LA SUPUESTA QUITA DE COPARTICIPACION A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ESCRIBE ALBERTO CORTES – EX CONCEJAL PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO-PROYECTO SUR DE LA CIUDAD DE ROSARIO

Hasta la crisis mundial de 1929, en el sistema impositivo argentino, que desde la Constitución de 1853 estableció – al menos en teoría- un régimen federal; era posible que Nación, provincias y municipios gravaran las mismas actividades, con lo que muchas veces existía una doble imposición.

A partir de ese período, se buscó unificar la recaudación y luego pasar a distribuir parte de lo recaudado entre los diferentes niveles de la administración.

Este sistema, conocido como “coparticipación”, que ha sufrido de muchísimas modificaciones a lo largo del tiempo, ha conducido a que en la actualidad aproximadamente el 80% de la recaudación tributaria es percibida por la Nación, el 16% por las provincias y el 4% por los municipios.

Lo percibido por la Nación se reparte, mediante el mecanismo conocido como “coparticipación primaria”, primero entre Nación y Provincias, no en forma idéntica para todos los impuestos. En 1988 se sancionó la ley hoy vigente – y casi inmodificable en la práctica-; que establecía, en números redondos, un 42% para Nación y 54% para la totalidad de las provincias, quedando los puntos restantes asignados a ciertos fondos especiales. Luego, la “coparticipación secundaria” establece como es el reparto de ese 54% entre las provincias.

En 1988 no existían la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por la reforma constitucional de 1994; ni la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que dejó de ser territorio nacional y pasó a ser provincia por una ley en 1990. Ambas eran jurisdicciones que – aunque con dos status jurídicos distintos- tenían sus presupuestos subsumidas en el de la Nación y no fueron incluidas entonces dentro del 54% destinado a las provincias, sino en la cuota reservada a la Nación.

Desde 2003, durante el gobierno de Duhalde, la coparticipación para la Ciudad, quedó establecida en el 1,4% del total recaudado por los gravámenes establecidos en la ley de 1988. Sin embargo, estaba pendiente la transferencia de las funciones policiales, que hasta la creación de la policía metropolitana -en 2008-, estaban a cargo de la policía federal. Desde esa fecha comenzó el traslado de esas funciones – que no se hizo de una sola vez- dándose en 2017, bajo la presidencia de Mauricio Macri, el paso más significativo.

Macri aumentó entonces, por decreto, el 1,4% de la ciudad al 3,75%, siendo que el costo real del mantenimiento de esa policía era muchísimo más bajo que la diferencia entre ambos valores. En realidad, aprovechó la excusa del traslado de la Policía Federal para incrementar, muy considerablemente, los recursos de uno de los únicos dos distritos del país gobernado por su partido.

Cabe señalar además, que la ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos más ricos del país, con un PBI per cápita que casi triplica la media nacional que incluye a todas las provincias. Pero esto, no se debe a que en su superficie se genere tanta riqueza agropecuaria, industrial, petrolera, etc.; sino a que allí están las sedes de la gran mayoría de los bancos –que tienen ahí la mayor parte de sus depósitos- e inmobiliarias; además de casas matrices de comercios, industrias e incluso empresas agropecuarias – a pesar de que ahí no se cultive más que algunas macetas -. También entes oficiales nacionales y el puerto. Todo ésto permite a la ciudad tener una recaudación tributaria propia – por fuera de la coparticipación nacional -, muy superior a la de casi cualquier otra provincia. Así, por ejemplo, el presupuesto porteño para reparar veredas – gasto que en otras ciudades ni siquiera está a cargo del municipio, sino de los frentistas – es mayor que el presupuesto municipal completo de una ciudad como Quilmes, con más de medio millón de habitantes. Esto no quita, por supuesto, que haya miles de indigentes durmiendo en las calles de la ciudad más rica.

Entregarle montos desproporcionadamente altos de coparticipación implica aumentar aún más las desigualdades en favor del territorio históricamente más favorecido. No por la naturaleza. No por el esfuerzo de nadie. Por las deformaciones de la estructura económica, social y geográfica del país.

Por eso no es de extrañar que ya en su momento, no únicamente todos los gobernadores peronistas; sino también radicales de Cambiemos, como los de Mendoza y Corrientes, zapatearon ante el entonces Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por el evidente favoritismo del gobierno macrista a favor de Larreta, y, por otros mecanismos, de María Eugenia Vidal. La bronca de los gobernadores se veía acrecentada porque apenas asumió, Macri derogó el decreto de Cristina Kirchner que extendía el no descuento del 15% de la coparticipación que habían ganado en la Corte Suprema las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis, a las restantes provincias.

La injusticia era tan evidente que Frigerio tuvo que reconocerla y comprometerse a corregirla. Pero todo lo que hizo fue reducir la cuota porteña, del 3,75% al 3,5%, un valor todavía exorbitantemente alto.

Ahora, Alberto Fernández, en setiembre, en medio de la crisis policial que exigió respuestas para la Provincia de Buenos Aires; corrigió provisoriamente esa injusticia – reconocida hasta por el Ministro del Interior de Macri -, pero además envió un proyecto al Congreso, para que la decisión no quedara sólo al nivel de un instrumento legal de menor nivel institucional – cual es un decreto -, como había hecho Macri; sino que fuera debatido en el lugar más participativo y democrático que tiene – al menos hasta ahora -, el ordenamiento jurídico-político argentino; que es el Congreso. Tal como se plantea hacerlo con otras cuestiones que, hasta por la Constitución, deberían tratarse allí, pero que históricamente se han evitado. Por ejemplo, los acuerdos con el FMI.

Larreta decidió victimizarse. Tiene su lógica en cualquier jefe de gobierno local al cual le retiran fondos que alguien le había asignado; por injusta, ilógica y dadivosa que hubiera sido la asignación inicial. La aprobación el martes 1° de diciembre, por la Cámara de Diputados, con modificaciones, del proyecto de Ley que ya había atravesado exitosamente el Senado, fue la oportunidad para que Larreta montara una conferencia de prensa de visos espectaculares, que muchos leen además como su lanzamiento presidencial. Tiene, como era de esperar, a su favor, como caja de resonancia, para amplificar sus argumentos y silenciar los del federalismo, a los principales medios de comunicación, que son en realidad, cabeza de la oposición.

Si hubiera que resumir los principales problemas del país en sólo dos, sin duda ellos serían la soberanía tanto política como económica, que permita el ejercicio pleno de la autodeterminación del pueblo argentino, sin tolerar injerencias externas, ni del FMI, potencias mundiales, ni de nadie; y el otro las tremendas desigualdades a su interior.

Cuando analizamos estas desigualdades, saltan de inmediato las sociales, pero estrechamente ligadas están las geográficas. Es imposible pensar en un país justo e independiente sin políticas muy fuertes – que vayan incluso mucho más allá que esta escaramuza por la coparticipación – que busquen mejorar el equilibrio en el desarrollo económico y social de las regiones – cuyo déficit está en gran medida vinculado con las migraciones internas – y no en sentido opuesto, como aquellos decretos de Macri, que hoy defiende Larreta.