Desde el Martes 16 de junio hasta el Viernes 19, lxs Docentes estamos llevando adelante un PARO DE SEMANA COMPLETA como medida que da continuidad al Plan de Lucha por salarios dignos y Presupuesto Universitario.
La Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno de Milei incumple de forma ilegal, establece la obligación de elevar los Salarios Docentes para que equiparen el poder adquisitivo que tenían en Diciembre de 2023.
Es más urgente que nunca que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno de Milei no tiene derecho a destruir la universidad pública, y no tiene potestades para gobernar de forma autoritaria desconociendo lo aprobado más de una vez por el Congreso y dos fallos judiciales que lo intiman a cumplir la Ley.
JORNADA DE LUCHA Miércoles 17 de Junio || 16 Horas Sede de Gobierno UNR (Maipú 1065)
A orillas del río Paraná, en el lugar donde nació Nuestra Bandera, recordamos que la historia de la Patria no empieza en 1812. Mucho antes de que flameara esta enseña, estas tierras ya tenían dueños, cultura, lenguas y organización: los Pueblos Chaná, Timbú, Querandí, y luego Qom, Mocoví, Kolla, Diaguita y Guaraní, que siguen viviendo y construyendo esta ciudad hoy.
Y es importante decirlo: Manuel Belgrano y Bernardo de Monteagudo, padres de nuestra independencia, también lo sabían.
Belgrano defendió siempre que la libertad no podía ser para unos pocos. Escribió que los pueblos originarios eran parte esencial de la Nación, que tenían derechos sobre sus tierras y que la verdadera igualdad exigía respetar su identidad, no borrarla. Para él, no había Patria completa si había hermanos excluidos.
Monteagudo, ideólogo clave de la revolución, fue aún más claro: afirmó que la Soberanía reside en el Pueblo, y que los Pueblos Originarios eran los primeros habitantes legítimos de este territorio. Denunció que su despojo y discriminación iban en contra de todo lo que se estaba luchando por construir.
HOY SER FIELES A SU LEGADO NO ES SÓLO IZAR UNA BANDERA: ES CUMPLIR CON LO QUE PROMETIERON.
Garantizar nuestra voz y decisión en todo lo que nos afecta. La bandera solo une cuando representa a todos. No hay Rosario Democrática, ni Patria Justa, si seguimos Invisibilizando a quienes estuvieron aquí primero.
En la Edición Impresa del mes de Junio, en el formato papel prensa, encontrarás las siguientes Notas:
* COMO NOS VEN DESDE AFUERA CON MILEI EN EL PODER. * CONTRA LA FLEXIBILIZACIÓN DE LA JORNADA LABORAL. * LA PRIVATIZACIÓN DE CHAPADMALAL Y EL FIN DEL TURISMO SOCIAL: UN TIRO EN EL PIE. * LAS REVOLUCIONES Y CONTRAREVOLUCIONES QUE CONFIGURAN LA SOCIEDAD CAPITALISTA. * MUNDIAL 2026 -MÉXICO, CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS- * ¡SALUD CAMPEÓN!
Néstor Antonio Suleiman nos trae un análisis de como juega el Deporte, en especial el Campeonato Mundial de Fútbol en el plano de la Política Internacional:
Y por último también llevate la «DE PUÑO Y LETRA SPORTS»
EL MOMENTO SUEZ DE LAS ÉLITES ESTADOUNIDENSES: LA JUSTIFICACIÓN REGULATORIA DE LA SEGURIDAD NACIONAL SE UTILIZA PARA ENCUBRIR TRANSFERENCIAS MASIVAS DE RIQUEZA PÚBLICA HACIA CORPORACIONES PRIVADAS.
POR ALEJANDRO MARCÓ DEL PONT
Los imperios rara vez reconocen el momento exacto en que comienzan a perder el control de sí mismos. La decadencia no suele presentarse como una derrota militar espectacular ni como una crisis económica definitiva. Aparece de manera más silenciosa. Se manifiesta cuando las clases dirigentes dejan de pensar en términos de sistema y comienzan a actuar exclusivamente en función de intereses particulares. Cuando la lucha por capturar recursos desplaza la capacidad de gobernarlos. Cuando las élites dejan de ser administradoras de un orden y se convierten en competidoras dentro de él. Esa es, probablemente, la transformación más importante que atraviesa hoy Estados Unidos.
Durante décadas, el debate sobre el Poder Estadounidense estuvo dominado por preguntas equivocadas. ¿Está declinando Estados Unidos? ¿Lo superará otra potencia? ¿Seguirá siendo el dólar la moneda dominante? ¿Podrá sostener su superioridad tecnológica? Estas cuestiones son relevantes, pero pasan por alto un problema más profundo. La creciente incapacidad de las élites estadounidenses para administrar el propio sistema que construyeron. La cuestión central no es la pérdida de poder. Es la pérdida de gobernanza.
Richard Lachmann, en una obra que tratamos en el artículo anterior, “Pasajeros de primera clase en un barco que se hunde”, formuló una de las descripciones más precisas de este fenómeno. Su argumento es que las élites contemporáneas ya no cumplen la función histórica que desempeñaron las clases dominantes exitosas de otros períodos. Las élites que construyeron imperios solían actuar, al menos parcialmente, como administradoras del sistema que garantizaba sus privilegios. Invertían en instituciones, infraestructura, estabilidad política y reproducción de largo plazo. Las élites actuales, en cambio, parecen comportarse como pasajeros de primera clase que continúan disfrutando de los beneficios del viaje mientras dejan de preocuparse por el rumbo del barco.
La metáfora resulta particularmente adecuada para describir la evolución reciente de Estados Unidos. El problema ya no es la existencia de una élite poderosa. El problema es la fragmentación de esa élite. Wall Street, Silicon Valley, el complejo militar-industrial, los gigantes energéticos, los fondos de inversión, los conglomerados mediáticos, los contratistas tecnológicos y las burocracias federales no forman un bloque coherente. Constituyen un conjunto de grupos que compiten permanentemente por influencia, recursos fiscales, subsidios, contratos públicos y acceso privilegiado al aparato estatal.
La captura del Estado norteamericano no se parece a la caricatura clásica de un pequeño grupo conspirando detrás de puertas cerradas. Es algo mucho más complejo. Wall Street prioriza estabilidad macroeconómica, acceso a mercados emergentes y previsibilidad regulatoria; Silicon Valley busca subsidios masivos a I+D e IA, protección de propiedad intelectual y estándares tecnológicos globales compatibles con sus modelos de negocio; el complejo militar-industrial depende de contratos de defensa a largo plazo y narrativas de amenaza que justifiquen presupuestos crecientes. Las élites tecnológicas ya no buscan simplemente influir en políticas públicas, sino reconfigurar el régimen de acumulación capitalista mediante acceso directo a decisiones gubernamentales y privatización de activos públicos.
La teoría de C. Wright Mills sobre la «élite del poder», que describió en 1956, sobre la convergencia de intereses entre las cúpulas corporativas, políticas y militares en Estados Unidos era real. Siete décadas después, esa tríada se ha expandido y sofisticado, pero también fracturado. Heather Gautney, en su revisión contemporánea de Mills, señala que “La nueva élite del poder” opera mediante mecanismos de captura regulatoria, financiamiento de campañas y rotación de personal entre sector público y privado, generando una autonomía estructural que limita la rendición de cuentas democrática. La élite sigue existiendo, pero ha perdido gran parte de su capacidad de coordinación. El desafío ya no es el exceso de cohesión. Es la ausencia de ella.
Durante las décadas de la globalización neoliberal, el bloque financiero representado por firmas como BlackRock, Vanguard y Goldman Sachs ostentaba la hegemonía en la formulación de la política exterior estadounidense. El imperativo absoluto era la apertura de mercados, la libre movilidad de capitales y el arbitraje laboral global. Las tensiones geopolíticas se consideraban externalidades manejables a través del arbitraje diplomático.
La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio y el Consejo de Seguridad Nacional han impuesto restricciones que prohíben a los grandes fondos estadounidenses buscar rentabilidad en mercados estratégicos externos. Este vacío, dejado por la retirada parcial del capital financiero tradicional, ha dado lugar a una facción de élite sumamente agresiva que fusiona los intereses de Silicon Valley con las agencias de inteligencia y defensa. Empresas como Palantir Technologies, Anduril Industries y SpaceX ya no operan como meros proveedores tecnológicos del Estado, sino como arquitectos directos de la doctrina militar imperial.
Este bloque promueve activamente una narrativa de emergencia existencial perpetua. Al monopolizar el desarrollo de la inteligencia artificial de frontera, el análisis algorítmico de datos a gran escala y la guerra con sistemas no tripulados, esta élite ha logrado capturar los presupuestos de defensa nacionales. Un análisis publicado en TheFinancial Times detalla cómo los fondos de capital riesgo tradicionales han pivotado masivamente hacia el defense tech, creando un circuito cerrado de retroalimentación. Los empresarios tecnológicos financian campañas políticas y comisiones de expertos en Washington, las cuales posteriormente dictan directrices que declaran obligatoria la adquisición de software de inteligencia artificial exclusivo de esas mismas firmas tecnológicas.
Esta privatización y fragmentación tecnológica colisiona directamente con el complejo militar-industrial tradicional (Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics). El resultado es una absoluta incoherencia logística. Como ha advertido la RAND Corporation en sucesivos informes sobre la base industrial de defensa de los EE.UU., el sistema actual es incapaz de sostener guerras de alta intensidad prolongadas debido a su hiperconcentración corporativa. Décadas de fusiones permitidas por el Estado para favorecer los dividendos de los accionistas redujeron el número de contratistas principales de defensa, eliminando la redundancia productiva.
El Estado americano gasta más en defensa que los siguientes diez países combinados, pero padece escasez crónica de munición de artillería convencional, sistemas de defensa antiaérea y capacidades de construcción naval. Las élites corporativas de defensa capturan los fondos públicos para el desarrollo de plataformas de armas hipercomplejas y prohibitivamente caras, diseñadas para maximizar los márgenes de beneficio trimestrales en lugar de asegurar la eficacia operativa sobre el terreno. El Estado imperial ha perdido la autonomía política necesaria para disciplinar a sus propios contratistas, operando como un rehén financiero de sus oligopolios de defensa.
Lo más significativo no es que las empresas tecnológicas hayan acumulado poder. Lo verdaderamente relevante es que comenzaron a disputar espacios que históricamente pertenecían al Estado. Controlan información, infraestructuras digitales, flujos de comunicación, capacidades de inteligencia artificial y enormes volúmenes de datos. Su influencia sobre la formulación de políticas públicas creció al mismo ritmo que su importancia económica.
Durante el segundo mandato de Donald Trump esta tendencia alcanzó una nueva etapa. La convergencia entre Silicon Valley, inteligencia artificial y complejo militar-industrial comenzó a producir una reconfiguración del mapa del poder estadounidense. Lo que está emergiendo no es una estrategia nacional de modernización tecnológica, sino una lucha feroz entre diferentes grupos empresariales para determinar quién controlará los recursos públicos asociados a esa transformación.
La inteligencia artificial se convirtió en el equivalente contemporáneo de lo que fueron los ferrocarriles en el siglo XIX o la industria aeronáutica en el siglo XX. Un sector capaz de atraer cantidades masivas de capital público y privado. Los programas federales de investigación, los contratos de defensa, los subsidios energéticos, la construcción de centros de datos y las inversiones vinculadas a la infraestructura digital movilizan cientos de miles de millones de dólares. Informes de 2025 estiman que las demandas de gasto de capital en «infraestructura digital» alcanzarán entre 15 y 20 billones de dólares en la próxima década. La disputa por esos recursos es, en esencia, una disputa por el control del Estado.
Cada actor justifica sus demandas en nombre de la seguridad nacional, la innovación o el interés público. Sin embargo, detrás de esos discursos aparece una realidad más simple. La competencia por subsidios, contratos y privilegios regulatorios. El resultado es paradójico. Cuanto más interviene el Estado para impulsar sectores estratégicos, más intensa se vuelve la lucha por capturarlo.
La cuestión no es si la inteligencia artificial transformará la economía. Probablemente lo haga. La cuestión es quién administrará esa transformación y bajo qué criterios. Hasta el momento, la evidencia sugiere que las decisiones responden menos a una planificación nacional coherente que a la capacidad de distintos grupos para influir sobre el aparato estatal.
Esta dinámica revela una diferencia fundamental entre una potencia administrada y una potencia capturada. En la primera, los subsidios y políticas industriales forman parte de una estrategia. En la segunda, se convierten en botines disputados por facciones rivales.
Las empresas contratistas prosperaron. Los accionistas prosperaron. Los lobbies prosperaron. Sin embargo, los problemas de sobrecostos, retrasos y duplicación de programas se multiplicaron. La lógica de maximización de beneficios privados comenzó a imponerse sobre la racionalidad administrativa.
Lo mismo puede observarse en otros sectores. Las farmacéuticas influyen sobre la regulación sanitaria. Los gigantes financieros condicionan políticas económicas. Las plataformas digitales moldean debates regulatorios. Los grupos energéticos presionan para obtener ventajas fiscales. Cada sector desarrolla mecanismos sofisticados de influencia política. Lo notable es que ninguno parece asumir responsabilidad sobre el funcionamiento general del sistema.
Aquí emerge el verdadero significado del “momento Suez” de las élites estadounidenses. La referencia histórica suele utilizarse para describir episodios que revelan una pérdida de poder internacional. Pero en este caso la analogía apunta en otra dirección. Suez representó el instante en que las élites británicas comprendieron que ya no podían administrar el orden global como lo habían hecho anteriormente. El problema contemporáneo de Estados Unidos es aún más inquietante: sus élites ni siquiera parecen capaces de administrar sus propias relaciones internas.
La polarización política es, en gran medida, una expresión de esta fractura. Demócratas y republicanos aparecen cada vez más como vehículos de coaliciones económicas enfrentadas. Cada cambio de administración implica una redistribución de recursos entre distintos grupos de interés. La continuidad estratégica desaparece. La planificación se vuelve extremadamente difícil. El Estado funciona crecientemente como un territorio en disputa.
El resultado es una forma peculiar de decadencia. No se trata de una caída abrupta. No implica colapso económico ni derrota militar. Consiste en la erosión gradual de la capacidad de coordinar recursos, intereses e instituciones. Las élites estadounidenses siguen siendo excepcionalmente eficaces para generar riqueza privada. Lo que parece haberse debilitado es su capacidad para actuar como una clase dirigente. Esa diferencia es fundamental. Una oligarquía puede enriquecerse extraordinariamente sin fortalecer el sistema que la sostiene. Una clase dirigente, en cambio, comprende que su supervivencia depende de la reproducción de ese sistema.
La nueva alianza entre Silicon Valley, la inteligencia artificial y el complejo militar-industrial no constituye necesariamente una solución a este problema. No representa el surgimiento de una nueva élite capaz de reorganizar el sistema. Representa la incorporación de nuevos actores a una competencia cada vez más intensa por controlar subsidios, regulaciones y recursos estatales.
Las implicaciones de un imperio cuyos administradores han perdido la coherencia estratégica se extienden en forma de ondas de choque a través de toda la arquitectura del sistema-mundo contemporáneo. El riesgo principal ya no es la sustitución pacífica de un centro hegemónico por otro, sino una prolongada fase de anarquía geopolítica y fragmentación institucional.
Como detalla el ensayo de la Texas National Security Review (TNSR), el impacto de la inoperancia estadounidense en sus alianzas es corrosivo. Países que han delegado históricamente su seguridad estratégica en el paraguas nuclear y militar de Washington se ven obligados a reconsiderar sus opciones de supervivencia. En Europa, la fractura interna de las élites ante la volatilidad de la administración Trump acelera una división interna entre facciones atlantistas tradicionales y aquellas que abogan por una «autonomía estratégica» acelerada de corte proteccionista.
Cuando esa capacidad desaparece, la hegemonía no se derrumba de un día para otro. Continúa funcionando gracias a la enorme inercia acumulada durante décadas. Pero comienza a perder algo mucho más importante que el poder, la capacidad de darle dirección.
Ese puede ser el verdadero momento Suez de las élites estadounidenses. No el instante en que descubren que otro actor es más fuerte. Sino el momento en que toman conciencia de que ya no saben gobernar el poder que poseen.
LXS DOCENTES DE LA U.N.R. SOSTENDRAN EL PARO JUNTO A LOS 28 SINDICATOS DE BASE DE LA FEDERACIÓN CONADU HISTÓRICA Y OTRAS ASOCIACIONES DE BASE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
La Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno de Milei incumple de forma ilegal desde hace 234 días, establece la obligación de elevar los salarios docentes para que equiparen el poder adquisitivo que tenían en Diciembre de 2023.
Si el Gobierno cumpliera la Ley, el aumento debería ser del 53,8%. Lo firmado por CONADU y otras federaciones es del 21,33% ahora + un 3% en octubre: menos de la mitad de lo que nos corresponde.
La garantía salarial, que con el acta acuerdo firmada queda en $1.497.941,97 brutos mensuales para el/la docente de dedicación exclusiva, significa un sueldo neto (de bolsillo) que queda por debajo de la línea de la pobreza según los datos del INDEC. Esto implica que, a pesar del aumento, una gran parte de la Docencia continuará cobrando SALARIOS DE POBREZA.
En esta situación, es más urgente que nunca que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la Lay de Financiamiento Universitario. El Gobierno de Milei no tiene derecho a destruir la universidad pública, y no tiene potestades para gobernar de forma autoritaria desconociendo lo aprobado más de una vez por el Congreso y dos fallos judiciales que lo intiman a cumplir la Ley.
DEL 16 AL 19 DE JUNIO: PARO DOCENTE POR SALARIOS DIGNOS Y POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE FINANCIMIENTO UNIVERSITARIO.
El modo de producción capitalista, a pesar de su retórica, es una economía profundamente improductiva. Como ejemplo de esto, analicemos el notable planteo que hizo Juan B. Justo, hace más de cien años, sobre el papel de la renta de la tierra y del interés, y que goza de muy buena salud en el mundo contemporáneo.
En el escenario de la historia moderna, para el fundador del Partido Socialista, el privilegio ya no viste las pesadas armaduras del señor feudal, ni se impone por la mera fuerza brutal de la espada. Se ha vuelto una red invisible,que se oculta bajo el manto protector de la propiedad privada. Toda su obra es una denuncia de los privilegios de clase, pero en particular el tema está tratado en su conferencia de 1902, El impuesto sobre el privilegio, luego publicado en folleto, y en su obra Teoría y Práctica de la Historia.
Su manifestación más pura, evidente y excluyente, es la renta de la tierra. Esta es un tributo fantasmal, herencia directa de las exacciones de los antiguos señores feudales, que el terrateniente de hogaño cobra por el simple hecho de poseer un título de propiedad. Es un beneficio que brota sin que el dueño mueva un dedo, nacido de las bondades inorgánicas del campo, del sol que lo calienta, del aire que lo cubre, o de la lluvia que lo fecunda.
A medida que la especie humana se multiplica y las ciudades se agigantan, esta renta sube como una marea silenciosa. Los terrenos se vuelven inmensamente valiosos por la mera aglomeración, el tránsito y el esfuerzo laborioso de la comunidad que los rodea. El trabajo de la colectividad laboriosa va al bolsillo de una clase improductiva y parasitaria.
Afirmaba nuestro biografiado que así se enriquecía el propietario ausente, aquel que muchas veces vivía, rodeado de lujos en París gracias a las rentas y su forma dineraria, que le enviaban desde las lejanas y fecundas tierras de la Pampa, de las cuales quizá ni siquiera conocían muchas veces su ubicación. “Tiraban manteca al techo”, mientras la peonada se moría de hambre. Eran los “tiempos de la república”, tan añorados por nuestra clase dominante.
La renta del suelo actúa, ayer como hoy, como un tributo invisible que encarece la vida y la vivienda urbana, concentrando los beneficios del desarrollo y el trabajo colectivo de la ciudad, en manos de unos pocos propietarios pasivos. La nueva ley de alquiler no hace más que agravar un estado de cosas insoportable. Federico Engels, en su trabajo Contribución al problema de la vivienda, ha dejado inmarcesibles reflexiones sobre este tema.
En el capítulo Las formas típicas del privilegio, de su obra Teoría y Práctica de la Historia, afirmaba: “Como expresión de la supremacía política de la clase propietaria, la moderna propiedad privada de la tierra y demás medios de producción se acompaña de un privilegio tradicional y hereditario, ajeno a toda actividad productiva y diametralmente al salario”. Y continúa desarrollando: “La renta, inherente a la propiedad del suelo y otros medios naturales de vida y de trabajo, y el interés, participación del capital en las ganancias obtenidas por los que manejan la producción y el cambio, son las formas más generales de ese privilegio, formas cambiables entre sí, valuándose la propiedad raíz en un capital que dé una suma de interés más o menos igual a la que da de renta”.
La renta de la tierra y sus características, ha sido estudiada por Carlos Marx en el tercer tomo de El Capital, camino que continua en su obra su discípulo Juan B. Justo: “Lo característico de la renta del suelo es que bajo las condiciones en que los productos agrícolas se desarrollen como valores (como mercancías) y bajo las condiciones de la realización de sus valores, se desarrolla también la capacidad de la propiedad territorial para apropiarse de una parte cada vez mayor de estos valores creados sin intervención suya, convirtiendo así en renta de la tierra de una parte cada vez mayor de la plusvalía”.
Junto a la tierra, sostenía el fundador del socialismo argentino, florece el privilegio de la riqueza mobiliaria a través del interés. A diferencia de lo que enseñaban los complacientes teóricos burgueses, el dinero no engendra dinero por arte de magia, ni es un premio a la virtud de la abstinencia, o a la “espera”. Decía con su incomparable agudeza Francisco de Quevedo, en su libro Vida de Marco Bruto: “El señor perpetuo de las edades es el dinero; o reina siempre, o quieren que siempre reine”. Nada ha cambiado en esencia, solo las víctimas y los victimarios del drama social.
El interés es, en realidad, el fruto amargo de una relación histórica de sometimiento. Nace porque en la sociedad existen unos pocos dueños de los medios de producción y una inmensa masa de hombres desposeídos, obligados a trabajar para ellos. Es la porción más segura y tranquila de las ganancias, un tributo constante que el prestamista o el rentista recibe sin mancharse las manos, sin esfuerzo, y sin afrontar los riesgos de la producción.
Rebatiendo las falacias de la Escuela Austriaca, en particular la obra Capital e Interés, de Eugen Bohm Bawerk, sostenía: “El interés no resulta de las cosas, sino de una relación histórica de sujeción entre los hombres, de la existencia de una clase gobernante acaudalada y de una clase trabajadora servil. El capital produce interés porque su posesión permite obtener ganancias a expensas del trabajador. El interés es la parte más segura y constante de las ganancias brutas; ha sido llamado ganancia neta, para significar su independencia de los riesgos y trabajos del empresario”.
Nos invita, también, a analizar la figura del empresario. En la superficie, sus ganancias parecen confundirse enteramente con los puros privilegios del rentista o el terrateniente, pero guardan un problema distinto. Si bien el empresario se beneficia de la porción de trabajo ajeno no remunerado, también es cierto que aporta un esfuerzo importante: él organiza y dirige la intrincada maquinaria de la técnica y la economía.
Pero tiene muy en claro que para que el capitalista pueda tener un espíritu innovador, este nace de su posición de clase privilegiada, fundamentalmente de una educación nacida de su lugar en la estructura social. En su mirada hay un cierto adelanto de lo que será la concepción de Joseph Alois Schumpeter sobre el papel disruptivo del empresario en el ciclo económico.
A 50 años del Golpe Genocida, donde la Ley Financiera de José Alfredo Martínez de Hoz sigue intacta, y la Renta de la tierra sigue siendo un problema estructural, las reflexiones de Juan Bautista Justo sobre los insultantes privilegios de nuestra Clase dominante, tienen una actualidad palpitante.
La finalidad de este artículo consiste en hacer un análisis del caso Verrocchi en cuanto al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la hora de establecer el estado de necesidad que permite al Poder Ejecutivo de la Nación ejercer legítimamente facultades legislativas. Además, se analizará el contexto político, histórico y económico en el que sucedieron los hechos. Por último, se hará referencia cómo ha cambiado hoy ese criterio de excepcionalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia debido a los avances tecnológicos.
CONTEXTO EN EL QUE SE DICTÓ EL FALLO VERROCCHI
Este fallo se dictó durante la Presidencia de Carlos Saúl Menem en el Año 1999, quien llevó adelante un recrudecimiento de las Políticas Neoliberales que se venían implementando desde la década del ’70. Sus políticas fueron: la Ley de Convertibilidad, la Desregulación de la Economía y Mercados, Movimiento Indiscriminado de Capitales, Privatización de las Empresas Públicas de Servicios, Flexibilización Laboral, Permanente Endeudamiento Externo, Reducción del Gasto Público, entre otras.
Este proceso derivó en una alta tasa de desempleo y en un alza de los índices de pobreza e indigencia. La tasa de desocupación abarcaba a más de una cuarta parte de la población a partir de 1995. Sólo en el Gran Buenos Aires, con la salida de la Convertibilidad y el Proceso Inflacionario consiguiente alcanza a más de la mitad de la población (54%), siendo indigente un 25% en el 2002[1] . Las cifras a nivel nacional eran aún peores: un 57% (13,9 millones de personas en aglomerados urbanos) tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza, y el 27% (6,6 millones) era considerada estadísticamente indigente, con ingresos que no alcanzaban a cubrir el costo de sus necesidades alimentarias básicas[2].
Cuando hablamos de Neoliberalismo hacemos referencia a un conjunto de ideas políticas y económicas que predican la Autorregulación de los Mercados como realidad natural y el retiro del Estado en materia económica para poder garantizar la supuesta estabilidad y crecimiento. Esa ha sido la concepción tanto del antiguo Liberalismo, como del actual Neoliberalismo. Sin embargo, el Neoliberalismo a diferencia del primigénito liberalismo no solo se basa en los límites del Estado en cuanto a los derechos individuales.
El Neoliberalismo no es sólo destructor de reglas, instituciones y derechos, sino también, es productor de cierto tipo de relaciones sociales, de ciertas maneras de vivir, de ciertas subjetividades. Dicho de otro modo, con el Neoliberalismo lo que está en juego es, nada más y nada menos que nuestra existencia, o sea, el modo en que nos vemos llevados a comportarnos, a relacionarnos con los demás y con nosotros mismos[3]. Por eso, existe un error de diagnóstico al limitar el neoliberalismo a una ideología, sino que debe entenderse como el conjunto de los discursos, de las prácticas, de los dispositivos que determinan un nuevo modo de gobierno de los hombres según el principio universal de la competencia[4] . Es decir, que este sistema de normas se encuentra profundamente arraigada en las prácticas gubernamentales, como así también en las políticas institucionales y en los estilos empresariales. Por este motivo es tan difícil desterrar esta concepción, por más que sus políticas económicas hayan producido estragos defendiendo a ultranza el sistema financiero, dejando de lado las políticas sociales en favor de los sectores más humildes desarrolladas con el Estado de bienestar durante la Posguerra. La perversidad de esta teoría se encuentra en la exaltación del término “competencia” sobre el cual Herbert Spencer pensó en aplicar la teoría de la evolución de las especies al campo social, donde las especies más aptas sobrevivirían, mientras que las menos aptas fenecerían. Por lo tanto, aquí el Estado no intervendría con políticas sociales a favor de los trabajadores y los sectores más desprotegidos, sino que arbitraría los medios necesarios para garantizar la “libertad del zorro en el gallinero”.
Yendo al caso concreto del fallo Verrocchi, el Gobierno Nacional de ese entonces arbitrariamente buscó arrasar con el Derecho a la Protección Integral de la Familia, el cual es un Derecho Humano garantizado en nuestra carta magna (Artículo Nº 14 bis) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Ley Nº 23.313 Artículo 10, párrafo 1, que goza de Jerarquía Constitucional en los términos del Artículo Nº 75 Inciso Nº 22 de la Constitución Nacional.
Durante esta época se da esa paradoja: por un lado, se otorga jerarquía Constitucional a diversos tratados de Derechos Humanos y por otro, el Gobierno llevó adelante sus políticas olvidando las premisas de estos en cuanto a la Protección los Derechos Fundamentales.
DE QUE TRATA EL FALLO VERROCCHI
El Poder Ejecutivo dictó los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 770/96 y 771/96 mediante los cuáles suprimió las asignaciones familiares a los trabajadores cuyas remuneraciones superaran los $1.000. Afectado por la medida Verrochi presentó una Acción de Amparo aduciendo de Inconstitucionalidad los mencionados decretos por resultar violatorios de la garantía de protección integral de la familia, reconocida en el Art. Nº 14 Bis de la Constitución Nacional. El actor alegó además que el Decreto no estaba fundado en una situación de necesidad y urgencia.
DEFINICIÓN DE LA CORTE
La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el poder ejecutivo nacional había ejercido una actividad materialmente legislativa con injerencia en la función propia del Congreso de la Nación. En este sentido, se expresó en el punto 7: “Que los Constituyentes de 1994 no han eliminado el sistema de separación de las funciones del gobierno, que constituye uno de los contenidos esenciales de la forma republicana prevista en el art. 1° de la Constitución Nacional. En este sentido, los arts. 23, 76 y 99 revelan la preocupación del poder constituyente por mantener intangible como principio un esquema que, si bien completado con la doctrina de los controles recíprocos que los diversos órganos se ejercen, constituye uno de los pilares de la organización de la Nación, por cuanto previene los abusos gestados por la concentración del poder”[5]. Controles recíprocos de poderes, significa que el Poder Ejecutivo está supeditado al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo, al Poder Judicial. Ello es así por diferentes razones: en primer lugar, la supremacía constitucional del Legislativo sobre el Ejecutivo se evidencia por lo menos a través de una triple preeminencia: 1)El Poder Legislativo dispone que es lo que el Legislativo puede gastar o no, en la ley de presupuesto; 2)Dispone que es lo que debe hacer o no, en el marco de toda la legislación que le puede dictar para regir la vida administrativa y 3) Puede remover al Ejecutivo a través de un juicio político. La subordinación del Poder Legislativo al Poder Judicial deriva de que éste último tiene la atribución de declarar antijurídicas, por inconstitucionales las leyes del Congreso[6]. El poder Judicial tiene la interpretación final de la constitucionalidad de las normas.
Volviendo al Fallo Verrocchi, los Ministros de la Corte hacen referencia al Artículo Nº 99 Inciso Nº 3, segundo párrafo que determina: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. El siguiente párrafo continua: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”. Aquí la Corte Interpretó que para que el Poder Ejecutivo pudiera ejercer legítimamente facultades legislativas, que en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) que sea imposible dictar la ley mediante trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo compatible con el que demanda el trámite normal de las leyes.
El Decreto Nº 770/96 Artículo Nº 2 establecía que quedaban excluidos de las prestaciones de ese decreto, con excepción de la Asignación por Maternidad, las personas cuya remuneración fuera superior a los $ 1.000 (mil pesos). Además el Artículo Nº 11 de este decreto dejaba sin efecto la Ley Nº 18.017. Esto significaba que Verrocchi se vería privado de forma total de cualquier percepción de asignaciones familiares incluidas en el salario familiar, que hacen a la garantía de la protección integral de la familia contemplada en el Artículo Nº 14 Bis de la Constitución Nacional y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Ley Nº 23.313 Art.10 Párrafo 1, que goza de jerarquía constitucional en los términos del Artículo Nº 75 Inciso Nº 22 de la Constitución Nacional.
¿PROCEDEN LOS D.N.U. HOY EN DIA?
Otro punto a tener en cuenta son los Decretos de Necesidad y Urgencia. La Corte ha sido categórica en el caso Verrocchi a la hora de establecer el “Estado de Necesidad” que permite al Ejecutivo ejercer legítimamente facultades legislativas: 1) que sea imposible dictar la ley mediante trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo compatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. Pero hoy en día, estos D.N.U. no tendrían razón de ser, ya que la Corte Suprema Argentina en el fallo “Fernández de Kirchner” autorizó al Congreso Nacional a sesionar virtualmente. Esto quiere decir que ni la imposibilidad de reunirse físicamente ni la urgencia tienen ahora cabida para justificar que el Ejecutivo se arrogue funciones legislativas[7]. El hecho de que las cámaras no pudieran reunirse debería ser por un caso extremo que produjera la caída de todas las comunicaciones.
CONCLUSION
La Década del ’90 se vio afectada por la arbitrariedad del Poder Ejecutivo al no respetar las funciones de los otros poderes y abusar de la sanción de los Decretos de Necesidad y Urgencia. El Poder Judicial puso un límite a ese abuso estableciendo con claridad en qué casos el Poder Ejecutivo podía atribuirse funciones legislativas y por ende, declarando la inconstitucionalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 770/96 y 771/96. Esto sucedía en medio de un libertinaje económico y financiero, de la flexibilización laboral y aumento de la tasa de pobreza.
En la actualidad, los Decretos de Necesidad y Urgencia ya no tienen razón de ser debido a que las causas de excepción que se establecieron en el fallo Verrocchi, ya no tendrían vigencia por los avances tecnológicos y la posibilidad del Congreso de sesionar por zoom. Con esto, el Congreso recuperaría su rol protagónico.
[1] HINTZE, Susana. Políticas sociales argentinas en el cambio de siglo. Ed. Espacio, Buenos Aires, 2007. Pág. 30. [2] Ídem [3] DARDOT, Pierre y LAVAT, Christian. La nueva razón del mundo. Ed. Gedisa, Barcelona, 2013. Pág. 14. [4] Ibídem. Pág. 15. [5] Fallo Verrocchi, Ezio Daniel c/ Poder Ejecutivo Nacional- Administración Nacional de Aduanas s/ Acción de amparo, 19 de agosto de 1999. Fecha de consulta: 16 de marzo de 2021. [6] GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. Capítulo I, Bases del Derecho Administrativo. Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2013. Pág. 57. [7] JUSTO, Juan Bautista. La democracia de los posmodernos y las transformaciones del Derecho Público, disponible en La Ley, suplemento Administrativo, Julio de 2020- N°4.
BIBLIOGRAFIA: DARDOT, Pierre y LAVAT, Christian. La nueva razón del mundo. Editorial Gedisa, Barcelona, 2013. GORDILLO, Agustín. El Derecho Administrativo. Capítulo I, Bases del Derecho Administrativo. HINTZE, Susana. Políticas sociales argentinas en el cambio de siglo. Ed. Espacio, Buenos Aires, 2007. JUSTO, Juan Bautista. La democracia de los posmodernos y las transformaciones del Derecho Público, disponible en La Ley, suplemento Administrativo, Julio de 2020- N°4. Verrocchi, Ezio Daniel c/ Poder Ejecutivo Nacional – Administración Nacional de Aduanas s/ Acción de amparo, 19 de agosto de 1999
En Junio comienza el Campeonato Mundial de Fútbol y al parecer la Situación Internacional, los conflictos latentes parecen entrar en las temáticas futboleras.
Estados Unidos uno de los países anfitriones de la Copa Mundialista podría poner restricciones al ingreso de determinados equipos de fútbol, habida cuenta que algunas nacionalidades tienen vedado el ingreso al País del Norte del Continente Americano.
Una alternativa sería cambiar el cronograma de encuentros en los estadios de futbol, evitando que algunas delegaciones que representan a países en conflicto con EE.UU. jueguen en Los Ángeles. Sin embargo la FIFA se niega a cambiar las sedes de los encuentros deportivos. Hace unos días la membresía ejecutiva de esa federación aseguró que «tiene previsto que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025”, basándose en el reglamento que obliga a los países anfitriones a expedir los visados necesarios «sin tener en cuenta consideraciones o motivos políticos».
Infantino, máximo responsable de la FIFA, aseguró que Irán participará en la Copa Mundial del 2026, ratificando que la República Islámica jugará en Estados Unidos.
Por su lado Irán presentó algunas condiciones a los representantes del comité organizador de la copa mundial de futbol, entre ellas visas para toda la delegación, incluidos jugadores que hicieron el servicio militar en la Guardia Revolucionaria. Además, exigen que los integrantes de su delegación no sean interrogados por migración al llegar a EE.UU. También solicitaron el respeto a sus símbolos nacionales (bandera e himno), todo tipo de seguridad para su plantel y que las ruedas de prensa solo sean técnicas, abocadas a la cuestión deportiva, prescindiendo de cualquier iniciativa periodística que introduzca la cuestión política.
El gobierno iraní pidió reprogramar los partidos del fixture, aquellos que por sorteo deben jugarse en EE.UU., cambiarlos hacia otros estadios en Mèxico, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmò que «en principio, no ve ningún inconveniente«, la FIFA rechazó esta petición.
Mientras se debate este tema vinculado al escenario de los partidos, lo que realmente trasciende es que cada 4 años el fútbol logra lo que ninguna normativa consigue: vaciar la calle y llenar los bares, juntar en los hogares a toda la familia en torno a la pantalla. Al parecer por un mes la política se apaga y la conversación pública se reduce a 90 minutos. Los regímenes antipopulares lo saben y usan el Mundial como sedante social.
El mecanismo parece simple. El régimen pone dinero, infraestructura y se asocia al evento. A cambio recibe legitimidad barata. Para afuera: fotos con jugadores, estadios llenos, el mensaje de “somos un país normal”, “somos derechos y humanos”. Para adentro: nacionalismo deportivo que tapa grietas sociales. Durante 30 días “somos todos uno”, y la identidad se reduce al desarrollo del equipo en el campo de juego, y en oportunidades aflora retorcidamente el “chauvinismo”.
Entra en escena la alienación. No se trata solo de una distracción, el espectáculo comienza a reemplazar transitoriamente la percepción de las condiciones reales. El sujeto deja de verse como ciudadano y pasa a sentirse hincha, y por momentos “el futuro de la patria está en juego”. Mientras haya buenas jugadas y goles, la inflación pasa a segundo plano, la desocupación queda en el olvido y la represión o la falta de libertades ya no pesan en la conciencia ciudadana. Como muestra a estas experiencias y vivencias ofrecemos el Mundial ’78, jornadas donde no faltaron los intentos de la dictadura por explotar ese campeonato, con la intención de mejorar la imagen en el plano internacional, al tiempo que en lo interno se pretendía generar un ambiente donde el espectáculo deportivo como mascara, tenía que cubrir las retorcidas acciones del estado terrorista.
El Régimen Castrense podía ganar tiempo, el futbol podía convertirse en una buena herramienta de campaña propagandística, pero a pesar de toda esa maquinaria donde el deporte pierde cualquier tipo de autonomía, el formato de “pan y circo” le pudo dar solo una vida efímera y transitoria a la cúpula militar represora, y en esas situaciones coyunturales la autoridad moral de las instituciones internacionales (en este caso FIFA) comenzaba a desfallecer, y en algunos casos la neutralidad o la inacción participaron como cómplices.
Es cierto que el fútbol doméstica, y puede actuar como un efecto anestésico direccionando un espectador que por momentos permanece pasivo. Sin embargo cuando la gente tiene en cuenta que el partido finaliza y la cuestionada realidad vuelve a emerger, es importante el recorrido entre la euforia y emociones descargadas en los 90 minutos y las crisis económicas, políticas y sociales, un cuadro de situación que puede terminar en una ruptura, ergo el futbol puede significar un tránsito desde la emoción colectiva, donde la bronca de la derrota o la victoria eufórica puede canalizarse en acciones contra el gobierno de turno portador de inoperancia, y con perfiles antipopulares o dictatoriales.
Para muchos regímenes el futbol puede representar un arma de doble filo. Se aprovecha propagandísticamente algunos éxitos o copas ganadas internacionalmente, pero tienen en claro que las tribunas llenas, los estadios colmados de aficionados pueden convertirse en un espacio que encienda algún tipo de insurrección popular.
[*]NOTA PUBLICADA EN LA REVISTA IMPRESA N° 31 – JUNIO DE 2026
El Plan de Lucha Salarial y en Defensa de la Universidad Pública continúa con un Paro de Semana Completa y Movilización ante los Tribunales Federales en todo el País.
El Viernes 5 de Junio, se realizó el Plenario de Secretarixs Generales de CONADU que tenía como tema principal la discusión del plan de lucha salarial y por la defensa de la Universidad Pública.
La Coad participó de la instancia con el mandato definido en la Asamblea Docente del 28 de mayo:
Impulsar en el plenario de Sec. Generales de CONADU el mandato de la votación docente vigente de marzo de COAD (que la federación CONADU realice “PARO POR TIEMPO INDETERMINADO A PARTIR DE JUNIO”) y plantear una votación nacional general para el no inicio del segundo cuatrimestre a partir de una fecha a coordinar en el mes de agosto, incluyendo entre las opciones a votar la de “No Inicio del 2do Cuatrimestre con Paro por Tiempo Indeterminado”.
Tras el debate e intercambio de opiniones de las asociaciones de base que participaron de la reunión reafirmamos:
– La exigencia de la inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias.
– Que la negociación salarial tiene que darse en el ámbito de la negociación colectiva. Ninguna propuesta puede discutirse por fuera del ámbito paritario.
El Plenario arribó a las siguientes resoluciones del plan de lucha:
– Paro de semana completa los días 16 al 20 de junio en coordinación con la CONADU Histórica;
– Movilización a Tribunales Federales en CABA y en todas las ciudades del país para reclamar a la Corte Suprema de la Nación que dicte sentencia en favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario;
Nuestras demandas son claras. Urgente recomposición salarial para todxs lxs Trabajadorxs Universitarixs; asignación presupuestaria para garantizar todas las actividades universitarias (enseñanza, investigación, formación y extensión); becas para garantizar el acceso y la permanencia de lxs estudiantes.
Hoy le toca la Corte Suprema de la Nación hacer algo tan simple como instar al gobierno nacional que cumpla con la ley que cuenta con legitimidad social y que fue sancionada en tres oportunidades por el Congreso Nacional.
La organización, la participación colectiva y la movilización han demostrado ser el único camino para defender la Universidad Pública y Gratuita y la dignidad de sus trabajadorxs. Desde COAD, siempre impulsaremos las medidas de fuerza necesarias y la unidad imprescindible para fortalecer la lucha.
Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo... 