RAZONES DE LA INESTABILIDAD Y CAIDA PRESIDENCIAL EN ECUADOR

ROSALÍA ARTEAGA, ABDALÁ BUCARAM, FABIÁN ALARCÓN Y LUCIO GUTIERREZ

Este artículo tiene como objetivo analizar los casos de inestabilidad presidencial en el Ecuador, los cuales culminaron en la caída de varios Presidentes. Para eso, tomaremos el período desde la Recuperación de la Democracia en el Año 1979 hasta el Año 2024. Además, compararemos las distintas Presidencias y definiremos si en ellas hubo Inestabilidad o estabilidad. Por último, la pregunta que nos propondremos responder en este trabajo es si la Inestabilidad Presidencial en el Ecuador, depende exclusivamente de las políticas llevadas a cabo por el Presidente o si también inciden otros factores.

Durante la década del 90 surge un nuevo líder del partido roldosista ecuatoriano, Abdalá Bucaram. En la primera vuelta de las elecciones de julio de 1996, gana Jaime Nebot, candidato del partido Social Cristiano por un escaso margen del 27%, contra un 25% de Abdalá Bucaram. El resultado se revirtió en segunda vuelta, resultando vencedor Bucaram por el 54,5% de los votos.

Bucaram asumió el cargo en agosto de 1996 y de inmediato transfirió el estilo desaforado de hacer campaña a su manera de gobernar. Se trasladaba constantemente de la ciudad capital de Quito a su ciudad natal Guayaquil, tratando los asuntos oficiales tanto en el Palacio de Carondelet como en su domicilio particular, y convocando a reuniones de gabinete inesperadas en las ciudades y pueblos que visitaba (Pérez Liñán, 2009:54).

Su estrategia propia de un comediante de stand up, acudiendo constantemente a la prensa, confundía a la población, ya que por momentos parecía el representante de las políticas neoliberales, y, por otro lado, defensor de las causas del pueblo. Recién en diciembre de 1996, dio a conocer un plan que se asemejaba al de la convertibilidad argentina, buscando homologar el precio del sucre con la moneda estadounidense. Esto generó descontento y movilizaciones sociales de gremios y movimiento indígenas.

Sin embargo, su despliegue histriónico no tuvo el resultado esperado. Lejos de ganar adeptos, perdió recursos de poder. Por un lado, el oficialismo solo contaba con un 23% de las bancas de la Asamblea y lejos de ganar aliados, la política de Bucaram se dedicaba a crear cada vez más enemigos. Esto le valió distintas acusaciones como abuso de poder y corrupción. A ese panorama, se le sumaba el descontento de la prensa, que constantemente atacaba a Bucaram por su forma ridícula y extravagante de comportarse, llegando incluso a criticarlo la prensa de su ciudad natal, Guayaquil. Además de sus escándalos de corrupción en la aduana y la leche subsidiada con el nombre de “abdalact”, se estimó que aproximadamente el 45% del presupuesto fue destinado al pago de la deuda externa.

Debido a esto, en 1997 el frente patriótico llama a una huelga general (alianza de movimientos sociales y sindicales). Además, algunos políticos como Borja y Hurtado comenzaron a pedir la renuncia del presidente. Los días 5 y 6 de febrero de ese año fueron definitivos para la suerte de Bucaram, ya que se movilizaron millones de personas tanto de los movimientos sociales, como de la clase alta aristocrática del país. En esa protesta se pidió remover al presidente.

Tomando nota de la situación, la asamblea llamó a una reunión de emergencia para el día siguiente. Esa circunstancia fue bien aprovechada por la oposición para solicitar la declaración del presidente de incapacidad mental. Los partidarios del presidente no tenían mayoría en la asamblea, por lo tanto, no tuvieron posibilidad de bloquear la decisión. Luego de la intermediación de las fuerzas armadas, se logró que la vicepresidenta, Arteaga, siguiera en el poder durante dos días, para luego renunciar y que la legislatura nombrara como presidente interino a Alarcón. A Bucaram no le quedó otra opción que huir a Panamá.

El Gobierno de Mahuad agudizó las políticas neoliberales de sus antecesores, por lo que estalló la crisis económica en Ecuador de 1999, en la que millones de ecuatorianos perdieron sus ahorros. Esto se debió a que Mahuad decretó el feriado bancario para salvar a los banqueros, principales financistas de su campaña electoral y parte de su cúpula de gobierno. Como consecuencia de esto, el pueblo decidió movilizarse en varias ocasiones, en compañía de la confederación nacional indígena y sectores nacionales de las fuerzas armadas, desembocando en un golpe de Estado a principios del año 2000.

Gutiérrez a lo largo de su campaña se mostró como un líder popular que estaba en contra de la oligarquía, la cual, según él, estaba conformada por políticos corruptos. Sin embargo, el descontento con Gutiérrez se debió a varios motivos, pero principalmente por haber incumplido su promesa nacional y popular de campaña. Por otro lado, se le sumaron los actos de corrupción y prácticas institucionales ilegítimas e ilegales. Respecto al plano económico, el nivel de inflación bajó del 12,5% en 2002, al 7,9% en 2003 y al 2,7% en 2004. También se dio un crecimiento del PIB por persona que llegó al 4,5% en 2004. Esta recuperación se basó en los altos precios del petróleo (De la Torre, 2008: 246).

La carrera política de Correa se inició en ese contexto. El 20 de abril, el entonces vicepresidente de la República, Alfredo Palacio, se hizo cargo del gobierno y lo nombró ministro de Economía. Cargo en el que permaneció por unos cuatro meses, pero que le sirvió para dar a conocer a nivel nacional sus convicciones personales con relación al nacionalismo y antiimperialismo, e identificar un “nosotros” y un “ellos” respecto de la deuda, la relación con los sectores económicos concentrados y los organismos financieros internacionales (García, 2008: 209).

La carrera de Rafael Correa comenzó como ministro de economía de Palacio. Allí, se lo vio como un funcionario comprometido con las causas sociales. Desde su cargo, impulsó la creación de la Cuenta Especial de Reactivación Productiva y Social, del Desarrollo Científico-Tecnológico y de la Estabilización Fiscal en reemplazo del Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público, ya que este último favorecía los intereses de los compradores de bonos de la deuda pública ecuatoriana por encima del interés general. La salida de Correa del ministerio se debió a que planteó ante la opinión pública la necesidad de eliminar el fondo petrolero.

Sin dudas, el desgaste y cansancio respecto a las promesas incumplidas de Gutiérrez, quien terminó implementando un programa económico de tipo neoliberal, le permitió a Correa surgir como el líder natural antineoliberal y de corte nacional y popular. Al haberse opuesto a las políticas de Gutiérrez continuadas por Palacio, la gente vio en él un defensor de las políticas públicas inclusivas y redistributivas, como oposición a las malas y corruptas prácticas de los gobiernos neoliberales anteriores. Por otro lado, sus antecedentes académicos y de investigación le otorgaban credibilidad mostrándolo con un intelectual capaz de asumir la responsabilidad de gobernar.

Los resultados oficiales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2006, dados a conocer luego de la instalación de los guarismos de boca de urna difundidos, determinaron que el candidato Álvaro Noboa (PRIAN) había obtenido el 26,83 %, secundado por Rafael Correa (Alianza PAIS) con el 22,84 %.8 De esta manera, la elección presidencial requirió una segunda vuelta (García, 2008:212). En noviembre de 2006 se produjo la segunda vuelta electoral y Correa alcanzó la primera magistratura ecuatoriana al alzarse con el 56,7 % de los votos, de acuerdo a los datos oficiales provistos por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador.

La puja entre el Poder Ejecutivo y Legislativo estuvo presente desde comienzo del gobierno de Rafael Correa. Esto se debió a que el Presidente convocó a una Asamblea Constituyente. En segundo término, la jugada contra la partidocracia que le había rendido frutos a nivel presidencial, le obstaculizaba la aprobación de proyectos considerados prioritarios, tales como el de soberanía energética e hidrocarburífera y el de control de contrabando, a lo que se sumó el anuncio del veto y reenvío de la Ley Bancaria, por considerarla débil en el control de tasas de interés (García, 2021: 214).

El poder legislativo aumentó su confrontación con el liderazgo de Rafael Correa, aprovechando que Alianza País no tenía parlamentarios. Sin embargo, esta situación cambió en abril de 2007 por dos motivos: el 80% de la población apoyó el proceso constituyente y, además, el oficialismo logró quedarse con 79 de 130 escaños en la Asamblea. Asimismo, la nueva carta magna incorporó mecanismos de democracia directa y comunitaria, entre los que se pueden mencionar las audiencias públicas, las veedurías, las asambleas, los cabildos populares, los consejos consultivos, los observatorios y las demás instancias que promueven la ciudadanía.

En materia económica, Correa situó su política de gobierno en el modelo de la economía de solidaridad, es decir, un modelo de construcción de organizaciones y políticas públicas sostenidas en la cooperación, la ayuda mutua y la reducción de las mediaciones monetarias entre la producción y el consumo. Además, podemos destacar la renegociación de la deuda externa, la gestión de los recursos naturales y la intervención del Estado en la economía. En cuanto a la relación con la deuda externa, el gobierno de Correa dio muestras de priorizar el gasto público en inversión social al reducir el porcentaje del presupuesto nacional destinado a amortizar la deuda, pasando del 38 % en 2006 al 28 % en solo un año. Esto le valió la declaración de “persona non grata” por parte del Banco Mundial.

La economía ecuatoriana experimentó un éxito macroeconómico en 2012 debido a la amplia inversión en los sectores productivos, el alto precio del petróleo, una tasa de inflación no elevada y mejoras en la recaudación de impuestos. Estos sucesos han permitido al gobierno aumentar sus gastos sociales. Los resultados socioeconómicos fueron favorables, con una continuada reducción en el desempleo, la pobreza y la desigualdad económica a nivel nacional (Polga-Hecimovich, 2013:137)

La presidencia de Correa estuvo en juego durante dos episodios: el primero ocurrido el 30 de septiembre de 2010. Aquí la policía de Quito se sublevó secuestrando al presidente durante horas. El segundo, fue a la finalización de la iniciativa Yasuní- ITT en 2013.

En el primer caso, se trató de un golpe de Estado perfectamente calculado, orquestado por aliados del ex presidente Gutiérrez y personas ligadas al partido sociedad patriótica. Sin dudas, buscaban matar al presidente, debido a los cambios institucionales en las fuerzas de seguridad y policial, sumada la supresión de los servicios de inteligencia y la eliminación de los cobros por la participación en los concursos para el ingreso de nuevos reclutas. El secuestro se produjo tras el ingreso de Correa al edificio donde se encontraban los uniformados. Estos impusieron por la fuerza la imposibilidad de dejar ir al presidente hasta tanto no firmara concesiones sectoriales. El presidente se negó terminantemente a cualquier concesión, lo que dio paso a la solución militar. En horas de la noche, un equipo de elite del Ejército liberó por la fuerza a Correa, que estaba retenido en el hospital de la Policía. Con posterioridad a la insurrección, la justicia ecuatoriana encarceló a los considerados instigadores, entre quienes figuraban varios dirigentes del partido del expresidente Lucio Gutiérrez.

El segundo caso, se dio, ya que el presidente ecuatoriano pretendió ser parte de las acciones internacionales de mitigación del impacto sobre el cambio climático, de respeto a la diversidad de flora, de fauna y de las comunidades que habitaban esa región. Para ello, propuso un esquema novedoso que, tras seis años de espera, debió cancelarse por falta de apoyo (García, 2021: 221). Este era uno de los bastiones del correísmo en cuanto a la filosofía del buen vivir, por lo que el presidente se había comprometido a no explotar las reservas ubicadas en el Parque Nacional Yasuní a cambio de una contribución financiera internacional del 50 % de lo que hubiera obtenido en caso de hacerlo; la otra mitad sería financiada por el Estado. Finalmente, esta iniciativa no contó con la colaboración internacional, por lo que tuvo que cancelarse. Por estos motivos una parte del apoyo popular y del movimiento alianza país disminuyó.

El 2015 fue un año caracterizado por la caída internacional del precio del petróleo y las protestas sociales como respuesta a las propuestas de reforma encaradas por el Ejecutivo nacional. En ese contexto, se sancionaron reformas impositivas respecto al impuesto a la herencia y plusvalía. Esto hizo que se unificara la oposición principalmente mostrando su descontento a través de los medios de comunicación y las movilizaciones sociales.

A mediados de 2016, durante el mes de abril, un sismo con epicentro en las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas, provocó centenares de muertes, personas desaparecidas y miles de heridos, así como considerables daños económicos privados y en la infraestructura estatal, principalmente en las vías de comunicación. A pesar del incansable esfuerzo de Rafael Correa por socorrer a los afectados por la contingencia, durante los años 2015, 2016 y 2017 se intensificaron las movilizaciones de los sectores sindicales y los grupos indígenas.

Para las presidenciales de 2017, surgió un personaje impensado como candidato del movimiento Alianza País, Lenin Moreno, quien fue vicepresidente de Rafael Correa durante los años 2007 a 2013. Por el lado de la oposición al correísmo, el candidato era Guillermo Lasso por el movimiento creando oportunidades (CREO). La campaña estuvo plagada de juego sucio por parte de este candidato de y acusaciones de corrupción hacia Lenin Moreno y más precisamente, hacia Rafael Correa. Las elecciones se realizaron en febrero de 2017 y el Consejo Nacional Electoral dio por ganador a Alianza PAIS con alrededor del 39 % de los votos, por lo que se acudió a una segunda vuelta, resultando ganadora la fórmula Lenin Moreno- Jorge Glas por un escaso margen de dos puntos, por sobre Guillermo Lasso.

De esta manera, Alianza PAIS continuaba por la senda del fortalecimiento partidario, y Rafael Correa lograba de manera exitosa, tras más de diez años en ejercicio de poder, dar continuidad a un proyecto político más allá de su liderazgo personal. Sin embargo, la presidencia de Moreno fue todo lo contrario a los postulados de Correa. Como una de sus primeras medidas removió a su vicepresidente Jorge Glas, hombre leal a Correa, que fue encarcelado por la su supuesta participación la causa de corrupción “arroz verde”. Glas no fue la única víctima de Moreno, sino también otros dirigentes del correísmo como María de los Ángeles Duarte, Ricardo Patiño y Gabriela Rivadeneira, quienes debieron exiliarse.

Moreno, además pudo asegurarse recursos de poder no solo en el poder judicial, sino también en la asamblea legislativa, debido a su alianza con sectores de derecha históricamente opositores al correísmo como el caso de dirigentes del partido social cristiano como Bucaram y Nebot, el movimiento SUMA, CREO y aunque sea difícil de creer, también, con un sector del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Sin embargo, en el año 2019, entre los meses de septiembre y octubre, hubo movilizaciones sociales expresando el descontento con las políticas neoliberales de ajuste de Lenin Moreno, las cuales fueron reprimidas brutalmente. Sin embargo, el descontento con sus medidas continuó, y terminó su mandato con un 10% de aprobación.

En la primera vuelta, llevada a cabo el 7 de febrero, Lasso entró al balotaje, para competir con la fórmula encabezada por Andrés Arauz y apoyada por el correísmo. En el ballotage realizado en abril de 2021, Lasso derrotó a este candidato.

Guillermo Lasso llegó a la presidencia representando a la banca privada, ya que fue presidente del Banco de Guayaquil desde 1994 hasta 2002 y que tuvo gran responsabilidad en la crisis desatada durante el feriado bancario, ya que fue ministro de economía durante los meses de agosto y septiembre del año 1999. A pesar de esa coyuntura, los ecuatorianos le dieron su voto para esas elecciones.

En septiembre de 2021, fiel a sus ideas neoliberales, anuncia un proyecto de mega ley que incluía los siguientes puntos: flexibilización del código laboral, supresión del impuesto de sucesiones, creación de zonas francas con incentivos fiscales para atraer inversión extranjera. Sin embargo, la Asamblea se mantuvo firme e impidió que se aprobara. Además, el gobierno de Lasso no supo enfrentar la pandemia de COVID, ya que hubo miles de muertos, especialmente en Guayaquil, ciudad natal de Lasso. La crisis sanitaria venía del gobierno de Lenin Moreno y se agravó con Lasso.

También, durante el gobierno de Lasso hubo varios motines en las cárceles, dejando un gran saldo de muertos y una crisis de seguridad debido al auge del narcotráfico, principalmente las zonas costeras de la provincia del Guayas, Manabí y Santo Domingo. Esa crisis, llevó gran cantidad de víctimas, entre los cuales se encuentran candidatos y funcionarios del Ecuador: intendentes, asambleístas y hasta candidatos a presidente, como veremos después, que fue el caso de Fernando Villavicencio, asesinado por sicarios. A consecuencia de todo lo sucedido, tras su primer año de gobierno se produjo el Paro Nacional de 2022. Lasso reprimió la movilización social, dejando un saldo de 7 manifestantes fallecidos.

El gobierno de Guillermo Lasso estuvo atravesado por varios casos de corrupción. Entre ellos, el más conocido fue el caso “Gran Padrino” o “Caso Encuentro”. El escándalo estalló a raíz de una investigación donde se detallaba una red de corrupción en la cual estaba implicado Danilo Carrera, cuñado y amigo del entonces presidente Lasso. También estaba involucrado Rubén Cherres, empresario que actuaba en nombre de Carrera. Los delitos por los cuales se los investigó eran: delincuencia organizada, cohecho y concusión. Esta red de corrupción, estaba liderada por Carrera, y se dedicaba a receptar coimas por parte de proveedores del Estado a la hora de adjudicar contratos. El centro de este entramado corrupto se encontraba dentro de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas.

Debido a esta situación, el juicio político a Guillermo Lasso era inevitable. La bancada opositora al gobierno dentro de la Asamblea, realizó una serie de investigaciones y presentó un informe para iniciar el juicio político al mandatario el día 4 de marzo de 2023. Por lo tanto, el 16 de marzo comenzó el trámite del juicio político, siendo su admisibilidad aprobada por la Corte Constitucional. Luego el trámite pasó a manos de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde se presentaron las respectivas pruebas y, además, debieron comparecer varios funcionarios del gobierno de Lasso. Posteriormente, el presidente Lasso compareció ante el Pleno Legislativo, sin embargo, no ejerció su derecho a la réplica. No obstante, al día siguiente Lasso disolvió el parlamento, por lo que el juicio quedó inconcluso.

La figura que le permitió disolver la Asamblea se denomina “muerte cruzada”, la cual consiste en un mecanismo que permite al presidente o a la Asamblea Nacional disolver el otro poder y llamar a nuevas elecciones generales, tanto legislativas como presidenciales. Además, es una forma de resolver una crisis política o una situación de bloqueo institucional.

Según el artículo 148 de la Constitución de Ecuador, el presidente puede usar la muerte cruzada por una sola vez y solo en los tres primeros años de su mandato, por tres causales: si considera que la Asamblea ha realizado funciones que no le corresponden, si obstruye el Plan Nacional de Desarrollo o si hay grave crisis política y conmoción interna. En el caso de Lasso, negó todas las acusaciones vertidas durante el juicio político y lo calificó como un intento de desestabilización, alegando una grave crisis política y conmoción interna. La Asamblea denunció esta maniobra, pero la Corte Constitucional finalmente dio lugar a la implementación de la muerte cruzada, por lo que en el plazo de noventa días se debía llamar a nuevas elecciones presidenciales.

El día 20 de agosto de 2023 se realizaron las elecciones presidenciales. Por la Revolución Ciudadana se presentó la fórmula Luisa González- Andrés Arauz, y por otro lado, Daniel Noboa y Verónica Abad. Daniel Noboa es hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, quien intentó cinco veces llegar a la presidencia. También se presentaron otros candidatos como Yaku Pérez, Jan Topic, el exvicepresidente de Lenin Moreno, Otto Sonnenholzner y el periodista Fernando Villavicencio, quien sería asesinado a manos de sicarios, reflejo de la crisis de seguridad que vive actualmente el Ecuador.

Por lo tanto, el 20 de agosto de 2023, los resultados de las elecciones presidenciales de primera vuelta, a la cual se presentaron ocho candidatos y candidata, arrojan un resultado donde el primer lugar lo obtiene la candidata del partido Revolución Ciudadana, Luisa Gonzales, con un 33% de la votación; en segundo lugar, se ubica el candidato Daniel Noboa con un 23%; en tercer lugar, se ubica la votación otorgada al candidato asesinado Villavicencio, quien fue sustituido por Christian Zurita (CLACSO, 2023). Sin embargo, en la segunda resultó ganador Noboa por una diferencia de cinco puntos.

Lejos de mejorar la situación del Ecuador, la misma empeoró en lo que respecta a la crisis de seguridad, y a la crisis energética debido a los cortes de luz frecuentes. Además, Ecuador comenzó a importar energía de Colombia, pero días atrás el presidente colombiano, Gustavo Petro, suspendió la venta al país vecino. Por este motivo, tuvo que declarar feriado los días 18 y 19 de abril de 2025. El día 21 se realizó una consulta sobre un total de 11 preguntas. Los medios instalaron como gran ganador de la contienda al presidente ya que había ganado el “si” en 9 de esas 11 preguntas. Sin embargo, perdió en las dos preguntas que para él era fundamental aprobar. Una que refería a contratar a los trabajadores por horas y la otra que establecía el sometimiento a arbitraje internacional en caso de conflicto de Ecuador con una empresa extranjera.

En ciertos países como en el caso de Ecuador, parece haber una vuelta a la derecha. Pero algunos autores, se han encargado de definir el fenómeno de las nuevas derechas. Durante la década de los setenta, las derechas se caracterizaron por su desprecio hacia las democracias representativas, especialmente si tenían elementos de justicia social y políticas distributivas. Por eso llaman la atención las nuevas derechas, porque desde lo discursivo no se muestran autoritarias o por fuera del sistema democrático.

Nos referimos, por ejemplo, a las derechas en Venezuela, Bolivia, Ecuador o Argentina, donde si se estudia el discurso proselitista de estas fuerzas se observa con claridad que han comprendido el desacierto que significaría en términos de resultados electorales pretender cargar contra algunas de las políticas consideradas como conquistas populares. Lo que sí pueden hacer, y lo hacen, es poner en la agenda temas como la “mano dura” contra la inseguridad, a menudo en  el  marco  de  discursos  que  buscan  presentarse  como “postideológicos”, apelando a unos “problemas de la gente” que hipotéticamente no distinguen ni ideologías ni culturas políticas (Giordano, 2014: 54).

A pesar de esto, vemos que la agenda neoliberal avanza de forma acelerada en sus políticas económicas. Además, lejos de ser democráticos, aplican la persecución y mano dura con la oposición, llegando a violar incluso, el derecho internacional. En el caso de Ecuador, esto sucedió el día 5 de abril, donde las fuerzas de seguridad ingresaron a la fuerza a la embajada de México en Quito, secuestrando al ex vicepresidente del Ecuador, Ingeniero Jorge Glas, quien había solicitado el asilo político en México. Dicho accionar ameritó una denuncia ante la OEA y el rompimiento de relaciones con México.

Otros conflictos que podemos destacar dentro de la presidencia de Noboa son: el proyecto Olón y el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad del Estado de excepción declarado por el presidente en las provincias de El Oro, Los ríos y Santa Elena por un lapso de sesenta días. El proyecto Olón es un desarrollo urbanístico promovido por la empresa VinAzin. Estará conformado por cuatro edificaciones de cuatro plantas y 24 soluciones habitacionales, además del desarrollo de áreas comunes y sociales dentro de una zona protegida y reserva ecóloga que se encuentra en la provincia de Santa Elena. La principal accionaria de esa empresa es la primera dama, Lavinia Valbonesi. Debido a esto, se presentó una denuncia contra ella por el presunto delito de tráfico de influencia y delitos contra la naturaleza (Teleamazonas,2023).

Respecto al segundo punto, la Corte Constitucional en la sesión del 10 de mayo del 2024 emitió un dictamen desfavorable de constitucionalidad del Decreto Ejecutivo que declaraba el estado de sitio en las provincias mencionadas, ya que el mismo no alegó cuál era la configuración de la causal del conflicto armado interno, como así tampoco justificó el ámbito territorial y temporal de aplicación (Corte Constitucional. Caso 5-24-EE).

Debemos tener en cuenta que, en la democracia presidencial de baja institucionalidad, la presencia de un liderazgo presidencial que logra controlar y ampliar una serie de recursos de poder de manera efectiva no es, ciertamente, el peor escenario que puede esperarse. Un contexto peligroso es la posibilidad de caer en la inestabilidad presidencial, es decir, la situación que se da cuando un presidente no logra una colocación político institucional ventajosa que le impide generar y utilizar recursos de poder para estabilizar su mandato (Fraschini y Tereschuk, 2015: 90).

Luego de haber hecho un recorrido por los distintos períodos presidenciales del Ecuador, debemos analizar cuáles fueron los factores que incidieron en la inestabilidad o estabilidad de los mismos y el porqué de sus caídas. Es decir, cuáles son las razones por las que son desafiados.

Al analizar las políticas económicas de los presidentes ecuatorianos, podemos ver que la mayoría han llevado adelante planes económicos de tipo neoliberal. Sin dudas, la desregulación de la economía traducida en desempleo y aumento de la pobreza, genera un descontento social, que en la mayoría de los casos culmina con movilización social de los sectores más perjudicados.

En el caso de Abdalá Bucaram, si bien el juicio por incapacidad mental no tuvo como primer razón su plan económico, recordemos que durante su presidencia se buscó llegar a una suerte de “ uno a uno” homologando el sucre con el dólar al estilo convertibilidad de Domingo Cavallo. Esto hizo que distintos sectores de la sociedad se movilizaran pidiendo su renuncia.

El gobierno de Jamile Mahuad, agudizó las políticas neoliberales de sus antecesores, por lo que estalló la crisis económica en Ecuador de 1999, en la que millones de ecuatorianos perdieron sus ahorros, gracias al feriado bancario decretado por Mahuad, para salvar a los banqueros, principales financistas de su campaña electoral y parte de su cúpula de gobierno. Además, en su golpe de Estado, intervinieron también, fuerzas militares.

El feriado bancario consistió en el congelamiento de depósitos. Esta medida afectó a cientos de miles de personas en el país. Cundió el descontrol económico y la inflación superó los 20.000 sucres por dólar. En este contexto y sin que medie ningún estudio o medida preparatoria para la población, poco tiempo después se decretó la dolarización de la economía ecuatoriana (Ministerio de cultura y de Patrimonio del Ecuador, 2012).

Ahora bien, más allá del descalabro financiero, el salvataje bancario produjo considerables efectos sociales, que fueron negativos para la mayoría de la población: recesión, crecimiento de los índices de pobreza e indigencia que deterioraron las condiciones de vida, tasas elevadas de desempleo con el consecuente crecimiento de los cinturones de pobreza, quiebre de un sin número de empresas y la mayor ola de migración a Norteamérica y Europa, proyectada en el consecuente abandono del campo y la ciudad y las devastadoras rupturas familiares. En entrevistas al ex presidente prófugo, el mismo reconoció que la dolarización en Ecuador no hubiese sido “tan exitosa” si no hubiese sido por la ayuda de Domingo Cavallo. La inflación pasó del 36% en 1998 al 52% en 1999 y al 96% en 2000. El desempleo se incrementó del 11% en 1998 al 14% en 1999. Dentro de este contexto de crisis generalizada, y con niveles de hiperinflación que literalmente se comían los salarios, provocó gran indignación y enojo de la población el hecho de que el presidente usara los fondos del Estado para rescatar a la banca privada.

Gutiérrez fue cesado pese a la relativa estabilidad económica que vivió el país durante su período y a la ausencia de un paquetazo económico. En este contexto de estabilidad macroeconómica, con políticas monetarias ortodoxas y fieles a los designios del FMI y con un equipo de tecnócratas aprobados por las elites empresariales, era difícil imaginar que se produjera una crisis política y que Gutiérrez no pudiera terminar su gobierno. Los errores políticos de Gutiérrez, junto a su debilidad institucional que lo obligó a aliarse con el PRE y el PRIAN, explican su caída. si bien durante su campaña electoral se manifestó opositor a las políticas neoliberales, apenas subió al poder firmó una carta de intención con el FMI y nombró a tecnócratas ligados a grupos empresariales para que dirigieran su política económica ortodoxa.

En el caso de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, sus gobiernos se caracterizaron por tener una alta imagen negativa, en gran parte debido a sus políticas neoliberales. En cuanto a Lenin Moreno, ese descontento se vio agravado debido a que incumplió sus promesas de campaña, respecto a mantener las políticas del correísmo, fuerza por la cual resultó victorioso en las elecciones presidenciales de 2017.

Abdala Bucaram no dejaba de cosechar oposición tanto en su territorio, como en funcionarios extranjeros. A tal punto, que, en el año 1997, el embajador de Estados Unidos en Ecuador denunció la penetrante corrupción en la Aduana. Como así también la leche subsidiada con el nombre de abdalact.

Jamile Mahuad fue imputado por su actuación durante el feriado bancario del año 1999. En 2006, la Corte Suprema de Justicia había dictado sobreseimiento provisional a favor de Mahuad por considerar que no había los elementos suficientes para declararlo culpable, pero el caso fue reabierto en 2011 al insistirse en señalarlo como responsable del impacto en la población que representó la crisis financiera. Por lo tanto, en 2014, la Corte Nacional de Justicia, lo sentenció a 12 años de prisión, como reo ausente, por los delitos de peculado o malversación de fondos públicos.

El ex mandatario Gutiérrez, gobernó por dos años y su administración tuvo denuncias por corrupción y nepotismo dentro de la administración pública. Debido a esto, el ex presidente huyó de la sede presidencial de Ecuador en medio de protestas ciudadanas. Uno de los escándalos que enfrentó Gutiérrez fue el descubrimiento de que buena parte del armamento de las Fuerzas Armadas había desaparecido de los cuarteles y se creyó que esas armas habían sido entregadas a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia. También, a través de su mayoría oficialista en el congreso, logró la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Ecuador y los reemplazó por otros nombrados por sus legisladores.

En el caso de Lenin Moreno, según los datos del propio Servicio Nacional de Compras Públicas, en el primer año de la pandemia, el Estado gastó USD 332,4 millones a través de las denominadas compras de emergencia. A esto se le suma las decenas de corrupción en gobiernos locales, en ministerios, en hospitales y otras entidades públicas. Varias compañías interconectadas en el denominado caso Zoldan se beneficiaron de 300 contratos de salud pública, entre 2009 y 2020, por USD 119 millones. Y esa no es la única red que se halló. También, en los hospitales del IESS de Guayaquil se ubicó otra supuesta red de delincuencia organizada (Diario primicias, 2020).

En el caso de Lasso, el escándalo “El Gran Padrino”, se denunció la existencia de una red de corrupción liderada por Danilo Carrera en la que se receptaban coimas por parte de proveedores del Estado cuando se adjudicaban contratos y se cobraban de planillas. El epicentro de esta corruptela estaría en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas. Además de esto, se descubrió el vínculo del ex presidente Lasso con la mafia albanesa.

Durante la inestable presidencia de Abdalá Bucaram, la asamblea llamó a una reunión de emergencia para el día siguiente de las movilizaciones del 5 y 6 de febrero. Esa circunstancia fue bien aprovechada por la oposición para solicitar la declaración del presidente de incapacidad mental. Los partidarios del presidente no tenían mayoría en la asamblea, por lo tanto, no tuvieron posibilidad de bloquear la decisión. Recordemos que solo contaba con un 23% de las bancas, por lo que además de la incapacidad mental, también le valió varias denuncias por corrupción y abuso de poder. Jamil Mahuad también se vio debilitado por el congreso que removió al presidente luego de las movilizaciones posteriores al feriado bancario. Gutiérrez, si bien tenía mayoría parlamentaria, fue el pueblo quien a través de la movilización logró remover al presidente. Moreno, en cambio, pudo asegurarse recursos de poder no solo en el poder judicial, sino también en la asamblea legislativa, debido a su alianza con sectores de derecha históricamente opositores al correísmo como el caso de dirigentes como Bucaram, Nebot y Pachakutik. Por último, Guillermo Lasso no pudo conseguir la mayoría en la Asamblea. Debido a esto, puso en práctica la figura de la muerte cruzada, disolviendo la misma, debido a la amenaza de un juicio político.

Durante toda la presidencia de Abdalá Bucaram, hubo movilizaciones populares, siendo las definitivas las convocadas por el frente patriótico, donde llamó a una huelga general (alianza de movimientos sociales y sindicales). Además, algunos políticos como Borja y Hurtado comenzaron a pedir la renuncia del presidente. Allí se movilizaron millones de personas tanto de los movimientos sociales, como de la clase alta aristocrática del país. En esa protesta se pidió remover al presidente.

El elemento de las movilizaciones populares por parte de los gremios, sectores más radicalizados y movimientos indígenas, se vio también presente durante las presidencias de Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, llevando a que el congreso los destituyera finalmente. Sin embargo, en el año 2019, entre los meses de septiembre y octubre, hubo movilizaciones sociales expresando el descontento con las políticas neoliberales de ajuste de Lenin Moreno, las cuales fueron reprimidas brutalmente. Debido a esto, el descontento con sus medidas continuó, y terminó su mandato con un 10% de aprobación. Por último, las movilizaciones durante la presidencia de Lasso, en el año 2022 también fueron violentamente reprimidas, dejando un saldo de siete muertos.

Como podemos ver, hay algunos patrones que se repiten en todas las inestabilidades presidenciales del Ecuador desde la vuelta a la democracia, llegando algunas a ser caídas presidenciales, ya sea por renuncia anticipada, juicio político o golpe de estado. En la mayoría de las caídas presidenciales como las de Abdalá Bucaram, Mahuad y Lasso tuvieron gran importancia las políticas neoliberales impuestas, ya que eso aumentó el descontento de los sectores populares y terminaron con grandes movilizaciones, tanto de los sindicatos, como de los sectores indígenas. En el caso de Gutiérrez, se le agrega el descontento con parte de los sectores de izquierda que lo llevaron al poder, debido a que incumplió sus promesas de campaña, entregando la soberanía de su país a los intereses del Fondo Monetario Internacional.

Respecto a los casos de corrupción, todos los presidentes que han caído, han sido juzgados. Incluso también, los que no llegaron a caer, pero terminaron su mandato con pésima imagen positiva, como el caso de Lenin Moreno. Entre esos delitos podemos mencionar peculado o malversación de fondos públicos, corrupción en la aduana por coimas, cohecho dentro de organismos del Estado, sobreprecios en las compras de los insumos de salud, entre otras cosas.

En cuanto a la minoría en la Asamblea, es una característica que es esencial para determinar la caída de los presidentes. Esto se debe a que el poder legislativo es el encargado de iniciar los procesos de destitución o juicio político. A Abdalá Bucaram se le inició un proceso por incapacidad mental, mientras que a Lasso se buscó hacerle un juicio político debido al escándalo “gran padrino”. Por último, a Mahuad, se lo juzgó por su participación en el feriado bancario. En dos ex presidentes no se vio esta variable de la minoría en las cámaras. El primero es Gutiérrez que tenía mayoría parlamentaria, sin embargo, fue la movilización popular de los “forajidos” el detonante de su caída. Yendo a Lenin Moreno, si bien pudo terminar su período presidencial, culminó su mandato con un 10% de aprobación. Sin embargo, durante su gestión, a pesar de su inestabilidad, logró mayoría en el congreso debido a su acuerdo con otras fuerzas políticas.

En cuanto al actual presidente del Ecuador, Daniel Noboa, podemos sintetizar su gobierno de la siguiente manera: políticas neoliberales, comportamientos autoritarios, rompimiento de relaciones internacionales con países claves; crisis energética y de seguridad. Sin dudas, esta “nueva derecha” está muy alejada del supuesto espíritu democrático y republicano expresado en sus discursos de campaña. A las claras estos serían motivos más que suficientes para generar la preocupación y movilización de gran parte de la población. Sin embargo, el joven hijo de empresario nacido en Miami, parece tener un alto grado de adhesión. Uno de los factores que ayuda a esto, es la presencia de su esposa, Lavinia Valbonesi, quien es una influencer en temas saludables y de nutrición. A través de ese medio logró captar gran parte del voto joven que carece de formación política y pasa su tiempo de ocio en las redes. Veremos si el presidente logra sostener esto en el tiempo.

Por último, debemos analizar el liderazgo más importante de la historia ecuatoriana, Rafael Correa. Quien, a diferencia de los demás presidentes que no lograron culminar sus mandatos, desplegó determinados recursos de poder que le permitió sortear las inestabilidades que se fueron presentando durante su gestión como fue el caso de su intento de golpe de estado y asesinato. El cual fu perpetrado por los sectores más recalcitrantes apoyados por el ex presidente Gutiérrez que jamás le perdonó a su ex ministro de economía que se pusiera del lado de los más humildes, apoyando al pueblo, en lugar de al Fondo Monetario Internacional.

Correa al principio no tuvo mayorías en la Asamblea, situación que la oposición pensó aprovechar para tirar atrás su proyecto de reforma constitucional. Sin embargo, gran parte del pueblo lo respaldó. Tuvo la oposición de los medios de comunicación hegemónicos, de las familias más ricas de Ecuador y hasta del poder judicial. Tuvo un intento de golpe de estado y hasta el día de hoy, es acosado por el lawfare. A pesar de todo esto, es un líder que logró sostenerse en el tiempo y que todavía cuenta con un enorme apoyo de las personas que recuerdan la década ganada en derechos políticos, sociales y económicos, implementando un modelo de tipo redistributivo, priorizando la inversión en educación, salud, e incluso ampliando los mecanismos de participación ciudadana y con una reforma constitucional ejemplar.

Si bien es cierto que un plan económico neoliberal, sumado a la ausencia de mayorías en las cámaras y acusaciones de corrupción, son el conjunto ideal para garantizar la caída de un presidente. Sin embargo, hay un factor que es fundamental: la legitimidad del líder ante su pueblo. Esto nos da la pauta que existen recursos de poder para mantenerse en el gobierno que solo algunos presidentes han sabido explotar contra “viento y marea” y esos son: la inteligencia, astucia, carisma y poder de las convicciones. Eso se requiere para ser amado y respetado por un pueblo que ha sido despojado de todo a través del neoliberalismo y la corrupción. Si hubo un líder con estas características, fue Rafael Correa, y por eso sus presidencias fueron estables.

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