CORRUPCIÓN Y NARCOTRÁFICO

POR JORGE LUIS ELIZONDO

Una sucesión interminable de derrotas padece el Gobierno Ultraderechista Autodenominado “Libertario”: en lo económico el fracaso del plan basado en el equilibrio fiscal, el dólar barato y el endeudamiento sin límites; en lo político las derrotas en el Congreso y en la Elección de la Provincia de Buenos Aires; los escándalos de la cripto moneda, las coimas de la droguería Suizo-Argentina pagadas y administradas por las personas de mayor confianza del Presidente, y el más grave: el protagonizado por el actual Diputado y ex Primer Candidato por la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert.

Es conocido por sus afirmaciones violentas contra quienes considera seres peligrosos o desechables, siempre que pertenezcan a los sectores más humildes de nuestra sociedad: “Cárcel o Bala”.  Sin embargo no tuvo inconvenientes en relacionarse con Federico “Fred” Machado, miembro de una asociación ilícita vinculada al narcotráfico.

Los políticos de la ultraderecha predican permanentemente contra el “Narcotráfico”, y afirman que persiguen extirparlo, pero sólo detienen y condenan a los que se ocupan del narcomenudeo. Los principales jefes de las organizaciones delictivas del narcotráfico, que no viven en las villas, sino en las torres y countries, ni siquiera son molestados. El actual Gobierno les ha dado la posibilidad de blanquear los Dólares que son producto del tráfico.

El Presidente Milei entiende que el Narcotráfico es sólo una cuestión de seguridad, y no así la economía que lava el producto del mismo. La “eficaz” economía capitalista sacralizaría los Millones de Dólares obtenidos por las más peligrosas organizaciones delictivas. “No me importa de dónde viene el Dinero” ha dicho.  La represión policial y judicial se concentra en los barrios humildes.

Existen pruebas de que -en oportunidad de su campaña presidencial de 2019- Espert utilizó aviones de propiedad del narcotraficante Fred Machado en no menos de 36 viajes, que ha firmado un contrato de asesoramiento a la “Minera del Pueblo”, una de sus empresas con sede en Guatemala, al aparecer un documento que acredita que percibió 200.000 dólares a cuenta de dicho “asesoramiento”. En un principio optó por negar todo, sosteniendo que se trataba de una “operación del kirchnerismo”, justificación que el Presidente y los voceros del Gobierno repiten hasta el cansancio cuando quedan al descubierto sus actos corrupción.

Pero ante la suma abrumadora de evidencias de su estrecha vinculación con Machado y las propias declaraciones de éste que confirman su financiamiento de la Campaña Presidencial de 2019, Espert renuncia a su Candidatura a Primer Diputado por La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, solicitando licencia hasta la finalización de su mandato en Diciembre de 2025.

Espert se halla imputado por lavado de activos, y el Tribunal ha ordenado medidas que se han cumplido dentro de la Cámara de Diputados. Creemos que, independientemente de lo que el Poder Judicial resuelva acerca de las conductas presuntamente delictivas que se le imputan, los hechos revisten una gravedad tal que lo inhabilitan moralmente para continuar siendo Diputado de la Nación, por lo que –rechazando su “pedido de licencia”- la Cámara debería destituirlo.

El escándalo del “Narcogate” tiene un componente que involucra a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal incurrió en la inexplicable omisión de no confirmar la extradición de “Fred” Machado requerida por el Tribunal de Texas, EE.UU.,  que lo juzga por asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos, entre otros cargos. En virtud de ello, Machado pudo continuar viviendo en su mansión de Viedma durante cuatro años; hasta que hace unos días la “Corte de los tres” declara que la extradición es procedente, y el Presidente de la Nación resuelve cumplir con las obligaciones del Estado argentino.

José Luis Espert, postulado como primer candidato por el oficialismo, deja de ser defendido y se convierte en la vergüenza que debe ser borrada, por lo que se reclama la reimpresión de las boletas electorales de la Provincia de Buenos Aires sin que aparezca su cara y su nombre, con Santilli –el tercer candidato- encabezando la lista de La Libertad Avanza.  El Juez electoral Ramos Padilla ha resuelto que quien debe encabezar la lista es la segunda: Karen Reichhardt, con argumentos en defensa de la paridad de género. El oficialismo ha apelado esta resolución, por lo que es la Cámara Nacional Electoral la que debe resolver en definitiva, previa consulta a los 18 partidos que han presentado sus candidatos, ya que se trata de una boleta única. 

La Libertad Avanza pretende que la reimpresión de las boletas sean a cargo del Estado, que sean los ciudadanos y ciudadanas –incluyendo los jubilados, los discapacitados, los docentes y todos los que han sido privados de sus Derechos Humanos en aras del “Equilibrio Fiscal”- los que deban pagar el producto del escándalo del financiamiento narco al primero de sus candidatos.  Al monto gastado en la impresión de las boletas, deberíamos sumarle los 15.000 o 18.000 Millones de la reimpresión pretendida por los “libertarios”. Desmintiendo el supuesto ahorro de la boleta única (BUP), estaríamos más que duplicando el gasto electoral.

Una de las más antinacionales y retrógradas derechas del mundo -la que hoy gobierna nuestro país- es garantía de los mismos intereses económicos que gestaron y respaldaron a la Dictadura, al Menemismo y al Macrismo. El Narcotráfico y las finanzas que se encarnan en multimillonarios que la “Justicia” no molesta, salvo cuando desde los Tribunales del Norte lo ordenen.  En nombre de la “propiedad privada”, sostiene que el comercio exterior, los puertos y los ríos deben seguir bajo control de los oligopolios exportadores de granos, sin ningún control del Estado.  Dichas vías son parte necesaria de la ruta del narcotráfico.

Creemos que la derecha gobernante no encarna en realidad “otro proyecto de país”; no tiene luz propia, no es más que el reflejo de intereses antinacionales y antipopulares, y nos ha sometido incondicionalmente -superando las “relaciones carnales” del Menemismo de los ’90 -a los intereses económicos, políticos y militares del imperialismo norteamericano– por lo que no vacilará en reprivatizar y favorecer la apropiación de todo lo público que queda por parte de los grupos económicos nacionales y transnacionales.

DERROTA ELECTORAL Y PARLAMENTARIA, CONFLICTOS LABORALES, REPRESIÓN

La aplastante derrota electoral del Gobierno de La Libertad Avanza en las Elecciones Provinciales del 7 de Septiembre en la Provincia de Buenos Aires agrava la crisis económica y política del Ejecutivo. 

Sin embargo, la expectativa de que el resultado electoral podría constituir un freno a la política destructiva desplegada por el Gobierno desde el 10 de Diciembre de 2023 fue ilusoria.  La respuesta fue aceptar el fracaso electoral sin reconocer las causas económicas y sociales del mismo, y por el contrario confirmar y profundizar el plan de ajuste. Los errores habrían sido sólo político-electorales, allí es donde se impone una supuesta autocrítica; pero el rumbo económico no se va a mover un ápice de la defensa de los intereses del capital financiero, los grupos económicos transnacionales y locales, y de los dogmas de la teología neoliberal, como el superávit fiscal.

Por eso se profundiza el ajuste contra los jubilados, los científicos, los docentes universitarios, los demás trabajadores estatales y demás sectores vulnerables, recurriendo el presidente nuevamente al veto contra la Ley de Financiamiento Universitario. También veta la ley que reglamenta los ATN destinados a las provincias. No obstante propone un diálogo con los “gobernadores afines”, como llama a los que desarrollan en sus provincias una política de ajuste contra los trabajadores y demás sectores populares.

AGUDIZACIÓN DEL CONFLICTO INSTITUCIONAL CON EL PODER LEGISLATIVO   

El 10 de Julio de 2025, una mayoría superior a los dos tercios de ambas Cámaras había convertido en leyes tres proyectos impulsados por la oposición: un aumento de las jubilaciones y pensiones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. En la misma sesión, obtuvieron media sanción dos proyectos propuestos por los gobernadores, relacionados con los fondos que la Nación no está transfiriendo a las Provincias: los Aportes al Tesoro Nacional (ATN) y la participación en el Impuesto a los Combustibles.  

Tal como lo había anticipado, el presidente vetó todas las leyes sancionadas por ambas cámaras del Congreso.  Posteriormente, por primera vez en veinte años, el Congreso rechazó el veto del Ejecutivo contra la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.  

Y nuevamente el Ejecutivo recurre al veto contra las leyes de Emergencia en Pediatría, de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (ATN) y de Financiamiento Universitario, vetos que también fueron rechazados por el Congreso.

La correlación de fuerzas dentro de ambas Cámaras se ha modificado en un sentido favorable a la oposición. Ha quedado atrás la etapa en la que -cumpliendo directivas de sus gobernadores- los integrantes de una oposición “dialoguista” votara la “Ley Bases”, otorgara facultades legislativas y apoyara los vetos del presidente. Éste ya no cuenta con el apoyo de una mayoría de gobernadores. 

En esta nueva etapa, el gobierno sostiene que continuará aplicando su plan económico basado en el endeudamiento con el FMI, el Banco Mundial y otros organismos, al que se suma ahora el préstamo del Tesoro de los EE UU., otorgado  con el  fin de que LLA gane las elecciones nacionales de medio término, lo que implica un crecimiento exponencial de la deuda externa, además de una mayor dependencia económica, política y militar 

 De la mano de Sturzenegger, sigue el plan de destrucción del Estado de Derecho, de disminución de sus controles directos y de destrucción de todas las áreas destinadas al desarrollo económico, científico, social y cultural. Nada que altere el concepto de Estado gendarme o Estado policía debería existir. Ni las centrales nucleares, ni la actividad científica y espacial, ni el desarrollo ferroviario, ni la fabricación de vagones, ni los astilleros. Sólo las finanzas y la exportación de commodities garantizarían el status neocolonial que se está asignando a nuestro país. 

El conflicto del gobierno con el Poder Legislativo se potencia a partir de la negativa del Ejecutivo de respetar las leyes sancionadas mediante el uso abusivo del derecho al veto, institución de claro origen monárquico. 

 El Presidente confiaba tanto en la eficacia del instrumento que olvidó que vetar una ley sancionada por el Congreso implica convalidar todo el proceso legislativo que llevó a dicho resultado.  Ante el fracaso de los vetos,  amenazó con “judicializar” las leyes sancionadas por el Congreso, lo que constituye un absurdo carente de toda validez jurídica. No es posible imaginar racionalmente que el Poder Ejecutivo accione judicialmente contra el Poder Legislativo, dos poderes que pertenecen al mismo Estado.   

LA ILEGALIDAD COMO POLÍTICA DE ESTADO

Lo ocurrido hasta hoy demuestra que –aun habiendo sufrido una derrota humillante en la Provincia de Buenos Aires, con sucesivos reveses en el Congreso, ya sin las facultades extraordinarias que le permitieron emitir decretos tendientes a destruir organismos del Estado, y con la mayoría de éstos derogados por la mayoría de las Cámaras – el presidente de la Nación no resigna su sueño de gobernar por decreto y recurrir sistemáticamente al veto de las leyes que –según su opinión- destruyen un pretendido e inexistente equilibrio fiscal. 

Por eso es que habiendo fracasado los vetos, y ante la imposibilidad de judicializar las leyes, el gobierno redobla el conflicto institucional recurriendo al incumplimiento de las mismas.

Es lo que ha ocurrido con la Ley de Emergencia en Discapacidad Nª 27.793. De acuerdo al Decreto 681/25 del 22 de Septiembre, el Presidente promulga la ley pero suspende su aplicación, porque considera que los recursos necesarios para cubrir los gastos no han sido considerados en la misma, y que sólo en el marco del Presupuesto 2026 podría garantizarse “la coherencia del proceso presupuestario y la adecuada planificación de las finanzas públicas”.

El decreto de suspensión viene a cubrir los mismos propósitos que el veto rechazado por ambas Cámaras del Congreso con los dos tercios de sus miembros.

Se trata de una suerte de “doble veto”, con el que se pretende disfrazar la decisión ilegal de no cumplir con las claras disposiciones de la ley, incurriendo en una clara violación de los deberes del funcionario público, en este caso la obligación de ejecutar la ley en los términos en que fue sancionada por el Poder Legislativo. 

El decreto justifica su negativa a aplicar la ley con el argumento de que es en el marco de la aprobación del Presupuesto donde “se debate de manera integral la forma de afrontar los gastos y erogaciones que demandan las distintas políticas públicas”. El Presidente de la Nación parece olvidar el hecho de que su gobierno afrontó “los gastos y erogaciones” del Estado durante casi dos años sin que existiera presupuesto alguno, es decir de acuerdo a su voluntad. 

 Esta misma voluntad pretende que la ley 27.793, ley de emergencia que debe cubrir las necesidades impostergables de los discapacitados no se aplique y su ejecución dependa del debate parlamentario de la Ley de Presupuesto.

Invoca la ley 24.629: “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

Creemos que no puede justificarse la suspensión de una ley de orden público, de Emergencia Nacional en Discapacidad, que efectiviza el cumplimiento de las obligaciones del Estado Nacional asumida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la ley 27.044; y de modificar leyes y decretos y de adoptar las medidas necesarias (Art. 1º ley 27.793).

El Decreto 685/25 suspende la aplicación in totum de la ley que ha promulgado; y de la lectura de la misma surge que existen disposiciones que ni siquiera implican gastos del Estado, las que también estarían suspendidas.  

La ley 27.793 modifica el Art. 87 de la Ley Nacional de Empleo 24.013, que queda redactado de la siguiente forma: “Los empleadores que contraten trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50 %) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones correspondientes al INSSJP, a las Cajas de Asignaciones y Subsidios Familiares y al Fondo Nacional de Empleo por el período de tres (3) años, independientemente de las establecidas en la ley 22.431”. 

Por otra parte, no es cierto que la ley no haya previsto el financiamiento de los gastos. El Art. 19 establece: “Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley. Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad “Servicios Sociales”.

Nuestra conclusión es que el verdadero objetivo del gobierno es no aplicar la ley 27.793, por lo que el Decreto 685/25 es inconstitucional e ilegal. 

SITUACION DE LA CLASE TRABAJADORA

El programa de ajuste al que ha sido sometido nuestro país desde que el actual gobierno asumió el 10 de Diciembre de 2023 con el anunciado objetivo de frenar la inflación,  se basó en una reducción sistemática de salarios y jubilaciones, y en aumentos que ni siquiera cubrieron el falso índice inflacionario del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Se destruyeron 114.532 empleos estatales, sumados a otros 130.681 puestos del sector privado formal y 30.000 empleos de casas particulares. En total, se perdieron 270.000 empleos. 

Como consecuencia de la “motosierra”, el Estado dejó de percibir 10,5 billones de pesos en concepto de aportes y contribuciones, las obras sociales  4,3 billones y los sindicatos 948.000 millones de pesos en concepto de aportes sindicales.

Los salarios de los trabajadores estatales no recuperaron nada de lo perdido como consecuencia de la devaluación del 116 % de Diciembre de 2023. Actualmente se hallan a un 22 % por debajo de lo que percibían durante el gobierno anterior.  Cada trabajador estatal ha perdido más de 7,5 millones de pesos de forma acumulada desde que comenzó este gobierno. 

Las jubilaciones son un 25 %  más  bajas desde Diciembre de 2023 y cada jubilado ha perdido el equivalente a 3,9 millones de pesos desde entonces.  

La transferencia de recursos de la clase trabajadora en su conjunto hacia el capital y las cajas de la corrupción del actual gobierno (gastos reservados de la SIDE, coimas de ANDIS y otros organismos)  se traduce en una pérdida de 46,1 billones de pesos.

El Estado –lejos de haber “desaparecido” en el gobierno ultraderechista- adquiere cada vez mayor importancia para el control social de la fuerza de trabajo ocupada, de los desocupados y los marginados o excluidos del sistema, a quienes se pretende colocar en un estado de permanente vigilancia policial. La represión sobre los trabajadores y sus organizaciones se ejerce de diversas formas:

1. Acción del aparato del Estado, a través de los servicios de inteligencia, ejercida en sus más variadas formas: espionaje, acción psicológica contra las organizaciones políticas y sociales de los trabajadores y el pueblo, infiltraciones en las movilizaciones populares, tendientes a intimidar, desorganizar y paralizar a estas organizaciones. 
2. Represión abierta a través de la acción policial, de la Gendarmería, Policía Federal y de las policías provinciales contra las huelgas, las ocupaciones de fábricas y movilizaciones populares en diversas provincias,
3. Represión de las patronales: Que se ejercen en forma directa a través de diversas formas de persecución, entre ellas las suspensiones y los  despidos por causas gremiales y políticas, las campañas de intimidación contra quienes pretenden organizar a los trabajadores para la defensa de sus derechos e intereses, contra los candidatos a delegados o miembros de comisiones directivas y aún contra aquellos que en forma individual se atreven a difundir el contenido de los convenios colectivos o la legislación laboral. En forma indirecta, también se manifiesta en las campañas que estimulan el individualismo y la competencia entre los compañeros de trabajo, demonizando toda expresión colectiva o solidaria de los trabajadores. 

No debe sorprender que la gran burguesía respalde aún los proyectos del Ejecutivo, pese a que crezca la recesión y la caída de ventas de importantes sectores de la producción: siderurgia, automotrices, neumáticos, alimentación, textil, etc, afectados por la libertad de importaciones; porque los resortes políticos  del Estado se hallan en manos de los representantes de la clase dominante, garantizando los mecanismos de la represión contra las huelgas y la protesta social.  

El neoliberalismo siempre ha apuntado contra el pleno empleo, al que consideran una anomalía que atenta contra la acumulación capitalista, y sus voceros tratan de convencernos de que hoy es una fantasía alcanzarlo.  El gobierno de “La Libertad Avanza” persigue dichos intereses antisociales, carece de un plan productivo, por lo que los despidos, suspensiones y lock outs no son objeto de limitación alguna por parte del Estado. 

Frente a la ofensiva, la respuesta política no puede ser sólo electoral, ya que debe incluir como elemento fundamental el crecimiento y la unidad de las luchas del movimiento obrero en todo el país por los salarios, los convenios colectivos, la defensa irrestricta de los puestos de trabajo contra los despidos y suspensiones, por el rechazo y derogación de la Ley Bases, el DNU 70/2023 y de los todos los decretos y resoluciones de carácter represivo dictados por este gobierno.