EL DISCURSO DE FERNANDEZ EN LA APERTURA DE SESIONES DEL CONGRESO

ESCRIBE ALBERTO CORTES [1]

Tal como ocurriera en 2020 el discurso del presidente Fernández, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, contrastó con los cuatro anodinos del Macronato y contuvo algunos anuncios importantes.

Probablemente lo más significativo haya sido la instrucción a las autoridades pertinentes para que formalmente iniciaran “querella criminal» tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra, refiriéndose al aumento descomunal en muy poco tiempo de la deuda externa, y en particular al crédito con el FMI.

Aunque el legado de Macri ha sido nefasto en muchos terrenos, (si no se hubieran revertido algunos de sus efectos apenas asumido el nuevo gobierno, por ejemplo, habríamos tenido que enfrentar la pandemia sin siquiera un Ministerio de Salud); es sin duda el ENDEUDAMIENTO, el más gravoso de todos en términos económicos y en consecuencia sociales.

El crédito con el FMI, la principal cuestión pendiente en términos de renegociación; se destaca no sólo por su carácter espurio, sino por estar particularmente flojo de papeles. Ante la legislación argentina y ante las normas internas del Fondo.

Pocas horas después del anuncio presidencial, y como primer paso; el Banco Central pidió una auditoría para determinar si hubo perjuicio patrimonial contra el Estado por el endeudamiento con el FMI. Miguel Pesce elevó el pedido a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General para que investiguen el procedimiento por el cual el país se endeudó en 44.000 millones de dólares – de los 57000 que le aprobaron – con el Fondo Monetario.

El pedido fue acompañado por toda la documentación en manos del Banco Central respecto del endeudamiento de 2018, bajo la presunción de que no se cumplieron con los procedimientos legales para tomar la deuda ni con las obligaciones asumidas por ley en 1991 con el Fondo Monetario. 

Cuando se firmó la Carta de Intención y los Memorandos no había siquiera un expediente iniciado. El mismo se comenzó recién una semana después de que el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y la Central para la Integración Financiera presentaran un amparo judicial reclamando información del stand by con el Fondo. Para el Banco Central, en el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la «ausencia de dictamen jurídico previo» a la firma de la Carta de Intención. Esto luego intentó ser subsanado con un dictamen que elude pronunciarse sobre cuestiones fundamentales.

Según comunicó la autoridad monetaria, de los expedientes que dieron origen a los acuerdos «resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI». “Según la legislación vigente (ley permanente de Presupuesto, de Procedimiento Administrativo y de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional) el P.E.N. no tendría facultades para la firma del acuerdo», remarcó el comunicado oficial.  

Por otra parte, desde mayo de 2018 y hasta el cepo que puso Macri en octubre de 2019, el Banco Central contabilizó la formación externa de capitales (o «fuga de divisas») por 45.100 millones de dólares, es decir que claramente todo lo recibido del fondo fue a parar allí. También se determinó que alrededor de un cuarto de esa suma fue usada por los capitales especulativos que venían del exterior – o de colchones varios- a aprovechar las altísimas tasas de interés en pesos que el macrismo pagó por algunas letras o bonos y; una vez hecha una ganancia descomunal que no se obtiene con negocios lícitos en ninguna parte del mundo; querían volver – en dólares – al exterior o al colchón. En ningún caso a algún circuito productivo, menos nacional.

Ahora bien el Convenio Constitutivo del FMI aprobado por la República Argentina por ley, dice textualmente que: «Salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital.. “ y prevé mecanismos para evitarlo.  Estos mecanismos no se aplicaron y la responsabilidad es tanto de las autoridades argentinas como de las del Fondo de ese momento.

Es decir que la toma de esos créditos, en especial el del FMI, no solamente constituyó una política económica ruinosa para el país – lo que está más que a la vista – sino que además configuraron delitos.

Por otra parte, el análisis de los números del crédito muestra claramente que los montos que Argentina debería desembolsar anualmente para ir pagando el crédito eran imposibles de cubrir y que por lo tanto – de haber ganado Macri su reelección – la estrategia era obligar a nuevas renegociaciones a través de las cuales el Fondo habría exigido y Macri aceptado, más sacrificios al pueblo argentino y mayores claudicaciones de la soberanía nacional.

Es histórico que se comiencen acciones penales contra los responsables, siempre y cuando que luego el gobierno no retroceda – como ha hecho en otros temas-, o que la altísima incidencia que tiene el poder económico en el corrupto poder judicial argentino, con el apoyo fundamental de la prensa hegemónica, no frustren esta intención ejemplificadora.

Así como el Juicio a las Juntas y otros por violaciones de DDHH durante la última dictadura, en Argentina, significaron un precedente fundamental en un mundo acostumbrado a que los responsables de estos crímenes salían siempre impunes – aún habiendo quedado atrás las etapas dictatoriales que los habían promovido y amparado -, por el poder residual que conservaban; si en Argentina se lograra ahora condenar a los responsables de macrodelitos económicos como la toma ilegal de deuda, podría generar un precedente que ponga límites – a futuro – a ciertas prácticas de los gobiernos neoliberales.

Cabe destacar que el crédito del F.M.I. fue otorgado por esta institución, donde el peso de los EE.UU. es determinante, para “asegurar” –fallidamente- la reelección de Macri, que a su vez garantizara a los EE.UU. el apoyo argentino para seguir asfixiando e intentando derrocar al gobierno venezolano. Aunque el diario «La Nación», intentó desmentir que el por entonces representante estadounidense en el F.M.I., Claver Carone, haya dicho eso, hizo declaraciones que nítidamente lo dan a entender, sobre todo atendiendo al contexto del momento. El crédito otorgado entonces a un solo país y por encima de lo que le correspondía, no sólo es el más alto en la historia del Fondo, sino que equivale a más del 50% del total de lo que el año pasado entregaron a un conjunto de ¡¡¡85 países!!! para afrontar una emergencia super-extraordinaria como la pandemia.

El otro punto destacado del discurso fue el cuestionamiento a la justicia, que quedó aún más expuesta con la intervención de la vicepresidenta en el absurdo juicio que se le pretende seguir en la llamada “causa del dólar futuro”. Una vez logrado el objetivo inicial de la denuncia en 2015, que fue conseguir el triunfo electoral de Macri; a sus agentes judiciales les habría convenido más enterrar esta causa, que sólo da pie para mostrar públicamente el grado de corrupción y de compromiso de gran parte del aparato judicial con el macrismo. El resto del discurso contuvo algunos puntos importantes como el significativo aumento de obra pública, apoyo a la ciencia, cierta reactivación ferroviaria y portuaria. Ni se mencionó la necesidad de una flota fluvial y marítima propias. Las cuestiones relacionadas con la preservación del medio ambiente siguen siendo algunas de las deudas pendientes más importantes de esta administración con el pueblo argentino. La necesidad – legítima – de resolver los cíclicos estrangulamientos de la balanza de pagos no han encontrado otra forma más creativa de abordar la cuestión que insistir en modos contaminantes de extracción hidrocarburífera – muy presentes en el discurso – y fomento a la megaminería, que tuvo por estos días episodios significativos en la provincia de Chubut.

[1] MILITANTE SOCIAL Y POLITICO – CONCEJAL MANDATO CUMPLIDO DE ROSARIO – ACTUAL PRESIDENTE DE “LIGA DE LOS PUEBLOS LIBRES”