AUTORITARISMO Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (PARTE II)

ESCRIBE JORGE LUIS ELIZONDO[*]

EL FASCISMO ACTUAL. SUS PARTICULARIDADES Y SEMEJANZAS CON LOS REGÍMENES DEL SIGLO XX

Hay quienes sostienen que el Fascismo sería un fenómeno del pasado y que la Extrema Derecha actual respondería a intereses, ideas, objetivos y tácticas diferentes a los que Mussolini, Hitler, Franco, Oliveira Salazar y otros sostuvieran en el siglo XX.

Creo que desconocen que el Nazi-Fascismo no se extinguió luego de su derrota en la Segunda Guerra Mundial a manos de las fuerzas de la Resistencia de los pueblos ocupados y principalmente del Ejército Rojo de la Unión Soviética. Por el contrario, el fascismo se ha recreado, adoptando una multiplicidad de formas en todos los continentes, con el apoyo de los sectores más concentrados del capitalismo. 

Contrariamente a lo que sostienen algunos teóricos, el ascenso del fascismo no requiere una “revolución” o golpe de Estado. Se ha exagerado la importancia de la “Marcha sobre Roma” de los fascistas italianos; pero Mussolini no tomó el poder, sino que éste le fue otorgado por el rey Vittorio Emanuele. Lo mismo ocurrió con Hitler, que lo recibió de manos del presidente ultraconservador Von Hindenburg.

El proceso de construcción de la dictadura fascista puede ser relativamente pacífico y ajustarse inicialmente a las normas vigentes, formalizando alianzas con otros sectores de la derecha; pero en su desarrollo no es un cambio de un gobierno por otro; sino la sustitución de una forma estatal de dominación de clase de la burguesía –la democracia- por un régimen dictatorial. El más importante teórico del nazismo, Carl Schmitt, planteaba con claridad la necesidad de borrar las separaciones entre Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La experiencia internacional demuestra que -en la cosmovisión fascista- las instituciones del Estado deben quedar reducidas a un solo poder real: el Ejecutivo, que domina de hecho al Congreso, cuyo rol es legitimar formalmente los cambios políticos, económicos y sociales regresivos, con la complicidad del Poder Judicial.  Es el poder económico –en ejercicio del poder político, sin mediaciones- el que impone las reglas, la dirección fundamental, los objetivos centrales, con la apariencia o ficción de que estas decisiones estarían respaldadas por la voluntad del pueblo expresada en una elección.

El Fascismo no necesita una Constitución Formal. Le basta con la Constitución Material, porque este régimen es la consolidación de la dominación burguesa sin mediaciones jurídicas. Expresa sin tapujos el estado de excepción que constituye la regla en las sociedades capitalistas contemporáneas. Es por ello que Hitler no necesitó derogar la Constitución de Weimar, considerada el modelo “perfecto” del Constitucionalismo Social. Utilizó el Artículo Nro. 48 de la misma que preveía que en el caso de que la seguridad y el orden público fueran seriamente perturbados o amenazados, “el presidente del Reich puede tomar las medidas necesarias para el restablecimiento de la seguridad y el orden público, eventualmente con la ayuda de las fuerzas armadas. En pos de ese objetivo, puede suspender en su totalidad o en parte los derechos fundamentales”. El “Decreto para la protección del pueblo y el Estado” le otorgó poderes ilimitados, suspendiendo los artículos de la Constitución referentes a los derechos fundamentales. Mussolini tampoco necesitó derogar el Estatuto Albertino de 1848. En nombre de la paz social y de la supresión de los conflictos entre el trabajo y el capital, pudo instaurar el estado corporativo. Un estado de excepción permanente crea la constitución material que somete a la constitución jurídica formal.   

Aun cuando los gobiernos actuales de Europa son formalmente democráticos, a partir de la década del ’90, el capital financiero y el neoliberalismo comienzan a demoler el Estado del Bienestar creado en Europa Occidental durante la última posguerra, poniendo por encima de las Constituciones sociales votadas por los pueblos una Constitución material supraestatal digitada por las instituciones de la Unión Europea, o la troika integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.

En la Argentina se llevó adelante un proceso de destrucción económica y social muy similar durante los gobiernos neoliberales de Menem y la Alianza. La vigencia de la constitución formal no impidió la continuidad de los planes económicos más antinacionales y antipopulares de los gobiernos de Menem y de la Alianza, que concluyera con la rebelión del 19 y 20 de Diciembre de 2001.

Durante el Gobierno Macrista se lleva a cabo un plan destinado a reforzar las Estructuras de la Dependencia: “Achicar el Estado para Agrandar la Nación”; “Volver a los Mercados” y al endeudamiento con el capital financiero privado y el Fondo Monetario Internacional, se hizo tabla rasa de buena parte de los derechos sociales y políticos obtenidos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y se violaron las normas constitucionales. A través del Poder Ejecutivo y parte del Poder Judicial se organizó el espionaje ilegal y la persecución política de dirigentes y militantes populares. El Gobierno colaboró activamente con el Golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, mediante el envío de armas y municiones utilizadas para la represión de las movilizaciones populares contra la dictadura.

No debe sorprender el autoritarismo y el carácter antidemocrático del actual régimen autodenominado “Libertario” en nuestro país, que llega al gobierno a  través de una alianza con el macrismo, y constituye una continuidad y profundización de éste.

La contradicción entre la constitución formal vigente y la constitución material se ha resuelto finalmente a favor de la última, violando la institucionalidad en nombre de una “Gobernabilidad” para garantizar el dominio del capital financiero, los grupos locales asociados al mismo y los organismos de crédito internacionales, y el incondicional alineamiento político y militar con el imperialismo norteamericano y su aliado israelí. 

Uno de los rasgos fundamentales del fascismo es cumplir el objetivo central del gran capital: el disciplinamiento de los trabajadores y sus organizaciones a través de métodos legales e ilegales para hacer posible la transformación regresiva de las condiciones socio-económicas.

Es evidente que el actual gobierno argentino se ha propuesto cumplir rigurosamente con este objetivo, a través de resoluciones y el endurecimiento de los mecanismos de la represión, a los que nos hemos referido en la Parte I de este artículo.    

Los que sostienen que el Fascismo no existe actualmente, argumentan que los Gobiernos de la Ultraderecha actual se ajustan al Neoliberalismo, mientras que los del Viejo Fascismo habrían sostenido un credo Nacionalista y Estatista.

Olvidan estos comentaristas que el desarrollo del fascismo registra formas diferentes en los distintos países y continentes, de acuerdo a las condiciones históricas, sociales y económicas, las particularidades nacionales y la posición internacional de cada país.

Cabe recordar que el régimen de Mussolini –elogiado por Von Hayek y otros Economistas de la Escuela Austríaca y Neoclásica- puso en marcha en sus comienzos profundas reformas que promovían la austeridad fiscal, monetaria e industrial. Estos cambios impusieron duros esfuerzos y sacrificios a las clases trabajadoras y garantizaron los intereses del gran capital.

Entre las reformas que adoptó desde sus comienzos, luego de que el rey Vittorio Emanuele III le otorgara el cargo de jefe del ejecutivo, Mussolini  -con su Ministro de Economía liberal De Stefani-  emprendió una drástica reducción de los gastos sociales, despidos de más de sesenta y cinco mil empleados estatales sólo en 1923, y el aumento de los impuestos sobre el consumo (el I.V.A. de la época, regresivo porque lo pagaban principalmente los pobres). Eliminó el impuesto progresivo sobre las herencias, la cual fue acompañada de un aumento de los tipos de interés (del 3 al 7 por ciento a partir de 1925). Realizó una oleada de privatizaciones:  así como de una oleada de privatizaciones que el economista Germà Bel calificó como la primera privatización a gran escala en una economía capitalista. El Fascismo redujo los salarios públicos y privados El régimen corporativo cerró cualquier vía de conflicto de clase con la llamada Carta del Lavoro en 1927, prohibiéndose las huelgas, con el fin de proteger la propiedad privada de los capitalistas.

En nuestro país, el gobierno autodenominado “Libertario” es hoy garantía de los mismos intereses económicos que gestaron y respaldaron a la dictadura. En nombre de la defensa de la “Propiedad Privada” del gran capital,  el comercio exterior, las vías navegables y los puertos deberían seguir en manos de los oligopolios exportadores de granos, sin que existan limitaciones del Estado.

La Ultraderecha Gobernante no encarna en realidad “otro Proyecto de País”; no tiene luz propia, no es más que el reflejo de intereses antinacionales y antipopulares, y nos ha reinsertado incondicionalmente en el Marco Geoestratégico del Imperialismo Norteamericano y sus Aliados.

Para la consolidación de este plan no de los objetivos del actual gobierno es destruir todo el andamiaje de político, ideológico, cultural y simbólico de la memoria de los crímenes de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, que va más allá de la doctrina de los dos demonios y del negacionismo, y se plantea reivindicar dichos crímenes y rehabilitar a sus autores. 

Es en este contexto que debemos combatir la enfermedad del olvido, la negación de la historia planificada eficazmente por los voceros de la derecha y -revalorizando las luchas de las Madres de Plaza de Mayo y las organizaciones de Derechos Humanos- profundizar el estudio y el debate de nuestra historia, ampliando el conocimiento de los lugares en los que se desarrolló la misma, como condición necesaria para la continuidad de la Lucha por la Soberanía Nacional y una Sociedad Sin Explotación Ni Opresión. 

[*] NOTA PUBLICADA EN LA REVISTA IMPRESA N° 16 – MARZO DE 2025