Esta nota se apoya en Investigaciones Periodísticas, principalmente los libros del médico y periodista Nelson Castro, Enfermos de poder (2005) y Secreto de Estado (2011), en biografías académicas clásicas como las de Félix Luna y Manuel Gálvez sobre Hipólito Yrigoyen, en trabajos sobre la Historia de la Psiquiatría y la Salud Mental en la Argentina (Asociación Argentina de Salud Mental, revista Topía) y en coberturas de medios nacionales como La Nación, Infobae y Perfil. También recurre a un marco conceptual desarrollado en el Reino Unido, el llamado síndrome de Hubris, que desde hace dos décadas se utiliza en el análisis político internacional para describir ciertos patrones de comportamiento asociados al ejercicio prolongado del poder.
Hablar de salud mental en un presidente incomoda. Toca dos tabúes a la vez. Por un lado, el de la enfermedad mental, todavía estigmatizada pese a décadas de avances en psiquiatría y psicología; y por otro, el del poder, que suele presentarse a sí mismo como infalible, sereno y sin fisuras. Sin embargo, la historia argentina, como la de cualquier país, está atravesada por gobernantes que ejercieron su mandato bajo estrés extremo, aislamiento, duelo, enfermedades neurológicas, adicciones o rasgos de personalidad que condicionaron decisiones de Estado. Reconstruir ese recorrido no es un ejercicio de morbo ni de diagnóstico a la distancia, sino una manera de entender mejor cómo se ejerce el poder, y qué controles necesita una democracia para que la salud de quien gobierna no se convierta en secreto de Estado.
Antes de recorrer los casos, conviene fijar una regla básica de esta nota, que es también una regla ética del Periodismo Médico. En 1964, cuando el Partido Republicano de Estados Unidos postuló a Barry Goldwater a la Presidencia, la Revista Fact envió una encuesta a más de doce mil psiquiatras preguntándoles si consideraban que el candidato estaba psicológicamente capacitado para gobernar. Cientos de profesionales respondieron con diagnósticos de paranoia, esquizofrenia o megalomanía sin haber examinado nunca al candidato. El episodio fue considerado, tiempo después, un uso irresponsable de la autoridad médica, y en 1973 la Asociación Psiquiátrica Estadounidense adoptó lo que se conoce como «Regla Goldwater», la cual ningún profesional de la salud mental debería diagnosticar públicamente a una figura pública sin haberla evaluado personalmente. Esa regla es la que ordena este texto. No se trata de diagnosticar retroactivamente a los Presidentes Argentinos, algo imposible y metodológicamente inválido, sino de reconstruir con fuentes verificables, qué se supo, qué se ocultó, qué dijeron los Médicos de la época, qué reconstruyeron después los Historiadores y qué patrones de comportamiento (no diagnósticos clínicos) identificó la Ciencia Política a partir del ejercicio del poder.
Por ello, si nos remontamos a las Presidencias fundacionales, el silencio era la norma. Entre 1862 y 1880, con Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, la Argentina consolidó su organización institucional tras décadas de guerras civiles. De estos mandatarios fundacionales no existe documentación médica sistemática comparable a la de los Siglos XX y XXI. La propia noción de salud mental como campo profesional era, en ese momento, prácticamente inexistente en el país.
Según reconstruye la historiografía especializada en la disciplina, la profesionalización de la psiquiatría y la psicología en la Argentina recién comenzó a mediados y fines del siglo XIX, con la apertura de los primeros hospicios para enfermos dementes y la incorporación de la materia a las facultades de medicina; antes de eso, la enfermedad mental era abordada con categorías religiosas, morales o directamente ausentes del debate público. Esto no significa que los primeros presidentes han gobernado sin tensión psíquica. Sarmiento, por ejemplo, es descrito por sus biógrafos como un hombre de carácter volcánico, autoritario y proclive a conflictos personales feroces con buena parte de su entorno político; Mitre, en cambio, es recordado por una templanza casi estoica. Pero la ausencia de registros clínicos y la falta de un marco conceptual contemporáneo hacen que cualquier lectura retrospectiva de salud mental sobre estas figuras deba manejarse con extrema cautela histórica. En este sentido, se trata de rasgos de carácter y de estilo de liderazgo, documentados por cartas, discursos y testimonios de la época, no de cuadros psicológicos o psiquiátricos.
Ya con la consolidación del Estado-Nación, específicamente el período que va de 1880 a 1916, dominado por el Régimen Conservador y el Partido Autonomista Nacional, ofrece los primeros casos bien documentados de deterioro de salud física y con componentes de estrés emocional intenso en el ejercicio de la primera magistratura. El caso más citado por la historiografía y por el propio Nelson Castro en “Enfermos de poder” (Vergara, 2005) es el de Manuel Quintana, quien asumió la presidencia en 1904 ya con setenta años y una salud deteriorada, y cuya situación se agravó notablemente tras el levantamiento radical de 1905 contra el fraude electoral. Los historiadores coinciden en que el estrés generado por ese episodio golpeó su estado general, lo obligó a reducir drásticamente su actividad y precipitó una delegación del mando en el vicepresidente José Figueroa Alcorta antes de morir, en 1906, sin completar su período.
Un caso todavía más singular es el de Roque Sáenz Peña, el presidente que en 1912 impulsó la ley de sufragio universal, secreto y obligatorio que lleva su nombre y que transformó el sistema político argentino. Sáenz Peña llegó al poder en 1910 ya enfermo, y desde 1913 sufrió un rápido deterioro neurológico que lo llevó a pedir licencias reiteradas hasta delegar el mando en su vicepresidente, Victorino de la Plaza. Murió en 1914, dos años antes de terminar su mandato. La prensa de la época y, más tarde, distintas reconstrucciones periodísticas vincularon ese cuadro neurológico con una sífilis contraída, según el rumor extendido en los círculos de poder, durante su participación como voluntario en la guerra del Pacífico entre Chile y Perú. Se trata de un dato que combina fuente documental, tradición oral política y lo que en la época se llamaba, informalmente como «sífilis cuartelera»; como un ejemplo temprano de cómo el poder político argentino ocultó, minimizó o rumoreó sobre la salud de sus máximos referentes en lugar de transparentarla.
Ningún caso resulta tan instructivo para pensar la relación entre salud mental y poder en la Argentina como el de Hipólito Yrigoyen. El primer presidente elegido por voto secreto y obligatorio, en 1916, quien gobernó dos veces; entre 1916 y 1922, y entre 1928 y 1930. Fue precisamente en ese segundo mandato, iniciado cuando Yrigoyen ya tenía 76 años, que desató una campaña de prensa feroz, liderada por el diario Crítica fundado en 1923 por Natalio Botana, y que lo acusó sistemáticamente de senilidad, ineptitud e incapacidad para gobernar. Biógrafos como Manuel Gálvez y, más tarde, Félix Luna reconstruyeron ese proceso como una operación política y mediática deliberada, montada en paralelo a la conspiración militar que terminaría derrocándolo el 6 de septiembre de 1930, en el primer golpe de Estado del siglo XX argentino. Lo relevante de este caso, desde la perspectiva de esta nota, es la dificultad para distinguir qué hubo de deterioro real. Si Yrigoyen tenía, en efecto, una salud debilitada y un estilo de conducción cada vez más hermético y distante del contacto público; o sí hubo de construcción política de un relato de locura o decadencia mental, destinado a deslegitimar a un gobierno democrático y allanar el camino al golpismo. El propio estilo de Yrigoyen, reacio a las apariciones públicas y rodeado de un entorno que administraba la información que le llegaba, hasta al punto de que circuló el rumor de que se le entregaba un diario a medida, con noticias fraguadas para no perturbarlo; alimentó esa narrativa sin que existiera, hasta donde documenta la historiografía académica, un diagnóstico médico formal de deterioro cognitivo. Tras el golpe, fue confinado en la isla Martín García, donde su salud se resintió por el maltrato y el encierro; murió en 1933, recibido por un funeral multitudinario que desmintió, al menos en el plano del afecto popular, buena parte de la campaña de desprestigio que había sufrido en sus últimos años de gobierno. El caso Yrigoyen anticipa, en 1930, un patrón que se repetirá durante el siglo siguiente; el uso político de la salud, física o mental de un presidente, tanto para ocultarla cuando conviene al oficialismo como para exagerar o cuando conviene a la oposición.
Tiempo después, el peronismo introduce otra capa de análisis. Juan Domingo Perón gobernó en tres oportunidades (1946-1952, 1952-1955 y 1973-1974), con un exilio de dieciocho años en el medio. En su tercera presidencia, ya septuagenario, enfermo y rodeado por un entorno donde ganó peso creciente José López Rega, su secretario privado, impulsor de prácticas esotéricas dentro de la Casa Rosada; distintas reconstrucciones históricas y periodísticas coinciden en describir un deterioro físico marcado y un círculo de decisión cada vez más cerrado y menos permeable a voces distintas de las de su esposa y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón, y del propio López Rega. Nelson Castro dedicó un libro específico, “Los secretos de los últimos días de Perón” (Vergara, 2013) a reconstruir ese período final, marcado por la ocultación pública del verdadero estado de salud del presidente hasta las semanas previas a su muerte, en julio de 1974. Este episodio es, otra vez, menos un caso de enfermedad mental documentada que un caso de opacidad institucional, ya que la salud del jefe de Estado como secreto reservado a un círculo íntimo, con el consiguiente riesgo de vacío de poder y de decisiones tomadas en su nombre por terceros no electos.
Con la restauración democrática en 1983, la relación entre los presidentes y su salud, incluida la psíquica, empieza a hacerse más visible en la cobertura periodística, aunque no necesariamente más transparente en la comunicación oficial. Nelson Castro documenta en “Enfermos de poder” una serie ininterrumpida de episodios de salud entre los mandatarios elegidos desde 1983. Raúl Alfonsín enfrentó los efectos del estrés extremo de una transición democrática atravesada por la hiperinflación y los alzamientos militares carapintadas; Carlos Menem debió operarse de una obstrucción carotídea en 1993, en pleno ejercicio del cargo, episodio que generó un fuerte impacto institucional por el riesgo de vacancia presidencial; Fernando de la Rúa arrastraba, ya antes de asumir en 1999, cuadros de arteriosclerosis que sus allegados vincularon con el desgaste del ejercicio prolongado de cargos públicos. El caso de De la Rúa merece un párrafo aparte, no porque exista un diagnóstico psiquiátrico documentado, no lo hay, y esta nota no pretende inventarlo; sino porque la crisis de diciembre de 2001 se transformó en el episodio de mayor tensión psicológica y política sufrido por un presidente argentino desde el retorno democrático. Analistas políticos como Julio Burdman, de la Universidad de Buenos Aires, han descrito ese diciembre como un punto bisagra que marcó a fuego a la sociedad y a la dirigencia argentina, con niveles de presión, aislamiento del poder y colapso de gobernabilidad que un ex vocero presidencial, Juan Pablo Baylac, resumió con una metáfora elocuente; el sillón presidencial argentino tiene, dijo, electrodos que no siempre se ven. Es una imagen útil para pensar el costo psíquico; no necesariamente patológico, pero sí real y mensurable en el desgaste humano que impone la función presidencial en contextos de crisis extrema.
Por otro lado, la primera década del siglo XXI incorporó a la conversación pública argentina un concepto acuñado en el Reino Unido, el síndrome de Hubris, desarrollado por David Owen, médico, neurólogo y ex canciller británico, en su libro “En el poder y en la enfermedad” (1ed., 2008). Owen estudió los casos de una decena de líderes mundiales, entre ellos Winston Churchill, Margaret Thatcher y George W. Bush y describió un patrón de comportamiento, no una enfermedad psiquiátrica clásica, que puede desarrollarse en personas que ejercen el poder durante períodos prolongados. Como por ejemplo, el exceso de confianza en el propio juicio, desprecio creciente por las opiniones ajenas, tendencia a confundir la propia voluntad con la realidad objetiva y una progresiva pérdida de contacto con las consecuencias prácticas de las decisiones. En la Argentina, Nelson Castro popularizó ese marco conceptual para analizar públicamente, primero, a Cristina Fernández de Kirchner, y lo hizo en pleno ejercicio del cargo, lo que generó una fuerte polémica política y mediática en 2013 y volvió a plantearse tras la publicación de su libro de memorias “Sinceramente”, en 2019. Castro también documentó, en “Secreto de Estado”, la opacidad con la que el kirchnerismo gestionó la información sobre la salud de Néstor Kirchner, cuya muerte, en 2010, se produjo pocos meses después de que el propio periodista le advirtiera públicamente sobre el riesgo cardiovascular que enfrentaba; y sobre distintos episodios de salud de Cristina Fernández, incluida una controvertida operación de tiroides. Conviene aclarar, una vez más, que el síndrome de Hubris no es una categoría reconocida por los manuales diagnósticos de la psiquiatría sino una herramienta de análisis político y conductual, útil para describir patrones de ejercicio del poder pero no equivalente a un diagnóstico clínico de un trastorno mental. Su aplicación pública a dirigentes en funciones, sin evaluación profesional directa, es exactamente el tipo de uso que la regla Goldwater recomienda manejar con extrema prudencia, más allá de la legitimidad del debate político que genera.
La actualidad reabrió, con una intensidad inédita, el debate sobre la salud mental de un presidente en ejercicio. Desde antes de su asunción, en diciembre de 2023, Javier Milei fue objeto de una atención pública creciente sobre su vínculo con el esoterismo, su dependencia de asesoramiento espiritual y su estilo de conducción marcadamente personalista y aislado. El periodista Juan Luis González, editor de la revista Noticias, publicó dos investigaciones, El loco (2023) y Las fuerzas del cielo (2025), que reconstruyen, a partir de entrevistas con el entorno del mandatario, episodios de comunicación con médiums, un vínculo de fuerte dependencia con su hermana Karina Milei y un relato personal en el que el propio presidente ha descrito su misión política en términos mesiánicos. En los últimos meses, ese debate escaló a la escena institucional, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel, ex compañera de fórmula del mandatario, expresó públicamente su preocupación por el estado del Presidente y por lo que describió como persecuciones imaginarias que este replicaría tanto dentro como fuera del país. A esa declaración se sumó Nelson Castro, quien con la misma autoridad periodística que había empleado años antes para analizar a los Kirchner, afirmó que Milei atraviesa, en sus palabras, un problema psiquiátrico, y lo fundamentó en el nivel de aislamiento del mandatario, su explosividad pública y su fuerte dependencia de su hermana. Este episodio actualiza, con matices propios de la época; el rol de las redes sociales, la exposición mediática permanente, la circulación viral de cada exabrupto presidencial.
En síntesis, el mismo dilema que atravesó a Yrigoyen casi un siglo atrás; dónde termina la descripción periodística legítima de un estilo de liderazgo inusual y dónde empieza la estigmatización de la enfermedad mental o su uso como arma política. La diferencia sustancial es que, a esta altura del siglo XXI, Argentina cuenta con un marco de derechos consolidado en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en 2010 tras un largo proceso de reforma que reemplazó el modelo manicomial por un paradigma de derechos humanos y que exige tratar estos temas sin reproducir el estigma que históricamente pesó sobre quienes padecen sufrimiento psíquico, sea cual sea su cargo o investidura.
De este modo, resulta pertinente hablar de estos temas con seriedad, ya que ninguno de los casos recorridos en esta nota permite ni pretende establecer diagnósticos retroactivos sobre presidentes que gobernaron hace un siglo, ni diagnósticos a distancia sobre dirigentes en funciones. Lo que sí habilita este recorrido es un acercamiento histórico, y como la salud psíquica de quienes ejercen el poder máximo en la Argentina fue, durante buena parte de siglo y medio de historia institucional, un dato oculto, negado o utilizado como arma política, antes que una cuestión de interés público abordada con seriedad médica y responsabilidad periodística. Esa opacidad tuvo costos concretos. En el caso de Sáenz Peña y de Quintana, el ocultamiento del deterioro de salud retrasó decisiones institucionales sobre la sucesión. En el caso de Yrigoyen, la instrumentalización mediática de rumores sobre su estado mental contribuyó a allanar el camino a un golpe de Estado. En el caso de Perón, la opacidad sobre su salud en 1974 dejó a la Argentina, en la práctica, sin un liderazgo efectivo en un momento de creciente violencia política. Y en los casos más recientes, la polarización extrema ha convertido cada mención a la salud mental de un dirigente en un arma de descalificación antes que en una oportunidad de debate informado sobre los límites humanos, psíquicos y emocionales del ejercicio del poder. Frente a ese patrón, el desafío que propone esta nota desde la escala más cercana de la vida institucional argentina es doble. Por un lado, sostener el rigor histórico y bibliográfico al apoyarse en biografías académicas, en investigaciones periodísticas verificables y en marcos conceptuales validados, como el síndrome de Hubris o la regla Goldwater, antes que en el rumor o la especulación. Por otro, contribuir a una conversación pública madura sobre la salud mental, que no la use como insulto político ni la esconda como vergüenza institucional, sino que la trate con la misma seriedad con la que se trata cualquier otra dimensión de la salud de quienes conducen el destino de un país. La Argentina discute la salud física de sus presidentes desde hace más de un siglo. Empezar a discutir, con la misma rigurosidad, su salud mental, es una deuda pendiente de la democracia y del periodismo argentino.