LA «JUSTICIA» QUE TENEMOS…

POR ALBERTO CORTES

La Corte Suprema de Justicia falló a favor de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires en la presentación que ésta hizo cuestionando la parte del Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente de la Nación en la que se establecía la suspensión de la presencialidad en las escuelas del A.M.B.A. (Area Metropolitana de Buenos Aires) por dos semanas.

El fallo, hace eje en la autonomía de la ciudad y, aunque menciona las condiciones excepcionales de la pandemia que estamos atravesando, hace caso omiso al particular y acelerado agravamiento de la situación en las últimas semanas, en especial en el A.M.B.A. Sólo el voto de Lorenzetti es un poco más realista y describe con algo más de imparcialidad la situación general y la disyuntiva sanitario-educativa que se presenta. Pero termina también dándole a la ciudad el derecho a decidir en caso de discrepancia insalvable con el gobierno nacional, en algo que afecta severamente no sólo a la población de la ciudad –gravemente amenazada por el virus y por la actitud de su propio gobierno– sino también a la provincia de Buenos Aires y al resto del país, dado que–tal como en la primera ola- el virus se agiganta primero en la C.A.B.A., para desparramarse luego desde allí, en lo inmediato a su conurbano y luego al resto de la nación (para no hablar de otros países).

La Corte da por no probados, o meramente “conjeturales”, hechos tan evidentes como el traslado de los contagios de un distrito a otro. De la lectura del fallo da la impresión de que se le pidiera al gobierno la certificación de quien contagió a quien –en el marco del ataque de un enemigo invisible– para dar por acreditado que existen cantidad de contagios que son obvios por las estadísticas. Reconoce que no tienen los medios para evaluar la situación epidemiológica. ¡Pero ni siquiera convocaron a peritos! En la mayoría de los votos casi copiaron y pegaron los argumentos de la C.A.B.A. Además, se negaron a convocar a opinar a la otra provincia afectada, Buenos Aires, como había pedido el gobierno nacional.

Al principio de la pandemia, todas las jurisdicciones, incluida la C.A.B.A. tomaron la razonable actitud de coordinar diagnósticos y medidas con el gobierno. Pero después, cuando el cansancio y el desgaste por las restricciones –posiblemente potenciados por la estrategia gubernamental de una sola cuarentena larga que luego se iría relajando, en lugar de cierres intermitentes desde el principio como Venezuela e Israel-; el ala más beligerante de Juntos por el Cambio, siguiendo la línea de otras derechas mundiales, se montó sobre esos cansancios para propiciar la desobediencia social. Además de evocar una supuesta “libertad”, que estaría siendo coartada arbitrariamente y por vaya a saber con qué propósitos siniestros por el gobierno. Esta estrategia busca fomentar la mayor cantidad de contagios y muertos posibles para luego culparlo. Cuenta a su favor con una parte minoritaria, pero significativa y ruidosa de la sociedad, por ignorancia, cansancio y también por necesidad económica. Esta última no suficientemente compensada con las medidas del gobierno, al no sentirse éste con el poder necesario para meterle la mano en el bolsillo a los sectores económicamente más pudientes, más allá de la Contribución Especial para las Grandes Fortunas, y poder así financiar todos los programas que serían necesarios.

Las Patricias Bullrich y los Macri corrieron así por derecha a Larreta que no quiere ver erosionada su base electoral, en especial dentro del electorado de derecha. También otros gobernantes locales –y no sólo de Juntos por el Cambio– se resisten a tomar nuevas medidas restrictivas o se apuran más de la cuenta en relajar las que existían, también por temor a perder votos.

Cuando la segunda ola entró a golpear fuerte, en especial en el A.M.B.A., se hizo imperativo que esas medidas fueran adoptadas. Casi quedó sólo Fernández con la voluntad de dar la cara por las mismas, que cuando se tomaron ya eran urgentes e imprescindibles. En C.A.B.A. en particular, no existía ni existe la voluntad de Larreta de hacerlas cumplir. Surgió así el D.N.U. N° 241/2021. El mismo apunta a restringir una serie de actividades y la consecuente movilidad que ellas generan.

Ninguna de ellas es de por sí LA causa de los contagios, pero su suma –o su resta– es la que permite disminuir o aumentar la velocidad de propagación del virus. Su selección es función de su impacto tanto epidemiológico como económico, educativo y social, y también de la posibilidad de hacer o no, y con que grado de reducción de calidad, la misma actividad bajo otros formatos. Siempre puede ser opinable y lo es. Lo trágico es cuando la forma de hacer el cuestionamiento vuelve ineficaz sanitariamente la medida, o deteriora a la actividad en sí. No conforme con haber obligado a la presidencia a actuar sin el consenso –en este caso de Larreta, con Kiciloff de acuerdo, siendo el distrito del primero y parte del del segundo los más incendiados-, el jefe de gobierno porteño vio en esta fisura y en el D.N.U. otra oportunidad de capitalizar electoralmente. Así como la presentación judicial por los fondos –no cortados, sino dejados de regalar a C.A.B.A.– fue su lanzamiento como líder de la oposición, esta nueva presentación ante la Corte, precedido por un alzamiento en varias formas contra el D.N.U., podía ser otro poroto electoral… y lo fue.

La presentación abunda en mentiras ya aclaradas, como que el gobierno nacional RECIENTEMENTE autorizó a las provincias y CABA a comprar vacunas por su cuenta. Ya una ley promulgada en noviembre EXIMÍA a esas jurisdicciones de impuestos si las compraban. Obviamente a nadie se le exime de impuestos por hacer algo que tiene prohibido. Los funcionarios de Larreta: ¿No leen las leyes que los involucran y que sus propios legisladores votaron? ¿O sí las conocen, pero saben que una mentira, a fuerza de repetición, es creída por muchos? El desconocimiento del D.N.U., lejos de mejorar la educación en C.A.B.A., la empeoró sustancialmente, generando un paro docente, dividiendo a los padres –con la consecuente persecución de los que no comparten la visión del oficialismo porteño sobre la pandemia-, negando las clases virtuales a una gran masa que no asiste, por diferentes motivos. Nadie en sus cabales podría creer que los que vienen bajando el presupuesto educativo sistemáticamente hacían esto por la educación.

En este contexto, la Corte -la misma que aprobó en 2017 el 2 x 1 a los represores, en cuyo repudio se llenó la Plaza de Mayo y muchas otras del país– decidió definirse claramente como expresión política de la oposición. Así 4 cobardes (la 5ª jueza, Highton de Nolasco se abstuvo), decidieron –en reuniones virtuales y con firma electrónica, amparados en la seguridad de sus domicilios, cobrando sueldos que superan en mucho al del presidente de la Nación, y sin pagar además impuesto a las ganancias y sin consultar a expertos-; que centenares de miles de estudiantes, docentes y colaboradores vayan a las escuelas en el peor momento de la pandemia y con el virus y sus mutaciones comenzando a ensañarse justamente con las franjas etarias a las que pertenecen la mayoría de ellos.

NO FUE EL UNICO MAMARRACHO JUDICIAL DE ESA SEMANA: La Cámara Contencioso Administrativa Federal suspendió los artículos del D.N.U. que declaraba servicio público a los de internet, telefonía y cable. Ahora, Telecom, del Grupo Clarín, puede aumentar las tarifas como se le antoje. Por su parte, la Cámara de Casación Penal, con los votos de Borinsky –el que entró 15 veces a Olivos a reunirse con Macri– y Carbajo, más Angela Ledesma, sin entusiasmo; decidieron cortar la investigación que apuntaba a los instigadores de una camita que hicieron en su momento al Juez Casanello, al que le inventaron falsos testigos –ya condenados por ello– de que se había reunido con Cristina Kirchner. Una vez –falso además -, no 15 reales como Borinsky con Macri. ¿El fiscal? El macrista procesado Stornelli, clave para ese resultado.

Con una «Justicia» como ésta, EL PAIS YA ESTA CONDENADO…