DESARROLLO, MEDIO AMBIENTE, JUSTICIA SOCIAL Y PROYECTO NACIONAL

POR ALBERTO CORTÉS

En el marco del III Encuentro Federal por la Soberanía, realizado en junio en Paraná, en la Comisión de Soberanía Energética, Agua y Litio, se desarrollaron algunos debates interesantes.

En primer lugar, hay que destacar la importancia de estos Encuentros e Intercambios de Ideas: Alguien podría suponer que, estando nuestro país sometido a uno de los procesos de destrucción más apocalípticos que haya vivido, encabezado por el Econochanta Milei; la prioridad es sacárselo de encima, y dejar para otro momento, debates más sutiles. Sin embargo, llegamos hasta aquí, precisamente, por la falta de una fuerza transformadora con claridad colectiva suficiente, sobre los rumbos que se debían tomar, en las condiciones concretas –nacionales e internacionales- de cada momento, para lograr un proceso de Desarrollo Nacional, con Justicia Social; que impidiera la desazón colectiva que nos trajo a dónde estamos, y que hoy se sigue expresando en la elevada abstención electoral.

Por ello, discutir el país que queremos y podemos; aunque no tengamos hoy -todavía- la correlación de fuerzas que permita llevar adelante esas propuestas, es fundamental. Hay que prepararse para el momento –inexorable– en que esa correlación de fuerzas cambie. Hacer hoy lo máximo posible para que ese momento no nos vuelva a encontrar sin capacidad suficiente para que el próximo ciclo de avance social y reconstrucción de lo que hoy se está destruyendo, no vuelva a terminar en frustración. Para que el libro “Dictadura Militar – Menemismo – Macrismo – Mileísmo” no tenga otro capítulo más.

Además de las imprescindibles denuncias sobre la forma en que el actual Gobierno Renuncia a la Soberanía Nacional en temas como el Plan Nuclear, la Explotación de los Recursos Naturales y la apropiación por el gran capital extranjero y nacional de su renta, etc.; surgen cuestiones relacionadas con la preservación del ambiente. Estas, no son solamente asuntos vinculados a la conservación de la naturaleza, sino que incluyen con enorme fuerza temas sobre la salud humana y la destrucción de explotaciones económicas tradicionales, generalmente sustento de sectores sociales de ingresos medios o bajos, en beneficio de grandes corporaciones depredadoras.

Hay que tener presente que cualquier actividad económica humana tiene su huella sobre el ambiente, produce un impacto. Aunque vivimos (a diferencia de un par de siglos atrás) una época donde la Humanidad ha llevado al límite la capacidad del planeta para sustentar sus actividades económicas; pretender llevar a cero todos los impactos ambientales (en especial en el corto plazo), significaría renunciar a cualquier tipo de desarrollo. Hay que tener en cuenta que existe un crecimiento demográfico argentino (pequeño) y mundial (el triple del nacional), y que es posible disminuir los niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza, pero que esto puede no ser tan rápido (según sea la correlación de fuerzas entre opresores y oprimidos) y tener límites. Así, un proyecto nacional que busque la justicia social; requerirá también de un desarrollo de las fuerzas productivas, que tendrá inexorablemente algún impacto ambiental. Lo fundamental es definir que impactos son admisibles, pero ello sólo es evaluable en el marco de un proyecto de Nación.

Un caso interesante que surgió en la mencionada comisión, fue el tema del fracking.
Es decir, la extracción de petróleo y gas de esquisto, o no-convencional.
Estas técnicas fueron muy cuestionadas en varios lugares del mundo, estando prohibidas en Francia, algunas zonas de los EE.UU., y habiendo moratorias para su uso en otros países. Se hicieron documentales como “Gasland” (EE.UU.) y “La Guerra del Fracking” (Argentina, Pino Solanas), denunciando sus efectos ambientales.

Un técnico presente en la comisión mencionada, refutó algunas de esas críticas, al señalar que en los EE.UU. (primer país en desarrollar masivamente el Fracking y cambiar dramáticamente su perfil energético con él, dejando de importar y pasando a exportar y ser uno de los principales productores mundiales) se habían hecho muchos pozos a pocos cientos de metros de profundidad (coincidente con las ubicaciones de las napas de agua), y que ello había determinado la contaminación de acuíferos. En Argentina, en cambio, se estaban haciendo pozos de algunos km de profundidad, encamisando los primeros cientos de metros con cemento, para evitar la contaminación de las napas. Cabe señalar que ese tipo de contaminación no ha sido la única objeción al impacto ambiental del fracking, aunque sí tal vez, la más fuerte.

En Argentina, la principal traición a los intereses nacionales del gobierno de Menem fue la privatización de Y.P.F., la mayor empresa del país, y con cuyas ganancias en manos del Estado, se habían financiado, por siete décadas, innumerables proyectos de desarrollo social y económico.
Para esa maniobra, contó –entre otros– con la complicidad de Néstor Kirchner (por entonces Presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, como Gobernador de Santa Cruz), siendo Oscar Parrilli el diputado informante que defendió la Ley de Privatización en la Cámara, y jugando también un rol, Cristina Fernández.

Como era previsible, los privados no desarrollaron prácticamente exploración, para encontrar nuevos pozos (como había hecho la Y.P.F. Estatal), sino que principalmente se dedicaron extraer el petróleo de los que habían heredado. Éstos, lógicamente, fueron declinando y reduciéndose así, la producción y exportación de hidrocarburos.

Así, para 2012, además de otros problemas, esto comenzaba a crear un Déficit Comercial, por los hidrocarburos que habían dejado de exportarse y los que crecientemente se importaban.
Ello llevó a Cristina Fernández a plantear y lograr la recuperación del 51% de YPF (que 20 años antes había ayudado a Privatizar en un 100%), a pesar de que pocos meses antes había llegado a elogiar a REPSOL (con la cuál estaban intentando negociar otras alternativas, sin reestatizar, según acaba de contar el, por entonces, viceministro de Economía, Álvarez Agis). En los últimos gestos desesperados para que fuera la propia privada la que elevara la producción. (Hoy está en la palestra un juicio que involucra a parte del 49% restante, pero eso es otro tema)

Esta Renacionalización Parcial se hizo ahora bajo el signo de Vaca Muerta. Es decir, se había descubierto allí una de las reservas de gas y petróleo no convencionales más grandes del mundo, y el Estado tomó la iniciativa, compartiendo luego con privados el negocio, de desarrollar toda la infraestructura necesaria para llevar adelante esa explotación. Poco y nada se ha oído desde entonces, de las críticas al Fracking, sobre el que se basa todo el Proyecto.

En cambio, los gobiernos de los más diversos signos políticos, han aprovechado, desde entonces, los beneficios de este emprendimiento, en términos del aporte fundamental que puede hacer (y ha comenzado a hacer) a la balanza de pagos, el punto crítico de la economía argentina durante muchas décadas. Los Gobiernos Peronistas, impulsando ese desarrollo, y el de Milei, obstaculizándolo con su increíble impericia. Pero todos, buscando aprovechar sus beneficios.

Es imposible evaluar la conveniencia o no de proyectos como éste y muchos otros, todos los cuales tienen algún impacto ambiental; si no es en el contexto de un Proyecto Nacional.
Se trata de ponderar la relación costo-beneficio para el país de cada proyecto: Cuáles son sus ventajas económicas y sociales (creación de empleos de calidad y cuántos; aportes de divisas a la balanza comercial, dinamización de regiones postergadas, que parte de la renta queda para el Estado nacional y los provinciales, y cuál para las empresas, etc.). Y también, cuáles son sus desventajas, ambientales y de otros tipos.

En el actual esquema de poder y correlación de fuerzas (y no sólo en el Gobierno de Milei, en que esto se exacerba al máximo, sino también en prácticamente todos los que ha habido en las últimas décadas), esta evaluación costo beneficio no se ha hecho ni se hace, en función de los intereses de las mayorías populares, sino del control (más o menos férreo, según la etapa), de los Grandes Grupos Económicos, sobre el Estado. El objetivo de esos grupos es uno sólo: Maximizar sus Ganancias (aunque “pour la galerie” se hable de “crear fuentes de trabajo” y argumentos similares). Allí no entran variables como el medio ambiente, la calidad de vida de trabajadores, consumidores o simples residentes de las zonas de producción.

Para empeorar las cosas, la Reforma Constitucional de 1994, en un sentido diametralmente opuesto a la Constitución del ’49, pero cambiando incluso la de 1853, puso el subsuelo en propiedad de las Provincias y no de la Nación: Esto es lo que buscaban desde hacía décadas los Poderes Económicos, porque las provincias son mucho más débiles económicamente que la Nación; y son comprables o presionables fácilmente, a cambio de migajas, por esos Grupos Económicos.

Formular un Proyecto de Nación es imprescindible para lograr un futuro digno a la mayoría de los argentinos. Que ese proyecto esté conducido por esa mayoría, mediante esquemas Realmente Democráticos, y no por el Poder Económico, es igualmente indispensable. Sólo en ese marco, podremos evaluar, caso por caso, la conveniencia o no de cada proyecto económico, tecnológico, etc.