
El Decretazo interviene, como era de esperar, en el (des)financiamiento de la Universidad Pública Nacional. En un contexto de shock devaluatorio e inflacionario se prorroga para 2024 el presupuesto 2023. Esto significa un ajuste brutal que pone en peligro el funcionamiento de la universidad, afectará a la calidad académica y seguramente impondrá una mayor precarización en las condiciones de trabajo y estudio.

El gobierno nacional pretende cambiar radicalmente las bases de una universidad pública que, con todas las falencias y problemas contra los que seguimos luchando, es fruto de largos procesos de conquistas populares y constituye una referencia internacional por su calidad académica y su carácter libre y gratuito.
El objetivo, declarado de forma reiterada por el presidente, es profundizar los procesos de mercantilización de la universidad pública y favorecer la privatización de la educación, atacando el importante rol social y comunitario que cumple.


El ajuste al presupuesto, que afectará negativamente en los gastos corrientes de funcionamiento, las políticas de permanencia y egreso estudiantil y los proyectos de investigación y extensión, entre otras cosas, tiene su correlato en el Ataque al Salario de Lxs Trabajadorxs.
El D.N.U. pretende avanzar sobre el Derecho a Huelga y la Negociación Salarial Colectiva en todo el Mundo del Trabajo. Este Capítulo del Decreto se encuentra hoy frenado por la Justicia, pero es evidente que el programa del Gobierno incluye como elemento fundamental el Ataque al Conjunto de Lxs Trabajadorxs, tomandonos como Variable de Ajuste para incrementar las ganancias de grandes corporaciones nacionales y transnacionales.

