ARGENTINA DEL 2001: CRISIS DEL MODELO GERENCIALISTA Y DE LA “GOOD GOVERNANCE”

POR MARÍA ÁNGELA MOSCATO

INTRODUCCION
Nuestro país ha atravesado una de las peores crisis de tipo política, económica y social, que eclosionó el 19 y 20 de Diciembre de 2001 y culminó con la renuncia del Presidente Fernando De La Rúa y su Gabinete. Esto fue herencia del Modelo Neoliberal, que tuvo su auge en la Década del’70, principalmente durante las Dictaduras Militares en América Latina. El mismo, se extendió durante la Década del 80 y finalmente en la Década del 90 con la Introducción de los 10 Puntos del Consenso de Washington. 

Los alarmantes indicadores de desempleo y pobreza hicieron que muchas personas se movilizaran a Casa Rosada exigiendo la renuncia de toda la cúpula política. Esto generó, además, una crisis de Gobernabilidad y de tipo institucional. Sin dudas, esto se debe a un fracaso del Modelo de la Administración imperante y las Políticas de Ajuste. 

A lo largo de este trabajo analizaré el concepto de políticas públicas, su relación con la sociedad civil, como así también la influencia de los distintos Modelos Políticos y Económicos que permiten el desarrollo de determinadas políticas públicas. Además, haré referencia a las tensiones de estos Modelos a lo largo de la historia. 

Además, mencionaré como los Modelos Políticos y Económicos definen esquemas o Modelos Determinados de Administración. Por último, haré hincapié en el surgimiento de un nuevo concepto: “Good Governance”. Todo esto se analizará en el marco de la crisis del 2001 antes descripta.

¿QUE SON LAS POLITICAS PUBLICAS?

Por políticas públicas podemos entender un conjunto de acciones realizadas por un Gobierno para alcanzar determinados fines orientados hacia el poder político, más precisamente, a su ejercicio. 

En un principio, se separaba el concepto, y solo se hacía referencia a la “Política”, según al campo específico al que pertenecieran, ya sea políticas sociales, laborales, económicas, entre otras. Además, se las diferenciaba de la política entendida como relaciones de poder entre el Estado y su Administración, es decir, sus órganos de gobierno. 

La diferencia entre el término “Política y Políticas” es la misma que realizaron los teóricos anglosajones respecto a politics y policies: esta última refiere a las acciones de gobierno en cuanto a la gestión pública, mientras que la primera abarca las luchas por el ejercicio del poder y la manera de ejercerlo.  Mientras que las políticas gubernamentales serían, en esta concepción, producto de decisiones “Desde Arriba”, las políticas públicas responderían a demandas e inquietudes “Desde Abajo”, es decir desde la Sociedad.

Bien sabemos que implementar una política pública implica una elección política en varios sentidos. Esto permite, en primer lugar, definir la política pública como una acción de gobierno orientada a afrontar una situación socialmente problematizada. “La estructura económica, el conflicto de las clases, el interjuego de los grupos de interés, el comportamiento del entorno social o cultural del sistema político eran los factores más socorridos para dar enteramente cuenta de por qué los gobiernos decidían de la manera en que lo hacían” (Aguilar Villanueva, 1992:16).

Toda política pública, no importa cuán circunscripta o específica sea, repercute siempre en una variedad de ámbitos y grupos de población que es aconsejable sean tenidos en consideración, hasta donde sea posible, por quienes la formulan y la ejecutan. “Normalmente esto implica la necesidad de embarcarse en negociaciones y construir acuerdos que modifican el diseño original de la política pero que incrementan sus probabilidades de aceptación y por tanto de implementación” (Vilas, 2011:5).

La pregunta es cómo se construye lo socialmente relevante. Es por eso que es necesario complejizar la definición de políticas públicas, ya que la acción y solución que siga el gobierno, también depende de del diagnóstico que haga del problema. Esto también define la relación entre políticas públicas y el proyecto de un estado, ya que implican una puesta en juego del proyecto y direccionalidad política e ideológica por parte del gobernante, y también define la relación de este con la sociedad civil. 

Además, las cuestiones que se encuentren dentro de la agenda de prioridades de un Estado, sin dudas estarán determinada por actores sociales que tengan el poder suficiente para instalar una cuestión socialmente problematizada. 

Es decir, que la orientación del Estado influye en la estructura social y económica, como así también de la gestión y el diseño de las políticas públicas. Existe una íntima relación entre las políticas públicas, el Estado y la sociedad civil. Esto implica también, la especificidad de cada lugar a la hora de implementar determinas políticas. A su vez, los aspectos técnicos y políticos se van a cristalizar en un modelo determinado de desarrollo. 

MODELOS DE DESARROLLO: ESTADO DE BIENESTAR VS. NEOLIBERALISMO 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, surgió la idea de desarrollo como sinónimo de industrialización. Esto sin dudas, conllevaba un rol más activo del Estado en cuanto a la mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos con políticas públicas más justas y con carácter redistributivo, priorizando las de carácter laboral y referentes a la seguridad social. 

En Argentina, durante el Gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955), el Estado tuvo un rol fundamental en el diseño e implementación de políticas públicas, como fue el caso del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (I.A.P.I.), los Planes Quinquenales, los Hogares Escuela, la Política Sanitaria, beneficios a la clase trabajadoras, entre otras medias. A pesar de esto, el gobierno entra en tensión con sectores de la unión democrática y la rancia oligarquía, quienes, apoyados por Estados Unidos e Inglaterra, realizan un Golpe de Estado. 

Luego del Golpe de Estado del Año 1955, comenzaron a tener más predicamento las ideas de Presbich, en cuanto a la perspectiva desarrollista. Esto implicaba no solamente el crecimiento económico, sino también la modernización y el cambio de la sociedad. En este nuevo plan, se le asignaba al Estado importantes funciones productivas, pues se consideró que uno de los elementos que explicaban el estancamiento latinoamericano era la falta de empresarios que asumieran riesgos de inversión. “Solo el Estado estaba en capacidad de generar una serie de desequilibrios secuenciales con inversiones en sectores de riesgo que garantizaran la tasa de ganancia al capital” (Cao y Laguado Duca, 2014:135). 

En ese contexto, toman notoriedad las ideas de la CEPAL respecto a las asimetrías que existían respecto a los países centrales y de la periferia, analizando como los países de nuestra región hicieron frente a la Crisis del ’30 con el Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones. Sólo de esta manera, se podría superar la condición de subdesarrollo, ya que según ellos existía una gran asimetría en los precios de exportación agrícola y los bienes primarios en los países de la periferia, sumándole a ese problema, un exceso de oferta de mano de obra. 

Luego de este modelo “Desarrollista”, surge el Neoliberalismo en la Década del ’70, cuando el Modelo del Estado Social entró en crisis debido a un proceso de inflación. Esto va a significar un cambio profundo en el concepto y relación Estado- Sociedad, ya que el modelo de acumulación basado en el capitalismo real, se va a ir modificando para dar lugar a uno basado en formas de acumulación, donde tienen un rol principal el sector financiero, la especulación, rentabilidad de bonos, desregulación de la economía, entre otras cosas. Lo que necesitaba la sociedad civil era libertad, y la libertad la daban los mercados. Si los mercados eran el elemento clave, la apertura al comercio internacional fue vista como la forma en que este elemento modernizador llegaba a las sociedades atrasadas (Cao y Laguado Duca, 2014).

Esta nueva imagen del Estado como problema fue en parte consecuencia de su fracaso en cumplir las funciones que le habían fijado los planes de acción anteriores, pero ésta no fue la única razón. “Por lo menos en algunos casos el Estado había estimulado de hecho un cambio estructural notable, allanando el camino para poder confiar en mayor medida en la producción industrial nacional” (Evans, 1996:17).  A pesar de las críticas del neoliberalismo al Estado, podemos ver como el mismo toma un rol central a la hora de desregular la economía y asegurar las condiciones para el endeudamiento internacional. 

Respecto al contexto a nivel internacional, podemos decir que este modelo de desarrollo neoliberal se consolidó principalmente en los países de América Latina durante la década del 70. Algunos hechos trascendentes como la creación de la OPEP en 1960 y la guerra de los seis días, generaron un proceso de acumulación de petróleo, dando lugar a la acumulación financiera.

El neoliberalismo tuvo su apogeo en plena guerra fría, en plena disputa entre dos grandes potencias como Rusia y Estados Unidos. Luego de la crisis del petróleo y de la caída del Muro de Berlín, comenzó a consolidarse la hegemonía unipolar de Estados Unidos y así también, surgieron organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estas instituciones crediticias serían un mecanismo de condicionamiento, presión y extorsión para los países de la periferia, llevándolos al endeudamiento y al condicionamiento de la implementación de las políticas de ajuste. 

El Modelo Neoliberal se extendió durante la década del ’80 y ’90. Si bien, en muchos países se había recuperado la democracia, el rol del Estado y la Política Económica seguía siendo la misma. La Hiperinflación y los Saqueos hacia el final de su mandato dejaron únicamente en pie el Proyecto Neoliberal: esta fue la matriz histórica que permitió al Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) llevar adelante las que fueron, tal vez, las políticas de ajuste estructural más profundas del subcontinente (Cao y Laguado Duca, 2014).

Finalmente, en 1989 se aprobaron los diez nefastos puntos del Consenso de Washington, entre ellos: recorte del gasto público, apertura a la inversión extranjera, desregulación de la economía, liberalización de la tasa de interés. El Estado se hacía nuevamente a un lado, principalmente en materia social, para darle lugar al Mercado. Las medidas Neoliberales generaron desestructuración de los aparatos productivos, desempleo, aumento de la pobreza e indigencia. 

La repercusión de las políticas económicas del Gobierno de Menem terminó se vió en 2001, ya el F.M.I. rechazó el refinanciamiento de la deuda externa. Luego se produjo el corralito, dando lugar a una crisis política y de gobernabilidad. 

Además de lo descripto en cuanto a la política económica, el Neoliberalismo trajo como consecuencia un cambio en el diseño de la administración pública y, por lo tanto, la introducción de un nuevo término, “Good Governance”, que marcaría un nuevo norte a seguir dentro de la misma. 

UN NUEVO PARADIGMA DE LA RELACION ESTADO-SOCIEDAD: LA GOOD GOVERNANCE

La Buena Gobernanza o “Good governance” surge como un nuevo paradigma de gestión pública, propuesto por el Neoliberalismo. El mismo implica una cierta concepción de la relación entre el estado y la sociedad que pasa, abandonando el ejercicio verticalista del poder por parte del estado, para pasar a formas más horizontales descentralizadas a través de redes y nuevos actores sociales. 

A pesar de la irrupción de estos nuevos actores, Canto Sáenz afirma que no debemos confundir la participación ciudadana en el proceso de una política pública con la gobernanza. “La diferencia entre ambas es sencilla: en el primer caso los actores sociales participan, y muchas veces su participación es decisiva, pero no gobiernan; la función de gobernar, en tanto conjunto de decisiones de carácter vinculante o de observancia general, sigue siendo una función exclusiva de los gobiernos” (Canto Sáenz, 2012:340)

Este nuevo concepto surge a raíz del descrédito y pérdida del poder del Estado, fundamentados en los casos de corrupción. Es por eso que una de las premisas de este nuevo concepto es el control de la administración y la responsabilidad del mismo y sus funcionarios (accountability). 

Esa visión negativa del Estado, hizo que, durante la Década del ’70, el Neoliberalismo a través de sus organismos de crédito, instalaran en nuestro continente el concepto de “Buena Gobernanza”. Si bien, se puede diferenciar la “Good governance” de ese momento histórico, con una nueva gobernanza más democrática y en sintonía con las “terceras vías”, instalada a partir del resurgimiento de las democracias en la Década del ’80; lo cierto que ambas bregaban por lo mismo. Es por eso, que autores como Canto Sáenz, no diferencian entre la Gobernanza de carácter Liberal y la de carácter Democrático. Ambas critican la ineficiencia, ineficacia y el derroche de recursos por parte de los estados tradicionales. La gobernanza de carácter democrático, añade una crítica a los partidos políticos tradicionales en cuanto a sus prácticas y a la falta de representatividad.

La experiencia en América Latina muestra que en algunos países las reformas institucionales impuestas destruyeron viejas estructuras sin contribuir a soluciones más democráticas, eficaces y estables. “El Modelo Redistributivo anterior, acusado de clientelismo y corrupción, debía ser sustituido por una intervención social directamente orientada a los grupos más vulnerables” (Graña, 2005:512). 

Por otro lado, las redes de la Nueva Gobernanza si bien reflejan un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y los actores sociales, alejándose del control jerárquico tradicional, lo cierto es que esas redes no dan lugar a todas las demandas sociales y producen inequidad. Esto produjo un debilitamiento de la sociedad civil, lo cual generó que el progreso económico sea más lento, ya que no actúa en conjunto con el mercado y el Estado.

Para Peters, la Gobernanza, será entendida como una meta que direcciona la actividad, que requiere instrumentos para identificar lo que la sociedad desea que se haga y, luego, examinar los medios para alcanzar las metas colectivas (Guy Peters, 2007). Este proceso, sin dudas puede devolver al gobierno y al estado una posición más central en la acción de gobernar y no deslegitimarlo.

Continuando con el desarrollo de Guy Peters, ciertos autores plantean que el Estado se queda atrás respecto de organizaciones o empresas más ágiles del medio internacional y de los grupos de interés o redes de grupo, también más ágiles, en la esfera de la elaboración de políticas internas. “La burocratización y la complejidad del proceso decisional al interior del Estado, hace imposible a los gobiernos ser actores efectivos en el plano de las Políticas” (Guy Peters, 2007:42).                        

Muchos otros autores hablan de la Gobernanza, subestimando las capacidades del Estado, y obviamente, sobrestimando las de los actores no estatales a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, el Estado es el único capaz de implementar metas de manera colectiva, ya que el Mercado es producto de las interacciones y no tiene mecanismos para definir metas. 

Esta nueva manera de entender las relaciones de poder entre el Estado y la sociedad civil, como así también la introducción de términos como economía, eficiencia, eficacia, responsabilidad y control, van a definir un nuevo esquema de administración pública. 

NEOLIBERALISMO: UN ESQUEMA GERENCIAL DE LA ADMINISTRACION 

Siguiendo a Oszlak, podemos diferenciar dos modelos contrapuestos: el modelo de intelección y el otro, de interacción. El primero brega por la subordinación de la razón y el direccionamiento para el logro de determinados objetivos utilizando los medios más racionales. En el caso del segundo modelo, “la acción es producto de negociaciones y transacciones entre partes, donde la suma de las voluntades individuales hace al interés general” (Oszlak, 1980:10). Este último, está relacionado con la teoría clásica liberal de la “mano invisible del mercado”. 

La administración fue evolucionando a lo largo del tiempo. Primero se dio la implantación de la administración pública burocrática, en sustitución de la administración patrimonialista, que se registró en el siglo pasado en los países europeos, en la primera década de este siglo en los Estados Unidos y en los años ‘30 en el Brasil. “La segunda evolución se está produciendo con la implantación de la administración pública gerencial, que tiene sus precedentes aun en los años ‘60, pero que, de hecho, sólo comienza a ser implementada en los años 80” (Bresser Pereira, 2007:279). Como podemos ver, ese esquema gerencial en nuestro país se instaló en la década del 60 durante la dictadura de Onganía y con Krieger Vasena como ministro de economía.

Por otro lado, el Banco Mundial se refirió al papel del Estado en las reformas económicas, y con una fuerte tonalidad normativa, este documento definió de qué asuntos debe hacerse cargo el Estado, es decir “cuáles son los temas que deben encarar las políticas públicas (estabilidad monetaria, infraestructura, preservación del medio ambiente, combate a la pobreza), dejando al libre arbitrio del Mercado todo lo demás” (Vilas, 2011:8).

A este nuevo modelo de administración pública gerencial, que también viene siendo llamada “Nueva Administración Pública” se caracteriza por los siguiente: dirigir el accionar del Estado hacia el ciudadano visto como un usuario o cliente, control de resultados, aumento de la autonomía y descentralización de la burocracia estatal, privatizaciones de empresas públicas del Estado.

Además, se instaló la idea de que el mercado genera la mejor asignación de recursos, en este marco no queda lugar alguno para el Estado. Para esta concepción, “la intervención estatal, en cualquiera de sus formas y tipos, no es sino una transferencia de ingresos y éstas, a su vez, reducen los incentivos y deforman la información acerca de las oportunidades al hacer que las tasas de retornos diverjan de la asignación competitiva” (Przeworski, 2007:144). Además, en el marco de estas ideas, prevalecerá la satisfacción del interés individual.

Como principal premisa, el esquema gerencial se encargó de dividir tajantemente lo “político” de lo “técnico”. Esto es producto de una decisión política que se basa en una visión negativa del Estado y que ve a la política como mala palabra. Sin embargo, esta distinción es totalmente maliciosa, ya que por más esfuerzo que se haga en separar lo ambos términos, es imposible. Por ejemplo, un informe técnico de asuntos de gobierno también tiene proyecciones políticas, como así también un funcionario político puede tener formación técnica. 

Al distinguir la función técnica de la política, se incentivan liderazgos de tipo ejecutivos, supuestamente no contaminados por intereses políticos. Por lo tanto, se deja de lado la concepción Burocrática del Estado y Jerárquica de Weber, con funcionarios de carrera, con tareas específicas y capacitación constante; para pasar a ejecutivos gestores de proyectos provenientes de la esfera privada. De esta manera, estos nuevos liderazgos serían los encargados de introducir la lógica de Mercado dentro de la Administración Pública.

El Neoliberalismo, basado en un Modelo de interacción, hace referencia, por lo tanto, a una racionalidad de tipo política, donde lo más importante en este Modelo es la negociación política. Esto implica el ajuste de demandas entre individuos y grupos que compiten entre sí. Cada uno es libre de perseguir sus propios objetivos, lo cual supone que el poder de todos los negociadores es el mismo. Esto es una analogía con la soberanía del consumidor en el mercado. 

En la racionalidad política, se plantea la imperfección de una jerarquía de fines y medios. Por lo tanto, este Modelo no se basa en la incorporación de decisiones planificadas, con un objetivo inmutable. La incertidumbre de este Modelo, hace que carezcan de importancia los objetivos fijados antes de la etapa de implementación de las políticas públicas. Esto implica que en la medida que haya oposición a esas medidas, se debe cambiar el plan inicial, realizando ajustes marginales. 

Como podemos ver, se trata de un Modelo Irreal e Inaplicable. Es imposible pensar que todos los actores sociales tienen el mismo poder a la hora de negociar la implementación de ciertas políticas. Además, existe una tensión permanente entre el pueblo y aquellos que quieren imponer las políticas de ajuste fiscal. No se puede tener solamente como premisa la economía, eficacia y eficiencia; con la única finalidad que las cifras del Presupuesto “cierren” y no generen Déficit Fiscal. En este diseño de políticas, la mayor parte de la población queda excluida. 

ARGENTINA DEL 2001: CRISIS DEL NEOLIBERALISMO

El Neoliberalismo se dio en varias etapas y tuvo su extensión durante la década del ’70, ’80 y ’90. La diferencia con la década del ’70, es que durante los ’80 y ’90, las políticas de shock económico se dieron en el marco democrático. En el caso de Argentina, la vuelta de la Democracia se da en 1983 con Raúl Alfonsín poniendo fin a la última Dictadura Militar Argentina que se dio a partir del 24 de Marzo de 1976. A pesar del regreso de muchas democracias en el cono sur, las mismas mostraron debilidad, principalmente en el plano económico, debido a las políticas de endeudamiento heredadas por la junta militar. La Hiperinflación generada por el plan primavera y el plan austral, hizo que el presidente Alfonsín entregara el poder seis meses antes de lo previsto a Carlos Saúl Menem.

La Presidencia de Menem se caracterizó por cambiar por completo la institucionalidad del país, con una reconfiguración del aparato administrativo del Estado y también, cambió la relación con los actores sociales. Esto se debió a que cumplió con creces los puntos establecidos en el consenso de Washington: permitió el acceso a bienes importados a menor precio, desmanteló la industria nacional, implementó la flexibilización laboral, fomentó el desempleo e introdujo la convertibilidad y el plan bonex. 

La situación económica del gobierno de Menem terminó de estallar en 2001, ya que el F.M.I. rechazó el refinanciamiento de la deuda externa. Luego se produjo el corralito, dando lugar a una crisis política y de gobernabilidad. Sin dudas, esto era una crónica anunciada, ya que, tras las reformas llevadas adelante por Carlos Menem, hacia mediados de su Gobierno, el porcentaje de trabajadores precarizados superaba ya el tercio. Lejos de mejorar, la situación fue empeorando cada vez más a comienzo del Año 2000. 

En el año 2001, hubo un cúmulo de situaciones adversas. En primer lugar, se perdió el financiamiento internacional, debido al rechazo del Fondo Monetario Internacional a la hora de refinanciar la deuda de nuestro país. Además, Argentina no estuvo exenta de otras crisis que se dieron a nivel mundial como, por ejemplo, el efecto Tequila en el año 1995, la crisis del Default Ruso en el 1998, la Devaluación de Brasil 1999 y la Crisis en Ecuador, en el año 1999. Estas crisis demostraron que, en ausencia de instrumentos cambiarios y monetarios, los shocks impactaban directamente sobre la economía real a través del vínculo entre los flujos de capitales, la inversión, y la tasa de interés.

          Al comenzar Diciembre, el P.I.B. no dejaba de caer y, en el tercer trimestre de 2001, el movimiento adquirió un ritmo vertiginoso con un derrumbe de casi 10%. El ajuste había llegado para quedarse con la vuelta permanente de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía, luego de su drástica performance durante la Presidencia de Menem. Además, la dos veces Ministra del Gobierno de la Alianza, Patricia Bullrich, aprobó un recorte del 13% en Jubilaciones y Salarios de Empleados Públicos. 

           Esas drásticas medidas trajeron como terrible resultado “54% de las personas pobres, de acuerdo a la medición de pobreza de ese entonces, 27,7 % de indigentes; 20,4 % de desocupados y una deuda externa que representaba el 130 % del PIB” (Risso, 2023:1). La sociedad se organizó y resistió a través de las movilizaciones, cacerolazos, ollas populares y asambleas barriales.

Las protestas comenzaron el 19 de Diciembre de 2001, en medio de saqueos y ruidos de cacerolas, donde unidas la clase baja y media, pedían por la Renuncia de Fernando De la Rúa. Las mismas, se extendieron al día siguiente, siendo la respuesta del Presidente, declarar el Estado de Sitio y Reprimir Brutalmente en Plaza de Mayo. Esto dejaría un saldo de 39 muertos como huella imborrable en nuestra Democracia. Luego de los enfrentamientos, Fernando de la Rúa huye en helicóptero.

CONCLUSIONES

El Modelo de Bienestar entra en crisis en la década del ’70 debido a la crítica permanente hacia el Estado y todo lo que implicaba su regulación, principalmente desde las políticas sociales. Se instaló la idea de que el Estado era Elefantiásico, ineficiente, corrupto, incapaz de darle soluciones a la sociedad. Por lo tanto, aparece el Mercado como solución final. 

A pesar de las críticas hacia el Estado, el Neoliberalismo utilizó este como un aparato necesario para garantizar la desregulación de los mercados, la transnacionalización de la economía, la rentabilidad de bonos, la especulación financiera y las privatizaciones de empresas públicas. Por lo tanto, se priorizó lo individual sobre lo colectivo, lo económico sobre lo político y lo trasnacional sobre lo nacional

El modelo neoliberal se ha extendido en nuestro país a través de las décadas del ’70, ’80 y ’90, manteniendo las mismas características a lo largo del tiempo. En los ’70 comenzó la Dependencia Económica a través de la toma de Deuda con el Fondo Monetario Internacional. En los ’80, si bien se recuperó la Democracia, la Política Económica estaba condicionada por los empréstitos contraídos y finalmente, en los ’90 el Gobierno de Menem se propone como meta cumplir religiosamente los 10 puntos del Consenso de Washington. 

Sumado a esto, aparecen nuevos términos como “Good Governance” el cual propone una nueva forma de administración del Estado y del ejercicio del poder, alejado de la verticalidad del Estado y con la aparición de nuevos actores sociales y las redes de gobernanza, las cuales no pueden dar lugar a todas las demandas sociales y producen inequidad. Las reformas del estado que predicaban la economía, eficiencia y eficacia, en nuestra región solo han traído consecuencias negativas en cuanto al crecimiento de la pobreza, desempleo y ciclos económicos desfavorables. 

En cuanto al esquema de administración, se cambió el viejo concepto de Burocracia de Weber, la cual implicaba empleados públicos de carrera, idóneos y capacitados para cumplir tareas específicas, por un esquema gerencialista que se caracteriza por lo siguiente: dirigir el accionar del Estado hacia el ciudadano visto como un usuario o cliente, control de resultados, aumento de la autonomía y descentralización de la burocracia estatal, privatizaciones de empresas públicas del Estado. Además, se encargó de dividir de forma absoluta lo político de lo técnico, una vez más, mostrando su desprecio hacia el Estado y la política. 

Finalmente, en Diciembre de 2001, no solamente entra en crisis el Modelo Neoliberal, sino también su base de legitimidad ideológica de aversión hacia el Estado y las políticas públicas de desarrollo, sostenidas a través de la “Good Governance” y el esquema Gerencialista de la Administración. Toda esa construcción del Neoliberalismo fue una farsa que culminó en la peor crisis de nuestros tiempos arrojando cifras escalofriantes en cuanto a los niveles de pobreza, desempleo e indigencia. De esto se deduce que el Mercado ha fallado como articulador social y que el único capaz de diseñar e implementar políticas públicas en beneficio de la sociedad civil y establecer metas colectivas, es el Estado. 

El Neoliberalismo y el Esquema Gerencialista de la Administración fracasaron, entre otras cosas, debido a que el diseño de políticas públicas es complejo, y, por lo tanto, necesita la participación de la mayor cantidad de actores sociales posibles, teniendo en cuenta sus particularidades e intereses. Además, estas son producto de negociaciones y tensiones, que el Neoliberalismo en su “Discurso Único” busca eliminar para instalar de manera arbitraria en su agenda, las prioridades del Mercado, los Grandes Empresarios y el Capital Transnacional.