POR MARÍA ÁNGELA MOSCATO(*) 
Desde que se aprobó la Asignación Universal por Hijo en el Año 2009, se discute si consiste en una cuestión Clientelista por parte del Estado, o si se trata de una Política Social de avanzada que otorga prestaciones equitativas con la finalidad de garantizar la justicia social y la movilidad social ascendente.
PARADIGMAS DE LA NIÑEZ Y EL ROL DEL ESTADO
Una Política Social requiere Inversión por parte del Estado, es decir, una política pública forma parte de la agenda sobre aquello que el Estado le da prioridad. Yendo al caso específico, una política pública de infancia se constituye a partir de una toma de posición del Estado en base al concepto que tiene sobre la niñez en un momento histórico determinado.
El Paradigma Irregular, veía a la niñez como un problema a solucionar y planteaba la intervención a través de instituciones como orfanatos. Los niños pobres eran vistos como algo anormal que debía reprimirse a través del encierro y la medicalización. La finalidad última de este Paradigma Perverso era el control social y homogeneizar a la niñez. En cambio, el Paradigma de la Normalización de la Niñez se dio en un contexto de los Estados de Bienestar, con una protección amplia desde varias áreas como Seguridad Social, Educación y Salud, donde la familia y escuela tenían un rol fundamental. Si bien se reivindicó los Derechos de los Niños, se hizo desde una mirada adultocéntrica.
Otro Paradigma es el que surgió durante la recuperación de la democracia y década del ’90. Se trataba de una protección restringida de la infancia, donde la intervención del Estado se daba cuando un Derecho era Vulnerado, es decir, no de manera preventiva. Lo paradójico de este período es que Argentina había adherido a la Convención Internacional de los Derechos del Niños, mientras que el Neoliberalismo arrastraba a la niñez a la pobreza extrema e indigencia, a través de políticas focalizadas y con míseras Asignaciones Presupuestarias.
Luego de crisis del 2001, surge el paradigma de la Protección Ampliada, el cual concibe a la desigualdad como un límite a los Derechos de la Niñez y define a la misma hasta los 17 años, tal como lo hace la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Caracterizado por una mayor presencia del Estado Nacional como nivelador de inequidades en un País Federal, la apertura de prestaciones históricamente sectoriales y para unos pocos, y la posibilidad de articular programas al ser más consistente y amplio, por ende, redundando en una mayor asignación de recursos (Mazzola, 2015:184). Un claro ejemplo de este tipo de políticas es la Asignación Universal por Hijo.
APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y SU FINALIDAD
La Asignación Universal por Hijo fue creada en al Año 2009 con el fin de ampliar el alcance de las Asignaciones Familiares contributivas a sectores que hasta el momento habían estado relegados, tales como Desocupados, Trabajadores que cobran cifras menores al Salario Mínimo Vital y Móvil, Monotributistas Sociales, personas privadas de su libertad, empleadas de servicio doméstico. Los destinatarios de ese beneficio son los niños y niñas de hasta 18 años, y sin límite de edad para quienes poseen una discapacidad. Como contraprestación, se deben cumplir con requisitos sanitarios, de vacunación y escolaridad.
El Régimen de Asignaciones Familiares está plasmado en la ley 24.714. La A.U.H. actualiza su monto desde el Año 2020 a partir de la Ley de Movilidad Previsional. Además, cumple con los estándares internacionales de protección integral, el interés superior del niño y el derecho a la seguridad social, plasmados en la constitución nacional, la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de Protección integral de niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, la Constitución Nacional, en su Artículo Nº 75 Inciso Nº 23, establece la necesidad de legislar y promover acciones positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y el pleno goce de los Derechos en particular respecto de los Niños, Mujeres, Ancianos y Personas con Discapacidad.
Asimismo, no se trata de una política que “Discrimine” a la clase media y alta, privilegiando a los sectores más pobres. Esto se debe a que es una Política Universal a través de la Selectividad. Esto quiere decir que, si bien las Asignaciones Familiares abarcan a las personas en relación de dependencia y registrados en el Mercado Laboral, el programa de Asignación Universal por Hijo incluyó a Niños y Niñas cuyos padres se encontraban trabajando en negro, desocupados y bajo la línea de pobreza e indigencia.
En las políticas universales, a diferencia de las focalizadas, todos tienen el mismo beneficio, por lo que evita la estigmatización social y las distinciones entre ciudadanos. Por lo tanto, garantiza el apoyo de los sectores medios que también se ven beneficiados por las mismas. Además, se destacan por su transparencia, evitando problemas de acceso a la información de los ciudadanos. Sin dudas, las políticas universales escasean, ya que una de las razones para recurrir a la focalización fue el hecho de que los gobiernos sometidos a restricciones fiscales tenían dificultades para financiar programas universales. Otra fue el deseo de emplear los escasos recursos disponibles para ayudar a los “muy pobres”, dando por sentado que el resto de la población resolvería su situación social por cuenta propia (Solimano, 2005:52).
IMPACTO DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO EN LA MOVILIDAD SOCIAL
Según lo analizado por el Observatorio de la deuda social de la UCA, la Asignación Universal por Hijo tuvo un impacto positivo y sostenido sobre el ingreso per cápita familiar, ya que éste ha sido casi un 40% superior durante el período 2010-2017 en la población destinataria. Más de dos tercios de los niños/as destinatarios pertenece a los niveles socioeconómicos más bajos, alrededor de tres cuartas partes viven en hogares pobres por ingresos y casi un quinto de ellos/as viven en hogares en situación de indigencia.
También se redujo el trabajo infantil y el déficit en indicadores de salud y educación. Entre 2010 y 2020 se incrementó la pobreza monetaria en la infancia argentina, y el efecto de la AUH sobre la incidencia de la pobreza se ubicó en un -13,2% en 2010-2013, en -11,9% 2014-2017 y se redujo a -4,5% en 2018-2020. El efecto es significativamente más fuerte en la indigencia: es de casi 50% en cada uno de los tres períodos analizados. Además, la AUH redujo casi 20% la brecha de pobreza y entre 30 y 40% la brecha de indigencia (Poy, Sánchez, Saliva y Tuñón, 2021).
De acuerdo a los datos de ANSES del año 2021, la Asignación Universal por hijo llegó a cubrir a 4,4 millones de niños/as, adolescentes y personas con discapacidad. Esto representa más un millón de niños/as adolescentes más que al momento de su implementación, en noviembre de 2009. Dentro de los beneficiados, el 49% son niñas y el 51% niños, de los cuales un 72% tiene hasta 11 años, un 27% entre 12 y 17 y cerca de un 1% más de 18. Respecto de la situación laboral de sus padres, un 7% de los/as titulares se encuentra inscripto/a en el monotributo social, un 3% son hijos/as de trabajadoras/es de casas particulares y el 90% restante son titulares inactivos/as, desocupados/as o trabajadores/as informales (Anses, 2021:8).
Durante el período de pandemia, se establecieron distintas medidas como, por ejemplo, eliminar el límite del cobro de la asignación a las familias con más de cinco hijos; se otorgó el beneficio a aquellos niños con un solo progenitor y se quitó el control a aquellos que adeudaban el monotributo social. Estas medidas se implementaron con el objetivo de avanzar hacia la universalización de las asignaciones familiares para garantizar los derechos de toda la niñez en todo el territorio nacional, independientemente del lugar de nacimiento de cada niño y niña. Es por eso, que se trata de una política centralizada, que buscó eliminar las barreras de desigualdad existentes en nuestro territorio. Sin embargo, también existen las políticas o procesos de descentralización que se vinculan con la necesidad de implementar políticas compensadoras e igualadoras a nivel federal ante la existencia de fuertes desequilibrios regionales y carencias financieras y de gestión a nivel local (Centrángolo y Goldschmidt, 2013:37). A pesar de esto, la AUH se desvalorizó de forma sostenida entre principios de 2019 y finales de 2023, por lo que se necesitó un instrumento útil y de refuerzo como la tarjeta alimentar.
REFLEXIONES FINALES
La Asignación Universal por Hijo es una Política Social de Avanzada que garantiza la Protección Integral de los Niños y Niñas de nuestro País, dejando de lado la mirada adultocéntrica. Además, cumple con los estándares constitucionales y convencionales de Derechos Humanos. Es decir, no es una simple dádiva, sino una Política que Perdura en el tiempo debido a su reconocimiento por Ley, actualización periódica y transparencia a la hora de otorgar las prestaciones.
Se trata de una política universal que evita la distinción entre ciudadanos y que subsana la desigualdad entre los niños, ya que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir una infancia plena y, para ello, resulta fundamental un Estado presente, que acompañe, subsane desigualdades y permita equiparar sus oportunidades, independientemente de la situación de sus padres/madres o del lugar donde hayan nacido. Las cifras del Observatorio Social de la UCA como las de ANSES son claras en cuanto a las mejoras en los índices de pobreza e indigencia y el cumplimiento de las contraprestaciones de salud y educación. Por lo tanto, es fundamental seguir implementando políticas sociales universales, ya que pueden fortalecer la cohesión social y estabilizar la vida política, para garantizar el orden social, crecimiento económico a través de la justicia social y participación ciudadana. Esas políticas deben tender a reparar las inequidades existentes en nuestro territorio. Por lo tanto, al ser un país federal, es fundamental implementar políticas centralizadas que, a su vez, puedan complementarse con las políticas descentralizadas.
Actualmente nos encontramos en un contexto de recorte presupuestario y desregulación de la economía, por lo cual se han desmantelado áreas estratégicas del Estado, programas y políticas sociales. Si bien, la asignación universal por hijo sigue vigente, los índices de pobreza llegan al 53 %, la indigencia al 18 % y 7 de cada 10 niños son pobres. Es por eso, que los poderes legislativo y judicial deben ser los encargados de velar por la implementación y cumplimiento de políticas sociales universales, principalmente en la infancia. Sólo de esa manera nos podremos asegurar no retornar al paradigma de protección restringida de la niñez.
(*) Dra. en Derecho
BIBLIOGRAFIA
- ANSES (2021) “Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH): hacia un esquema más inclusivo”, Serie Estudios de la Seguridad Social, Dirección General de Planeamiento – Observatorio de la Seguridad Social.
- CETRANGOLO, OSCAR y GOLDSCHMIT, ARIEL (2013), “La descentralización y el financiamiento de políticas sociales eficaces: impactos, desafíos y reformas. El caso de la Argentina”, Serie Macroeconomía del Desarrollo 144, Santiago de Chile: CEPAL
- MAZZOLA, ROXANA (2015). “Capítulo V. Elementos conceptuales y de gestión. Aportes para el debate” en Nuevo Paradigma. La Asignación Universal por Hijo en la Argentina. (3ra edición). Buenos Aires: Editorial Prometeo
- POY, SANTIAGO; SANCHEZ, MARIA EMILIA; SALVIA, AGUSTIN Y TUÑON, IANINA (2021). “Evaluación de impacto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en la infancia a diez años de su implementación”. Informe especial. Observatorio de la deuda social argentina
- SOLIMANO, ANDRES (2005) “Hacia nuevas políticas sociales en América Latina: crecimiento, clases medias y derechos sociales”. Revista de la CEPAL 87.