Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo…

EL VIERNES 24 DE MARZO EL PUEBLO ARGENTINO SALE NUEVAMENTE A LAS CALLES Y PLAZAS DEL PAIS A CONMEMORAR EL NUNCA MAS AL TERRORISMO DE ESTADO Y A LA MISERIA PLANIFICADA QUE IMPUSO LA DICTADURA CIVICO-MILITAR.

SOBRE LOS CIMIENTOS DE LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA CONSTRUIMOS NUESTRA DEMOCRACIA.

Por eso luchamos y seguiremos luchando contra la impunidad de la que todavía gozan militares y civiles responsables de crímenes de lesa humanidad y contra las posturas negacionistas que se vinculan estrechamente con los discursos de odio que ponen en vilo a la democracia.

A 40 años de Recuperación de la Democracia, repudiamos la persecución judicial y las sentencias que pretenden proscribir a la actual Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández.

La Democracia también es incompatible con las mafias y la violencia narco-criminal que ponen en suspenso la paz y la vida misma. Frente a esta triste realidad necesitamos una amplia convocatoria social y política que permita construir políticas de seguridad transparentes y democráticas, la urbanización de los barrios precarios y la inclusión educativa y laboral.

Este 24 de Marzo, estaremos en las calles con Memoria para defender nuestras conquistas y Luchar por Soberanía, Independencia Nacional y Justicia Social.

ARDERA LA MEMORIA HASTA QUE TODO SEA COMO LO SOÑAMOS…

POR ALBERTO CORTES

El Tabaco produce unos ocho millones de muertes anuales en el mundo, de los cuales un 15% son de personas que ni siquiera fuman. Las muertes por sobredosis de cocaína son, en cambio, alrededor de las seiscientas mil anuales, menos de la décima parte de las primeras.

Si el comercio de cocaína está prohibido en todos los países, supuestamente en defensa de la salud pública, se cae de maduro que la venta de cigarrillos debería estar aún mucho más rigurosamente impedida, por similares razones.

Cabe preguntarse si esta sería una buena medida. ¿Cuáles serían sus consecuencias? No hace falta hacer política-ficción al respecto. La Humanidad tiene dos largas y muy ilustrativas experiencias similares:

Hasta 1914 la venta de cocaína y otras sustancias era libre (China había intentado a mediados del siglo XIX prohibir el opio, pero Gran Bretaña primero y esta potencia junto a Francia después, le habían hecho y ganado dos guerras, para obligarla a aceptar el comercio de opio y de paso convertir al país en la semicolonia que fue hasta la Revolución China, en el siglo XX). 

Hasta 1937, lo mismo con la marihuana. En los EE.UU., en esas dos fechas, se prohibieron esas sustancias, por motivos vinculados a la xenofobia hacia las comunidades extranjeras a las que se asociaba con ellas: Las primeras con los asiáticos inmigrantes en masa hacia la costa pacífico de los EE.UU., después de que éstos masacraron al pueblo filipino para impedir la independencia total que los mismos yanquis les habían prometido cuando forzaron su propia intromisión en la guerra de independencia de Cuba, con la finalidad de apoderarse de varias de las antiguas colonias hispanas. La prohibición de la marihuana – falsificación de informes científicos mediante– se hizo asociándola a los mexicanos que llegaron a EE.UU. en los años siguientes a la Revolución Mexicana.

En las décadas siguientes, el país del norte fue logrando que su prohibición de las drogas se extendiera al resto del mundo.

La otra experiencia también tuvo lugar en EE.UU. y –a diferencia de la anterior, en la cual aún estamos plenamente inmersos– ya concluyó.
La terminó el presidente Franklin Roosevelt, al asumir en 1933 y cumplir su promesa de campaña, derogando la “Ley Seca”. Era la prohibición de la producción, importación y venta de bebidas alcohólicas, vigente desde 1920. El consumo de alcohol y el alcoholismo en definitiva no bajaron significativamente, pero lo que sí cambió radicalmente fue la forma de comercializarlo: De comercios a mafias.

En base a estas dos experiencias reales, podemos suponer, con bastante aproximación, lo que acarrearía una eventual prohibición de una droga indudablemente tan destructiva como el tabaco:

Su producción dejaría de ser realizada por empresas como la British American Tobacco, Phillip Morris International y otras, que – aunque no son ángeles -, no se conoce que estén asociadas con niveles de violencia como los del narcotráfico.

Obviamente que los fumadores no dejarían de serlo, pero estarían dispuestos a pagar sumas muy superiores a las que hoy abonan, por los cigarrillos ilegales.

El negocio de producirlos se volvería clandestino, pero la rentabilidad del negocio crecería exponencialmente para quienes estuvieran dispuestos a correr los riesgos, quienes serían seguramente –como ocurrió en las experiencias ya vividas– delincuentes antes dedicados a transgresiones menores, pero sobre todo no tan redituables económicamente.

El poder económico de estas bandas crecería sideralmente y estarían en condiciones de sobornar a policías, jueces, políticos. Esto les resultaría además imprescindible porque sería imposible mantener miles de kioskos para distribuir cigarrillos a todos los fumadores, sin la complicidad policial y de otros estamentos estatales. Podrían comprar sin problemas armas de gran poder (y helicópteros, como el de Alvarado). En las zonas aptas para el cultivo del tabaco, los campesinos se verían obligados a optar entre producir alimentos mal pagos o tabaco –mucho más rentable-, con el agregado de ser amenazados muchas veces por las mafias, ahora “tabacaleras”, para cultivar tabaco y no alimentos. Ausente todo control estatal de calidad, no faltarían adulterantes de todo tipo y envenenamientos masivos por fumar esos productos.

En las etapas en que todo el negocio no estuviera monopolizado por una sola mafia en un territorio –situación muy poco frecuente cuando el territorio es el mundo-, las bandas pujarían entre sí por el dominio. Y no lo harían mediante los métodos relativamente pacíficos de la tradicional competencia comercial entre empresas de un mismo rubro, sino que –al estar ya de entrada todos los involucrados fuera de la ley– no tendrían reparos en cometer homicidios y masacres de cualquier nivel, en defensa de las elevadísimas ganancias, contra sus competidores y contra los funcionarios estatales que rehusaran recibir sobornos (“Plata o Plomo”). Amén de periodistas molestos. Además, no tendrían escasez de fondos para pagar asesinos profesionales.

Todo esto es exactamente lo que ha ocurrido – y ocurre – en el planeta con la prohibición de drogas como la marihuana, cocaína y otras; y que había sucedido antes en EE.UU., con el alcohol. Con el agregado de que la producción y el consumo no se han reducido, como consecuencia de la prohibición, sino exactamente todo lo contrario: Sólo entre 2014 y 2020, más que se duplicó la producción de cocaína, según la O.N.U. La Humanidad ha tropezado ya dos veces con la misma piedra, y la segunda vez, sigue atascada allí.

La “Guerra a las Drogas”, impulsada por EE.UU., ha “fracasado”, si suponemos ingenuamente que su objetivo alguna vez fue preservar la salud pública de los estupefacientes. Hace poco, el principal impulsor de su capítulo mexicano más sangriento, el ex Secretario de Seguridad del ex presidente Calderón, Genaro García Luna, fue condenado en EE.UU. por narcotráfico: En realidad la declaración de esa guerra a las drogas por el Estado mexicano encubría la alianza del mismo con el Cartel de Sinaloa (del “Chapo” Guzmán), para sacar de la competencia al Cartel del Golfo. Costó a la nación azteca centenares de miles de muertos.

La excusa del narcotráfico y el “narcoterrorismo”, sirven a los EE.UU. para introducir militares y todo tipo de agentes en otros países supuestamente soberanos, argumentando que lo hacen para ayudar a combatirlos.

Hace 5 años, el ex presidente Jimmy Carter dijo que los EE.UU. son «la nación más guerrera de la historia del mundo», “durante los 242 años de su existencia, Estados Unidos ha estado en paz sólo durante 16 años”. Tienen el presupuesto militar más alto del mundo, que no cesa de crecer, y que alimenta al “complejo industrial-militar”, de intereses económicos contra los cuales advirtió otro ex presidente de ese país, un general: Dwight Eisenhower.

Necesitan por ello tener siempre enemigos disponibles, que justifiquen la política guerrerista y armamentista y la intromisión en los lugares más recónditos del planeta. Sobre todo, tras la desaparición de la U.R.S.S. –el enemigo y excusa perfecta durante 70 años– han tenido siempre varios enemigos hipótéticos a mano, que en general –cuando no son de su propia fabricación– son alimentados y engordados desde Washington, para tener con quien guerrear. La droga es uno, pero hay otros: Con relación al apoyo de los EE.UU. a grupos terroristas en Siria, el congresista norteamericano Matt Gaetz dijo: «Damos armas a estos llamados ‘rebeldes moderados’, lo que de verdad percibí como un oxímoron, y resulta que no son tan moderados».

John Ehrlichman, asesor de Nixon (el autor de la “Guerra contra las drogas”), reveló en 2016 que la guerra contra las drogas en sí misma fue diseñada para apuntar a los negros y los “hippies”: “La campaña de Nixon en 1968, y la Casa Blanca de Nixon después de eso, tenían dos enemigos: la izquierda antibelicista y los negros. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos hacer ilegal estar en contra de la guerra o ser negro, pero haciendo que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizando a ambos severamente, podríamos perturbar esas comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, asaltar sus casas, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en las noticias de la noche. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto”.

Las regiones y países que se han planteado comenzar a salir del esquema prohibicionista, al menos con la marihuana (como el caso uruguayo), se han encontrado de inmediato que el sistema financiero (dominado mundialmente por EE.UU. y aliados), esteriliza sus esfuerzos, al bloquear y aislar de dicho sistema a cualquier farmacia que se preste a vender marihuana legal. Hasta el Banco de la República (estatal), está en esta trampa.

La lucha contra el narcotráfico debe darse. Seriamente, no como se hace hoy, encarcelando perejiles (y, en mucha menor proporción, algunos narcos, que siguen operando tras las rejas) ; sino apuntando a los eslabones financieros del negocio. Pero cualquier política que se limite a esto, sin comenzar además una discusión mundial que apunte a terminar con el esquema prohibicionista, como han pedido varios líderes mundiales y latinoamericanos, Gustavo Petro el más reciente y actual; está condenada a nuevas derrotas, cada vez más trágicas.

Derrotar u obligar al cambio de las nefastas políticas que emanan de Washington es absolutamente esencial para que no termine teniendo razón el impresentable Ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, cuando dijo que “LOS NARCOS GANARON”.

POR FABIAN ARIEL GEMELOTTI

En 1979 el campeonato metropolitano se jugó a dos ruedas. Platense hacía tres campeonatos que se venía salvando. Siempre en la última fecha salvaba las ropas y un año más en primera era su gloria. Su viejo estadio debía entregarlo, los terrenos no eran del Calamar y la A.F.A. no movía un dedo por este club considerado «CHICO» por el Fútbol de Argentina. Hacía cuatro años que se venía construyendo el estadio de Vicente López, una zona paqueta para un club que nace en un hipódromo fundado por burreros y milongueros. El color de la camiseta del Calamar es marrón por la tierra que ensuciaba la primera casaca blanca. Nace entre la la tierra, el barro y el tango. Ese es Platense, el equipo de Goyeneche y del tango Yo soy del Marrón. En 1979 su estadio nuevo ya estaba listo. Pero no todo era felicidad, Platense con seis puntos en su zona debe disputar un cuadrangular para definir tres descensos a la B. Uno solo tendrá la gloria.

El cuadrangular a disputarse se llamará el Cuadrangular de la muerte. El Lobo Platense, Chacarita, Atlanta y Platense disputarán todos contra todos. Es un campeonato a muerte por salvarse del descenso. El 22 de julio Platense inagura su estadio en Vicente López y el club de Saavedra empieza su camino a la gloria. En esa inauguración es asesinado un hincha de Platense por la policía. Dicen los medios que era un albañil humilde. Años después se supo que era un Obrero Militante de la Resistencia Peronista que va a ver a su amado Calamar y es Asesinado por un Policía de Civil de la Federal. Platense juega con Gimnasia y el partido termina 0 a 0. La segunda fecha viaja a Villa Crespo y vence uno a cero a Atlanta con gol de Miguel Juárez. La tercera fecha derime fuerzas con Chaca en su estadio y no le va bien. La cuarta fecha viaja a la Plata. Gimnasia y Platense están igualados en puntos. Es una final adelantada. Gana Platense 2 a 0 con goles del Mono Petri y la Bruja Juárez. En la cuarta le gana a Atlanta 1 a 0 en Vicente López.

La última fecha Platense debe ganar en San Martín porque un empate y un triunfo de Gimnasia se salva el Lobo. Mucha hinchada lleva Platense a San Martín. Hay corridas, trompadas, piedras y la policía reprime a la hinchada de Platense. El partido es duro. Chaca sale a comerse al Calamar. Uno a cero de Chaca. Una bengala vuela e impacta en un bombo de la barra del Tense y se arma una corrida. Un hincha de Platense salta al campo de juego y es reprimido. Picerni lo salva y lo empuja a la tribuna. Es muy tenso todo. El odio entre Chaca y el Calamar viene de años. Es un clásico porteño a muerte. Pero el Calamar toma fuerza y da vuelta el partido. Dos a uno termina. Se salva Platense. La salida del estadio es a puro golpes, y cintazos. Los Calamares llegan a los micros y se calzan armas y tiran al aire. Así pueden irse gritando por las avenidas su histórico campeonato por el descendo. Nace de este campeonato el odio de la barra de Gimnasia que queda postergado. Y una amistad con Estudiantes. 

Ese equipo fue integrado por notables jugadores como Papandrea, Picerni (campeón con Newell’s en 1974), Morelli, Gillé, Juárez, Gianetti, Grimoldi, entre otros héroes de aquel 26 de agosto de 1979 que quedará en la memoria de todo hincha del Calamar como El cuadrangular de la muerte.
Ese día en Rosario muchos hinchas de Newell’s festejaron el triunfo del Tense 
Platense y Newell’s un solo corazón.

ESCRIBE FRANCA ESPERANZA BONIFAZZI [1]

DESDE 2016, MASIVAMENTE EL 8 DE MARZO VOLVIO A SER UN DIA DE LUCHA POR NUESTROS DERECHOS LABORALES ATRAVESADOS POR LA DESIGUALDAD DE GENERO

Luego del impulso que tomó el movimiento feminista en Argentina, tras el primer Ni una Menos del 3 de junio de 2015, el 8 de marzo siguiente tomó otras características en nuestro país, más parecidas al acontecimiento que encarna su conmemoración, cuando 129 mujeres murieron en 1908 en un incendio provocado por su empleador en la fábrica Cotton, en Nueva York.
Desde el 8 de marzo de 2016, la jornada comenzó a denominarse “Paro de Mujeres y disidencias” o “Huelga feminista”, con un movimiento interseccional en el que las demandas de género se imbricaron con las del mundo del trabajo. Cabe mencionar dos puntos importantes en este reencuentro entre demandas de género y mundo laboral: en primera instancia, la dimensión de visibilizar al trabajo en sentido amplio, de poder reconocer a aquellas relaciones que se establecen en ámbitos de trabajo no asalariado, o bien no mediados por dichas relaciones, tal como invita a reflexionar De la Garza Toledo con su concepción de “trabajo no clásico”, refiriendo a la extensión de las actividades no asalariadas, así como la extensión de trabajos informales, precarios, inseguros, flexibles, no estructurados, atípicos. En segunda instancia, la potencialidad que brinda la negociación colectiva de trabajo para constituir normativa e institucionalidad laboral atravesada por la perspectiva de género.

Referida al primer punto, nuestro país, desde 2004, a partir de la modificación al régimen de jubilaciones y pensiones por el Decreto 1454, permitió que la política de Previsión Social reconociera como trabajo el que mayoritariamente las mujeres realizan en el hogar en tareas de cuidado y de reproducción de la vida, para que millones de personas pudieran acceder al derecho a una jubilación. Pero aún ese trabajo es parte del P.B.I. no monetizado y no valorizado en nuestras sociedades. No es casualidad que durante el primer año del Paro Internacional de Mujeres en nuestro país se sancionara la Ley de Emergencia Social, que implicó la creación del Consejo de la Economía Popular, del Salario Social Complementario y del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular: el salario social complementario es un ingreso mínimo para cada trabajador y trabajadora populares alcanzados por la normativa, que equivale a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, homologando la institucionalidad laboral de trabajadores y trabajadoras con empleo formal.

Por esta ley pudieron ser reconocidas en su labor trabajadoras populares organizadas que
participan de espacios tales como comedores comunitarios, copas de leche, primera infancia e infinidad de organizaciones comunitarias.
El año 2017 fue impactante para el movimiento feminista de nuestro país por el femicidio de Micaela García, nombre que hoy lleva la Ley gestada tras este episodio y que implica la Capacitación en Perspectiva de Género. A partir de este hecho, a través de la herramienta paritaria y la Negociación Colectiva, la Licencia por Violencia de Género comienza a ser parte de uno de los organismos del Estado Nacional, a través de la Resolución 443-E/2017 del Ministerio de Seguridad de Nación, experiencia que comenzó a replicarse en otras paritarias.

En el año 2018 hubo un fuerte debate público y una articulación para el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que encontró a las mujeres sindicalistas con mayor unidad y coordinación: como la define Tali Goldman, la “marea sindical”, un movimiento que impulsó en el sindicalismo la perspectiva de género para que las mujeres puedan opinar de toda la política gremial, y no solo de los “asuntos de mujeres” en las secretarías de “mujer y familia”, “género y derechos humanos”, “acción social” o “igualdad de oportunidades y género”. En esta marea sindical sindicalismo y feminismos se cruzaron, enfrentando las políticas neoliberales, en el Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo de 2018. Allí las mujeres sindicalistas marcharon en unidad y mostraron la transversalidad de la política feminista.

El año 2019, atravesado por la coyuntura electoral, implicó que la demanda feminista impactara en las plataformas electorales. Quien triunfó, Alberto Fernández, creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Y en 2020 se sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. También ese año, un grupo de diputadas sindicalistas, con la santafesina Patricia Mounier como autora, impulsó la adhesión de las entidades sindicales a la Ley de Capacitación obligatoria en perspectiva de Género, que fue aprobada y hoy es conocida como “Ley Micaela Sindical”. Al año siguiente se aprobó la Ley 27.636 de Cupo Laboral Travesti Trans, que ya se implementaba previamente por Resolución Ministerial en el Estado Nacional, y que en Santa Fe era normativa desde 2019, por la Ley 13.902, reglamentada en 2020. Este instrumento legal reconoce la profunda vulnerabilidad social que atraviesa al colectivo trans en Argentina y la necesidad de brindar la oportunidad de acceder al trabajo digno.

Durante el año 2022 entró en vigencia en Argentina el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que había sido ratificado por nuestro país en 2020 y que establece las pautas para erradicar la violencia de género y el acoso sexual de los ámbitos de trabajo. Si bien en la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres ya estaba contemplada la violencia laboral por razones de género, este convenio implica un desafío de adaptación normativa por paritarias a la multiplicidad de convenios colectivos de trabajo vigentes en nuestro país, algunos con mayores avances que otros, en la incorporación de licencias por razón de violencia de género, protocolos de abordaje y actuación frente a las violencias.

Por otro lado, aún se encuentra pendiente de tratamiento en el Congreso de la Nación el proyecto “CUIDAR EN IGUALDAD” que avanza en un reconocimiento de las tareas de cuidado como trabajo y que –de aprobarse– incorpora cambios en el régimen de licencias, para construir un esquema no sexista.

De acuerdo con los informes recientes del INDEC, la Provincia de Santa Fe es uno de los territorios con Mayor Desigualdad Laboral por Razones de Género, medida en una “BRECHA DE GENERO” que nos interpela: una diferencia salarial entre varones y mujeres del 29,4%. Los desafíos abiertos en el encuentro entre feminismos y trabajo son amplios, tanto en la institucionalidad laboral del empleo formal para adaptarse a las conquistas de derecho en materia de género, como en las dimensiones laborales de la economía popular, del cuidado y de las formas de trabajo precarias e informales.

BIBLIOGRAFIA:
De La Garza Toledo E. (2011): «Trabajo No Clásico, Organización y Acción Colectiva» – México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Plaza y Valdés.
Goldman T (2018): «La Marea Sindical. Mujeres y Gremios en la Nueva Era Feminista» – Buenos Aires, Octubres.
Maldovan Bonelli J (2020): «Las Relaciones Laborales en el Trabajo Asociativo y Autogestivo. Reflexiones a partir del Caso Argentino». Astrolabio, 24, U.N.C.
Spaltenberg R (2012): «La Diversidad de los Conflictos Laborales: Dispersión y Centralización en las Lógicas de Acción de los Asalariados Privados» La Plata, VII Jornadas de Sociología de la U.N.L.P.
[1] Licenciada en Ciencia Política con Orientación en Análisis Político (U.N.R.).
Docente de Teoría de las Relaciones del Trabajo en la Universidad Nacional de Rosario.
FUENTE: revistamovimiento.com

Todas las Semanas se emite por el Canal de YouTube de Conclusión un ciclo que busca acercar la realidad, para poder interpelarla profundamente. Es por ello que Catalejo, a lo largo de treinta minutos, aborda diversos temas ligados a la Actualidad, Cultura, Salud, Política, Opinión e Investigación, tratando de Amplificar en todos los casos, UN IMPRESCINDIBLE DEBATE.

En esta emisión Gisela Gentile y Alejandro Maidana recibieron en el Estudio de Conclusión a Carlos Solero, Docente de Sociología de la Universidad Nacional de Rosario y un Estoico Militante Anarquista. La médula de la charla tuvo su anclaje en la apropiación de un término que históricamente ha definido a los anarquistas, hacemos referencia a la definición de LIBERTARIO.

En tiempos modernos que empujan a resignificar y recuperar palabras profanadas, esta es una de ellas, por eso amerita un profundo debate entre aquellos que no están dispuestos a entregar una historia de lucha y dignidad por la sincera libertad humana, pero siempre en un marco de igualdad de oportunidades. Quienes se erigen como los salvadores denostando a la “CASTA”, pero citan de manera insistente a Domingo Felipe Cavallo, han instalado un discurso capcioso que hace agua cuando el entrevistador no esta dispuesto a seguirle su juego.

El Profesor Carlos Solero, Licenciado en Ciencias Políticas y Docente de Sociología de la Universidad Nacional de Rosario, no ocultó jamás su Militancia Anarquista, por ello consideró pertinente salir a interpelar a aquellos que, DISFRAZADOS DE LIBERTARIOS, ofician solo de custodios de un puñado de privilegiados por un sistema que no escatima en demostrar de manera sistemática, lo deshumanizante del mismo.

“Vos recorres Latinoamérica y algunos países de Europa, y cuando escuchas hablar de Libertarios, la referencia automática es para los Anarquistas. Estos personajes que hoy pululan y se denominan «Libertarios», no son otra cosa que «LIBERTICIDAS», ya que la única Libertad que pregonan es la del LIBRE MERCADO. Son defensores de la Desigualdad, Negacionistas, y Soldados de los grandes capitalistas, por ello hay que salir a confrontar culturalmente con ellos, si bien ellos tienen el dominio de los Medios de Comunicación que incluyen las redes sociales”, indicó Carlos Solero.

FUENTE: conclusion.com.ar

Quiero agradecer la presencia de todas y todos en este Acto Público y Solemne, prescripto por Ley de nuestra provincia, para dar inicio al año judicial 2023. Agradecer a mis colegas que me han confiado la enorme responsabilidad institucional de presidirla durante el año en curso y al procurador de la Corte. A las autoridades presentes, a la representante del Gobernador, al señor Intendente Rosario y Santa Fe, a la Sra. Presidenta de la Junta Federal de Cortes de las provincias argentinas y C.A.B.A., al Fiscal y Defensora General de la provincia, al Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, y a todas y todos los actores de los poderes públicos, de la magistratura, a las autoridades eclesiásticas, policiales y de instituciones intermedias.
Agradecer en particular a los presidentes de los Colegios de Abogados, a la Federación de Colegio de Abogados de la provincia de Santa Fe, con quién la Corte como cabeza del poder Judicial ha reestablecido un diálogo permanente y positivo, con respeto y aportes recíprocos que enriquecen. La abogacía, las y los abogados como verdaderos operadores del sistema de justicia tienen también una responsabilidad no sólo con la ética en el ejercicio de tan noble y digna profesión, sino también en el reforzamiento de la independencia judicial y, a la par, en los controles que hacen a la responsabilidad funcional. Ellos nos ayudan a ver, a quiénes desempeñamos la función judicial, que los únicos problemas que existen no son sólo los que nosotros vemos, que existen otros problemas que debemos atender y que están dispuestos a acompañar con consensos y disensos las reformas necesarias para mejorar el servicio de justicia aun cuando algunas de esas reformas puedan incomodar la propia labor profesional.
Pero especialmente quiero agradecer y destacar la presencia de familiares de niñas, niños, mujeres y hombres que hoy viven en nuestro recuerdo, familiares que, a pesar de su dolor, nos acompañan y nos comprometen a pellizcarnos todos los días para preguntarnos qué estamos haciendo y qué y cuánto podemos hacer para prestigiar nuestra función y servir a la comunidad.

No quiero con esto asumir para el judicial responsabilidades que están fuera de su competencia pero si reafirmar que vamos a estar cuando nos necesiten, que vamos a formular propuestas y, en el ámbito de nuestra competencia funcional, a capacitarnos para profundizar en clave realista la actividad de análisis jurídico, que es la herramienta central del judicial, asumiendo que la justicia debe resguardar siempre a los más débiles y que los operadores judiciales deben desarrollar una especial sensibilidad frente a las lesiones a la dignidad humana, para no naturalizar situaciones inaceptables y para que la técnica jurídica elevada a ontología que proponen algunas corrientes jurídicas, no nos lleve al lugar de aquel famoso guillotinador que todas las mañanas limpiaba la cuchilla para no ensuciar a la víctima.

Cuidado con el idealismo y el normativismo extremo que como bien ha advertido Francisco en la Carta dirigida el año pasado a académicos y magistrados, lejos de una virtud contribuyen a reforzar los rasgos autoritarios del ejercicio de poder.

No puedo menos que agradecer a juezas y jueces, funcionarios judiciales, integrantes del Ministerio Público y la de la Defensa penal y extrapenal, obviamente a aquellos que saben que honran la función, a aquellos que soportan la mayor carga de trabajo y exigencias porque debemos saber que tenemos un territorio tan extenso como asimétrico, que las asimetrías se dan incluso entre fueros de un mismo espacio y que debemos abrir el debate interno, el de la comunidad y los otros poderes estatales para terminar con estructuras rígidas y un modelo de organización y gestión, preponderante a nivel nacional y entre nosotros en los fueros civil, laboral y contencioso, que remonta a la época de la colonia aunque su matriz tenga genealogía medieval y que dificulta la posibilidad de equilibrar las carga de trabajo, de recuperar publicidad y transparencia, como condición constitucional de cualquier acto de gobierno (incluso de cualquier poder, comisiones del senado), mejorar la trazabilidad de los procesos y con ello los tiempos de las respuestas institucionales que, vale advertir, no sólo dependen de cambios estructurales, fáciles de implementar normativamente, sino fundamentalmente de cambios culturales y de la propia actividad de la abogacía que en materia de procesos dispositivos tiene un rol decisivo para resolver los problemas de mora judicial.

Hoy estamos en Rosario, porque  nuestra Corte Provincial, cuya sede es la ciudad Capital de Santa Fe, ha decidido llevar a cabo este acto de inicio del año judicial aquí en un momento y contexto muy especial, no sólo por el carácter simbólico que conlleva sino por el mensaje que queremos transmitir a toda la Argentina de que estamos juntos para dar cuenta de nuestro compromiso y vocación para asumir el grave problema que afecta a las y los rosarinos, especialmente a los más postergados y desprotegidos, y a comprometer a partir de esta fuerte presencia institucional todos los esfuerzos necesarios para cambiar este presente y proyectar un futuro con más derechos y en paz.   

Desde siempre esta ocasión se ha convertido en el punto de partida para que esta Corte Suprema trace la línea del deber y el haber en la marcha y actuación del Poder Judicial de la Provincia. Con mi limitada capacidad de síntesis he estructurado este cometido en tres grandes momentos. El primero procura dar cuenta, de modo sintético, de lo que hemos y estamos haciendo; el segundo –más breve aún-, marcar debilidades que requieren de la asistencia de los otros poderes del estado provincial; por último, el momento de la reflexión sobre el complejo tiempo que atraviesa al judicial, a la política y a la propia legitimidad y estabilidad democrática y en particular la situación de esta región.
Queremos rendir cuentas de las políticas sostenidas que esta Corte ha iniciado y profundizado en estos últimos años. Son decisiones estratégicas que están por encima de las distintas cosmovisiones que cada uno de nosotras y nosotros tenemos.

I) PLAN DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y OBRAS EN EJECUCIÓN.

Hemos continuado, con el indispensable aporte del Poder Ejecutivo y también de la Legislatura, el ambicioso Plan de Infraestructura Edilicia derivado del Acuerdo que hace años suscribiera el entonces Gobernador Miguel Lifschitz y el Dr. Rafael Gutierrez, en ejercicio de la Presidencia del Tribunal.

En ese marco se concretaron la construcción de los Nuevos Tribunales de San Cristóbal, Reconquista, la climatización integral del Edificio de los Tribunales de Rosario, la adquisición en la ciudad de Santa Fe y de Cañada de Gómez de un nuevo inmueble para el Poder Judicial.

La actual gestión del Gobernador Perotti ha garantizado la continuidad del plan de obras, mientras avanza la terminación del anexo del Palacio de Justicia de los Tribunales Penales de Santa Fe; se continúan las obras del edificio de San Lorenzo y también para los Tribunales de Casilda, tan reclamados por la política y comunidad de esa ciudad, en lugar asignado hace años por el Ejecutivo Provincial, incluido luego en el relacionado plan de infraestructura y cuya localización y afectación presupuestaria fuera aprobada por la Legislatura, con la intervención del Ministerio del Ambiente (400 especies de árboles).

Por su parte el Poder Ejecutivo Provincial, adjudicó el predio que permitirá una construcción para la justicia penal de Venado Tuerto.

II) MEDIACION

Vinculado al acceso a la justicia y bajo las estructuras de dirección y gestión del Centro de Mediación en las ciudades de Santa Fe y Rosario, integrado por funcionarios y agentes judiciales que se desempeñan fuera de horario de trabajo y de modo gratuito, prestando un servicio voluntario y gratuito para las partes, nuestra Corte pionera a nivel nacional ha llegado a capacitar a cerca de 1000 mediadores, existiendo 723 habilitados y distribuidos en todo el territorio provincial.
En el año 2022 se concretaron 6412 mediaciones; 2662 en el ámbito penal y 3750 en el civil.

III) CAPACITACION

Una cuestión relevante es la vinculada a la capacitación y entrenamiento, la que ha sido abierta también a Abogados y otros Auxiliares de la Justicia. Es un objetivo central en la agenda histórica de la Corte, en el convencimiento que no sólo constituye un Derecho sino también un Deber Etico como condición indispensable para garantizar idoneidad y fortalecer la Independencia Judicial que, no por obvio, vale destacar no es un privilegio de los jueces sino una garantía del ciudadano.

El Centro de Capacitación, a cuya dirección e integrantes quiero expresar  nuestro reconocimiento, viene cumpliendo una enconmiable tarea dirigida especialmente a una capacitación operativa funcional.  A los cursos anuales de Magistratura, Periodismo Judicial, Capacitación para Empleados, Informática y Pericias Judiciales, se suman innumerables cursos y talleres sobre justicia penal juvenil, personas con capacidades diferentes y seminarios implementados en convenio con Poder Ejecutivo Provincial sobre las “100 REGLAS DE BRASILIA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD».

Este año nuestra Provincia ha sido elegida por UNICEF para capacitar sobre la problemática de niñez y adolescencia, nuestro curso en el Centro de Capacitación ya cuenta con más de 300 inscriptos; también se encuentran programados para el primer y segundo semestre, un Seminario sobre Protección de Derechos Humanos y un curso sobre Derechos del Consumidor.

Dada la relevancia de la problemática involucrada nos hemos avocado hace años a impulsar un proceso de incorporación de la perspectiva de género en la prestación del servicio de justicia, en tanto la situación desigual de las mujeres constituye un caso especial entre todas las discriminaciones sociales. Acabar con las condiciones que han permitido su desigualdad social y política sería, después de la Liberación de los Esclavos, la Mayor Revolución Emancipadora. Y en ese cometido continuamos año a año con la capacitación en materia de género (Ley Micaela); hemos firmado recientemente un convenio con el Consejo de la Magistratura Provincial para el reconocimiento de nuestros cursos y estamos próximos a firmar un Convenio de asistencia y capacitación con el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia.

Más de 100 integrantes de nuestro poder judicial trabaja gratuitamente en el Centro de capacitación y tanto esa labor de dirección, coordinación como los cursos y talleres se dictan siempre fuera del horario reglamentario de trabajo. En el 2022 la capacitación alcanzó a más de 3200 cursantes.
He dejado pendiente de mención el curso de capacitación organizado para jueces de primera instancia de todos los fueros sobre sistemas de audiencias públicas y orales, admisibilidad de la prueba y audiencia preliminar.
Y me permito aquí una primera reflexión crítica porque jueces y abogados debemos asumir el impacto que la buena o mala litigación tiene en la  trazabilidad de los procesos, los tiempos de la justicia y la calidad de sus decisiones. Y no litigamos demasiado bien. Porque no se asume, por las partes, la necesidad de una oportuna construcción estratégica del caso; ni los jueces la función o rol que deben cumplir, mucho menos cuando la falta de audiencias públicas permite trabajar de espaldas a la gente, de modo cuasi secreto. Reivindicamos el sistema de audiencias públicas y orales pero los jueces debemos internalizar que tenemos una responsabilidad con el caso, dentro de la audiencia pero también por fuera de la audiencia porque la falta de dirección y ejercicio de la función impacta además en todo el sistema de organización y gerenciamiento. No es posible que haya audiencias preliminares que admitan 300 o 700 testigos, sin exigir ni evaluar la pertinencia, la validez y la no sobreabundancia; no podemos asumir que los tribunales colegiados no deliberen porque la deliberación hace a la legitimidad de la decisión, que los jueces de tribunales colegiados actúen por separado como si fueran un juzgado unipersonal, o que las audiencias orales cuyo sentido es la presencia de las partes ante el juez de cuerpo entero sean delegadas a secretarios o empleados o directamente a las propias partes o sustituidas ilegalmente por una minuta escrita; tampoco permitir que el juicio oral se rompa en decenas de audiencias como si no tuviésemos décadas declamando la concentración y continuidad; es inaceptables que haya tribunales que demoren entre 6 meses y hasta 1 año para dar los fundamentos de sus veredictos; que los recursos de apelación se conviertan en un segundo juicio ordinario o los recursos extraordinarios en un tercero. Tampoco es posible admitir sentencias burocráticas o conceptualistas, de 50, 100 o hasta miles de páginas repletas de derivaciones que no guardan relación con el caso, cuando reclamamos lenguaje claro y acceso a la justicia.

Y es un problema cultural que hemos heredado del Derecho Continental Europeo, que nos compromete a todas y todos, y que no es exclusivo de la Justicia Ordinaria ya que sobran ejemplos a nivel federal y en otras provincias, dejando de lado claro está repugnantes casos judiciales de patología institucional donde a la pésima litigación se suman intereses que comprometen la imparcialidad e independencia de los jueces, patologías de las cuales pude decirse que nuestro campo judicial y el de la mayoría de las provincias ha tomado una sana distancia terapéutica.

Viene al caso resaltar la declaración reciente de nuestra Junta Federal de Cortes que frente a hechos que comprometen la función judicial ha reafirmado los principios éticos que deben guiar a la Magistratura y función judicial, particularmente aquellos tendientes a evitar conductas que pongan en crisis la confianza que la sociedad deben tener en sus jueces, porque el Poder Judicial debe ser el último refugio de los Derechos, la Libertad y los valores republicanos. Y no se puede ejercer la función judicial de tal manera que ponga en crisis el fundamento mismo de este Poder”.
Y la cuestión no es banal, porque si no modificamos estos modos de funcionamiento, desde adentro construimos una justicia débil porque sus circuitos de trabajo y sus dinámicas de poder son las que necesitan los actores externos para influir y hacerlas funcionar al calor de las coyunturas y las políticas. He aquí una tradición que debemos revisar y varias cuestiones que debemos poner sobre la mesa de debate.

IV) TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION Y DIGITALIZACION

Procurando avanzar en la necesidad de transparentar los actos del poder judicial continuamos una política de acceso a la información ya no sólo respecto a las decisiones de orden jurisdiccional sino también a los acuerdos de gobierno, habiéndose hecho extensivo el acceso también al público general, a través de página web del poder judicial.
Hemos habilitado un canal de you tube para transmitir los actos institucionales y capacitaciones.
La pandemia, paradojalmente, ha acelerado las innovaciones tecnológicas, ingresando en la actualidad de modo digital a las mesas de entradas únicas o juzgados un 85 % de los más de 13.000 escritos judiciales diarios en toda la provincia. Asimismo, se ha ampliado el sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos con Firma Digital”, En la actualidad, se remiten electrónicamente 3100 cedulas por día (dos tercios entre profesionales y un tercio de oficio desde el órgano jurisdiccional), lo que hace un total de 670.000 cédulas anuales.
Se ha implementado el sistema de pagos web con el Nuevo Banco de Santa Fe y el Banco Municipal de Rosario. Esto facilitó el libramiento de órdenes de pago 100% on line, por una suma mayor a los 9.000 millones de pesos durante 2022.
Ya hemos logrado vincular al sistema de gestión del Poder Judicial, a otros órganos del estado tales como el Boletín Oficial, el API, las Municipalidades de Santa Fe y Rosario, el Colegio de Escribanos; el Registro de la Propiedad; y 9 Colegio de Peritos Profesionales de distintas especialidades.
Y recientemente hemos implementado a modo de experiencia piloto la digitalización plena en procesos de apremios fiscales y en los casos de las Oficinas de Procesos Sucesorios de Santa Fe y hace dos días en la de Rosario. En esta última hemos además recompuesto su estructura a través de una redistribución de recursos humanos y en base al criterio que habilita por razones de servicio a racionalizar recursos atendiendo especialmente a la carga de trabajo.
Estos avances no impiden una segunda reflexión crítica, debemos mejorar notablemente la performance del sistema especialmente hacia adentro de los operadores. En unidades jurisdiccionales con elevada carga de trabajo, enfrentamos inconvenientes de funcionamiento. En ese sentido y guiados por el objetivo de la total despapelización, debemos hacer más amigable la funcionalidad del SISFE, ampliar la capacidad de los archivos a subir al sistema y evaluar la ampliación del horario para los profesionales, cuanto menos durante los días hábiles. Debemos además generar un sistema de producción de información que nos permita visualizar, de modo amigable y en tiempo real, el estado de situación de los distintos fueros. La información y su acceso son condiciones indispensables para generar estrategias y desarrollar políticas que apunten al fortalecimiento de la independencia judicial, principal función de gobierno, y a una mejor prestación del servicio de justicia.
Todo ello nos obliga a discutir decisiones estratégicas como las relativas a incorporar programadores propios que dependan del poder judicial y que sólo lleven a tercerizar determinados servicios, de modo de recuperar para la Corte el gobierno del sistema.
En ese camino debemos darle operatividad a la Comisión para la Implementación de Nuevas Tecnologías informáticas, creada por la Corte en el año 2020 e interactuar con la Federación de Colegios de Abogados.
También estamos trabajando en dotar a la todavía joven Justicia Penal de un Sistema Informático que por diversas razones no pudo concretarse oportunamente: es una deuda pendiente y una necesidad para articular a los distintos actores involucrados. En ese camino hemos firmado hace pocos días un convenio de asistencia recíproca, sin costo alguno, con el Poder judicial de Tucumán, que cuenta con un diseño apropiado y un Sistema de Justicia Penal como el vigente en Santa fe.

V) EL NUEVO MODELO DE INVESTIGACION Y ENJUICIAMIENTO PENAL

Probablemente uno de los mayores logros que debemos consolidar y mejorar tienen que ver con el nuevo modelo de investigación y enjuiciamiento penal y con la prueba piloto en oralidad civil ya implementada en la mayoría de los tribunales civiles de la provincia. No sólo se trata de recuperar un modelo constitucional de proceso a través de un sistema de audiencias públicas y orales sino además un modo de transparentar y dar publicidad a la función judicial y evitar una de las más graves lesiones la independencia interna por vía de ese mal endémico y naturalizado que es la delegación funcional. También es un modo de favorecer la participación ciudadana.
Sin embargo, como veremos, la reforma penal debe evitar ser neutralizada por decisiones contra reformistas, por distorsiones operativas y malas prácticas de los operadores; debe corregir muchos déficits y al mismo tiempo garantizar la plena autonomía de un actor político criminal clave, como es el MPA y a la par el SPPD; del mismo modo, la prueba piloto en oralidad debe asumirse como el principio, no como el final, sino sólo como el principio  de una profunda y radical reforma de la justicia civil.

A la hora de los reclamos, que de algún modo pueden paliar muchos de las debilidades que relacionaré, y siempre en el marco del respeto por el diálogo interinstitucional y la división de poderes, hemos relevado problemas que afectan primordialmente el acceso a la justicia de sectores desprotegidos, que obstaculizan una adecuada política judicial contra la violencia de género y la violencia familiar, que compromete tanto a las Defensorías Civiles, Oficina extrapenal de violencia y en particular la justicia de familia, así como en algunas de nuestras circunscripciones a la justicia laboral y, en algún caso puntual, a juzgados multifuero del interior de la provincia.
La falta de reformas estructurales en términos de una justicia del siglo XXI nos coloca en situaciones críticas como la que deberemos afrontar en los juzgados de Reconquista, donde quedarán sólo 2 de los 3 juzgados civiles, más la vacancia del juzgado laboral y la suspensión de la jueza de familia. No es poco, más si se repara que tramita allí el concurso más grande del presente judicial argentino.
No es este el momento de una relación circunstanciada; hemos procurado una agenda de reuniones para plantear y debatir muchas de estas cuestiones pero necesitamos ampliar y fortalecer nuestros recursos humanos primordialmente en áreas interdisciplinarias (sicólogos, asistentes sociales, sicoterapeutas, entre otros) para integrar gabinetes interdisciplinarios con proyección a los casos de familia, jóvenes, niñas y adolescentes, operadores expertos en cámara gessel, recursos calificados para equipos de evaluación de riesgos en casos de violencia, peritos en economía, informática y otras áreas que dependan del poder judicial, así como el  cumplimiento de lo ya creado en la Reforma Laboral (Ley N° 13.840), que es el traspaso de los cargos de Jueces Conciliadores, Conciliadores Laborales y Peritos Médicos.
Finalmente, no puedo dejar de mencionar, la necesidad funcional que exige la cobertura de vacantes tanto en el Judicial (41 vacantes), como en el M.P.A. (18 fiscales titulares y 54 adjuntos), el S.P.P.D. (14 cargos), los cargos del Organismo de Investigaciones y los 115 cargos de jueces conciliadores. Sabemos de los esfuerzos de los actores institucionales, pero esperamos que la dinámica electoral no impida la mayor celeridad en este cometido.

Ha llegado el momento de la reflexión sobre los problemas y los desafíos que enfrentan los poderes  judiciales, sobre los caminos posibles para tener justicia santafecina abierta a la sociedad y propia del siglo XXI, aunque mis consideraciones tengan de inicio un carácter más general.
Y es aquí donde solicitaré alguna dispensa a mis colegas, en tanto cada uno de nosotros –y me parece bueno que así sea- parte de una opción valorativa que condiciona la visión de las distintas dimensiones (política, organizacional y funcional) del judicial como poder y como servicio e incluso sobre el sentido de las normas jurídicas.
Y estas reflexiones, dada mi pertenencia universitaria, obliga a partir de un marco conceptual.
Es que ni los datos de la realidad o los saberes que pretenden explicarlo, ni mucho menos las políticas públicas que comprometen a los poderes del estado y con ello al judicial, pueden analizarse por fuera de un contexto político, económico y social y, particularmente, de la dinámica de poder en un momento determinado.
El contexto, por todos conocidos, lo marca este nuevo fenómeno de poder planetario que es la globalización, que reconoce como fuente una revolución tecnológica que es a la vez una revolución comunicacional e informática sin precedentes. Los avances científicos y tecnológicos han alcanzado niveles inimaginables, pero conviven en la actualidad con enfermedades como la tuberculosis, la diarrea o el sarampión que junto al hambre llevan muerte a miles de niñas y niños en el mundo. Tenemos la sensación, al decir de dos sociólogos brasileños, de vivir el siglo XIX y el siglo XXI al mismo tiempo.

Y al igual que la Revolución Mercantil o la Industrial cada uno de estos momentos, explica Humberto Eco, ha generado una comprensión del mundo y un discurso legitimante y deslegitimante, con integrados y apocalípticos. No pretendo ser apocalíptico pero, en cualquier caso, y en lo que más toca a los países del margen, la más elemental manualística, europea o americana, y los datos de organismos internacionales, incluidos el propio Banco Mundial, dan cuenta de un orden caracterizado por una fuerte concentración y acumulación de capital, un desplazamiento del capital productivo al capital financiero, un fuerte proceso de exclusión y marginalidad social: disparidades hirientes, en expresión de Francisco y una pérdida de autonomía y de capacidad de intervención del estado en los conflictos de la mano del debilitamiento de la política y los partidos políticos, que han perdido su función tradicional de canalización de la  voluntad de la gente al haber sido desplazados por los medios masivos de comunicación.

La pandemia del Covid, con todas sus consecuencias, alguna de ellas paradojales, caracterizada por la ciencia social como un hecho social total, no ha hecho más que profundizar y visibilizar muchos de los déficits del mundo globalizado.
Por caso, con la pandemia 200 millones de personas perdieron sus empleos pero 650 ultra millonarios incrementaron su riqueza en más de un trillón de dólares.

El 1 % de la población mundial concentra más del 50% del PB mientras que el 80% de la población participa sólo del 5%; más de 900 millones de personas pasan hambre en un mundo que produce alimentos para que todas y todos seamos obesos; el dinero sucio se calcula en una cifra superior a la suma del P.B. de EE.UU. y Japón; la criminalidad de escala internacional (tráfico de drogas, armas, trata de personas) moviliza anualmente sumas billonarias en dólares que se lavan en los paraísos fiscales que gozan de buena salud en los países del norte. El 40% de las ganancias de las multinacionales, que se estima en 700.000 millones de dólares va anualmente a guaridas fiscales y se calcula en 200.000 millones de dólares la pérdida que causa la evasión reciclada a los países que la sufren (algunos pensarán de qué nos habla este juez, veremos que nada de esto es inocuo o extraño: de hecho, Argentina está en el podio y ocupa el 3er lugar en sociedades off shore en el mundo). Según el Banco Mundial hay un orden económico internacional dominado por 500 trasnacionales que controlan más del 54% del PB mundial (más de la mitad de toda la riqueza producida en el planeta). A veces la realidad molesta pero no por ello podemos ocultarla.

Este es el mundo que vivimos. A algunos les gustará, a otros les resultará indiferente e incluso funcional pero nada de este contexto es neutro, en tanto el impacto se proyecta en todos los órdenes y ámbitos incluso en las políticas de seguridad, la política criminal, la judicial y hasta en las construcciones conceptuales del derecho que aplicamos los jueces, aquí y en toda la región.
Es la desigualdad social diría un ex Presidente Estadounidense, tanto que un famoso juez de la Corte de ese país del norte supo, acertó en afirmar que EE.UU. podía tener democracia o profundas desigualdades sociales pero nunca las dos cosas a la vez.

Dentro de ese marco, y aún antes de la pandemia nos advertía Ferrajoli que asistimos a un proceso deconstituyente del derecho y de los sistemas políticos. A nivel internacional por la reivindicación de la guerra como medio de solución de conflictos y especialmente, por el desarrollo de poderes económicos desregulados y salvajes.
A nivel nacional, ese proceso deconstituyente se traduce en la crisis –tal vez histórica- de la legalidad (Sino un país al margen de la ley; Binder la fortaleza de la inquisición la debilidad de la república), en una profunda crisis de la representación, y especialmente en el fenómeno de fuerte concentración mediática y consecuente debilitamiento de los partidos políticos, así como la expulsión de los principios constitucionales del ámbito de la política.
En cualquier caso, en ese contexto tanto la política como el judicial nos muestran dos realidades atravesadas por una crisis común de legitimidad y confianza (la falta de confianza en la justicia es un veneno para la democracia supo advertir el siempre recordado Leandro Despouy, en su paso como Relator Especial de UN sobre independencia de los jueces).
Precisamente, se ha dicho que la calidad de la democracia depende en la actualidad de dos campos: el campo judicial y el de la comunicación. Una democracia de calidad necesita una justicia independiente y una prensa independiente. Y creo que en todos esos campos tenemos problemas. No voy a referir a los medios, sólo advertir el peligro para las instituciones que deriva de la posibilidad de acumular sin límites televisión, diarios, radios, cables, internet, redes sociales, como no ocurre en ningún país desarrollado del mundo occidental.  No por compromiso, cabe  -como también ocurre con el judicial- señalar que a diferencia de la banalización y marketinización de la violencia, de las opiniones livianas producto de meras especulaciones o funcionales vaya a saber a qué interés propias de otros lugares y medios de comunicación, tenemos en Rosario y, en general, en la provincia, periodistas profesionales y responsables que sin dejar de informar nos muestran también un análisis profundo y propositivo de los problemas que nos afectan. A ellos nuestro reconocimiento.  Porque la seguridad también está estrechamente vinculada a la comunicación.
Y en tren de precisiones valen también otras.
Porque la Justicia es un valor; de lo que debemos hablar es de los poderes judiciales y en la programación institucional argentina, dejando de lado la muy peculiar cuestión vinculada a la justicia de C.A.B.A. (lugar por cierto muy particular, donde no hay campos, ni vacas, tampoco soja o trigo, ni fábricas, ni siquiera cárceles, cuenta con la policía mejor paga del país y el más alto ingreso per cápita, y hasta reciben un aumento del coeficiente de coparticipación en materia de seguridad por vía de una cautelar judicial que la justicia jamás otorgó a las provincias de San Luis, Córdoba o Santa Fe; un dato anecdótico a propósito de lo dicho por el papa Francisco sobre la necesidad de un federalismo sano), nuestra programación institucional reconoce dos grandes campos: la justicia ordinaria que capitaliza el más alto porcentaje de la conflictividad del país y la federal prevista para supuestos graves y excepcionales. De este modo, existen varios poderes judiciales y dentro de ellos personas con cosmovisiones diversas, todo lo cual torna impropias las generalizaciones o reducciones simplistas, a las que repetidamente acuden los medios masivos de comunicación e incluso algunos académicos que frente a cualquier decisión errada o no, de un juez en Jujuy, Neuquén o Comodoro Py, descalifican a la Justicia.
Lo dicho no invalida admitir que la estructura y los modelos de organización judicial mayoritarios en el país, así como las prácticas y los discursos, los procesos de gestión y hasta los modos de litigación han quedado fuera de tiempo al no haberse transformado especialmente en el poder judicial federal, ni los fueros no penales de muchas provincias.
Esta diversidad tampoco impide reconocer que esos poderes judiciales presentan vicios y debilidades comunes; que existen patologías institucionales que degradan a la República, la división de poderes y la legalidad y que los integrantes de los poderes judiciales, tenemos serias dificultades para reconocer que la ciudadanía no confía, nos guste o no, tenga fundamentos o no, en el servicio de justicia.
Estimo que muchos de esos problemas estructurales y comunes tienen una genealogía que nos vincula;
1) A matrices históricas envejecidas institucionalmente (refiero a la dimensión organizacional de la mayoría de nuestros poderes judiciales: estructura feudal de juzgados, procesos de gestión y trabajo rutinarios y burocratizados, modos de litigación anticuados con eje en el expediente de papel o en el expediente de PDF (neo-escriturismo).
2) De otra parte, para peor, lo torcido en la justicia tiene pasado. La acordada del año 1930, dictada sin caso, para validar un facto que impuso el estado de sitio y la ley marcial, que suprimió el Congreso y destituyó al presidente democrático y popular Hipólito Yrigoyen, que encarceló a don Hipólito y hasta a su abogado defensor, lo fue a cambio de dejar intacto un poder judicial que aceptó validar la usurpación a cambio de permanecer intacto.
3) Al hecho que hasta hace unos años hubo compromiso de algunos poderes judiciales con la violación sistemática de derechos humanos durante el terrorismo de estado.
4) Más recientemente, la pretensión de colonización de sectores del poder judicial para convertirlo en un campo de lucha político partidaria y fenómenos de patología institucional que han potenciado especialmente a nivel federal, la judicialización de la política y la politización de la justicia, patologías que han merecido el cuestionamiento severo del Papa Francisco en la Cumbre Iberoamericana de Jueces de 2019.
Lo dicho abunda para justificar como debate excluyente en los tiempos que corren la necesidad de una profunda reforma judicial que permita recuperar un proyecto institucional de justicia pública y democrática no sólo en materia penal sino en todos los fueros.
Si pensamos en la justicia penal el avance a los sistemas acusatorios nos proporciona herramientas para reducir muchos de esos defectos y problemas estructurales. En general las provincias han estado a la vanguardia de estas reformas.
Entre ellas la nuestra. Hemos recuperado el modelo de justicia pública; transparentado la función judicial y terminado con el mal endémico a la independencia judicial como es la delegación de funciones (ello a través dela supresión del expediente y la implementación de  un sistemas de audiencias públicas y orales); hemos perforado la base del sistema de organización con la supresión de la estructura feudal de juzgado y la organización de estructuras flexibles como son los colegios de jueces; la separación tajante entre funciones jurisdiccionales y de gerenciamiento con la creación de oficinas de gestión judicial; además se ha recuperado el M.P.A. como actor político criminal con una nueva organización y dinámica pensado como actor central en el diseño de una política de persecución penal estratégica y no caso por caso; y una Defensa Pública entrenada y organizada a modo de gran estudio jurídico.
¿Hay problemas? Sí y muchos, no por el modelo sino por las malas prácticas, los riesgos de burocratización y también de colonización política especialmente del MPA. Tal vez hemos fallado al no pensar en una articulación interinstitucional que posibilitara un permanente monitoreo y control de gestión de la implementación.
¿Hay asimetrías? Sí, porque Santa Fe es una provincia extensa con particularidades disímiles, aunque Rosario concentra el sesenta por ciento de los casos de la provincia y tiene un promedio de setenta audiencias orales por día, en horarios matutinos y vespertinos y en días inhábiles.
Como si fuera poco, una deuda enorme: el juicio por jurados populares. A pesar que todas y todos, salvo pocas excepciones, se manifiestan públicamente en favor de la intervención del pueblo en el único poder monopolizado exclusiva y excluyentemente por abogados, al momento de decidir los proyectos no se tratan.
A pesar de todo ello, por primera vez se ha perforado, en alguna medida, la selectividad estructural del sistema penal y se ha avanzado sobre sectores y capas sociales que antes eran invulnerables. No sólo estructuras u organizaciones delictivas vinculadas a mercados y economías delictivas (generadoras -además- de niveles de violencia inusuales) e integradas incluso con sectores de la agencia policial sino también sobre sectores del poder real e incluso sobre integrantes del propio M.P.A.
Las amenazas y balaceras a nuestros fiscales, jueces y tribunales, únicas en la historia judicial argentina dan cuenta de ello. Sin perjuicio del reconocimiento a tantas y tantos fiscales, juezas y jueces me permito la licencia del reconocimiento a la labor de la agencia fiscal de criminalidad organizada y delitos complejos. Todas y todos han demostrado responsabilidad, independencia, idoneidad y el temple suficiente como para asumir riesgos que no cualquiera estaría dispuesto a asumir.
A nivel de la justicia penal federal, ya nadie puede, seria y responsablemente negar la necesidad de una reforma en todos sus niveles y estructuras.
A 40 años de recuperada la sensatez y la vocación jurídica por la libertad, después de la noche más negra de la historia argentina, vale recordar que fue precisamente Alfonsín quién, además de diseñar la estrategia institucional que derivó en el histórico juicio a las juntas militares, advirtió ya en aquella época, y de la mano de Carlos Nino, que Argentina necesitaba una profunda  reforma democrática de la justicia federal y, por otro lado, la necesidad de repensar sus estrategias de seguridad al moverse la nueva criminalidad por móviles de lucro en la forma de mercados ilegales o economías delictivas.
Lamentablemente, el contexto por todas y todos conocidos, le impidió avanzar sobre esos proyectos estratégicos y de hecho la reforma Maier sucumbió y fue desechada durante el gobierno posterior. Cuantos problemas nos hubiésemos ahorrado, especialmente en un sector de la Justicia Federal -tan socializada-, de haberse avanzado a un modelo acusatorio, que recién fuera sancionado en 2014 por Ley N° 27.063 pero cuya implementación fue reprogramada ante la resistencia de esos mismos sectores.
Pero la reforma de la justicia federal exige modificar también la propia Ley  N° 27.063 para posibilitar una estructura jurisdiccional más flexible, separar nítidamente la función jurisdiccional y la de gerenciamiento y suprimir el esquema ortodoxo e inconveniente de jueces de garantía, jueces de juicio y jueces de revisión.
También se trata de reformar y actualizar el modelo de organización del Ministerio Público Fiscal. Es insostenible mantener la estructura de fiscales de la investigación, fiscales de juicio y fiscales de revisión. Es necesario recuperarlo como actor político criminal central para el diseño de una política de persecución penal estratégica y dotarlo de capacidad investigativa con recursos humanos y tecnológicos. Debe legitimarse el cargo de Procurador, discutir la periodicidad del mandato y la designación de un procurador por el mecanismo vigente o que se implemente legalmente, siguiendo en esto el antecedente de la mayoría de las provincias argentinas e incluso de C.A.B.A., cuyo fiscal general dura 6 años en el cargo. La periodicidad de los Procuradores o Fiscales Generales responde a la naturaleza y funciones propias del cargo y constituye el primer filtro o control (no el único) al poder que en los modelos acusatorios se adjudica al órgano encargado de la persecución penal.
La Reforma del Sistema de Justicia Federal demanda también repensar la integración, funciones, sistema de selección y remoción propios del actual Consejo de la Magistratura, cuyo nivel de ineficiencia no puede naturalizarse sin daño irreparable al sistema republicano. No podemos aceptar la inactividad continua de la C.M. y menos aún naturalizar la metafísica del Juez Subrogante o del Juez trasladado o la generalización del modelo de subrogancias.
Y lo dicho no es extraño a esta instancia. Precisamente esos déficits institucionales son los problemas que la política nacional debe asumir, en parte, para paliar la escasa capacidad de rendimiento de la justicia penal federal con jurisdicción local, que no es responsabilidad de sus actores sino de un diseño desafortunado (una pirámide invertida) y de la permanente postergación de la implementación del acusatorio y la cobertura de vacantes. Basta señalar que luego de casi 4 años de vacancia recién en estos días la Procuración llamó a concurso el relevante cargo de Fiscal general de Rosario y también reconocer que el acuerdo político de nuestros representantes ha posibilitado la presentación y tratamiento la ley de fortalecimiento de la justicia federal.

Pero también debe debatirse necesariamente la Reforma de Integración y Función de la C.S.J.N., cuyo diseño y atribuciones son únicos en el planeta, en tanto ningún país desarrollado concentraría en sólo 5 personas la función de control de constitucionalidad, la revisión de cualquier sentencia de cualquier tribunal, de cualquier fuero del país por vía de arbitrariedad (algo más del 90 % ciento de los casos que resuelve), el gobierno del poder judicial y también la presidencia del CMN. ¿Puede naturalizarse que cinco o cuatro jueces, sumamente calificados en sus antecedentes por cierto, puedan igualmente estudiar y resolver casi 17.000 o más casos por año?

Seguramente no se conoce que nuestra Corte Nacional, no sólo es la más reducida de los países occidentales, sino que –y sin perjuicio de los distintos modelos y competencias recursivas- la más chica de toda la República Argentina.
A 40 años de la recuperación democrática todo lo expuesto nos interpela sobre la necesidad de completar, paradojalmente, la Reforma Constitucional de 1994 que, precisamente, derivó al Acuerdo Legislativo del Congreso Nacional la regulación de la mayoría de estas instituciones.
Una Reforma Democrática que apunte a Recuperar un Modelo Constitucional no puede marginar el sector más relevante de los poderes judiciales: la Justicia Civil (incluido el Fuero de Familia), Comercial y Laboral.
Y aquí una digresión. nuestra Constitución Nacional habilita la pena y la política criminal pero no la fomenta.
Por ello la legislación penal debería ser fragmentaria y reducida, porque la pena no integra, ni cohesiona, ni estabiliza; lo cual no impide afirmar que quién comete un delito debe, previo juicio, responder y cumplir la pena.
Pero la reforma de la justicia madre es trascendental porque ella sí tiene capacidad e idoneidad para estabilizar socialmente, para resolver conflictos, pero también para dar mensajes de tolerancia social, de responsabilidad social, lo cual resulta imprescindible en la construcción de ciudadanía y de una sociedad responsable. Pero para ello debemos ver y saber qué resuelven los jueces civiles, y ello sólo es posible en un sistema de audiencias públicas y orales.
La inversión tecnológica ha resuelto muchos problemas a los litigantes, pero no ha alterado la trazabilidad de los juicios y posterga una vez al principal destinatario, las y los ciudadanos.
Con papel o PDF los sistemas de justicia civil –en general- son Disneylandia de los trámites y necesitan una profunda transformación: flexibilizar sus estructuras, modificar sus procesos de gestión, cambiar los modos de litigar, transparentar y dar publicidad a sus actos.
Nosotros hemos comenzado con la prueba piloto en oralidad; debemos avanzar en esos otros tópicos y discutir la reforma procesal civil para contar con herramientas que faciliten esos cambios.
Lamentablemente ni la política, ni el judicial, ni la academia, han reparado en el impacto que la dimensión organizacional, los procesos de gestión y hasta los modos de litigación tienen en la reconstrucción del sentido de las normas y en los modos de intervención en los conflictos.
No puedo omitir aquí la incidencia de estas propuestas en la consolidación y fortalecimiento de la independencia judicial.
Sin embargo, tal vez no exista una consciencia clara interior de las instituciones judiciales, aunque muchos funcionarios y jueces la tienen, y tampoco al interior de la abogacía respecto de este papel relevante donde lo que hagamos con los Poderes judiciales no son solo problemas procesales, sino que son problemas esencialmente políticos, institucionales que tienen que ver con algo más profundo que es darle calidad a nuestra democracia.
Es que las reformas judiciales no se agotan en una cuestión normativa. Las reformas judiciales son un problema esencialmente político e ideológico; también un problema cultural. No se trata de una cuestión técnica ni mucho menos procesal y por ello hay resistencias y falta de consensos. Porque lo que estamos discutiendo es poder; una nueva concepción de ejercicio de poder hacia afuera y hacia adentro.
Es en este marco que cobra relevancia la independencia de los jueces, la comprensión de lo que llamamos la imparcialidad y la autonomía de fiscales y defensores.
Independencia que es condición de la imparcialidad y de la garantía del debido proceso y que es consustancial a la jurisdicción porque un juez independiente es una tautología y un juez no independiente es una contradicción en los términos.
Más la independencia no se agota en un concepto ingenuo del juez aséptico centrado en el microlitigio o en la visión corporativa donde se la invoca como pretexto para la defensa de derechos y a veces de privilegios; hay un concepto republicano y democrático donde destaca la responsabilidad política a través de un desempeño activo; donde la responsabilidad funcional se presenta como la contracara de la independencia y es ajena a toda concepción corporativa, en tanto el corporativismo, a partir de su aislamiento, no admite controles ni rendición de cuentas.
Independencia e imparcialidad aun contra los intereses de toda una comunidad.
He dejado para finalizar el problema que nos compromete en esta región.
Un problema complejo, el de la seguridad que obliga a algunas precisiones conceptuales. Entre ellas, la necesidad de contextualizar los fenómenos en términos temporales y espaciales. No sólo dentro del extenso territorio nacional (donde la tasa promedio de homicidios alcanza los 4.6 cada 100 mil habitantes y, a modo de ejemplo, registro en todo el 2022, 28 secuestros extorsivos en todo el país contra 227 en 2016 o  185 en  2017) sino incluso dentro del territorio provincial donde son tan diversas las realidades como que los 288 homicidios dolosos de Rosario (con una tasa de 22,6 cada 100 mil, la más alta del país), superan en mucho los 66 homicidios ocurridos en la ciudad capital, los 4 homicidios ocurridos en 2022 en Rafaela o los 2 homicidios en Venado Tuerto. No es consuelo para los rosarinos que Montevideo haya tenido en igual período 367 homicidios dolosos o, como se publica en una nota de opinión de un reconocido periodista y cientista político rosarino, que Chicago haya alcanzado una tasa de 27 cada 100 mil con casi 700 homicidios o Filadelfia llegado a 32 homicidios cada 100 mil habitantes.
Lamentablemente Rosario presenta características especiales entre las que destaca que prácticamente más del 72 % de esos homicidios están asociados a economías delictivas o de organizaciones criminales, sólo un 4,9% son en ocasión de robo, y cerca de un 80% se han cometido mediante el uso de armas de fuego, resultando que un alto porcentaje de homicidios, junto a extorsiones, balaceras y otros delitos han sido ordenados directamente desde las cárceles provinciales o federales.
Como todo problema social obviamente quiénes más resultan afectados por este estado de cosas, son los mismos sectores más desprotegidos, tanto que la violencia letal se concentra en apenas el 13 % del territorio urbano, en barrios donde predominan jóvenes desempleados a los que la cronicidad en la marginalidad junto a la falta de contención de un entorno familiar pauperizado les ha quitado toda perspectiva de futuro. Es que en una sociedad postindustrial el desempleo no es sólo un atentado a la subsistencia sino, más grave aún, a la construcción de identidad. Y esto bajo ningún punto de vista supone equiparar pobreza con delito; hablamos de exclusión y marginalidad, que es algo distinto. Por su parte, el delito, existe en todas las capas sociales, aunque se visibiliza más en sectores de menores recursos como consecuencia natural de la selectividad estructural de los sistemas penales. Una vez más las disparidades hirientes como diría Francisco.
La crisis de seguridad no es nueva, aunque tiene una marcada tendencia a agravarse y complejizarse. El delito y su control deben ser abordados en su conjunto y en término de procesos históricos. Por un lado, la policía, los fiscales y la justicia, también la cárcel; por el otro, los mercados locales de drogas, sus vinculaciones con los mercados legales y especialmente la dimensión financiera (lavado), las armas y la violencia asociada a estos fenómenos.
Pero la violencia en Rosario no se explica, como erróneamente se pretende, por el narco; no es que no haya tráfico o que no necesitemos inteligencia criminal y capacidad de respuesta de las fuerzas y justicia federales (Rosario está en un enclave estratégico entre las rutas 11, 34 y 9 y la hidrovía, para peor en un contexto de ausencia regulatoria del estado); el problema de Rosario en términos de vidas humanas, es el floreciente mercado local de menudeo de drogas, la tremenda violencia de las organizaciones que lo gerencian y los enormes déficits de una estructura policial fuera de tiempo que ha favorecido la connivencia de algunos integrantes de la fuerza comprometidos o directamente asociados a esas organizaciones criminales, tal como surge de numerosos procesos judiciales y sentencias de nuestros tribunales penales. Y aun cuando allí está la genealogía de esta complejidad, que no es nueva sino que lleva años, lo cierto es que la pérdida de hegemonía de algunas de estas bandas y las permanentes disputas territoriales violentas nos enfrenta hoy a un escenario de bandas criminales polirubros, que aprovechan su expertise en el despliegue de violencia y el fácil acceso a armas y municiones, no sólo para disputar el mercado interno de drogas sino también para extorsionar a empresarios y comerciantes, usurpar viviendas y venderlas y cometer todo tipo de delitos. En el escalón final la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevada adelante por nuestros fiscales.
A este estado de cosas se llegó por falta de políticas públicas que debemos asumir como responsabilidad de los distintos poderes y especialmente de nuestras diferentes condiciones políticas.
Ello nos obliga a reflexionar sobre una nueva lógica. No se trata sólo de más policías, patrulleros o tecnología, no es –por cierto- un problema cuantitativo. Del mismo modo, tampoco podrá aprovecharse la designación de más fiscales federales si no se modifican sus procesos de trabajo, sistema de investigación y enjuiciamiento. Por su parte, y reparando en la historia, la ocupación territorial por fuerzas federales podrá traer un apaciguamiento temporario, cuanto menos hasta tanto permanezcan, pero es ese el tiempo urgente que debemos aprovechar para ajustar muchas variables que nos competen a los poderes públicos y a los actores políticos e institucionales de la provincia, fundamentalmente para construir más estado, más institucionalidad porque sólo con un estado fuerte, con instituciones fuertes y con decisiones políticas de consenso podremos afrontar el desafío que tenemos por delante.
Asumir cabalmente que con el dolor y el sufrimiento de los rosarinos no se pelean los votos.
Y esto nos exige mucha generosidad y solidaridad, especialmente con nuestras víctimas y sus familiares y con todas y todos las y los santafecinos. No pretendo ser autoreferente pero recuerdo una nota en un medio de gran circulación local, el 3 de febrero de 2013: “la política partidaria y los poderes estatales debemos admitir la gravedad del problema y generar acuerdos por fuera de la agenda electoral, con una vigencia temporal que vaya más allá de tal o cual gobierno. Pero un acuerdo presupone compartir el diagnóstico y elaborar un programa claro y perdurable” (paradojalmente ese año 2013 registro una tasa de 270 homicidios cada cien mil habitantes).
Este es el camino, el único posible, y nos remonta necesariamente a la política.
En ese contexto, destaco el diálogo interinstitucional que se ha generado, las iniciativas del gobierno provincial, la necesidad de dar operatividad como se viene haciendo a la junta de seguridad, el acuerdo político para el fortalecimiento de la justicia federal, las iniciativas y trabajos que el gobierno municipal ha aportado y compartido y que viene realizando en el marco de su competencia, así como la creación de la agencia municipal y especialmente de una agencia de la U.I.F. en Rosario que deberá rápidamente articular para generar una gran base de cruzamiento de datos y trabajar coordinadamente con fiscales provinciales y federales. No podemos perder de vista que la violencia es también un negocio.
De nuestra parte hemos instado a la diversas agencias a trabajar coordinadamente, mejorar la capacidad investigativa, producir capacitación y fortalecer el equipamiento criminalístico para mejorar la calidad y resultados de las investigaciones.
También nos hemos reunidos con el rector de la U.N.R. y tenemos pendiente articular con la U.N.L.; el aporte de nuestras universidades, como centros naturales de producción de conocimiento, es vital; es que no podemos prevenir lo que no conocemos y uno de los grandes déficit en materia de seguridad ha sido la falta de investigación de campo no sólo en términos cuantitativos sobre lo que hoy hemos avanzado bastante sino también en términos cualitativos. Quiero destacar que, si bien la U.N.L. ha comenzado hace unos años un ciclo de complementación en Licenciatura en Seguridad, en un esfuerzo conjunto de las dos universidades estatales de la provincia, se está trabajando en la implementación de una Diplomatura en Seguridad, mientras el rector de la U.N.R. ha manifestado la intención de priorizar dentro de los programas de investigación el problema de la seguridad en la región.
Y como dije la necesidad de construir una fuerte institucionalidad nos lleva necesariamente a la política y allí –y más allá de las responsabilidades del estado nacional y de la situación de la justicia federal- existe una amplia agenda pendiente que va desde la necesidad de la Reforma Constitucional Provincial (una de las 2 no reformadas), la reforma policial, la creación de una policía de investigación dependiente de los fiscales como parte de aquella reforma, la garantía de plena autonomía al M.P.A. que ha sido legislativamente debilitada, las intervenciones e inteligencia en el sistema penitenciario, la modificación del sistema de integración de los jurados para la selección de los responsables del M.P.A. y el S.P.P.D. para garantizar la mayor idoneidad y expertice en dos instituciones claves y la necesidad de adoptar completamente el modelo constitucional mediante la implementación del juicio por jurados populares, sobre cuya habilitación ya no quedan dudas a la luz del fallo Canale de la C.S.J.N.
Sin embargo, todo ello y muchas otras necesidades e iniciativas que por razones de tiempo no podemos desarrollar, para enfrentar esta crisis del gobierno de la seguridad, que nos obliga a recuperar el control del territorio, pacificar los barrios, reducir daños, no puede eludir reflexionar sobre la inconveniencia de pensar los problemas sociales (como la inseguridad) sólo desde la lógica de la intervención punitiva; no sólo por el compromiso con la ampliación de derechos y ciudadanía, con una sociedad más justa e igualitaria sino porque la solución punitiva ya ha colmado nuestras cárceles en un 90% con jóvenes y adultos de entre 18 y 30 años, generado hacinamiento y sobrepoblación carcelaria por encima de los estándares internacionales y con responsabilidad internacional del estado. Paradojalmente, la conflictividad es cada vez mayor y más compleja. Como si fuera poco, este crecimiento exponencial de la tasa de encierro ha generado otro problema para la seguridad, precisamente, en el gobierno de la cárcel y en la protección de los derechos.
Quiero finalmente transmitir que no hay ninguna lucha perdida en nuestra provincia y en nuestra ciudad, ni tampoco vamos a resignarnos ante la dinámica de un año electoral. Nos afecta, nos preocupa y nos ocupa un grave y complejo problema pero todas y todos los santafesinos y en particular los rosarinos estamos dispuestos a cambiar el presente. Rosario necesita de todas y todos, de los distintos niveles de los poderes públicos, de todos los espacios políticos, de nuestras universidades, entidades intermedias y organizaciones sociales.
Reconocer el problema es el presupuesto necesario para diseñar estrategias que apunten a su solución. Reconocer la complejidad, nos permite descartar soluciones simplistas y demagógicas que no solo no lo resuelven, sino que desestimulan la búsqueda de soluciones reales.
Por ello, el plan de acción debe necesariamente ajustarse al mandato constitucional y a ese pilar básico de la democracia argentina que, con el consenso multipartidario, institucionalizó las leyes de defensa nacional, de seguridad interior y de inteligencia, advirtiendo que la violación de cualquiera de ellas pone en riesgo la estabilidad democrática y que la apelación excluyente a las instituciones de la política criminal y, peor aún, la eventual militarización de la seguridad, nos coloca en el riesgo cierto de comenzar a caminar hacia el precipicio.
El sociólogo brasileño Michael Misse, quién se dedicó por años al fenómeno de la violencia, constató que las personas más expuestas a la violencia, infringiéndola o padeciéndola, son víctimas de una acumulación social de desventajas y si no trabajamos para moderar estas desventajas no habrá motivos para que la violencia cese.
En fin y por fin, la interpelación no es sólo a la política que debe recuperar el estado para la política, recuperar la democracia con partidos políticos no mediáticos; también es para el aparato judicial y del mismo modo para el campo académico, en tanto necesidad de repensar nuestros saberes y doctrinas, para construir la nueva institucionalidad del siglo XXI.

Como dijo el papa Francisco en el mensaje que dirigiera a la Asociación de Magistrados de Italia: “SIN JUSTICIA, TODA LA VIDA SOCIAL PERMANECE ATASCADA, COMO UNA PUERTA QUE YA NO PUEDE ABRIRSE, O TERMINA POR CHIRRIAR Y CRUJIR, EN UN MOVIMIENTO FARRAGOSO”

De este modo y haciendo propia la invocación de nuestros constituyentes declaro formalmente inaugurado el presente año judicial.

ESCRIBE DAVID SELSER [1]

El Frente de Todos diseñó una mesa de acción política que tuvo su primer encuentro en la sede central del PJ.  Ninguna representación, de las convocadas, estuvo ausente. Ni las que constituyen el puro enunciado partidario de las distintas corrientes de la coalición ni las que actúan en nombre de los trabajadores o de los movimientos sociales.

El ancho espectro del Movimiento Nacional y Popular que sintetiza el peronismo empezó a mover la maquinaria con la que iniciará la campaña electoral 2023 y con la que gestionará (¡claro que sí!) el próximo mandato presidencial.

La Mesa no debería ser otra cosa que un correlato, trazado a grandes pinceladas, de la Comunidad Organizada: noción medular del Ideario Justicialista.  Nada más identitario ni más realista y, por ello, nada más verosímil para el ciudadano interpelado en su calidad de votante. Porque, en tiempos de proselitismo, a esta altura de la madurez democrática y luego de la estafa electoral de Cambiemos en 2015, se trata de  predicar la verdad. Decir lo que se es, lo que se hizo y lo que se espera concretar: tres dimensiones en las que el Frente de Todos saca indescontable ventaja a su principal oponente.

Sin embargo, analizada de ese modo la mesa estaría insuficientemente integrada.  Falta una pata en esa figuración de comunidad organizada que idealmente debería exhibir la mesa política del Frente de Todos.

Hablamos del capital productivo; del empresario, en especial el de escala Pyme.  El socio-colega estratégico del trabajador en la creación, la multiplicación y la distribución de la riqueza nacional, bajo la articulación del estado.

Nunca, salvo en períodos relativamente breves de gobiernos populares, el empresariado Pyme intervino en la agenda política con una representación con la potencia suficiente como para estar allí con voz, con voto y, sobre todo, haciéndose cargo de la pertenencia y el compromiso que aquello implica.

Imaginemos cuánto más fuerte, densa y abarcadora sería una mesa en la que participasen, con perspectiva política, representantes legítimos del capital nacional, asumiendo roles de estadistas más que de patrones. Y que lo hicieran sujetos al inequívoco destino que los liga, necesariamente, a los encuadres político-partidarios que estimulan y protegen la industria, el agregado de valor en origen, el fomento de la ciencia, la manufactura sostenible de las materias primas con creciente sofisticación, el apoyo a la radicación de empresas con sentido federal y alcance regional con el objetivo de procesar en origen y proveer en cercanías.

Nada más contradictorio que un Pyme votando a los campeones de la aniquilación de fábricas; los extractivistas; los primarizantes; los neoliberales; los fanáticos del aperturismo importador; los que aplastan el consumo interno; los popes del endeudamiento, la fuga y la consabida restricción externa; los que desprecian a la educación pública; los enamorados de la precariedad laboral; los propagandistas del monopolio y la concentración. 

El documento emitido luego de la deliberación de la mesa del Frente de Todos, fechado el 16 de febrero, dice textualmente: “… Queremos representar a los millones de argentinos y argentinas que quieren una Nación donde se promueva y proteja a quien produce y a quien trabaja; donde se creen empleos con derechos plenos que permitan el progreso individual y de cada comunidad; donde el sistema científico tecnológico y las universidades nacionales sean un orgullo para todas las personas; donde la igualdad entre varones y mujeres y el pleno respeto a las diversidades sean una realidad cotidiana; donde el federalismo sea un principio y una práctica de reducción de brechas de desigualdad, para contar con un país cada vez más justo e integrado.”.

Ese “queremos representar” se leería como un enfático “¡representamos!” si hubiera sido escrito también por una delegación del capital nacional sentada a esa mesa.

La estructura política del peronismo y sus aliados se debe a sí misma un esquema de representación permanente (una rama) que apunte a constituir un activismo unificado del sector Pyme. Esta unidad no quiere decir uniformidad, cosa que tampoco se le exige a los trabajadores, a los movimientos sociales ni, por cierto, al factor político.

La mayoría de las y los dirigentes Pyme que militan en las entidades gremiales empresarias confluye en un andarivel: el de su extendida vocación productivista, industrialista y federalista. En ese rasgo hallaremos la unidad de concepción que conduce a la unidad de acción.  

La ausencia Pyme en el escenario público es consecuente con la ideología de la actual derecha local, que no es industrialista ni es federalista. Pero, en la otra cara de la moneda, sigue siendo una hoja en blanco en el manual de realización política del espacio nacional y popular.

El capital nacional no ha tenido la capacidad de mostrarse unido ni de activar unido. Intentar encontrar la solución a ese déficit puertas adentro del sector Pyme es una quimera.  Sólo la autoridad y la decisión de la conducción política del peronismo es la que tiene la llave para que la referida unidad de concepción se materialice en unidad de representación y de acción.  

En las próximas reuniones de la mesa del Frente de Todos el factor político tiene la chance de invitar a la pata Pyme que falta y, con ello, conformar, validar y sumar un aliado necesario e insustituible para el ejercicio peronista del poder.

[1] INGENIERO AGRONOMO Y ABOGADO.
SECRETARIO DE LA CONFEDERACION GENERAL DE LA PRODUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (C.G.P.)
INTEGRANTE DE LA C.G.E. METROPOLITANA.
EX DIRECTIVO DE LA CONFEDERACION GENERAL ECONOMICA (C.G.E.)

FUENTE: datapoliticayeconomica.com.ar