POR JORGE LUIS ELIZONDO
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Las violentas declaraciones del Presidente de la Nación en Davos contra el Feminismo y la Comunidad LGTBIQ+, cargadas de homofobia, falsedades y contra lo que llaman “Ideología de Género”, desataron una ola de protestas en todo el País, protagonizadas por los colectivos que fueran objeto de las agresiones e insultos del Primer Mandatario.
Cabe destacar que no es la primera vez que el actual gobierno se expresa en sintonía con el ideologismo fanático de la extrema derecha mundial. Así lo ha demostrado no sólo en sus declaraciones, sino votando aisladamente en contra del reconocimiento y defensa de los derechos humanos. Argentina ha sido el único país que se ha opuesto recientemente a la resolución de la O.N.U. que plantea: “eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la violencia sexual y por razón de género, la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
También es el único país que –a través del actual gobierno- ha votado en las Naciones Unidas contra la protección de los Derechos de los Pueblos Originarios, violando normas contenidas en nuestra Constitución y Pactos Internaciones con Jerarquía Constitucional, poniendo en riesgo la efectividad de los Derechos que les reconoce la Constitución y el Convenio Nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El Art. Nro. 75 inc. 17 de nuestra Constitución, entre las atribuciones del Congreso menciona; “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas. Garantizar el respeto a su identidad y el Derecho a una Educación Bilingüe e Intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
El Artículo Nro. 6 del Convenio Nro. 169 de la O.I.T. establece la consulta obligatoria a las instituciones representativas de los pueblos originarios antes de que se aprueben medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos directamente. También determina que los Pueblos interesados tienen Derecho a Participar Libremente en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos que fueren responsables de políticas y programas referentes a sus intereses.
El desconocimiento de estos Derechos de los Pueblos Originarios, a lo que se suma una acción desplegada por el Gobierno Nacional y algunas provincias contra las Comunidades Indígenas, muchas de ellas desalojadas de sus tierras, con el fin de favorecer la expansión de los intereses capitalistas locales y extranjeros en nuestra Patagonia.
La Marcha Antifascista y Antirracista desplegada en todas las ciudades importantes del país unió a organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, estudiantiles y gremiales ha sido la primera expresión de unidad en la acción contra la política violatoria de los derechos humanos desplegada por este gobierno de signo autoritario.
También ha sido una manifestación de rechazo del autoritarismo del actual gobierno, que se expresa en los amplios poderes otorgados por el Congreso al Presidente de la Nación a través de la llamada “Ley Bases” y en el D.N.U. Nro. 70/2023, no derogado por el Poder Legislativo; gobierne por decreto, sin presupuesto, sin limitación alguna, y desarrollando una presión permanente sobre el Poder Legislativo a fin de que éste sólo legitime sus proyectos y objetivos.
LA DELEGACION DE FACULTADES LEGISLATIVAS AL PRESIDENTE DE LA NACION:
Combinando promesas y presiones dirigidas a los gobernadores y a la oposición colaboracionista, que desembocan en negociaciones y pactos, promesas de embajadas y otros beneficios para los senadores Kueider –procesado y detenido en el Paraguay por La llamada “Ley Bases” Nro. 27.742 no es un proyecto individual de ley, sino una multiplicidad de innumerables proyectos que comprenden el otorgamiento de facultades legislativas al presidente, privatizaciones, reforma del Estado, reforma laboral, reforma del régimen de hidrocarburos, un régimen de grandes inversiones (RIGI), y la derogación de leyes y artículos.
Pese a la oposición del Senado, el gobierno restableció el pago del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría en perjuicio de alrededor de 1.200.000 trabajadores que volvieron a pagarlo; y la reducción del impuesto a los bienes personales para los grandes propietarios, que aumenta los pisos imponibles a 100 millones y a 350 para viviendas familiares, y propone un plan de pago a cinco años. Reflejando claramente el rumbo político del gobierno, se perjudica a los trabajadores y se beneficia a los propietarios más ricos.
LA REPRESIÓN COMO POLÍTICA
La aprobación de la llamada “Ley Bases” por el Senado no fue más que un simulacro de ejercicio del poder legislativo, con represión incluida. Para separar al Congreso del pueblo movilizado se recurrió a una movilización general de fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Seguridad Aeroportuaria) con el pretexto de “proteger” al Congreso de una manifestación pacífica, impidiendo el ejercicio del derecho a la protesta social, mediante la agresión de las fuerzas de seguridad contra trabajadores, jubilados y diputados de la Nación, y una verdadera cacería de personas a cuadras del palacio legislativo.
Como respuesta destinada a evitar que la movilización pudiera llegar al Congreso, se armó un descomunal simulacro de “defensa de la República” con miles de efectivos de todas las fuerzas de seguridad que reprimieron violentamente a los manifestantes. La Ministra de Seguridad y el presidente pretendieron justificarlo con un delirante anuncio de golpe de Estado y tentativa de ocupar el Congreso, cuando en realidad es el gobierno el que está creando las “bases” de un estado de excepción y una nueva constitución material autoritaria, forzando la sanción de la llamada “Ley Bases” e impidiendo que Diputados pueda pronunciarse sobre la validez del D.N.U. Nro. 70/2023, que serían los pilares del nuevo régimen.
El Gobierno Ultraderechista ha manifestado claramente su intención de reforzar los mecanismos de la represión, y uno de sus proyectos es modificar la Ley de Seguridad Nacional, facultando nuevamente a las Fuerzas Armadas para intervenir en problemas de seguridad interior, lo que se encuentra prohibido expresamente por dicha Ley.
Se ha restablecido como central de inteligencia a la tristemente célebre SIDE, que reemplaza a la Agencia Federal de Inteligencia creada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se le restituyen los fondos reservados a los agentes de inteligencia. Por Decreto de Necesidad y Urgencia, el presidente Milei cedió a la SIDE la suma de $ 100.000.000.- para ser usados para tareas de inteligencia que se desconocen. Una amplia mayoría de la Cámara de Diputados rechazó este decreto.
La Resolución Nº 499/2024 firmada por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich crea la “Unidad de Seguridad Productiva”, que complementa otras medidas que se pretenden imponer a través del citado capítulo IV del D.N.U. Nro. 70/2024. La funcionaria ha dicho que “vamos a combatir todos los delitos que perjudican a la productividad”, “no vamos a permitir que se bloqueen las entradas de las empresas como manera de impedir la producción del país. Hay que cuidar a los que tienen sus empresas y dan trabajo, y lograr que el costo argentino baje”. La resolución dice que la Unidad actuaría “en función de la evaluación de riesgos o la situación particular de la entidad en un determinado momento, o la repercusión de los hechos de inseguridad en el quehacer nacional y en la opinión pública”. La determinación de las actuaciones y la evaluación del alcance de los riesgos y sus potencialidades no será atributo de los organismos dependientes de la cartera económica o de producción, sino que quedan “exclusivamente a criterio de esta cartera o de las órdenes que recibiere del Poder Ejecutivo”.
Se trata de una peligrosa medida contra los trabajadores, sus organizaciones y el ejercicio del derecho de huelga, que se anticipa a la posibilidad de que el D.N.U. Nro. 70/2024 –rechazado por Senadores- sea convalidado finalmente por la Cámara de Diputados, quedando sin efecto la decisión judicial que suspende la aplicación de su capítulo IV referente a los derechos de los trabajadores.
(*) NOTA PUBLICADA EN LA REVISTA IMPRESA N° 15 – FEBRERO DE 2025
Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo... 