Charlamos con Jorge Drkos, de «Mundo Sur», acerca del Bloqueo Inhumano a Cuba y la Agresión a Venezuela.
Además, analizaremos el Escándalo de los Sueldos que indigna a Brasil. La polémica del INDEC y los datos en la Argentina de #Milei.
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ESCRIBE JORGE LUIS ELIZONDO
Desde el 10 de Diciembre de 2023, el actual Poder Ejecutivo de la Nación ha llevado adelante una ofensiva económica, social y política contra la clase trabajadora y sus organizaciones.
El DNU Nº 70/2023, la Ley 27.242 o “Ley de Bases”, y el DNU Nº 340 del 20/05/2025, además de los Decretos Represivos han perseguido un único objetivo: introducir obstáculos que limiten o impidan que los trabajadores puedan organizarse para formular planes de acción tendientes a defender sus derechos y legítimos intereses, y en particular a prohibir o limitar el derecho de huelga, reconocido por el Art. Nº 14 bis de la Constitución Nacional y pactos internacionales con jerarquía constitucional.
OBSTÁCULOS OPUESTOS A LA LIBERTAD Y ORGANIZACIÓN SINDICAL: ASAMBLEAS Y CONGRESOS
Como lo hiciera en el DNU Nº 70/2023, el Gobierno pretende imponer medidas violatorias de la Libertad Sindical, a través de la modificación de la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551.
Introduce dos artículos a la Ley Nº 23.551 de Asociaciones Sindicales:
El Art. Nº 20 bis dice que “la asociación sindical, legalmente reconocida (sólo ella) podrá convocar a asambleas de personal y congresos de delegados, siempre que ello no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa ni causa perjuicio a terceros. En caso de celebrarse una asamblea dentro o fuera del establecimiento del empleador, deberá contarse con su autorización previa, tanto respecto donde se realizará, el horario y el tiempo de su duración, y en caso de que se realice dentro del establecimiento deberá requerir autorización respecto del lugar”.
Del texto -que supera todos los límites conocidos del Autoritarismo Patronal- se desprende que no son autorizadas y por ende PROHIBIDAS aquellas Asambleas y Congresos de Delegados que organicen Huelgas o Legítimas Medidas de Acción Sindical que impliquen la interrupción del trabajo.
Se definen como Art. Nº 20 Ter de la Ley de Asociaciones Sindicales las “Infracciones Muy Graves”: a) Afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas. B) Provocar el bloqueo o tomar un establecimiento, impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento, c) Ocasionar daños en personas o cosas.
Si dichas acciones son “verificadas” como medidas de acción directa sindical, se considera a la organización gremial responsable y podrá ser objeto de las “sanciones que establezca la administración”, “sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales que pudieran corresponder”. La indeterminación del sujeto estatal que estaría a cargo de estos procedimientos (“administración”, “Autoridad de aplicación”; ni siquiera se menciona la Secretaría de Trabajo) demuestra el carácter persecutorio del texto.
No existe delito alguno en las acciones que tienden a garantizar el cumplimiento de las huelgas, tales como la organización de piquetes, corte de calles o rutas, por cuanto el “impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes…” (Art. Nº 194 del Código Penal), requiere un dolo específico. Igualmente ocurre con los tipos penales de amenazas coactivas del Art. Nº 149 bis o extorsión (Art. Nº 168).
Las medidas de acción sindical que generalmente tienden a ser atrapadas en el Código Penal, tienen un móvil muy diferente (económico o político-social): hacer cumplir la ley o el convenio, encuadrando al personal en este último, la reincorporación de compañeros despedidos, la defensa de los derechos de la libertad sindical. Las ocupaciones de fábrica tampoco constituyen delito de usurpación. Al margen de que generalmente falta el elemento subjetivo del tipo: violencia, amenazas, engaño; los trabajadores no tienen como objetivo apoderarse de todo o parte del establecimiento, no existe el ánimo de desplazar de la posesión o tenencia al empresario. Los objetivos son, generalmente: asegurar el éxito de una huelga, o evitar el vaciamiento y los despidos en masa que constituyen el correlato de cualquier proceso de concurso preventivo o quiebra. El móvil es económico o político-social, y nada tiene que ver con el dolo específico del tipo penal del Art. Nº 181 del Código Penal.
La Reforma de 1994 –además de reconocer la jerarquía constitucional de los pactos internacionales (Art. 75 Inc. 22)- señala en el Inciso 19 del mismo artículo que el Poder Legislativo debe “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo…”
Si el empleo no sólo no es generado, sino que ha sido y es destruido por la aplicación de planes económicos “ajustados a” o “acordados con” el Fondo Monetario Internacional y el gran capital externo e interno; si el Estado no genera empleo productivo; si las deslocalizaciones, cierres y quiebras provocan el acrecentamiento de la legión de los desocupados; no puede reprocharse a los trabajadores que luchen por mantener la fuente y los puestos de trabajo en dichos casos.
Subyace en estos artículos la negación del conflicto laboral o social, la idea que todo conflicto es en principio ilegal y debe ser reprimido.
El complemento de la actual política de ajuste, de despidos, de restricción y supresión de derechos de la clase trabajadora y los sectores populares es la represión y su naturalización. El Protocolo represivo de la ex ministra de seguridad y hoy senadora, Patricia Bullrich (Resolución Nº 943/2023) estigmatiza a quienes participan en movilizaciones: serán identificados “los autores, cómplices o instigadores”, serán identificados los vehículos y conductores y se procederá a incautarlos”; “los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores y organizadores van a ser remitidos a las autoridades de aplicación”, “sea por personas que vienen con un plan social o sean sindicatos”; “los costos vinculados a los operativos de seguridad serán pagados por las organizaciones que tengan personería o por los individuos de la misma”; “se creará un registro de las organizaciones que participen en este tipo de hechos y que sistemáticamente sean los que hacen de voceros de este tipo de manifestaciones”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ha efectuado dos comunicaciones, una a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otra a relatorías especiales de las Naciones Unidas, por la incompatibilidad de estas reglas estatales con los estándares internacionales sobre derecho de reunión y asociación, de libre expresión y participación en los asuntos públicos. Las denuncias se fundan en que la Resolución Nº 943/2023 determina:
1) La protesta social como un Delito y no como un Derecho.
2) La ampliación de las facultades discrecionales de la policía.
3) La criminalización, persecución y estigmatización de quienes participen en protestas y sus organizaciones.
4) La derogación de la Resolución anterior Nº 210/2011, lo que implica el aumento de los riesgos en la afectación del derecho a la vida y la integridad física de aquellas personas que se manifiestan.
LA LIMITACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA
El DNU Nº 340 o Decreto Anti-huelgas, que comentamos en Ecall hace unos meses, abarca la totalidad de las actividades productivas, ya que sus objetivos son impedir o limitar al máximo la efectividad de los conflictos colectivos a través de la ampliación de los “servicios esenciales” y creación de la figura de las “actividades de importancia trascendental”, categoría inexistente para la Organización Internacional del Trabajo.
El DNU Nº 340/2025 fue suspendido en su aplicación por la sentencia del Juzgado Nacional de Trabajo Nº 3, confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Autos C.G.T. contra el DNU Nº 340/2025)[1]
EL CONTENIDO DEL DECRETO Nº 340/2025 HA SIDO TRASVASADO ÍNTEGRAMENTE EN EL PROYECTO DE «MODERNIZACIÓN LABORAL»
La redacción original del Art. Nº 24 de la Ley Nº 25.877 reconoce como servicios esenciales: 1) los servicios sanitarios y hospitalarios, 2) la producción y distribución de agua potable; 3) energía eléctrica, gas y 4) el control del tráfico aéreo.
El Proyecto incorpora como nuevos “Servicios Esenciales en sentido estricto las siguientes actividades: “c) Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales; d) La aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios; e) Los servicios aduaneros y migratorios y demás vinculados al comercio exterior; f) El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial. g) El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que utilicen para tal fin”.
Pero además agrega como “Actividades de Importancia Trascendental”:
g. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico;
h. La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.
Puede observarse que no sólo se amplían las actividades esenciales, sino que con la nueva categoría de “Actividades de Importancia Trascendental”, las medidas limitativas del ejercicio de Derecho de Huelga alcanzan prácticamente a la Totalidad de Actividades Industriales, Comerciales y Financieras.
CONTINUARÁ
[1] Juzgado Nacional del Trabajo Nº 3, autos “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Poder Ejecutivo Nacional s/Acción de Amparo (CNAT Expte. Nª 19204).
POR ARIEL ROLFO
Cuando las personas envejecen debido a tu larga existencia vivencial suelen contar o recordar muchas historias del pasado, algunas positivas y algunas negativas, algunas alegres y otras tristes. Por lo que es lógico que un Movimiento Politico Nacional que alberga en su seno una gran diversidad de composición interna en lo social, en lo politico, en lo económico e inclusive hasta en lo ideológico, como acontece con el Justicialismo, que tiene más de ochenta años de existencia, también es lógico que albergue en su seno muchas historias de distinta naturaleza: anecdóticas, épicas, militantes, de concreciones de gobierno, de defecciones dirigenciales, de sacrificio por la causa y también algunas que por su naturaleza son muy conflictivas y que hasta el presente generan una gran confrontación y polémica interna entre algunos sectores del Movimiento.
Esto ultimo suele pasar con algunos temas como por ejemplo la confrontación respecto de Orgas y tendencias de “Derechas e Izquierdas” dentro del Movimiento en los ’70, el papel de sectores del Movimiento Obrero en distintas instancias históricas, la acción insurgente de organizaciones armadas durante el Gobierno Justicialista o la acción de organizaciones paramilitares como la Triple A, la significancia histórica de la figura de Isabel Peron, la valoración que se hace de los Gobiernos de Menem, Kirchner o Alberto Fernandez, etc.
Todas estas polémicas entre sectores con distinta visiones subjetivas son todas legítimas y lógicas que existan. Al pasado siempre es bueno auscultarlo y no olvidarlo para poder repetir los aciertos y no volver a cometer los mismos errores.
Pero esta polémica legítima también debería reconocer una condición politica fundamental: Cuando “La Historia es un arma de Lucha” útil en el presente ahí es donde cobra superlativamente su valor politico pero cuando es centralmente una fuente de conflicto y división interna es donde muestra su disvalor politico deletéreo por lo que debe ser realizada muy criteriosamente.
El punto virtuoso de superación politica a esta dicotomía confrontativa o ambivalencia de visiones subjetivas del pasado reside en una cosa y es; buscar en el pasado como herramienta del presente para proyectar el futuro los principios politicos vinculares del conjunto que posibilite la unidad de concepción para la unidad de acción en pos de un Proyecto Politico Común y ello, en un Movimiento Nacional heterogéneo como el Peronismo que logró galvanizar la gran diversidad interna en una fuerza política monolítica, solo podemos hallarlos en los Principios Politicos Unificadores de la Doctrina Justicialista y no buscarlos en visiones subjetivas, historias del pasado que validen el presente.
Esto no implica dejar de analizar la historia para buscar sus enseñanzas, las injusticias o ingratitudes vigentes y las verdades ocultas, pero siempre ello supeditado a que la jerarquía otorgada a su genesis no tenga un grado de intolerancia interna o directamente invalide los objetivos politicos superiores como el de tener una Unidad de Concepción para una Unidad de Acción en pos del Proyecto Nacional.
Lo fundamental aquí no es que estemos de acuerdo en los hechos del pasado ya que siempre habrá legítimamente distintas interpretaciones subjetivas, más aún cuando muchos de los que la interpretan fueron parte viva de esa historia y por lo tanto inevitablemente portadores de una subjetividad interpretativa. Lo fundamental es que estemos de acuerdo en un Marco Conceptual, los objetivos comunes y lo que queremos como Proyecto Político Colectivo Común para el futuro.
Nadie tiene que renunciar a su interpretación del pasado, nadie tiene que renegar de su actuación en el mismo aunque si la situación lo amerita si enaltece mucho la correspondiente autocritica, pero todo ello siempre criteriosamente tiene que estar subordinado a no impedir la Unidad de Concepcion y Unidad de Accion necesaria para en pos de los Objetivos Politicos Comunes que nos identifican como Movimiento. Aquí también es aplicable aquella Verdad que dice: “La escala de valores en la acción política para todo Peronista es… Primero la Patria, despues el Movimiento y por último los Hombres”
Por otro lado salvo a sectores politizados del Peronismo a la ciudadanía en general no le interesan esas rencillas politicas internas sino que específicamente le interesa casi en exclusividad mejorar su situación existencial, por ello lo central para el peronismo es focalizar en que proponemos concretamente en el presente para mejorar la vida de la ciudadanía. Es cierto que la mayoría de la poblacion actualmente tiene poca empatía con la politica pero es indispensable poder volver a seducirla o enamorarla para a través de la práctica democrática tener una nueva posibilidad de instaurar desde el Estado un Proyecto Nacional.
Saber obrar con inteligencia y sabiduría política en el presente implica justamente saber establecer esa jerarquización necesaria para sostener visiones subjetivas del pasado pero siempre subordinadas al accionar politico presente ya que si ello no ocurriera dejaríamos de ser Constructores de una Proyecto Politico Futuro para pasar a ser simplemente… Prisioneros del Pasado.
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ADELANTO DEL INFORME DEL CENTRO DE ECONOMÍA POLÍTICA ARGENTINA (C.E.P.A.)
Para ver el Informe Completo, podés descargarlo en el siguiente enlace:
El pasado Viernes 30 de Enero la Municipalidad de Rosario decidió intervenir y desalojar al Almacén de las Tres Ecologías, un espacio Cooperativo, Autogestivo y Solidario con más de 10 Años de existencia.
Sin mediar aviso y violando el Contrato vigente, la Municipalidad de Rosario encabezada por Pablo Javkin dió la orden de cambiar la cerradura del espacio (que se ubica en Presidente Roca y el Río) e incautar los productos que allí se encontraban almacenados. Con insistencia, lxs trabajadorxs del Almacén de las Tres Ecologías lograron recuperar su producción, pero no el acceso al espacio.
Repudiamos el accionar prepotente y autoritario de la Municipalidad. Los proyectos solidarios y la economía social deben ser promovidos y apoyados por el Estado, no perseguidos. Apoyamos a lxs trabajadorxs en la lucha para recuperar su espacio.
POR ALEJANDRO MARCÓ DEL PONT
Esta antigua verdad resume la Encrucijada Financiera Global de nuestros días, donde dos fenómenos distintos pero entrelazados, la Desdolarización y la Desfiatización, están reconfigurando el orden económico. Existe confusión entre ambos conceptos, aunque sus efectos son tangibles. La Desdolarización es el proceso por el cual países y actores globales reducen su dependencia del Dólar Estadounidense en el Comercio, las Reservas y las Transacciones Internacionales, optando por otras monedas como el EURO, el YUAN o Sistemas de Pagos Bilaterales.
La desfiatización, en cambio, es un movimiento más profundo, un alejamiento de toda moneda fiduciaria—es decir, aquella emitida por un gobierno sin un respaldo físico como el oro—hacia activos considerados de valor intrínseco, como el metal dorado o las criptomonedas. El disparado precio del oro, que a inicios de 2026 supera los 5.500 dólares la onza, no es solo una huida hacia un valor seguro; es la señal más clara de una desvalorización general de las monedas fiduciarias respecto a un patrón histórico, una desfiatización en ciernes.
Ambos procesos se retroalimentan en el panorama actual. Una conjunción de factores—una deuda pública estadounidense que supera los 38 billones de dólares, tasas de interés relativamente bajas, ventas significativas de bonos del Tesoro por parte de inversores extranjeros y una perceptible depreciación del dólar—crea un cóctel volátil. Este cóctel eleva los riesgos de una crisis que podría ser fiscal, financiera o monetaria, con repercusiones que trascienden las fronteras de Estados Unidos. La desdolarización, al minar la confianza en el dólar, acelera la desfiatización, impulsando a bancos centrales de todo el mundo a acumular oro como un seguro contra la inestabilidad. En enero de 2026, esta dinámica es ya un hecho observable, no una mera teoría.
Las políticas internas de Estados Unidos, en un año electoral como 2026, intensifican esta tormenta perfecta. La administración enfrenta la presión de maquillar los resultados económicos de cara a las elecciones de medio término. El camino que parece seguir tiene dos vectores principales. El primero es puramente económico: una devaluación deliberada del dólar, combinada con tasas de interés bajas para contener el costo del servicio de la deuda y una potencial monetización de esa deuda —es decir, que la Reserva Federal financie al gobierno comprando sus bonos directamente—. Esta receta busca un estímulo a corto plazo, un dólar más débil hace las exportaciones estadounidenses más baratas y competitivas, lo que podría aumentar el crecimiento y el empleo en sectores como la manufactura, un escenario ideal para la campaña electoral.
Sin embargo, los efectos secundarios de esta medicina son graves. Un dólar depreciado encarece inmediatamente las importaciones, desde componentes electrónicos hasta bienes de consumo, añadiendo presión inflacionaria a la economía. Las tasas bajas, al inyectar más liquidez (más dólares en circulación), avivan ese fuego inflacionario. Esto crea un círculo vicioso: los inversores, temerosos de que el dólar pierda valor, buscan refugio en el oro, impulsando aún más su precio en una espiral de desfiatización. Para el ciudadano común, esto se traduce en un poder adquisitivo erosionado, especialmente para los bienes importados, y podría forzar eventualmente a la Reserva Federal a subir las tasas de interés de nuevo, estrangulando el crecimiento que se pretendía estimular.
El segundo vector es geopolítico y supone un riesgo aún mayor. Un escenario hipotético, pero plausible dada la retórica y las tensiones, implicaría un conflicto militar con Irán. Una escalada de este tipo, con ataques a instalaciones petroleras o el cierre del estratégico del Estrecho de Ormuz —por donde pasa el 20% del petróleo global— generaría una conmoción inmediata. Los precios del crudo podrían dispararse por encima de los 150 dólares por barril, provocando un shock energético global. Aunque Estados Unidos es ahora un productor neto de petróleo gracias al shale, no sería inmune. Los precios de la gasolina se elevarían, impulsando la inflación interna de manera abrupta. Un conflicto prolongado podría desencadenar déficits energéticos y una recesión, además de un mayor gasto militar que agravaría la crisis fiscal.
Las consecuencias externas de cualquiera de estos dos caminos son profundas. Un dólar en declive y un petróleo caro remodelan el panorama global. En el corto plazo, una crisis geopolítica podría causar una apreciación repentina del dólar como refugio, pero este efecto sería temporal. A largo plazo, tanto la devaluación buscada como la inestabilidad acelerarían la desdolarización. Países emergentes con deudas denominadas en dólares, como Argentina o Turquía, verían encarecerse brutalmente sus obligaciones, aumentando el riesgo de impagos. Las economías asiáticas, grandes importadoras de energía, sufrirían desaceleración e inflación, aunque China, con sus acuerdos alternativos con Rusia e Irán, podría amortiguar parcialmente el golpe. Europa, recuperándose de la crisis energética post-Ucrania, se vería condenada a precios del gas aún más altos. Todo esto empujaría a bloques como los BRICS a redoblar sus esfuerzos para comerciar en sus propias monedas, abandonando el dólar.
El núcleo del problema, sin embargo, reside en la frágil base de la economía estadounidense, su colosal deuda. Aquí es donde la situación actual se distingue de episodios históricos como el Acuerdo de Plaza de 1985, cuando las potencias económicas coordinaron una devaluación ordenada del dólar. Entonces, la deuda de Estados Unidos era manejable, alrededor del 40% del P.I.B. Hoy, supera el 120%. Una devaluación en este contexto es un arma de doble filo extremadamente peligrosa. Si bien puede actuar como un «impago suave», al erosionar el valor real de la deuda y como una «compensación» para los aranceles, su efecto en la confianza de los inversores podría ser catastrófico.
El sistema se sostiene sobre la disposición del mundo a comprar y mantener bonos del Tesoro estadounidense. Si los acreedores extranjeros perciben que el dólar es un cubo de hielo que se derrite de manera deliberada, exigirán tasas de interés mucho más altas para seguir financiando la deuda. Esto desencadenaría una crisis fiscal. Un aumento brusco en los rendimientos de los bonos haría que el servicio de la deuda se disparara, consumiendo una parte cada vez mayor del presupuesto federal. Pero el daño sería más profundo: los bonos existentes, que pagan intereses más bajos, perderían valor instantáneamente. Los balances de bancos, fondos de pensiones y compañías de seguros —llenos de estos bonos— se debilitarían, pudiendo provocar una crisis financiera como la de 2008, pero con el gobierno demasiado endeudado para rescatar al sistema con facilidad. El colapso de varios bancos regionales en 2023 fue un pequeño anticipo de este riesgo.
En este escenario de pánico, la Reserva Federal se vería entre la espada y la pared. Podría verse forzada a monetizar la deuda de manera masiva —imprimiendo dinero para comprar los bonos que nadie más quiere—, lo que alimentaría una inflación galopante, una verdadera crisis monetaria. O podría subir las tasas para defender el dólar, hundiendo la economía en una recesión profunda. Es el dilema entre una crisis inflacionaria y una deflacionaria. La llamada «dominancia fiscal», donde la política fiscal dictada por la necesidad de financiar la deuda domina a la política monetaria, se haría realidad.
Las tensiones sociales y políticas dentro de Estados Unidos, visibles en eventos como las protestas y la confrontación federal en Minneapolis a principios de 2026, añaden otra capa de riesgo. Un gobierno que recurra a medidas autoritarias para contener el malestar, en medio de una crisis económica, erosionaría aún más la confianza institucional, tanto interna como externa. Para el votante, la combinación de una inflación importada, la pérdida del valor de sus ahorros y la inestabilidad social podría ser determinante en las urnas de noviembre de 2026, castigando a quien esté en el poder.
En resumen, la encrucijada de 2026 presenta un panorama donde las herramientas económicas tradicionales de Estados Unidos están oxidadas por el peso de su deuda. La búsqueda de una ventaja competitiva a través de un dólar más débil y dinero barato, aunque tentadora a corto plazo, enciende las mechas de la desdolarización y la desfiatización a nivel global, mientras mina los cimientos financieros internos.
El ORO, que brilla en los Balances de los Bancos Centrales y en las carteras de los inversores cautelosos, es el termómetro de esta fiebre. No mide solo el miedo a un conflicto o a una recesión; mide una erosión fundamental de la confianza en el Sistema Monetario construido alrededor del Dólar Fiduciario. Las consecuencias internas —inflación persistente, riesgo de Crisis Fiscal y Financiera, y pérdida de poder adquisitivo— son el precio potencial de navegar esta tormenta sin un cambio de rumbo estructural. El gran Comercio Global ya no es solo de bienes, sino de confianza, y EL DÓLAR, POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS, SE NEGOCIA EN LETRAS ROJAS.
ESCRIBE ALBERTO CORTÉS
Tal como en su primer mandato, Trump intenta desarrollar una propuesta bastante distinta a la de los Demócratas Globalistas. Aunque el objetivo es el mismo, compartido por todas las élites Estadounidenses: Intentar detener y revertir la pérdida relativa del Poder de EE.UU. en el Mundo.
Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, y hasta el momento en que Rusia intervino con asistencia militar determinante en la Guerra Civil en Siria, en 2015; los EE.UU. dominaron el planeta, en un grado muy superior a los sueños de Hitler que –consciente de sus limitaciones– se conformaba con Europa.
Habían emergido de las dos Guerras Mundiales, en especial la Segunda, con un poder arrollador (intactas sus estructuras físicas básicas, porque las Guerras se desarrollaron fuera de su territorio, e incluso ayudaron a potenciar las Industrias Estadounidenses, en especial la bélica). Esto les permitió subordinar –cada vez más fuertemente– al imperialismo dominante anterior (el Británico) y a los Europeos en general.
El enorme y veloz desarrollo de la U.R.S.S., desde un país atrasado y semifeudal, en 1917, a uno industrial en la preguerra; y luego su recuperación en base a esfuerzo propio (sin Plan Marshall), llegaron a poner a ese Estado, en un lugar de competencia con EE.UU., e incluso, con ventaja, como lo demuestran los primeros: satélite artificial, ser vivo en el espacio y astronauta –todos Soviéticos y no Norteamericanos -.
Entre 1945 y 1991 EE.UU. y la U.R.S.S. tuvieron una competencia en casi todos los terrenos, que perdió la U.R.S.S., porque una superestructura estatal e ideológica rigidizada por décadas de stalinismo, fue incapaz de superar los desafíos del desarrollo de las fuerzas productivas –en especial la tecnología-.
Se cumplió uno de los principios básicos del Marxismo: Cuando el desarrollo de las fuerzas productivas no es acompañado por una adecuación de esa superestructura, se acumulan tensiones que culminan con el estallido de todo el sistema.
Antes de Siria, EE.UU., habían invadido, derrocado Gobiernos y atomizado países a su antojo (Afganistán, Irak, Libia, Yugoeslavia). Pero en Siria, cuando la Secretaria de Estado de Obama, Hillary Clinton, hacía públicamente planes para el derrocamiento inminente de Bashar al-Assad (“Transición” en su jerga), Rusia demostró que en los 15 años de Gobierno de Vladimir Putin había recompuesto su autoestima nacional y su capacidad militar, desde el piso por donde las había arrastrado Boris Yeltsin en la década del ’90. Nueve años después, concentrada Rusia en la Guerra de Ucrania, un miembro de Al Qaeda, apoyado subterráneamente por EE.UU. e Israel, remplazaría a Assad. Pero eso fue otro proceso posterior. En 2015 Obama-Clinton fracasaron.
Muerto en 1976 Mao Tse Tung, China, emprendió otro camino distinto para encarar esa contradicción entre su Superestructura (supuestamente un “Modelo” de Socialismo) y las nuevas fuerzas productivas, y logró tasas de crecimiento y desarrollo inigualadas, remplazando a los EE.UU. como primera potencia económica (si se computan los P.B.I., con el más realista criterio de Paridad de Poder Adquisitivo). Se podrá discutir si eso es Socialismo (como sostiene el P.C. Chino) o no, etc; pero lo cierto es que la Primera Potencia Industrial del Planeta está hoy allí.
Otros poderes, algunos regionales, como India, Irán, Turquía emprendieron caminos propios, desafiando con frecuencia los mandatos Estadounidenses; y América Latina, con Chávez a la cabeza hizo lo propio. Aunque UNASUR desapareció de hecho y la CELAC está debilitada, experiencias como las de México, Colombia, Cuba, Venezuela y Brasil muestran la supervivencia de ese proceso.
Trump, con mayor respaldo inicial de las élites Empresariales Estadounidenses que en su primer mandato, emprendió un camino más agresivo: En lo interno con los migrantes, que lo está llevando a enfrentamientos sin precedentes, y la posibilidad de perder las Elecciones Legislativas de Noviembre.
En lo internacional, profundizó el pateo de tablero, ignorando de hecho prácticamente todas las reglas, acuerdos y compromisos que su país había acordado e incluso liderado, desde el fin de la Segunda Guerra (aunque muchas veces los había violado, pero siempre intentando torcer argumentos, para que pareciera que no). No conforme con hacerlo de facto, retiró además al país de más de 60 organismos internacionales. Las Naciones Unidas –desde hace rato un organismo poco eficiente– quedaron más pintadas que nunca antes, e incluso intenta la fantochada de instalar un “Consejo de la Paz”, presidido por él, que aspira –en la práctica– a remplazarlas.
Fiel a su estilo empresarial, amagó con invadir Groenlandia –posesión de su aliada en la OTAN, Dinamarca -, lo que habría significado el fin de la OTAN; para terminar, encaminando hacia un mayor control militar y de sus riquezas minerales, los nuevos acuerdos en ciernes entre EE.UU. y el Reino Escandinavo.
En la reunión de Davos, el primer ministro canadiense Mark Carney, hizo un muy llamativo discurso, en el que planteó el fin de las grandes alianzas estables, y la necesidad de que cada país establezca acuerdos parciales, tema por tema, con cualquier otro (s) con los que coincida, para fortalecer su posición propia en un Mundo ahora Casi Impredecible. La Soberanía de Canadá había sido también amenazada por Trump repetidamente.
Este, que además de matón, es un fanfarrón; presenta la situación de Venezuela, como si el mandara ahora allí. Lo cierto es que el Secuestro del Presidente Constitucional y su esposa, ensayando armas novedosas, y en un operativo sorpresa, además de la flota que tiene en el Caribe; lo coloca en una posición de mayor fuerza para negociar con el Gobierno Chavista. Pero lo que ocurre hoy es eso: Hay una NEGOCIACIÓN. Hay continuidad de las autoridades constitucionales, y el pueblo está en una movilización permanente en reclamo de su presidente. EEUU tiene fuerza militar muy superior. Pero Venezuela sabe que el interés de Trump son las reservas petroleras más grandes del mundo.
Las compañías norteamericanas a las que el Dictador Estadounidense convocó para invertir allí, manifestaron reticencias por la complejidad del proceso que permitiría pasar de reservas a producción real. Si EE.UU. invadiera el país, el alto nivel de organización popular existente, determinaría una guerra prolongada de todo el pueblo, que podría terminar en un desastre para EE.UU. peor que Vietnam o Afganistán. Ni hablar de los proyectos petroleros. Todo lo contrario a lo que requiere MAGA. Venezuela está flexibilizando su legislación petrolera, en función de la negociación en curso. El país viene creciendo a muy buen ritmo en los últimos años, después de la debacle generada por la Guerra Económica y de Sabotaje dirigida por los EEUU. Acuerdos petroleros adecuados, podrían potenciar este desarrollo, además de incluir la libertad del rehén y su esposa.
Corina Machado, la líder terrorista cuya falta de sustento social fue blanqueada por el propio Trump, está entonces fuera de juego, y el Gobierno Bolivariano hasta se puede dar el lujo de liberar a muchos sospechosos de terrorismo. Si se les ocurriera poner una bomba (como han puesto centenares), el primero en retarlos sería Trump, que antes proveía el explosivo.
El Mundo cambia y un cierto orden y previsibilidad de 60 años, desapareció. Está por verse (y es poco probable), que todo esto genere un fortalecimiento estable de EEUU. Menos, de sus títeres como Milei.
El pasado 20 de Enero el Gobierno Nacional decidió intervenir el Puerto de Ushuaia, el más Austral de nuestro país, ubicado en Tierra del Fuego. La administración de este puerto pertenece al Estado de dicha provincia.
Esta intervención, denunciada por el Gobernador de Tierra del Fuego como Anticonstitucional, es un paso más que da el Gobierno de Milei en la entrega de nuestra Soberanía Nacional al Proyecto Neocolonial e Imperialista que tiene Estados Unidos para nuestra región.
Además de su importancia económica, el puerto de Ushuaia tiene una gran importancia estratégica y geopolítica para lo que es la posición Argentina en el Atlántico Sur y la Antártida. La intervención del Poder Ejecutivo Nacional tiene claros objetivos: favorecer los intereses comerciales y militares de Estados Unidos, intereses a los que el Gobierno de Milei se pliega sin matices.
Repudiamos este nuevo avance en la Entrega de la Soberanía Nacional y Exigimos:
– Cese inmediato de la intervención y la restitución total de la administración del puerto a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
– Freno a cualquier intento de privatización o militarización extranjera de nuestras instalaciones portuarias y vías navegables.
¡EL PUERTO DE USHUAIA ES ARGENTINO Y FUEGUINO!
¡FUERA LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS DE NUESTROS MARES!
¡LA SOBERANÍA NO SE VENDE, SE DEFIENDE!
Hoy, en nuestro programa, desmontamos las Contradicciones y Analizamos los desafíos de la Región.
🔴 México: ¿Un faro económico? Analizamos los datos que muestran una mejora sorprendente y qué lecciones deja para el Continente.
🤡 El Sable, el Baile y el Abandono: Denunciamos la Payasada de Milei blandiendo el Sable corvo de San Martín mientras su inacción deja arder la Patagonia. Un símbolo grotesco del vacío de Gobierno.
🤝 El Pacto Vergonzante: Develamos los detalles del acuerdo Milei-Trump para que Argentina reciba deportados de EE.UU.: ¿sumisión o estrategia? Un Debate sobre Soberanía y Derechos Humanos.
🗞️ Contraataque a Lula: Exponemos los ataques injustificados de la Prensa Hegemónica Brasileña con el caso Banco Máster, una campaña de desestabilización contra el Proyecto Democrático y Popular.
Un Café caliente, para noticias que queman.
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