietos Vicentín (aún mayores de los que ya tiene) y otras empresas cerealeras por falsas triangulaciones internacionales en el comercio de cereales; aumentarían sustancialmente los recursos del Estado al impedirse la evasión de derechos de exportación, se impediría el ingreso de drogas y armas, etc. Todo esto requeriría una presencia mucho mayor del Estado, por ejemplo, nacionalizando Vicentín y por que no -las exportaciones en general– y retomando en serio el control del comercio por el Río Paraná, mal llamado Hidrovía, entre otras medidas. 

Poco de todo esto ocurre.

En cambio, el avión de Emtrasur, revisado exhaustivamente varias veces y de diversas maneras -algunas de dudosa legalidad-; sobre el cual no pesan acusaciones judiciales ni órdenes de embargo legales de ningún tipo; cuya tripulación no figura en ninguna lista judicial de personas buscadas ni nacional ni internacional, ha sido retenido largamente en Ezeiza y su tripulación entrado y salido de un limbo legal en cuanto a su derecho de permanecer o salir del país.

¿La causa? Las nacionalidades de sus tripulantes y del avión.

Se trata de un grupo mayoritariamente de venezolanos y algunos iraníes. Es decir las nacionalidades satanizadas por EEUU, el gobierno de Israel y los agentes argentinos de esos intereses, que no faltan en JxC ni en la prensa hegemónica, a más de la DAIA.

Algunos de estos personajes hicieron denuncias, públicas y judiciales, que dispararon una investigación, donde hasta ahora no sólo no se acusó a nadie de nada, sino que ni siquiera hay sospechas de algo concreto que pudiera constituir un delito.

Algún dirigente opositor llegó a afirmar que el mecanismo que permite localizar al avión, que algunas aeronaves de narcotraficantes apagan precisamente para no ser detectadas al aterrizar en pistas clandestinas, había estado desconectado un tiempo. Esto no solamente se comprobó que era falso, sino que además habría sido absurdo, porque eso solamente permitiría esconderse a pequeños aeroplanos capaces de aterrizar en un camino rural fuera de todo control; pero jamás a una nave de esta envergadura, 100 metros de largo, que requiere sí o sí una pista formal de un aeropuerto legal para operar.

También se levantaron sospechas sobre el número – aparentemente alto – de tripulantes y su composición de nacionalidades mixta. Este avión había sido vendido por una empresa iraní a otra venezolana hace tiempo, y el contrato de venta incluía un acompañamiento prolongado de instructores – de los diversos roles técnicos dentro de semejante avión – que vuelan junto a la tripulación o tripulaciones de la empresa compradora hasta que adquieran suficiente experiencia en horas de vuelo como para desempeñarse sin supervisión. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, tuvo durante cerca de dos años tripulaciones volando con el acompañamiento de instructores filipinos, en una situación similar. También es habitual que no haya sólo una tripulación de la empresa definitiva sino dos, tanto para aprovechar la instrucción, como para poder emprender varios vuelos sucesivos sin tiempo de descanso en el medio, si las necesidades operativas de la empresa lo requirieran.

Agotadas las posibilidades de endilgar a alguien delito alguno, las sospechas se encaminaron a verificar si los EE.UU. podían tener algún tipo de sanción sobre el avión o algún tripulante, o si podía remotamente existir alguna relación de algo de todo ello con la lista de las entidades que los EE.UU. consideran vinculadas al terrorismo.

Al respecto, sería importante recordar: Primero que la Carta de las Naciones Unidas deja perfectamente claro en sus artículos 24, 39, 41, 42, 51 y 53 que el Consejo de Seguridad de la ONU es el único organismo autorizado para sancionar. Es decir, que todas las baterías de las mal llamadas «SANCIONES” que permanentemente deciden, especialmente EE.UU. y últimamente la Unión Europea contra Rusia, Venezuela, Irán, Somalía y un sinnúmero de países, personas y empresas, son en realidad medidas coercitivas unilaterales, claramente ILEGALES.

Por lo tanto, muy mal haría Argentina, en el caso hipotético –que aún no se ha dado– de que se detectara que alguna persona o bien –incluido el mismo avión– estuviera afectado por ese tipo de medidas unilaterales, en hacerse eco de ellas o adoptar comportamientos determinados por esas supuestas “sanciones”. ¿Deberíamos, por ejemplo, acatar las “SANCIONES” de EE.UU. contra Cuba, condenadas en 29 ocasiones por la Asamblea General de la O.N.U., en la última oportunidad por 184 votos contra 2?

Con respecto a la eventual sospecha o inclusión de alguna persona o entidad en las listas norteamericanas de patrocinadores del terrorismo, cabe recordar, entre muchísimas otras situaciones, que Cuba estuvo entre 1982 y 2015 en esa lista y fue vuelta a poner allí por Donald Trump, sin el menor fundamento; y que en cambio los EE.UU. cobijaron hasta su muerte natural a los principales responsables del atentado, en 1976, contra un avión de Cubana de Aviación, que asesinó a 73 hombres, mujeres y niños, incluidos los 24 integrantes del equipo juvenil de esgrima de Cuba. Los EE.UU. son también responsables de otros numerosos actos de terrorismo contra Cuba y otros países. Es decir, el primer estado terrorista es justamente los EE.UU., y poco serio sería guiarnos por las listas con las que ellos acusan, sin fundamentos muchas veces, a otros.

Recientemente Sudán fue sacado de esa lista: ¿Porque cambió su relación con el terrorismo? ¡No! Porque aceptó reconocer diplomáticamente a Israel como pretendía Trump. Es decir, esa lista no se utiliza como una herramienta seria de lucha contra el terrorismo, sino como un arma más en las estrategias geopolíticas de la Casa Blanca, a donde se puede entrar o salir según cuestiones que no tienen nada que ver con el terrorismo.

Capítulos aparte en esta saga son los roles de Uruguay y Paraguay. El primero autorizó al avión a despegar de Ezeiza rumbo a Montevideo y luego, a punto de aterrizar allí, le suspendió el permiso, lo que dadas las limitadas reservas de combustible que poseía, puso en riesgo la seguridad del vuelo. En el caso de Paraguay, aparecen haciendo declaraciones sobre el tema, funcionarios vinculados al ex presidente Horacio Cartés, un amigo de Macri, condenado e investigado por numerosos delitos –sobreseído en el caso de la condena por su propia Corte Suprema, igualito que Macri– que tratan de embarrar la cancha.

La República Argentina, como País Soberano que es, debe guiarse exclusivamente por la legislación Nacional e Internacional y en todo caso por la lista de patrocinantes del terrorismo de Naciones Unidas y no la de un país en particular; y hacer caso omiso de los aprietes de los agentes vernáculos de los EE.UU. o Israel que buscan satanizar cualquier cosa relacionada con nacionalidades a las que buscan hostigar en función de sus propios intereses, que no son los de nuestro país.

UNA HISTORIA DE LOS CINES DE ROSARIO


SALA ARTEON – DESDE 1965 ESPACIO DE ARTE DE LA CIUDAD DE ROSARIO

POR FABIAN ARIEL GEMELOTTI

Rosario supo tener más de sesenta cines, pero quedan en la actualidad cinco complejos de cines y dos salas unitarias. Rosario fue una ciudad de cines, pizzerias y de bares, pero se ha  transformado en una ciudad diferente a lo que fue en los años anteriores al cierre de los cines de una sala.
De ser una ciudad de amabilidad se transformó en una ciudad de inseguridad y con medios de transporte pésimos y con mucho desempleo. El desempleo trajo mucha brecha de clase, pobreza estructural y una clase media alienada y muy inculta. Una clase media que no lee libros y que vive trabajando muchas horas y no tiene tiempo para el ocio y los libros. Una clase media que vive de las apariencias y a la cual no le interesa el cine ni los libros. Se ha perdido la costumbre de caminar en Rosario y el tiempo libre, que es necesario para leer y ver cine, ya no se valora; nadie tiene tiempo para el ocio. El proceso histórico es muy largo y arranca con la dictadura y tiene su estocada final con el menemismo y ya a fines de los noventa en Rosario habían cerrado la totalidad de las salas unitarias, y los complejos cinematográficos (Village y Monumental) asomaban como la nueva forma de la vida del cine de sala. 
El primer cine de Rosario fue el Cinematógrafo Lumière en 1898 y estaba ubicado en Rioja 1151, entre las actuales calles Sarmiento y Mitre. En 1895 los hermanos Lumière habían proyectado las primeras películas cinematográficas. A Rosario el cine llega muy temprano en la historia del cine. En 1896 en el Teatro Odeón de Capital Federal se había logrado proyectar por primera vez en el país imágenes cinematográficas, en un kinetoscopio gracias a Francisco Pastor y al español Eustaquio Pellicer. Dos años después el cine desembarca en Rosario. 
El primer cine de Alberdi fue el Cine Alberdi, de Rondeau al 2100. Era el cine mudo y se veían al aire libre en una terraza. Luego con el cine sonoro se traslada frente a la Plaza y se transforma en el cine Nuevo Alberdi.
El cine Avellaneda abre en 1914, también con la modalidad de cine de terraza al aire libre. Cierra en 1919.
El cine Avenida abre en 1920 y cierra en 1932.
El cine Boneo (acá hice mi primaria) abre en 1959. Se toma el nombre del Obispo Juan Agustín Boneo. Cine de parroquia donde los sábados y domingos se proyectaba cine de vaqueros, aventuras y ciencia ficción. Cierra en 1971 cuando yo estaba en primer grado en la prestigiosa escuela católica. Los estudiantes del Colegio Boneo veíamos mucho cine, nos proyectaban los sábados a la tarde películas de vaqueros y de aventuras y después teníamos que escribir un cuento en base a esas películas. El cine ya no estaba cuando cursé la primaria en ese colegio tan prestigioso de Rosario, pero había funciones en la biblioteca del Colegio para los que cursábamos en la escuela.
El amado cine Lumière abre en 1959. La sala del cine era una sala de milongas y también funcionaba como teatro. Cuando abre como cine fue muy criticado por el diario La Capital porque decían los periodistas del diario que el cine «iba a traer degenerados a Rosario». Y las milongas y teatro dejan de ser parte de esa zona y se trasladan para la Plaza Alberdi. El cine funcionó por años y allá por los ochenta cierra como sala comercial. Después fue recuperado por amantes del cine y transformado en sala para proyecciones de ciclos de cine clásico y de culto.
Otro cine muy interesante de la zona de Alberdi fue el de la Iglesia Perpetuo Socorro que abre en 1960 y cierra en 1986. En este cine en los descansos entre película y película (costumbre de proyectar dos o tres filmes con una misma entrada) me fumé mi primer cigarrillo allá por mis 14 años. 
Estaban también el Roca, el Opera y el Ocean. 

EL CINE ECHESORTU PALACE

En Zona Oeste un cine emblemático fue el Cine Echesortu (Echesortu Palace), en Mendoza 3947. Abre en 1909, siendo el primer cine de la zona y el primer cine en tener sala cubierta. También tenía sala al aire libre, pero la sala cubierta era la principal. El cine va dejando de ser proyectado al aire libre y empiezan a abrir salas al estilo de las que conocemos como sala de cine, con butacas separadas, un pasillo en el medio y obscuridad para que se vea mejor la proyección. Pero todavía el cine era un lugar con ruidos, gente fumando y comiendo. Falta mucho todavía en esos tiempos para que el cine se transforme en una sala de silencio absoluto y un lugar para solitarios y amantes del cine. Son los comienzos del cine como cine. El cine Echesortu cierra en plena dictadura en 1982. En 1984 abre en ese lugar Space, un boliche que marcará a una generación de jóvenes. Cierra la discoteca en el año 2000. Era la discoteca de la música en inglés, marcando el ritmo de una generación que se crió viendo cine Norteamericano y escuchando música en el idioma más maravilloso del mundo que es el inglés.
En 2005 abre el supermercado Coto en ese lugar. Con esa cadena de supermercados muere toda una historia de la zona y de Rosario. Del cine que pasa a boliche de culto se termina en un supermercado. 
Como cine fue uno de los mejores de Rosario, superando en calidad a muchas salas del Centro de Rosario. 
El cine Godoy abre en 1932 en Riobamba 3375. Cierra en 1969.
El Cine Gran Fisherton abre en plena dictadura en 1976 (Avenida Eva Perón 8536). Primero abre como sala al aire libre y poco a poco se construye una sala cerrada. Tenía 310 butacas y fue el único cine de la ciudad que durante la dictadura se atrevió a pasar cine erótico. Fue cerrado unos meses en 1979 y reabierto con la promesa de no pasar más cine de desnudos. Fue amenazado con bombas y sufrió persecución por ser «cine subversivo», como decía La Capital de Rosario en sus artículos de cine y de policiales. Cierra el 17 de mayo de 1988 con la proyección del filme: Retroceder nunca, rendirse jamás. Título emblemático para un cine que hizo historia. 
En 1922 abre el cine Luxor.
En 1930 abre el cine Mendoza, ubicado en Mendoza al 5050, a pasos del Club Libertad. Cierra en 1971. En 2005 funcionaba como salón de fiestas. Ahora hay un supermercado. Enfrente está el kiosko de revistas de El Gordo y una casa de ventas de antigüedades. 
La Parroquia Virgen del Luján en Avenida Godoy y Crespo inaugura un cine en 1956 con proyector en 16 mm. En 1958 se cambia a un proyector en 35 mm.
El cine Rivadavia en Mendoza al 3001, otro cine muy importante de la zona 
El Cine Roma en Mendoza al 6490. Abre en 1929 y cierra en 1970.
El cine Victoria en Cafferata al 373.
En Zona Sur el más emblemático fue el Cine América en San Martin 3227. Sala con 322 butacas. Ahora funciona un templo evangélico en el local que fue el cine más importante de Zona Sur 
El Cine Avenida en Italia y Remedios de Escalada, Pueblo Nuevo, Villa Gobernador Gálvez. Fue fundado en 1932. Hoy funciona como Centro Cultural. 
El cine Ciudad de Rosario, en Oroño 3645. Abre en 1970 como cine parroquial. 
Los cines Claret, Coliseo y el Diana en Lituania 101. Este cine Diana fue muy emblemático y a diferencia de los cines Claret y Coliseo pasaba películas de ciencia ficción y a veces de desnudos. Cierra en 1972. El Coliseo resistió hasta 1987 y el Claret cierra en los setenta.
El Cine Start en 27 de febrero 1065. En la actualidad hay un templo evangélico.
El Cine Tiro Suizo. Cine barrial que quedaba en Avenida San Martin al 5225. Si uno es atento todavía puede visualizar en el edificio la leyenda Cine Tiro Suizo.
Y los cines Universal y Venus.

En el Centro de Rosario hubo cines hermosos, cines que marcaron historia. 
El Cine Alvear en Córdoba 2357. Un cine donde con la entrada te regalaban una gaseosa chinchibira y los chicos las rompían al terminar de beber para obtener la bolita. Ahora esos envases vacíos de gaseosa se cotizan a más de diez mil pesos. 
El Cine Ambasador que quedaba en San Martin 1860.
El Cine Apolo en 9 de julio 385.
El Cine Arteon en Sarmiento 780. Fundado en 1965. Fue un grupo de amantes del cine que proyectaban cine clásico y había ciclos de cine y debate. En 1972 un incendio arrasa con todo el material cinematográfico. 
La sala del Arteon vuelve a funcionar en los noventa y todavía resiste como cine, proyectando a precios accesibles películas clásicas y ciclos de cine.

El Cine Astor en 9 de Julio 2339. 
El Cine Astral en Rioja 960. Uno de los más viejos de Rosario, abriendo sus puertas en 1910. En 1970 durante una proyección se produce un incendio, y la sala queda destruida en unas horas. 

ACTUAL COMPLEJO CULTURAL ATLAS

El Cine Atlas en Mitre 642. Este cine fue muy popular en los noventa y abre en 1991, en plena época menemista y de cierre de cines. Cierra en 1999 y.en la actualidad funciona un Bar y se dan cursos de cine y se conserva intacto el lugar. 
El Cine Belgrano, San Martin esquina San Juan. 
El Cine Bristol Palace, Maipú 1174. 
El Cine Broadway, San Lorenzo 1223/39. Abre como cine en 1926. Después cierra y se transforma en teatro. En 1984 abre nuevamente como cine y se transforma en un cine muy importante. Tenía 1830 butacas. Cierra en 1999 por falta de público. No iba nadie por esos tiempos al emblemático cine, que muere porque la gente se iba al Village o al complejo Monumental. 
El Cine Capitol. San Martin 940. Tengo un libro escrito sobre este cine. Cierra en 1992, y con este cine muere una época importante del cine rosarino. 
Los cines Cervantes y el del Colegio de Escribanos de Rosario. Otros cines que ya no están. 
El Cine Colonial.
El Cine Comedia en la Cortada Ricardone. En 1894 abre como teatro. Desde 1899 presenta funciones alternativas de cine y teatro. Funciona como teatro hasta 1984 y un año después abre exclusivamente como cine. Cierra en 1998. 
Cine Córdoba en Córdoba 1139.
Cine El Cairo. Santa Fe 1120. Abre como Cine Cinematographe en 1913 y en 1915 cambia a Royal Palace. Cierra en 1916. En 1945 pasa a ser Cine El Cairo. 
Cine El Nilo, Sarmiento 1328.
Cine Empire Theatre, en Corrientes 842. 
Cines Esmeralda y Gardel, el primero en Avenida Pellegrini 1371 y el otro en Ov. Lagos  794.

EL EDIFICIO DONDE FUNCIONO EL CINE GRAN REX

El Cine Gran Rex en San Martin 1139. Abre en 1927 y cierra en 1998. En la actualidad funciona un templo evangélico «Pare de sufrir». 

LUGAR DONDE FUNCIONO EL CINE HERALDO

El Cine Heraldo, en San Martin 878. Abre en 1942 y cierra en el año 2000.
El Cine Imperial. Corrientes 425. Abre en 1910 y cierra en 1987.
Cine Madre Cabrini. Abre en 1967 y cerró hace cuatro años. 
Cine Monumental. Todavía abierto como Complejo de cines. En la esquina de San Martin y San Luis abre en 1910 y cierra sus puertas como cine unitario en 1996.
Cine Palace. Córdoba 1384. Cierra en 1989. 
Cine Radar. Córdoba 1130. Abre en 1946 y cierra en los ochenta. Un cine hermoso. Ahí vi mucho cine Norteamericano. Cine emblemático del Centro de Rosario.
El Cine Real en Oroño y Salta 
El Cine del Círculo de Obreros Católicos. Quedaba en Entre Ríos al 1264.
El Cine San Martin en San Martin 675. Se encontraba en el lugar que ocupaba El Café La Bolsa. Pasaban películas eróticas y se podía comer entre película y película. 
Cine Sol de Mayo. Ubicado en Avenida Pellegrini 1417. Se proyectaba mucho wéstern y cine de acción. Fue propiedad de José Caminatta, gerente general de Argentina Sono Film.
El Cine Urquiza, en Urquiza 1637. En la actualidad es la playa de estacionamiento del Supermercado Coto. 
Un apartado para el Complejo de Cines Village. Abre en 1997. Es un cine que quiero mucho. Ahí vi todo el cine moderno. Los 90 fueron la década de cierre de todos los cines emblemáticos, los que quedaban y resistieron hasta los noventa. El Cine Village es un cine muy necesario para la ciudad, y es el mejor complejo de cines de todo Rosario; en calidad, en comodidad y es un cine que mantiene cierta mística cinematográfica a diferencia de los cines de complejos comerciales pochocleros.
Este es un pequeño resumen de los cines de Rosario. Para ampliar y consultar ver mis diferentes libros sobre filmes y sobre cines de Rosario. Algunas cosas están en internet y otras solamente en papel. 
Amo el cine, amo ir al cine.
También amo todo el cine que vi por TV en los ciclos de medianoche por TV publica en los ochenta y noventa. 
Y el cine que veo en videos también amo y tengo más de mil películas.

EL EX COMPLEJO DE CINES VILLAGE -HOY CINEPOLIS- ESTA EMPRESA FUE FUNDADA EN MORELIA (MICHOACAN/MEJICO) EN EL AÑO 1971. LIDER DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y DEL ENTRETENIMIENTO EN MEJICO Y LATINOAMERICA

Y EL PUEBLO DE COLOMBIA DIJO: ¡PETRO PRESIDENTE!

GUSTAVO PETRO -PRESIDENTE ELECTO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA-

HOY ES DIA DE FIESTA PARA EL PUEBLO COLOMBIANO

QUE FESTEJE LA PRIMERA VICTORIA POPULAR

QUE TANTOS SUFRIMIENTOS SE AMORTIGÜEN EN LA ALEGRIA QUE HOY INUNDA EL CORAZON DE LA PATRIA.

ESTA VICTORIA PARA DIOS Y PARA EL PUEBLO Y SU HISTORIA. HOY ES EL DIA DE LAS CALLES Y LAS PLAZAS.

GUSTAVO PETRO – DOMINGO 19 DE JUNIO DE 2022

GUSTAVO PETRO Y FRANCIA MARQUEZ FESTEJAN EL TRIUNFO DE SU FORMULA EN LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL EN COLOMBIA

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO – PROYECTO CONSTITUCIONAL DE LA ESTABILIDAD DEL TRABAJADOR DEPENDIENTE  

«TRABAJO, SOLIDARIDAD Y LUCHA» -MURAL REALIZADO POR RICARDO CARPANI PARA EL SINDICATO DE LA ALIMENTACION EN EL AÑO 1961-

POR EDUARDO ALFONSO DEPETRIS

1°) LAS LEYES ASEGURARAN AL TRABAJADOR. 2°) PRINCIPIO PROTECTORIO. 3°) ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. 4°) ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y DERECHOS HUMANOS. 5°) PRELACIÓN DE LAS LEYES. 6°) PRELACIÓN DE DERECHOS. 7°) EN LAS CONDICIONES DE SU VIGENCIA . 8°) AUTO-APLICABILIDAD DE LAS NORMAS DEL DERECHO DEL TRABAJO 9°) JERARQUIA CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS DE DD.HH. 10°) DESPIDO DISCRIMINATORIO VIOLA LOS DD.HH. 11°) ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DISCREPANTE. 12°) LEGISLACIÓN INFRA- CONSTITUCIONAL

PROYECTO CONSTITUCIONAL DE LA ESTABILIDAD DEL TRABAJADOR DEPENDIENTE 
Su fundamento emerge de la construcción axiológica del Art. N° 14 bis de la Constitución Nacional, que establece: » El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: …; protección contra el despido arbitrario; estabilidad en el empleo público …»
1°] LAS LEYES ASEGURARÁN AL TRABAJADOR :
«Asegurarán», es un verbo imperativo, o sea que ordena, garantiza  que algo quede seguro, sólidamente fijo, firme que no caiga ni se deshaga, que quede libre de daños y perjuicios, lo resguarda, defiende, protege, pone a cubierto, da garantía de cumplimiento, garantizando con certeza y seguridad su afirmación de que lo librará de un daño, estabilizando la situación.-
Este modo verbal expresa mandato, órden en sus frases afirmativas y una prohibición en las negativas. La órden se dirige directamente a un interlocutor determinado, en este caso a «las leyes» y en consecuencia a los que las dictan y aplican. Amén de ello nos encontramos ante un imperativo categórico; ergo, frente a un mandamiento ético que obliga perentoriamente, ya que supone apremio y urgencia en el mandato. Es categórico ya que su afirmación está expresada sin duda ni vacilación, en forma absoluta, sin condición ni alternativa de ningún tipo, es rotunda, terminante, decisiva, concluyente.-
Según el convencional Bravo, el objetivo de esta norma es asegurar al empleado los salarios necesarios para subsistir y posibilitar su jubilación; como así también la protección contra el despido arbitrario ya que se trata de un amparo jurídico que se asegura con el fin de otorgar permanencia en el empleo y garantizar la vigencia de la estabilidad del contrato de trabajo.- [1]
2°] PRINCIPIO PROTECTORIO:
El art. 14 bis otorga nivel constitucional al principio protectorio al expresar: «…el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: …» La razón de esta protección especial es consecuencia de la desigualdad negocial entre el trabajador y el empleador, en la que el laborioso se ve obligado a vender su fuerza de trabajo al efecto de obtener los recursos necesarios para su subsistencia; el empleo le permite no caer en la marginalidad.-
La relación de trabajo así constituida es consecuencia de una relación social de poder asimétrica, en el que una de las partes impone a la otra lo que debe hacer, como, donde, cuando.. etc., es decir, dirige la actividad del dependiente, sustituye la voluntad de este que en consecuencia resigna espacios de su libertad personal, tiempo de vida, frente a la capacidad sancionatoria de exclusión del amo si no cumple con esas exigencias.-
El art. 14 bis C.Nacional protege [principio protectorio] al trabajo como un atributo de la condición humana [principio antropocéntrico] del sujeto hipo-suficiente, para lograr la libertad de decisión de los que padecen pobreza, necesidad de trabajar para otro, falta de libertad para desarrollar su proyecto de vida, conducir su destino y no solo sufrirlo, el dispoder frente al patrono.-
Al respecto la S.C.J.N. tiene resuelto: «Por ello, toda duda debe resolverse en función de la igualdad de posibilidades porque el principio «in dubio pro iusticia sociale tiene categoría constitucional» [2]
El trabajo es una realidad en el hombre, ya que no existe el trabajo en abstracto, sino el hombre que trabaja, es por ello que su naturaleza es antropocéntrica [Helios Sarthou – dixit] por ser el hombre su centro, su punto de referencia; de manera que es un derecho humano, ajeno al mercado; que se lee desde los ojos del ser humano que labora.-
Esta relación asimétrica y su experiencia dura para los dependientes, da nacimiento al Derecho de los Trabajadores fundado en el principio protectorio, el de indemnidad e irrenunciabilidad de los derechos adquiridos  y antropocéntrico.-
La finalidad del principio protectorio es restituir la equivalencia perdida en la génesis  de la relación de trabajo; su meta, la igualdad objetiva entre empleador y trabajador, de allí que todas y cada una de las disposiciones del derecho de los trabajadores son en protección del obrero en función de lograr la paridad contractual; de no ser así la norma es inconstitucional.-
La correlación del principio protectorio con el de progresividad permite que el sentido prospectivo e imperativo del «asegurarán al trabajador» se fortalezca; ya que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -P.I.D.E.S.C.- en su Art. 2.1 determina que, «todo Estado parte se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos.-«
O sea, fija como regla la prohibición de retroceso, disminución en el grado de protección logrado en determinados momentos  por los Derechos económicos, sociales y culturales; debido a que el motivo del principio de progresividad es la mejora continua de las condiciones de existencia.-  
El Dr. Rolando Gialdino indica que gobierna el principio de progresividad la unidireccionalidad, porque debe orientarse al logro de la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales y tiene vedado el sentido contrario.-
De ello deducimos que garantiza a los trabajadores un estadio de derechos y su contenido impidiendo su regreso a estadios anteriores con inferiores garantías; racionalizando esta función programada en la Constitución Nacional y asegura un mínimo de dignidad a los trabajadores por cuenta ajena.-
Conforme ello, entran en funcionamiento reglas operativas tales como in dubio pro operario, la de la norma más favorable al trabajador o de la interpretación más favorable de una norma.-
3°] ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
El Dr. Ricardo Cornaglia señala  como uno de los principios  fundamentales del Derecho del Trabajo, el de la estabilidad en el empleo.-
«Apunta que  el desempleo es un mal social que desestructura las naciones y los pueblos, agregando que la Constitución de Alemania sancionó que el despido debe ser justificado socialmente pues causa un daño al trabajador y a la sociedad, siendo el desocupado similar a un excluido.-
«La estabilidad en el contrato de trabajo, asegura su continuidad, la seguridad de todos los trabajadores de mantener sus puestos de labor, ya que es un contrato por tiempo indeterminado y por su calidad de contrato.- [3]
También reflexiona sobre el tema en estos términos:
«Hay una contradicción lógica insostenible en afirmar la vigencia del principio de estabilidad, y al mismo tiempo, legitimar el derecho de despedir, como acto constitutivo de la libre rescisión del contrato, ejercido en forma unilateral y discrecional.
«… el despido es un acto ilícito, y como tal, la víctima puede optar por la reparación o la declaración de nulidad de sus efectos.
«…Cuando recorre esa vía, la víctima también puede reclamar concurrentemente o en subsidio, la reparación de daños y perjuicios.
«A partir de la prohibición general de despedir sin causa o arbitrariamente, la rescisión unilateral sólo procede cuando la ley especialmente la autoriza. Lo que habilita al sujeto que sufre el despido a plantear la nulidad del acto reprobado.
«Las razones de purgar el acto ilícito laboral que es el despido, son suficientes en cualquiera de los casos y refieren a la teoría general de los contratos, que no puede tener un nicho desprotectorio para los trabajadores por su condición de tales.
«El orden jurídico afirmado en el principio «alterum non laedere» [ ‘No dañar a otro’ -Ulpiano: Digesto 1, 1, 10, 1-], admite sin retaceos, el concepto de las ilicitudes remanentes, por aplicación subsidiaria de los regímenes de responsabilidad, cuando en una conducta [lo que puede implicar varios hechos jurídicos relacionados], se dan los presupuestos respectivos. [4]
Agrega: “La instrumentalidad de la anulación del despido, en los casos de estabilidad especialmente protegidas (enfermos, accidentados, embarazadas, representantes gremiales, trabajadores en ejercicio temporario de funciones públicas), no difiere en cuanto a la situación que puede esgrimir cualquier trabajador agraviado por el despido sin causa o arbitrario”. [5]
La estabilidad en el empleo permite al dependiente seguridad existencial, posibilidad de elaborar un proyecto de vida, ejercer el derecho al trabajo y sobre todo el derecho a la vida, ya que el trabajo es la exclusiva fuente de subsistencia y de su familia.-
El sentido y fundamento del derecho al trabajo es otorgar al obrero y su prole una existencia digna a través de de un trabajo decente que posibilite al ser humano la legitimidad de participar socialmente como sujeto creador y productivo apto.-
«El trabajo es un instrumento de identificación profesional y por tanto de integración social, en la medida en que se inscribe en una forma jurídica estable, como el estatuto del funcionario o el contrato de duración indeterminada del trabajador. Así pues, los riesgos de exclusión aumentan con la separación permanente de ese marco de referencia.-» 6]
El despido sin justa causa lesiona el derecho al trabajo y la dignidad que trasciende de el, debido a que viola la naturaleza antropológica del derecho de los trabajadores; se trata de un sujeto de derecho, no de un sencillo objeto del mercado, desechable por la decisión del apropiador de la energía humana, energía inseparable de su cuerpo, no reducible a un insumo, una mercancía ya que el dependiente no es una cosa, es un ser humano.-
La inestabilidad permite la existencia de una relación asimétrica de poder en el contrato de trabajo, con los desbordes e imposiciones del más fuerte y con ello la posibilidad de disciplinar socialmente al trabajador  y con la sola amenaza de despido neutralizar el principio de irrenunciabilidad de derechos.-
El derecho fundamental del operario -surgido de una estructura jurídica de órden público- sustenta deberes correlativos del empleador, como el derecho al trabajo, derecho subjetivo sustentado en la dignidad humana que se fundamenta de los derechos humanos.-
Por ello es que no es legítimo el despido sin justa causa ya que está normativamente proscripto y carece de eficacia extintiva.-
El jurista Uruguayo Dr. Helios Sarthou [dixit], la estabilidad en el empleo es un derecho humano económico-social, surgido de las constituciones sociales de Querétaro [Méjico-1917] y Weimar [Imperio Alemán-1919] -y las que luego siguieron su derrotero- que elevaron a ese nivel los caracteres ontológicos del Derecho del trabajo, léase: autonomía, antropocentrismo, tuitividad, imperatividad, irrenunciabilidad, transaccionabilidad y realismo; los que se aplican con rigidez para evitar retrasos por la vía legislativa.-
«La legislación de la estabilidad no puede desconocer al reglarla ninguno de estos principios sostén de la disciplina; es por ello que la única formula que respeta la estabilidad es el mantenimiento de la fuente de trabajo, excluyendo el despido incausado y en caso de darse este hecho reñido con la licitud, el derecho a la reinstalación del trabajador, no sustituible por un resarcimiento.-
«En la relación de trabajo el obrero  compromete su persona y su vida como la de su familia, lo que no se soluciona con una reparación económica que no respeta el principio protector, ni el antropocéntrico, ni la autonomía del derecho de los trabajadores.- [7]
Este disideratum constitucional, una de las garantías sociales del art. 14 bis C.Nac., no limita los poderes del empresario, ni da una libertad relativa al sujeto económico, solo coloca los límites jurídicos a la conducta ilícita y abusiva dentro de la relación contractual.-
En un mundo escaso de trabajo, la estabilidad asegura jurídicamente la continuidad o permanencia en el puesto, otorgando a la parte más débil de la relación, -ya que no se trata de una vinculación paritaria, sino desigual- una propiedad débil y relativa del puesto de trabajo, que de ser violada se comete un ilícito pasible de nulidad y reparación por los daños que provoca.-
Es una condición de seguridad y dignidad para el operario, hacer estable, y previsible su relación de trabajo, mediante la nulificación del acto anti-jurídico del patrón.-
De esta forma, la sociedad obtiene un resorte de protección para los condenados al desempleo, por las decisiones de los ejecutivos de la razón económica imperante, [sustentada en la maximización de las ganancias de los empleadores] y también por la oferta y demanda de mano de obra.-
Ello es así ya que el trabajador cuando ingresa a la empresa, debido a su estado de necesidad permanente y la naturaleza antropocéntrica del contrato de trabajo se incorpora al trabajo con su proyecto de vital, de allí emana que su permanencia en la relación no puede quedar librada a la decisión unilateral del empleador; ya que el despido sin causa dispone del puesto de trabajo lo que incide en su vida personal y familiar.- [8] 
«…de la dignidad del trabajador proceden el principio protector, el de la duda, el de la valoración de la prueba y el de la irrenunciabilidad de los derechos;
«… como consecuencia de la dignidad humana debe protegerse al hombre que trabaja
«…el trabajo no es una realidad en si misma, como el capital, no existe el trabajo en si, sino el hombre que trabaja, que debe ser legalmente protegido, debe poder ejercer plenamente su libertad de decisión, la que se ve menguada por su hipo-suficiencia frente al empleador debido a su posición desfavorable, por su estado de necesidad permanente, su dispoder, su necesidad de poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo, … no se encuentran en el mismo punto de partida.-
» … el art. 14 bis protege el trabajo realizado en condiciones de disparidad con quien lo recibe.
«… la diferencia entre los verbos «gozan» y «gozarán», marcan el sentido prospectivo que la Constitución Nacional adjudica a las leyes de una protección mayor y mejor al hombre que trabaja
«… la protección contra el despido arbitrario solo se repara con la nulidad del despido
«… la estabilidad en el empleo es la lógica consecuencia de la protección contra el despido arbitrario, debido a que la indemnización no protege al trabajador de la decisión infundada del empleador que es el despido arbitrario
«… la causa objetiva es la única que permite la extinsión de la relación de trabajo, ya que el despido no objetivo es arbitrario y nulo, lo que motiva la reincorporación del obrero, ya que la tarifa no protege contra el despido arbitrario ya que lo supone y valida.. [9]
«… el art. 245 RCT, …describiendo una lisa y llana inestabilidad, vulnera la garantía constitucional protectora contra el despido arbitrario (C.N. art. 14 bis), garantía que sólo se cumple con la nulidad del despido in-causado…”,
“…la tarifa indemnizatoria no protege contra el despido, precisamente porque lo supone y lo valida…”,
“…la contrariedad de la tarifa con la Constitución no refiere a la mayor o menor cuantía económica sino, precisamente, a la validez del despido in/causado que impide la estabilidad del trabajador, único modo de protegerlo contra el mencionado despido…”.  [10]
El Dr. Néstor de Buen L., nos significa que el trabajador en Méjico, tiene el derecho a permanecer en el empleo, como regla fundamental, salvo que se compruebe otra cosa ya que toda relación de trabajo se celebra por tiempo indefinido.-
«La estabilidad en el empleo consiste en el derecho de conservarlo, por el tiempo natural que la relación exija; si esta es por tiempo  indefinido no se puede separar al trabajador, salvo justa causa; ya que por regla general no puede finiquitar la relación de trabajo caprichosamente.-
«Este principio se concretó por primera vez en Méjico en 1917 en el art. 123 – fracc XXII de la Constitución de Querétaro que establecía:
«El patrón que despida a un obrero sin causa justificada, o por su ingreso a una asociación o sindicato, o por tomar parte de una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir con el contrato de trabajo o a indemnizarlo.-
«Al respecto el Tribunal Supremo Mejicano en 1936, resolvió:
«Cuando un trabajador opta por la reinstalación, no es posible admitir que el patrón esté autorizado a no aceptar el laudo que le ordena reinstalarlo ya que ello contraría el espíritu del derecho del trabajo, porque no puede entenderse, el legislador haya garantizado el derecho de los obreros y al mismo tiempo dado la posibilidad de que el patrón deje de cumplir.-
«Actualmente en México la estabilidad en el empleo es un derecho relativo del trabajador que excepcionalmente puede concluir por voluntad del empleador.- [11]
En el derecho mejicano es atinado recordar que la permanencia en el trabajo es un derecho humano de los colaboradores, que busca dotar a los lazos laborales de una duración amplia, a través de la cual se les asegure a aquellos su sobrevivencia y la de su familia.
La regla general del dispositivo 35 de la LFT es que los vínculos de trabajo sean por tiempo indeterminado, por encima de las contrataciones por obra y tiempo determinados porque estas últimas deben ser excepcionales.
La contratación de obra y tiempo determinado, solo procede cuando la naturaleza de los trabajos lo amerita, es decir, está restringida su utilización.
La LFT fija como causas de extinción de esta clase de instrumentos, la conclusión de la materia objeto de contrato o el fin de la vigencia de los mismos; lo que, en su caso, da lugar al derecho a recibir las partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo (arts. 53, fracc. III; 76; 80, y 87, LFT).
Ello deja en claro que el derecho en estudio no es absoluto, aunque paralelamente los patrones tienen la carga de pagar al trabajador una cantidad por la responsabilidad de su decisión; es decir, si aquel incumple sus obligaciones laborales o sus conductas encuadran en alguna de las causales de rescisión indicadas en el precepto 47 de la LFT, en las que se les imputa el origen de la conclusión del nexo de trabajo.
Las compañías deben rescindir, sin responsabilidad para las mismas, la relación laboral que las une con el infractor, para lo cual pueden entregarles el aviso rescisorio respectivo o requerir a la Junta de Conciliación y Arbitraje1 (JCA) competente, que se lo notifique –para ello se debe manifestar el último domicilio del rescindido–.
Finalmente, es de contemplar que la estabilidad en el trabajo implica que los subordinados laboren seguros y que no sobrevendrá de un capricho patronal finalizar los vínculos laborales, y se les pague todo aquello que hubiesen devengado y demás prestaciones legales.
En el Derecho Argentino, el principio de estabilidad en el empleo, al permitir la continuidad del contrato, se relaciona con el de indemnidad, ya que la disolución del contrato de trabajo por la sola conveniencia empresaria, causa un daño,  a quien con su esfuerzo constituía la base de la relación económica mediante la enajenación de su trabajo personal.-
Esta conjunción de principios permite, el trabajador prosiga en su trabajo y el empleador responda por su actividad lucrativa retornando parte de los beneficios logrados  por la apropiación legitimada del trabajo ajeno dependiente.-
También se vincula con el principio de progresividad al asegurarle, en su condición de enajenante de trabajo, que su condición de vida no será inferior, como asímismo que la libre contratación  -con sus frecuentes- excesos no irá en su contra, postergándolo del bienestar general.-
La protección contra el despido arbitrario, inmotivado, sin fundamento en causa o  motivo legalmente invocable, recibe la valoración constitucional de ser ilícito; en consecuencia, el constituyente fue preciso al determinar la estabilidad del trabajador, no delegando la decisión a una cuestión de política legislativa.-
No obstante ello, el Régimen Laboral Argentino permite al empleador el despido sin causa sancionándolo con una indemnización tarifada que valora la conducta anti-jurídica y justifica la inestabilidad en el empleo, la que vulnera la garantía protectora del art. 14 bis – C.N., protección que solo se cumple con la nulidad del despido sin causa.-
La indemnización abona la anti-juridicidad del despido y no repara ningún daño; no ampara contra el despido arbitrario porque lo supone y valida, con la tarifa indemnizatoria que solo monetiza el despido en forma parcial.-
Reiteramos: «La contrariedad de la tarifa con la C.Nacional no es por su mayor o menor cuantía económica, sino debido a que valida el despido sin causa e impide la estabilidad del trabajador.-» [12] 
El Art. N° 14 bis de la Const. Nacional protege al trabajador del despido arbitrario cuya cobertura solo puede lograrse declarando la nulidad de la decisión inmotivada del empleador, ya que sancionar con indemnización no cumple con el mandato constitucional.-
Esta norma constitucional nos demuestra que la estabilidad en el empleo más que un principio es un derecho constitucional, emanada del Constitucionalismo Social que otorga una seguridad material al obrero y un derecho subjetivo.-
No surge como una operación interpretativa de tipo inductivo, que a partir de premisas particulares, observaciones específicas, arriba a conclusiones generales; por el contrario la continuidad en el empleo es consecuencia de una norma expresa de la Constitución Nacional, donde se afirma como un valor en si misma y desde el logramos deducir conclusiones lógicas que nos llevan a su reformulación   como derecho a la estabilidad, atalaya desde la que interpretamos la continuidad de la relación de trabajo, su seguridad, su derecho a percibir ingresos por su labor, planificar su vida y la de su familia.-
Este derecho inserta la democratización de la relación de trabajo al garantizar el ejercicio efectivo la ciudadanía en la empresa del dependiente, sin poner en riesgo la relación de trabajo.-
La estabilidad en el empleo, es la posibilidad que tiene el trabajador de continuar su carrera profesional mientras dure su aptitud y no exprese su decisión en contrario; ello es consecuencia de su derecho a participar en los frutos sociales del trabajo mediante su labor en la empresa que es la herramienta vigente de la actividad económica.-  
La estabilidad como Derecho Social somete al despido a los límites de la justa causa y la revisión judicial del despido, con lo que limita la capacidad empresaria de recurrir a contratos temporales ilegítimos y fraudulentos que objetivamente son por tiempo indeterminado al tratarse de tareas permanentes y se realizan contratos limitados en el tiempo o bien encadenamiento subjetivo del mismo trabajador al que se le hacen firmar varios contratos por tiempo determinado.-
Se legitiman estas conductas recurriendo al argumento de la crisis económica y creación de nuevos empleos sin derechos, dimana así la adaptación de cualquier medida con independencia de la estructura jurídica imperante, para que los derechos de los trabajadores dejen de ser tales  y se conviertan en simples perrogativas supeditadas al arbitrio del legislador dependiente de la coyuntura económica -real o ficticia- que los otorga o elimina.-   
Reconvierten la estabilidad en fórmulas de contratación excepcionales que no responden a los parámetros del proyecto constitucional para los trabajadores, ni se ajustan a la promesa de reducir el desempleo, con una fuerte toxicidad en la calidad del empleo y los hábitos empresariales de contratación.-
La precariedad que asola al mundo del trabajo se repara en los confines de la legislación del trabajo garantizando la democratización de la vida en la empresa y una estabilidad que no permita desplazar al dependiente por problemas de mercado.-
Entre nosotros, un sector numeroso de la doctrina y jurisprudencia identifica la estabilidad laboral y protección contra el despido arbitrario con la cesantía indemnizada; o sea, cierta insuficiente compensación procura legitimar el ilícito de despedir sin causa y tornarse en  estabilidad.-
Amen de no ajustarse a la hermenéutica del Art. N° 14 bis C.N. carece de sentido protector desnaturalizando la conquista constitucional de derechos humanos económicos-sociales que representa la protección contra el despido arbitrario.-
La estabilidad es permanencia, duración, constancia, no reparación tarifada de un ilícito contractual; atento a que desde la óptica de la justicia supone el mantenimiento en el puesto de trabajo, debido a la naturaleza alimentaria del trabajador, su familia y el derecho a la vida.-
La existencia es coexistencia y la justicia es una forma de ética de esa coexistencia; coexistencia en la que el derecho laboral persigue la realización de la justicia como valor en el campo del trabajo y supone el imperativo ético de asegurar la realidad del trabajo para todos los hombres.-
Esta necesaria opción axiológica nos permite salir de la rutina jurídico-cultural que viola el mandato constitucional de la estabilidad en el empleo por un inestable sistema reparatorio.-  [13] 
Respecto a la estabilidad en la Jurisprudencia se indicó:
«Una estabilidad “impropia” es contradictoria en sí misma ya que una persona está fija o en movimiento; nadie “está fijo pero moviéndose”.
«… la estabilidad “impropia”, enseñada por la doctrina tradicional, a pesar de su in/exactitud, “calmaba” a los trabajadores dándoles la ilusión de “ser” estables en el empleo cuando, en realidad, la in/estabilidad era la regla de su relación.
«… el diseño normativo de la relación laboral  en la que el trabajador entrega su actividad productiva y su actividad creadora exige que el empleador compense la primera mediante la remuneración y la segunda mediante la estabilidad  y la participación en la toma de decisiones.
«Se advierte de inmediato que la estabilidad en el empleo integra la relación laboral hasta tal punto que de no obrar, existe alienación ya que no se compensa la actividad creadora del hombre en sí.
«En materia de despido, el régimen laboral,  denominado por todos como de estabilidad impropia, permite al empleador despedir sin causa aunque, valorando tal conducta como anti-jurídica, sanciona una indemnización tarifada. Describiendo una lisa y llana inestabilidad, vulnera la garantía constitucional protectora contra el despido arbitrario (C.N. art. 14 bis), garantía que sólo se cumple con la nulidad del despido incausado.
«Cabe tener en cuenta que la indemnización responde a la antijuridicidad del despido incausado y no refiere a daño alguno, tema que se le escapa a la doctrina tradicional. Sentado ello, la tarifa indemnizatoria no protege contra el despido, precisamente porque lo supone y lo valida.
«Por tal razón, la contrariedad de la tarifa con la Constitución no refiere a la mayor o menor cuantía económica sino, precisamente, a la validez del despido incausado que impide la estabilidad del trabajador, único modo de protegerlo contra el mencionado despido. Vulnerada la estabilidad, la nulidad del despido es manifiesta, debiendo reincorporarse el trabajador. Así de simple.
«Sentado ello, los salarios adeudados a la actora corren a partir de su alejamiento (27/11/1996). hasta su reincorporación. Si ésta no se concretase, los salarios seguirán devengándose hasta el momento de la jubilación de la actora.»  [14]
Es de tener en consideración que la Constitución Nacional no es un adorno ya que se debe respeto a los contenidos establecidos en ella, tales como los derechos sociales que dan vida al principio de igualdad y la asunción de una cultura jurídica, más allá de las leyes infra-constitucionales, que supone la aceptación de ciertos límites en el comportamiento personal y colectivo Y la efectividad de los derechos sociales que hace tenga sentido el valor de la igualdad. [Joaquin Aparicio Tovar- dixit]]
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y DERECHOS HUMANOS
La Reforma Constitucional de 1994 en el Art. N° 75 inc. 22, establece que:
… La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño;
en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional,
no derogan artículo alguno de la Primera Parte de esta Constitución y
deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.-
Con esta incorporación se produce un cambio sustancial en el contenido valorativo en el derecho de los trabajadores como analizamos ut-retro.-
Así el inc. 19 de la misma norma nos obliga a revisar el concepto de orden público, ya que con ella deja de ser posible el orden público económico para pasar a ser redefinido, si vivimos en un estado de derecho, como orden público social; ya que dispone que corresponde al Congreso de la Nación:
«Proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social…»
Y el inc. 23, establece: «legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato…».
El P.I.D.E.S.C. está plenamente informado por el principio de progresividad, según el cual,»todo Estado Parte se «compromete a adoptar medidas“[…] para lograr progresivamente“[…] la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos» (art. 2.1). La orientación del P.I.D.E.S.C. no es otra que «la mejora continua de las condiciones de existencia», según reza, preceptivamente, su Art. N° 11.1.-  (art. 6°) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales». Esta normativa de Derechos Humanos acentúa el sentido prospectivo del art. 14 bis, el cual se refuerza también con la operatividad negativa de los tratados sobre derechos humanos que impide la reforma peyorativa de derechos reconocidos a los trabajadores.-
Desde esta atalaya el Estado Argentino, asume axiológicamente: «…como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabras y de la libertad de creencias…» (segundo Considerando del Preámbulo de la Declaración Universal de Dere­chos Humanos).-
Para ello la Constitución Nacional «reconoce que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar materialmente y alcanzar la felicidad…» (primer Considerando previo al Preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).-
Reiterando que «…solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y cultu­rales…» (cuarto párrafo del Preámbulo de la Convención Ameri­cana sobre los Derechos Humanos llamada Pacto de San José de Costa Rica).-
Con la incorporación de este último instrumento, nuestro país se compromete ante la Comunidad Internacional a adoptar disposiciones de derecho interno a fin de garantizar que «toda persona tiene derecho a ser oída, … para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter…» (art. 8, Pacto de San José de Costa Rica).
Obligándose también a adoptar las providencias necesarias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos contenidos en la carta de la O.E.A. (art. 26, Pacto de San José de Costa Rica); y con el compromiso de garantizar el ejercicio de los derechos «…sin discriminación alguna por motivos…de origen social, posición económica…o cualquier otra condición social.» (art. 3 -Obligación de no discriminación- del Protocolo Adicio­nal a la Convención Americana sobre Derechos humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -«Protocolo de San Salvador» (P.I.D.E.S.C.)- ley nacional n° 24.658).
PRELACION DE LAS LEYES
A partir de la Reforma Constitucional del año 1994, estos Convenios han adquirido particular importancia, dado que para el Derecho del trabajo, el nuevo orden jerárquico establecido por esta reforma constitucional, en armonía con los artículos 27, 31 y 75, (inc.22) de la Constitución Nacional y lo normado por el Art. 1ero. de la Ley de Contrato de Trabajo, seria el siguiente:
a] Constitución Nacional que incluye los tratados de DD.HH. con jerarquía constitucional.
b] Documentos Internacionales y Convenios de la O.I.T.
c] Leyes, su reglamentación y estatutos especiales.
A partir de la reforma de 1994, y en especial con este inc. tenemos, en lo referente al orden de prelación de las normas, que por una parte se encuentra lo que Bidart Campos llama el «Bloque Constitucional Federal», conformado por la Constitucional Nacional, más los once tratados Internacionales enumerados taxativamente en el inc. 22 del art. 75 de la Constitución Nacional, y potencialmente los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, y que para ello requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.-
Por debajo de ellos se encuentran todos los tratados internacionales y concordatos con la Santa Sede que prevalecen sobre las leyes.-
También tienen preponderancia sobre las leyes, en virtud del inc. 24 de la misma norma, los tratados sobre integración a organismos supranacionales y el derecho comunitario que se dicte en consecuencia de ello.-
Si bien, en virtud del Art. 75 Inc. 22, los once tratados y declaraciones sobre derechos humanos -enumerados taxativamente en la norma-, tienen jerarquía constitucional, ergo, comparten la supremacía de la Constitución Nacional; los mismos no forman parte de la Const. Nacional, no están incorporados al texto de la misma.-
Esto no significa que no alimenten el sistema de derechos de la Constitución.-
Las declaraciones y los tratados sobre Derechos Humanos a los que el inc. 22 reconoce jerarquía Constitucional, gozan de ella sin estar incorporados a la Constitución y, fuera de su texto integran el llamado bloque de Constitucionalidad Federal.-
Si a las declaraciones sobre derechos humanos enumerados taxativamente en la norma Constitucional, se los tiene como incorporados a la misma, podrían ser reformados junto con ella, lo cual  determinaría la existencia de una asimetría con el derecho internacional, ya que ningún estado puede modificar o enmendar unilateralmente tratados internacionales.-
También, y en la hipótesis de que formaren parte del cuerpo constitucional;  si el tratado se extingue en jurisdicción internacional o bien es denunciado por el estado nacional, queda desvinculado de cara al Derecho Internacional, mas no surte efecto en el ámbito interno, por tratarse una norma de carácter constitucional.-
Existe una gran diferencia conceptual y práctica, entre que un tratado Internacional se incorpore al derecho interno de un país, o que esté incorporado a la Constitución Nacional, o que incorporado al derecho interno lo sea con jerarquía Constitucional, como es el caso de los tratados sobre Derechos Humanos enumerados en el inc. 22, y los que se pudieren incorporar en el futuro.-
PRELACION DE LOS DERECHOS:
El Art. N° 103 de la Carta de la Organización de las N.U. instaura que los derechos fundamentales, o sea los Derechos Humanos, se encuentran ubicados jerárquicamente por sobre el resto de los derechos internacional y nacional.-
En nuestra C.N. en virtud del Art. N° 75 Inc. 22, los Derechos Humanos tienen la misma jerarquía que la C.N., de allí deviene que la    pirámide jurídica conformada ´por el derecho internacional de los D.H. y el interno poseen el máximo de poder e imperatividad jurígena.-
De allí surge que nuestro sistema de derecho se encuentre conformado por dos fuentes, la interna y la internacional, que se potencian en cada caso concreto para hallar la norma más favorable a la persona humana y el sistema de derechos.-
Ambas fuentes por su propia naturaleza jurídica facilitan y promueven la apertura del sistema mediante el reconocimiento de derechos y garantías implícitos; o sea, que los derechos y garantías  que enumera no serán entendidos como la negación de otros derechos y garantías no enumerados, no se trata de un numerus clausus.-
También los derechos y garantías ya reconocidos son irrevisables, a la luz del principio de progresividad.-
El Art. N° 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los tratados da primacía al Derecho Internacional sobre el derecho interno de los estados, entre nosotros con la particularidad del Art. N° 75 Inc. 22 C.N.-
Con la incorporación al derecho interno de los Derechos Humanos, el estado se encuentra obligado a hacer efectivos estos derechos.-
La integración de los tratados de derechos Humanos al derecho interno del estado nacional produce una maximización y optimización jurídica debido a que el Derecho Internacional tiene la facultad de ingresar en el derecho interno, y este en el, aplicándose el más favorable y amplio al ser humano.-
La persona humana pasa así a ser sujeto de Derecho Internacional, bajo jurisdicción Internacional y Nacional, ya que la jurisdicción de los D.H. no es más exclusiva y reservada.-
La transnacionalización de la protección de los derechos fundamentales, léase D.H., es una conclusión precisa de que son inherentes a las personas humanas e independientes de la voluntad del estado.-
Esta internalización, es una asunción de los temas y  prerrogativas del hombre en cuanto tal por el Derecho Internacional, dando vida al derecho internacional de los D.H., siendo estos temas que carecen de fronteras y pasan del plano nacional al internacional.-
Todos los temas de D.H. constituyen una integralidad, son interdependientes y se condicionan entre sí, y así fue declarado en la “Conferencia Mundial de D.H. [Viena 1993].-
La grandeza del derecho internacional de D.H. se encuentra en haber colocado como eje de todo el sistema de derechos, libertades y garantías a la dignidad del hombre, vale decir el hombre según su naturaleza, su propia esencia.-
La consolidación del “corpus juris” del derecho internacional de los D.H., se debió a que en la emergencia el derecho fue al encuentro del ser humano, destinatario de sus normas de protección, como consecuencia de la reacción de la conciencia jurídica universal, frente a los reiterados abusos cometidos contra los seres humanos, muchas veces convalidados por el derecho positivo de algunos estados.-
EN LAS CONDICIONES DE SU VIGENCIA
Al efectuar esta afirmación la Constitución Nacional, luego de indicar la enumeración taxativa de todos los tratados y convenios, indica que la vigencia es en las condiciones de su vigencia al tiempo de entrar en vigor la reforma constitucional.-
Estas condiciones son las surgidas del previo reconocimiento o ratificación realizado por nuestra nación, o sea:
1°]  Las reservas y aclaraciones efectuadas en el instrumento de ratificación o adhesión.-
2°] Las condiciones vigentes a nivel internacional al momento que adquieren rango constitucional.-
3°] Si los tratados se extinguen a nivel Internacional o por denuncia del Estado Nacional los mismos siguen vigentes como Derecho Interno.-
4°] El Estado Nacional no podrá aducir nulidad de los Tratados y Convenios aludidos, ya que dicha petición es contraria a la conducta jurídica consolidada en la Convención Constituyente que les otorgó jerarquía constitucional.-
5°] Desde la perspectiva de la responsabilidad de los actos propios [venire contra actum propium nom valet], tenemos que el acto constituyente que dio jerarquía constitucional a los tratados y convenios internacionales sobre D.H. son un compromiso de actuar de buena fe del Estado Nacional con la comunidad Internacional y de esta para con nuestro país.-
El reconocimiento de los tratados internacionales de D.H. por la convención constituyente es  un acto propio de nuestro estado Nacional contra el que no puede invocar nulidad, ya su reconocimiento hace carecer de validez cualquier impugnación.-
AUTO-APLICABILIDAD DE LAS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL:
El derecho de gentes, o sea la parte del derecho público romano aplicable a sus relaciones con otros estados o pueblos que devino en nuestro derecho internacional, existe una norma de derecho consuetudinario que indica, el Estado que ha ratificado un tratado de D.H. debe introducir en su Derecho Interno las modificaciones necesarias que aseguren su fiel cumplimiento.-
A su vez la Convención Americana determina como obligación general de cada estado parte, la adecuación de su derecho interno a las disposiciones de la Convención Americana, de modo tal que se garanticen los derechos en ella consagrados, debiendo las medidas en el derecho interno ser efectivas, efectividad que mensura desde la perspectiva de la adaptación, actualización de su normativa a las normas protectorias de dicha convención.-
Cuando por la intención de las partes o los términos de la norma surja solo un mínimo de precisiones que no permita otorgarle operatividad positiva, siempre será posible una operatividad negativa, ya que normativa de esa naturaleza supone la prohibición de actuar en forma contraria a lo por ella establecido, de esto se trata la operatividad negativa, que impedirá negar o degradar los derechos internacionales reconocidos en ella.-
JERARQUÍA CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS:
Bidart Campos, nos decía, que una cosa es incorporar a esos instrumentos, haciéndolos formar parte del texto supremo, y otra distinta es depararles -fuera de dicho texto- idéntica jerarquía que la de la Constitución.-
Si tales instrumentos formasen parte de la constitución textual, ellos podrían ser modificados conforme el procedimiento establecido por el Art. N° 30 de nuestra Carta Magna, lo que presentaría una definitiva colisión con reglas primarias derivadas del Derecho Internacional, a partir de las que los Estados parte no pueden modificar unilateralmente las estipulaciones contenidas en un Tratado.-
El art. 75 inc. 22, aclara que ellos poseen jerarquía constitucional, lo que nos permite situarlos con claridad en el llamado «bloque de constitucionalidad», ergo, están ubicados fuera de la Constitución textual, aunque compartiendo su status.-
De ello debemos interpretar que las clausulas constitucionales y las de los tratados tienen igual jerarquía, son complementarias, y por lo tanto, no pueden desplazarse o destruirse recíprocamente.-
Toda colisión de un instrumento internacional de los enunciados en el artículo 75 inciso 22 C.N., con el propio texto supremo, deberá resolverse por medio de la aplicación del
principio «pro homine» propugnada por el Dr. German Bidart Campos.-
Klaus Tiedemann, nos dice respecto de su país: «…que las disposiciones surgentes de Tratados de Derechos Humanos suscriptos y ratificados por Alemania implican un sistema de valores y principios de carácter Universal que ofrece mandatos constitucionales expresos hacia los Poderes Políticos.  La Constitución Española, en su artículo 10, ofrece una pauta similar de interpretación, que ha sido utilizada por su Tribunal Constitucional, siempre en sentido «pro homine» (Cf. en este sentido Sentencias STC 14/7/81, 15/6/81,23/11/81).-
Los instrumentos incluidos en el art. 75 inc. 22 C.N. no solo generan pautas de interpretación para los Poderes Públicos, de carácter obligatorio, sino que son normas de aplicación obligatoria, en razón de poseer la mentada jerarquía constitucional que la propia Constitución les concedió.-
Al respecto el Dr. Roberto García Martínez, afirmaba, estas normas habían venido a complementar la constitución, lo que expresaba en los siguientes términos:
«No se trata pues, de subordinación, sino de complemento, es decir de lo que se añade a otra para hacerla íntegra o perfecta, para llegar a la plenitud”.-  
A todo ello se agrega que el Estado Argentino se ha hecho parte de un Sistema Internacional de Derechos Humanos, que ahora, además, ha convertido en derecho interno al que dió jerarquía constitucional, por lo que el incumplimiento de las obligaciones contraídas en Convenciones y Tratados -a través del accionar de sus funcionarios- genera responsabilidad internacional.-
Los tratados concluidos con las organizaciones internacionales tienen jerarquía superior a las leyes.
Cabría preguntarse si los convenios de la OIT, la que constituye una organización internacional, participan de la condición de tratados.
Más allá de toda disquisición semántica o, aún, ontológica que pudiera plantearse, se debe señalar que la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1.968, emplea unívocamente las palabras tratado o convención desde su propio título.-
Nos parece entonces razonable sostener que si la convención internacional sobre los derechos de los tratados utiliza en forma indistinta ambos vocablos, no cabe hacer diferenciación alguna sobre ellos, entendiendo que ambos se refieren a una sola y misma cosa; y, consecuentemente, que las convenciones de la OIT se encuentran incorporadas en la norma del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional y tienen jerarquía superior a las leyes.
Ello determina que la ratificación de un convenio internacional torna inconstitucional a la norma, anterior o posterior a su ratificación, que se le oponga por contradecir una norma de jerarquía superior.-
En cuanto a su vigencia como derecho interno, y más allá de la definición monista de nuestra Constitución Nacional, en lo referente a su operatividad positiva, es necesario que las disposiciones del convenio sean lo suficientemente detalladas y precisas y no se encuentren condicionadas, de modo de poder ser aplicadas directamente y sin necesidad de una transposición legislativa.
En cuanto a su operatividad negativa es de señalar que nuestro país al adherir a la Organización Internacional del Trabajo asumió los compromisos establecidos en su Constitución y en la Declaración de Filadelfia, la que en su punto V, declara que “los principios enunciados en esta Declaración son plenamente aplicables a todos los pueblos,… y su aplicación progresiva interesa a todo el mundo civilizado”.
En síntesis, el Estado Nacional ha adquirido frente a la O.I.T. obligaciones de desarrollar y aplicar políticas progresivas en general en materia de progreso económico y desarrollo social de los trabajadores y particularmente en materia de igualdad de trato, que como se vio incluyen las condiciones de trabajo.-
La incorporación del bloque constitucional ha traído como consecuencia que el principio protectorio se haya reforzado por las Declaraciones, Convenciones y Tratados sobre Derechos Humanos, lo que reafirma -desde el plano constitucional- la preocupación por el legislador constituyente de lograr la paz social en base al reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de la persona humana.-
En este marco, consideramos que, el principios protectorio – y sus reglas in dubio pro operario, de la selección de la norma más beneficiosa, subsistencia de la condición más favorable, el de no discriminación- como el de progresividad han sido reafirmados y enriquecidos por la reforma de 1994. Dado que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos deberán interpretarse «pro homine» y conforme el principio -a su vez derecho- de no discriminación.  
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA NUEVA DOCTRINA DE LA CSJN.:
El Art. N° 14 bis ha tenido por finalidad hacer de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional. Al prescribir lo que dio en llamarse el principio protectorio:
«El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes», y al precisar que éstas «asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor». [15]
Esto a su vez se ha visto fortalecido y agigantado por la singular protección reconocida a toda persona trabajadora en textos internacionales de derechos humanos que, desde 1994, tienen jerarquía constitucional (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22).-
Nos recuerda el fallo que el hombre es un ser humano integral, y no solo un elemento del mercado, del que solo se tiene en consideración parte del valor de lo que produce con su trabajo, llegando a la conclusión de que el valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos; y que la concepción materialista que así lo concibe debe ceder frente a una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana.-
Esta concepción integral del hombre, con derechos por el solo hecho de ser hombre, hace que tenga el derecho humano de propiedad sobre su integridad física, el valor económico de su trabajo, los bienes del espíritu, los bienes materiales; de allí que si padece la privación de los mismos las normas deben prever la posibilidad de que sea reparado en forma integral, razón por la que la C.S.J.N. declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo, que cerraba el camino a los trabajadores a la reparación integral.-
Cuando el fallo habla de que debe repararse la pérdida de chance del trabajador, o sea la posibilidad de ascender en su carrera, o elegir otra perspectiva laboral o de otro orden;  hace referencia al derecho humano a tener su propio proyecto de vida.- Todo esto es confirmado cuando el fallo afirma: “el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental».-
De esta afirmación podemos deducir que los elementos económicos de las relaciones de los trabajadores con sus empleadores, son solo instrumentales y posteriores al   principal objeto del contrato de trabajo que es la actividad productiva y creadora del hombre en sí; o sea que el elemento principal de esta relación humana es el hombre, con lo que adquieren importancia principios tales como el de cooperación, solidaridad y justicia.- El fallo se hace eco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (P.I.D.E.S.C.), cuando trata de las condiciones dignas y equitativas de labor; condiciones de existencia dignas para los trabajadores y para sus familias; asegurar dentro de estas condiciones  todo lo referente a la  seguridad e higiene en el trabajo, y amen de ello, establece que
«Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias», con lo que estos estados quedan obligados a llevar a cabo conductas tanto positivas como negativas respecto a este tema.-También señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que cuando no sea posible el restablecimiento de la situación anterior a la violación del derecho que corresponda reparar, se impone una «justa indemnización».
Y las reparaciones, «como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial» y no pueden implicar el «empobrecimiento de la víctima».-
También se encuentra dentro del análisis jurídico del fallo el problema la dignidad de la persona humana que constituye el centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional, que se encuentran relacionados con el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece: toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales «indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad».
Es por ello que, en la jurisprudencia de la Corte, no está ausente la evaluación del daño como «frustración del desarrollo pleno de la vida».-
La dignidad del ser humano no deriva de un reconocimiento ni de una gracia de las autoridades o poderes, toda vez que resulta «intrínseca» o «inherente» a todas y cada una de las personas humanas y por el solo hecho de serlo.-
Por ello, es el fundamento y fuente de los derechos Humanos, pues, según lo expresa el P.I.D.E.S.C. (y los otros 10 tratados introducidos por el Art. N° 75 Inc. 22 C.N.), los derechos en él enunciados «se desprenden» de la dignidad inherente a la persona humana, lo que se encuentra en abierta contraposición con la afirmación de la razón económica imperante respecto a que el trabajo es una mercancía y su análisis meramente económico del mismo.-

Otro Derecho Humano tratado es el de la JUSTICIA SOCIAL -parte de nuestro derecho positivo-, que se encuentra inserto desde principios del siglo pasado, en el Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.-
La JUSTICIA SOCIAL, por su propia naturaleza y Declaración de la O.I.T., tiene por finalidad:
1] Ser un medio idóneo para establecer la paz universal,
2] pero también como un fin propio, a lograrse a si misma.-
La JUSTICIA SOCIAL estaba presente en nuestra Constitución Nacional desde sus mismos orígenes, al establecerse en el preámbulo el objetivo del logro del «bienestar general», se encuentra inserta en nuestra L.C.T. y en muchos instrumentos internacionales.-
La C.S.J.N. afirma que la JUSTICIA SOCIAL es «LA JUSTICIA EN SU MAS ALTA EXPRESION», y que «CONSISTE EN ORDENAR LA ACTIVIDAD INTERSUBJETIVA DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD Y LOS RECURSOS CON QUE ESTA CUENTA, CON VISTAS A LOGRAR QUE TODOS Y CADA UNO DE SUS MIEMBROS PARTICIPEN DE LOS BIENES MATERIALES Y ESPIRITUALES DE LA CIVILIZACION».-
EL DESPIDO DISCRIMINATORIO ES VIOLATORIO DE LOS DERECHOS HUMANOS:
PORQUE VIOLA LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR YA QUE: 
1°) El contrato de trabajo es un contrato antrópico debido a que la prestación del trabajador es su actividad humana que es inseparable e indivisible de su hominidad, de la que emana su dignidad como tal, que hace a su esencia y a la incidencia en la regulación jurídica de las relaciones entre las partes.-
Al respecto Tomás de Aquino afirmaba “homo per manum”, o sea que no es la mano la que trabaja sino el hombre.-
En la actividad del obrero existe una preeminencia del trabajo como expresión de la persona humana sobre el capital.-
La Constitución Nacional que tiene la misma jerarquía de los tratados sobre Derechos Humanos introducidos a ella por el art. 75-inc.22, y establece en su art. 14 bis que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor; o sea el basamento al ius laboral se encuentra en la constitución y los tratados de D.H. incorporados a ella.-
De allí emana que la dignidad humana es fuente y fundamento definitivo del derecho de los trabajadores, y la explicación y justificación de las interdependencia de todos los derechos de los trabajadores, que dimanan de la interdependencia de los D.H..-
2°) El Derecho Internacional de los Derechos Humanos [D.I.D.H.] es una advertencia perentoria de que el derecho a secas es un instrumento de liberación de todo lo que niega su dignidad – como el despido por la sola voluntad omnipotente del empleador- y no de sometimiento del hombre de trabajo.-
3°) El D.I.D.H. coloca como eje de todo el sistema de derechos, libertades y garantías la dignidad del hombre y en este caso del hombre que trabaja, o sea del hombre según su naturaleza propia, la esencia que le es propia y el despido arbitrario no se condice con estos parámetros imperativos en un contrato antrópico.-
4°) Los D.H. tienen como objeto y fin allanar los caminos a las personas, trabajadores hacia su plenitud, removiendo, invalidando y prohibiendo, en este caso la decisión unilateral del empleador que cercena las posibilidades de realización de su dependiente.-
5°) Otro de los paradigmas de los D.H.  es liberar a las personas del temor y en ese caso la posibilidad del despido sin causa es una espada de Damocles que permite la sumisión de este por el temor a la miseria, otro de los males que cercenan los D.H.; impidiendo u obstaculizando así el disfrute del progreso espiritual y el alcance de la felicidad al obrero.-
6°) Debe tenerse en consideración que la dignidad no es una condición que la persona humana deba alcanzar o merecer por una conducta particular o una condición social, no es un obsequio ni una recompensa; la posee el ser humano y por ello el trabajador por su sola hominidad ya que es intrínseca, inherente al hombre.-
Luego esta esencialidad de los D.H. fue reconocida expresamente por el P.I.D.E.S.C., P.I.D.C.P. Y C.A.D.H..-
Todos los D.H. son anteriores a toda organización política y social, si bien los estados los reconocen formalmente estos se encuentran fundados en un principio de orden superior, que es de moral universal, de respeto debido a la persona humana y es el fundamento de todos los sistemas de derecho internacional.-
De allí dimana que el respeto a los D.H., el que no puede menoscabarse ni por las mayorías aunque pretendan fundarse en el interés general y amen de ello, son un límite al ejercicio de la función pública, ya que son atributos inherentes a la dignidad humana; ergo, superiores al poder del Estado.-
La D.U.D.H. señala que el desconocimiento y menosprecio de los D.H.  han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad.-
El despido arbitrario, sin causa justificada, asentado solo en la voluntad del empleador, menoscaba la libertad y dignidad del trabajador.-
7°) La dignidad en su calidad de D.H. rechaza su división o fraccionamiento de derechos que de ella se desprenden so riesgo de mutilar, desgarrar a su titular como sucede cuando se permite el despido arbitrario que cosifica al trabajador, negando su humanidad; ya que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles.-
8°) La dimensión plena e indivisible del hombre emanada de su naturaleza ontológica y reconocida por el texto de los D.H., nos conduce a considerar el costado laboral del ser humano a modo continuo como actividad humana; en consecuencia actividad digna y por ello sujeta al amparo de estos derechos.-
Ello es así también, porque la dignidad humana es causa de los D.H. y de ella se desprenden o derivan; algo se indica sin rebozos el P.I.D.E.S.C., P.I.D.C.P., y es así por ser anteriores y superiores al derecho positivo y la sociedad civil, razón por la que fueron reconocidos como principio de los derechos por las naciones civilizadas
9°) El “derecho al trabajo” que es uno de sus D.H., comprende desde su integración al mundo del trabajo, el derecho a condiciones de dignas, equitativas y satisfactorias de labor para un hombre digno -todos los hombres son dignos por su propia hominidad-, entre las que está la de permanecer en su empleo  hasta que exista una justa causa para la rescisión del contrato de naturaleza antropocéntrica -contrato de trabajo-, o sea de una relación en la que se encuentra involucrado tiempo de vida y proyecto de vida de un ser humano; por ello, el despido discriminatorio viola este Derecho Fundamental.-
10°) La Convención Americana de Derechos Humanos [C.A.D.H.] tiene señalado que los derechos esenciales del hombre tienen como fundamento los atributos del ser humano, especialmente la dignidad humana, así:
“Art.5. Derecho a la integridad personal: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral….”
“Art. 6. Prohibición de la esclavitud y servidumbre:
1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre,…
2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. …”
“Art. 29. Normas de interpretación Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de: …— c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y….
Se busca salvaguardar la dignidad humana de toda forma de degradación ya que se trata del reconocimiento de todo derecho que permita al hombre progresar espiritual y materialmente hasta lograr su felicidad.-El respeto a la dignidad humana se une al logro del pleno desarrollo de la persona humana, que lo permite esta fuerza expansiva y creadora en el universo jurídico de la dignidad humana asentada en la impronta del Art. N° 29 c de C.A.D.H. con una imperatividad significativa en el orden nacional.-
Así, las imperfecciones del derecho positivo no afectan los atributos del ser, ya que la dignidad humana es inviolable y debe ser respetada y protegida; amen de ello, todos los derechos fundamentales deben ser interpretados y llegado el caso completados a la luz de la intangibilidad de la dignidad humana.-
La dignidad humana da lugar a una tabla de derechos siempre abierta que es incompatible con un “numerus clausus”.-
11°-] El ejercicio de los poderes de la empresa en las relaciones de trabajo se encuentra limitado por normas generales y convencionales de D.H., y todo acto que suponga un menoscabo de los D.H. del obrero está prohibido, como en el caso del despido arbitrario, ya que sale al cruce de todo intento de reificar la trabajador considerándolo un factor de producción del mercado de trabajo.-
Los Derechos Fundamentales del trabajador traen como correlativos deberes del empleador y como los determinara la S.C.J.N. Argentina:
“El hombre es el Sr. de todo mercado y el mercado tiene sentido si y solo si tributa a la realización del trabajador”.-
12°-] La dignidad intrínseca de la persona humana constituye el fundamento ontológico y definitivo de los derechos humanos. Estos responden a un orden que precede en el tiempo y supera en jerarquía, al derecho positivo. Sólo el debido respeto de la dignidad humana confiere autoridad al legislador, nacional o internacional, y validez a su obra.
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DISCREPANTE:
Con motivo de la judicialización del Estatuto del Bancario y una }Convención Colectiva de Trabajo que establecían la Estabilidad en el empleo de los Empleados Bancarios, se dió este debate.-
En el año 1969 la S.C.J.N. en un fallo muy corto y poco fundado in-re «De Luca c/ Banco Francés», afirmó que la estabilidad absoluta carece de razonabilidad, amen de ser lesiva de la propiedad del empleador que ante un despido injustificado lo condenen, si se niega a reponer en el cargo a la víctima del acto anti-jurídico, a pagar una indemnización y salarios caídos hasta la jubilación del despedido, tal como lo fijaba la norma aplicable.-
Se afirmó también que limitaba la libertad de contratación la carga de pagar salarios sin trabajar; o sea el pago una renta vitalicia de naturaleza gratuita, equiparable a una jubilación.-
Al respecto el Dr. Bidart Campos señaló que la Estabilidad Propia del Estatuto del Bancario no es Inconstitucional, ni por arbitrariedad del sistema, ni por lesión al derecho de propiedad, ni por violación de la igualdad legal.-
El Dr. Justo Lopez, por su parte escribió el artículo:  «¿Es Inconstitucional un sistema  así?
Su respuesta fue rotundamente no a menos que pueda resultar inconstitucional un Art. de la Constitución Nacional; el que introduce limitaciones a la libertad absoluta del sujeto económico al introducir garantías sociales.-
No solo es contrario a la Constitución Nacional la Derogación del Estatuto de los Bancarios, sino que disminuye la intensidad en la tutela de la estabilidad en el empleo; violando el principio de progresividad al legitimar la regresividad de los derechos adquiridos por el dependiente, con una transferencia de poderes legítimos del trabajador a favor del patrimonio del empleador.-
En igual sentido la S.C.J.N. in-re «Figueroa c/ Loma Negra», caso en que la empresa por Convenio Colectivo de Trabajo había acordado la estabilidad en el empleo, resolvió: «que la estabilidad absoluta surgida de un Convenio Colectivo de Trabajo está reñida con los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional».
«que es irrazonable ya que suprime el poder discrecional e imprescindible del empleador para la integración de su personal». «viola art. 14 C.N. que consagra la libertad de comercio.

*] lesiona la garantía de propiedad ordenando el pago de remuneraciones sin contraprestación de trabajo, lo que no es una indemnización de daños por falta de trabajo;

*] lo común es que la persona capaz logre emplear su tiempo en otra labor retributiva.-
En este caso la Corte liberó a los patrones de la obligación a la que se habían comprometido, personalmente, -mediante un instrumento público realizado ante el estado nacional, con fuerza de ley y de orden público-, de respetar la estabilidad absoluta de los trabajadores.-
Este fallo convalidó el poder discrecional del empleador, [haciendo de la discrecionalidad y la resistencia al mandato judicial una virtud], de la propiedad de  la empresa un poder arbitrario, el poder de despedir contra la ley y los convenios colectivos por ellos firmados.-
Con estas decisiones judiciales, la ilicitud del despido arbitrario se relativizó y se consagró el derecho a despedir, retardando la democratización de las empresas, al no tener el trabajador la propiedad de su puesto de labor.-   [16]
Se sostiene también, que el hecho de usar dos clausulas diferentes respecto a la ruptura de la relación de empleo como protección contra el despido arbitrario y estabilidad del empleado público no tienen el mismo significado ni intensidad.-
Afirman la primera clausula referida al empleado privado lo protege porque sufre, padece el despido, mientras que en el empleo público hay que garantizarle estabilidad.-
De allí deducen que deben distinguir estabilidad propia y absoluta de la impropia y relativa.-
La estabilidad propia trae consigo el impedimento de despedir, salvo justa causa y en su caso la obligación de reintegrar al dependiente.-
La estabilidad impropia no impide el despido y en caso de no justificarse surge la obligación de indemnizar.-
Agregan que el despido del trabajador privado puede ser sin causa, inmotivado [no es arbitrario] o bien «arbitrario», irrazonable por agraviante e injurioso.-
Se preguntan si el despido sin causa no tiene protección, para afirmar que la ley debe distinguirlo del arbitrario y que no deben tener la misma protección solo una diferente intensidad de amparo.-
Afirman la estabilidad absoluta en el empleo privado cohibe la decisión patronal de rescindir el contrato de trabajo, porque le acarrea la obligación de reinstalar y de abonar los salarios hasta la jubilación del cesanteado, lo que restringe la libertad de contratar debido a que debe asumir las graves obligaciones frente al trabajador; amen de ello agregan es violatorio del art. 14 Constitución Nacional que consagra la libertad de comercio e industria, y adicionan que no se puede obligar al empleador y menos en empresas personalizadas a que reincorpore alguien que no desea en su empresa, lo que produce una incomodidad y en todo caso que la estabilidad propia sea permitida cuando la índole de la relación lo permita.- [17]
Además desde una perspectiva auto-referencial del sujeto empresario se asevera, el despido sin causa es una derecho, una potestad, surgida de la libertad de contratar, la que otorga el derecho a descontratar, ya que el despido es una función del poder empresarial.-Se contempla la regulación del despido desde una perspectiva económica, valorando solo la producción, competitividad, negocios, mayores ganancias, y desde allí la conveniencia de despedir o no el dependiente.-
Afirman, es un derecho del empleador despedir donde, cuando y como quiera, asumiendo solo un resarcimiento indemnizatorio, ya que consideran posee la libertad de descontratar por desición unilateral sin causa que justifique la rescisión, ya que se trata de un mero intercambio sinalagmático de naturaleza comercial.-
Al respecto debe señalarse:
que el trabajador y sus derechos no son tenidos encuenta en este razonamiento y menos de que se trata de una relación contractual asimétrica y no paritaria, el trabajador no contrata una cosa sino su tiempo de vida que pone al disposición del empleador junto a su proyecto de vida y el de su familia;
el Despido Sin Causa es un despido ilegítimo, anti-jurídico y por ello mismo arbitrario;
se trata de una obligación contractual y quien no cumple paga las consecuencias de sus incumplimientos, uno de ellos el reintegro del trabajador y que no es un problema de comodidad, sino un problema contractual-laboral de naturaleza antropocéntrica y sus consecuencias por el incumplimiento y la ilegitimidad de su decisión;
No valoran la relevancia humana y social del despido, los derechos conculcados, la posición subjetiva del trabajador, su derecho al trabajo y a mantenerlo.-
El art. 14 bis C.N.  descalifica jurídicamente el derecho a despedir, ya que no se trata de un derecho, sino de un acto ilícito.-
El Derecho del Trabajo, el Constitucionalismo Social y los Derechos Humanos insertos en nuestra Carta Magna, imponen una nueva racionalidad, ajena a la mercantilización de las relaciones de trabajo, donde la readmisión del trabajador frente a un despido sin causa, es algo natural, aunque ajeno a la racionalidad mercantilista-negocial.-Frente al poder empresarial y los negocios globalizados oponemos el ritmo universal de los derechos humanos en clave laboral.-
«En ese enfoque unidireccional lo que queda al margen y torpemente subestimada es nada menos que la situación del trabajador, como sujeto pasivo de ese acto caprichoso y antifuncional, quien debiera ser el sujeto de preferente atención, como lo ha sostenido la actual integración de la C.S.J.N. ( Caso Vizzoti.) …
«… el enfoque axiológico, de vertiente empresarial, se manifiesta sosteniendo como propuesta la sola monetización del acto descomunal de despedir sin causa, recurriendo a todo tipo de trabas argumentales, con la exclusiva finalidad de sustentar el poder segregatorio irreversible del empleador, como soberano omnipotente. Sólo se le exige que pague por discriminar.» …
… «No puede olvidarse que al derecho civil tradicional se le opuso un derecho social cuyo paradigma no es el “individuo” y,  por eso, impuso una racionalidad material frente a la racionalidad formal. Un derecho social, con aportes colectivos, para que en lugar de individuos cosificados como objetos, permita desarrollar como Sujetos a las “personas”, para lo cual su razón de ser es la desmercantilización de las relaciones de trabajo. . [18]
No viola el Art. N° 14 Constitución Nacional porque:
+ no limita la libertad de comercio e industria ya que el derecho argentino tutela tanto la libertad de contratar, que es un aspecto de la autonomía personal, como la de configurar el contenido del contrato, que es un supuesto del derecho a ejercer industria lícita.-
+ la libertad de industria y comercio debe desarrollarse sin obstáculos ni privilegios dentro del estado de derecho que fija la estabilidad en el empleo en su Constitución Nacional, lo contrario sería subordinar el Estado de Derecho a sus intereses comerciales.-
+ la esfera de la subordinación contractual marca consiguientemente las fronteras de la autonomía empresarial y permite restringir no sólo sus poderes, sino que desde el derecho constitucional o público y aún desde el derecho civil, se fijan los deberes del empleador respecto de la persona del trabajador Y desde el derecho del trabajo se receptan además esas y otras libertades del trabajador dentro de la empresa.
+ el poder empresarial está circunscripto al ámbito de la ejecución contractual, regido por la Constitución Nacional,  la ley de contrato de trabajo que es de orden público y en subsidio por el Código Civil y Comercial, en tanto no vulneren la naturaleza y orden público del derecho del trabajo.-
+ Trabajador y empleador se encuentran vinculados  mediante un contrato de trabajo, el que tiene por objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí y solo después media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico.- [art. 4 L.C.T.]
LEGISLACIÓN INFRA-CONSTITUCIONAL
Agrega que la formalización de contratos a plazo determinado en forma sucesiva que exceda las exigencias legales de justificación lo convierten en contrato por tiempo indeterminado.-
La L.C.T. -Art. N° 90- determina que el contrato de trabajo se entenderá celebrado tiempo indeterminado, salvo que su término de duración resulte fijado en forma expresa y por escrito; o bien que las modalidades, tareas o actividades razonablemente apreciadas así lo justifiquen.-
El factor tiempo es trascendente en este tipo de negocios jurídicos, ya que, no solo determina su duración, sino, también los derechos que se adquieren, y la ley presume que el efecto querido por las partes se extiende  en forma indeterminada, o sea hasta que el trabajador goce de los beneficios de la seguridad social, por los años trabajados y su límite de edad; salvo que se conviniese  por escrito el momento de extinsión.-
La indeterminación del plazo es un instrumento de vigencia del principio de la estabilidad contractual, en concordancia con el art. 14 bis de la Const. Nacional.-
La L.C.T. privilegia que los vínculos contractuales  perduren en el tiempo, por sobre las decisiones que las partes interpongan.-
O sea, que se privilegia normativamente la relación por tiempo indeterminado como modalidad principal del contrato de trabajo; ergo, lo relaciona con la estabilidad en  el empleo, acorde con la naturaleza de la actividad productiva del empleador.-
Los contratos por tiempo determinado son la excepción y para tener valor deben serlo por escrito, por tiempo determinado y estar la excepción justificada objetivamente en la naturaleza  de las tareas a realizar, de las que debe surgir la temporalidad.-
La modalidad temporaria se sustrae del ámbito de disponibilidad negocial individual de las partes, no responde a necesidades permanentes de la empresa, por el contrario se trata de necesidades transitorias.-
La forma escrita y la justificación objetiva se deben dar conjuntamente al efecto de permitir la excepción temporal.-
PROTECCIÓN CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO
Trabajador y empleador se encuentran vinculados  mediante un contrato de trabajo, el que tiene por objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí y solo después media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico.- [art. 4 L.C.T.]
Esta norma introduce en nuestro derecho positivo el carácter antropológico del Derecho del Trabajo, al determinar que «tiene por objeto la actividad productiva y creadora del hombre»; su objeto no es un elemento económico, material, relación comercial, un inmueble o su uso; por el contrario es tiempo, energía, actividad vital de un ser humano.-
El trabajador dependiente queda así  en el centro de todos los derechos emanados del mismo y con ello la preservación, respeto y amparo del Ser Humano, evitando su concreta cosificación.-
Frente a las desigualdades fácticas entre el poder económico del empleador, su objetivo de lucro y el estado de necesidad, hiposuficiencia del trabajador, hace preponderar la condición humana sobre la materialidad económica.-
El contrato de trabajo es bilateral en una relación no paritaria, lo es entre sujetos desiguales ya que el trabajador contrata en estado de necesidad, que es permanente en el.-El despido arbitrario es una forma de disolución de este contrato por decisión unilateral e inmotivado del empleador, que expulsa, destituye  al trabajador de su puesto.-
Existe arbitrariedad cuando se actúa según el arbitrio y voluntad individual, sin atender las razones e imperativos legales, siendo una decisión injusta y parcial que solo depende de la determinación de un individuo.-
El hecho arbitrario es inmotivado, ilegal e inicuo, ya que carece de equidad y justicia.-
La resolución del contrato de trabajo no fundada en la ley y hechos que justifiquen su aplicación, y tan solo asentada en la voluntad, capricho de una decisión del empleador, es una decisión jurídicamente arbitraria.-
Amen de ello, contraría al contenido que surge de los perentorios significantes jurídicos en la redacción del art. 14 bis C.Nacional, los que ordenan la «protección contra el despido arbitrario» afianzada mediante el imperativo categórico del «garantizarán»; que específicamente protegen y amparan la estabilidad en el empleo.-
La Constitución Nacional no regula el despido libre y barato para empresarios; si admite un sistema de relaciones laborales fundado en la contratación y apropiación del trabajo y en la estabilidad y permanencia en el, a lo que aneja el derecho a participar en las ganancias con control en la producción y colaboración en la dirección.-
También sostiene un órden jurídico asentado en el principio «alterun nom laedere» que sanciona en virtud del fundamento «de responsabilidad» todos los daños provocados por ilicitudes.-
El despido arbitrario es un acto no-jurídico, contra legem agere, en consecuencia anulable ya que permite a la víctima accionar por reinstalación en el cargo; esta posiblidad permite una menor flexibilidad en la salida del contrato de trabajo, lo que evita una desarticulación de la relación laboral y que el hombre que trabaja bajo relación de dependencia se convierta en una cosa que pueda ser descartada.-
Las causales que pueden permitir el aniquilamiento del contrato de trabajo por el empleador deben tratarse de incumplimientos contractuales concretos y  contemporáneos al hecho del despido.-
Existe una contradicción lógico-jurídica y conceptual entre la vigencia del principio de estabilidad en el empleo [amparo de la ley ante el despido arbitrario], sustentado por la Constitución Nacional, y la legitimación de la monetización y libre rescisión del contrato de trabajo en forma unilateral y discrecional.-
El despido de un contrato por tiempo indeterminado, es un acto jurídico rescisorio, recepticio que debe estar sustentado en una justa causa.-
Para el caso de que sea incausado, el contratante perjudicado, que padece la decisión puede optar por la declaración de nulidad de la rescisión y su reinstalación con más la reparación de daños y perjuicios; o bien por las indemnizaciones y también los daños y perjuicios soportados; puede accionar la nulidad y reparación -de los distintos regímenes de responsabilidad- en forma conjunta o subsidiaria.-
Al respecto el art. 1737 del CCyC determina que hay daño cuando se lesiona un derecho o interés, reprobado por el ordenamiento jurídico, daño que padece la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva; circunstancia que se encuentra presente en el despido sin justa causa, atento la rescisión irregular del contrato que amen de ello viola el derecho a la estabilidad de amparo constitucional.-
A su vez el Art. N° 1738 del Código Civil y Comercial de la Nación, establece que la indemnización por daños y perjuicios comprende toda pérdida o disminución del patrimonio, lucro cesante, chances, violación de derechos personalísimos, interferencia en el proyecto de vida, etc.-
Los justificativos de purgar el daño del acto ilícito laboral del despido surgen de la teoría general del contrato, que no tiene un nicho desprotectorio en el Contrato de los obreros que trabajan bajo relación de dependencia.

La Nulidad del Despido Sin Causa es absoluta ya que se trata de actos que contravienen el orden público, la moral y buenas costumbres que no pueden ser saneados por voluntad de las partes y que incluso el Juez debe declararlos de oficio, apenas se percata de la misma, o alegarla el MInisterio Público o cualquier interesado, salvo quien cometió la torpeza; no puede sanearse confirmando el acto, ni por prescripción.- [Art. N° 386 y N° 387 Código Civil y Comercial de la Nación]

NOTAS:
1] Tratado Práctico de Derecho del Trabajo – de Juan Carlos Fernández Madrid – 3a. edic -T.I, fs. 418.-
2]CS «Berçaitz, Miguel Angel c/Instituto Municipal de Previsión Social», 13.10.1974
3] Reforma Laboral Análisis crítico – Aportes para una Teoría General del Derecho del Trabajo en la Crisis – fs133/36
4]Reflexiones sobre el despido como acto ilícito nulo. Por Ricardo J. Cornaglia.  En Doctrina Laboral. Errepar. Julio del 2004, T. XVIII, No. 227, p. 599 y ss.
5] Ver: Cornaglia, Ricardo J: “Reforma Laboral. Análisis crítico. Aportes para una teoría general del derecho del trabajo”, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2001, Capítulo 10 “El principio de estabilidad” y Capítulo 11 “El ataque al principio de estabilidad”.  
6] Alain Supiot – «Crítica del derecho del trabajo» – fs. 111
7] Helios Sarthou – Trabajo, Derecho y Sociedad – T.II. – Estudios de Derecho Individual de Trabajo – fs. 56
8] Derecho del Trabajo – Rodolfo Capón Filas – N° 16 – fs. 34
9]  Rodolfo Capón Filas – Protección del Mundo del Trabajo – Rev. Equipo Federal del Trabajo – 11.11.2007
10] ‘Sentido del despido arbitrario’ (El Dial, DC9B5),
11] Néstor de Buen L. – Derecho del Trabajo – Editorial Porrúa – fs. 597-600.-
12] Derecho al Trabajo – Rodolfo Capón Filas – N° 795 – fs. 820
13] Helios Sarthou – Trabajo, Derecho y Sociedad – TII – fs. 49/50.-
14] Modorrán, Marta Cristina c/Administración Nacional de Aduanas s/reincorporación – Expediente 7.827/97, 18 de agosto del 2000 – voto DR. Rodolfo Capón Filas
15] A. 2652. XXXVII I – «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688» – CSJN – 21/09/2004
16] Ricardo Cornaglia – op. cit. fs. 138.-
17] Germán Bidart Campos – Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino – T.I – fs. 578/79
18] *] Moisés Meik – dixit –  “En el veneno está el antídoto”