EL LAMENTABLE NOVELON DEL AVION VENEZOLANO

ESCRIBE ALBERTO CORTES

Un avión de carga que había sido contratado por una multinacional fabricante de autopartes para trasladar hasta Argentina desde México un lote de las mismas destinadas a la fabricación local de automóviles de la también multinacional Volkswagen, acaba de ser objeto de una saga de eventos insólitos.

En buena hora que las fronteras nacionales estuvieran celosamente custodiadas para impedir todo tipo de ilícitos a través de ellas: Así, por ejemplo habrían ido presos Mauricio Macri y otros, por el probado contrabando (también de autopartes en aquél caso) en la década del 90; que quedó impune por decisión de la Corte Suprema menemista, luego encausada hacia un juicio político por ese y otros delitos de prevaricato. También estarían en aprietos Vicentín (aún mayores de los que ya tiene) y otras empresas cerealeras por falsas triangulaciones internacionales en el comercio de cereales; aumentarían sustancialmente los recursos del Estado al impedirse la evasión de derechos de exportación, se impediría el ingreso de drogas y armas, etc. Todo esto requeriría una presencia mucho mayor del Estado, por ejemplo, nacionalizando Vicentín y por que no -las exportaciones en general– y retomando en serio el control del comercio por el Río Paraná, mal llamado Hidrovía, entre otras medidas. 

Poco de todo esto ocurre.

En cambio, el avión de Emtrasur, revisado exhaustivamente varias veces y de diversas maneras -algunas de dudosa legalidad-; sobre el cual no pesan acusaciones judiciales ni órdenes de embargo legales de ningún tipo; cuya tripulación no figura en ninguna lista judicial de personas buscadas ni nacional ni internacional, ha sido retenido largamente en Ezeiza y su tripulación entrado y salido de un limbo legal en cuanto a su derecho de permanecer o salir del país.

¿La causa? Las nacionalidades de sus tripulantes y del avión.

Se trata de un grupo mayoritariamente de venezolanos y algunos iraníes. Es decir las nacionalidades satanizadas por EEUU, el gobierno de Israel y los agentes argentinos de esos intereses, que no faltan en JxC ni en la prensa hegemónica, a más de la DAIA.

Algunos de estos personajes hicieron denuncias, públicas y judiciales, que dispararon una investigación, donde hasta ahora no sólo no se acusó a nadie de nada, sino que ni siquiera hay sospechas de algo concreto que pudiera constituir un delito.

Algún dirigente opositor llegó a afirmar que el mecanismo que permite localizar al avión, que algunas aeronaves de narcotraficantes apagan precisamente para no ser detectadas al aterrizar en pistas clandestinas, había estado desconectado un tiempo. Esto no solamente se comprobó que era falso, sino que además habría sido absurdo, porque eso solamente permitiría esconderse a pequeños aeroplanos capaces de aterrizar en un camino rural fuera de todo control; pero jamás a una nave de esta envergadura, 100 metros de largo, que requiere sí o sí una pista formal de un aeropuerto legal para operar.

También se levantaron sospechas sobre el número – aparentemente alto – de tripulantes y su composición de nacionalidades mixta. Este avión había sido vendido por una empresa iraní a otra venezolana hace tiempo, y el contrato de venta incluía un acompañamiento prolongado de instructores – de los diversos roles técnicos dentro de semejante avión – que vuelan junto a la tripulación o tripulaciones de la empresa compradora hasta que adquieran suficiente experiencia en horas de vuelo como para desempeñarse sin supervisión. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, tuvo durante cerca de dos años tripulaciones volando con el acompañamiento de instructores filipinos, en una situación similar. También es habitual que no haya sólo una tripulación de la empresa definitiva sino dos, tanto para aprovechar la instrucción, como para poder emprender varios vuelos sucesivos sin tiempo de descanso en el medio, si las necesidades operativas de la empresa lo requirieran.

Agotadas las posibilidades de endilgar a alguien delito alguno, las sospechas se encaminaron a verificar si los EE.UU. podían tener algún tipo de sanción sobre el avión o algún tripulante, o si podía remotamente existir alguna relación de algo de todo ello con la lista de las entidades que los EE.UU. consideran vinculadas al terrorismo.

Al respecto, sería importante recordar: Primero que la Carta de las Naciones Unidas deja perfectamente claro en sus artículos 24, 39, 41, 42, 51 y 53 que el Consejo de Seguridad de la ONU es el único organismo autorizado para sancionar. Es decir, que todas las baterías de las mal llamadas «SANCIONES” que permanentemente deciden, especialmente EE.UU. y últimamente la Unión Europea contra Rusia, Venezuela, Irán, Somalía y un sinnúmero de países, personas y empresas, son en realidad medidas coercitivas unilaterales, claramente ILEGALES.

Por lo tanto, muy mal haría Argentina, en el caso hipotético –que aún no se ha dado– de que se detectara que alguna persona o bien –incluido el mismo avión– estuviera afectado por ese tipo de medidas unilaterales, en hacerse eco de ellas o adoptar comportamientos determinados por esas supuestas “sanciones”. ¿Deberíamos, por ejemplo, acatar las “SANCIONES” de EE.UU. contra Cuba, condenadas en 29 ocasiones por la Asamblea General de la O.N.U., en la última oportunidad por 184 votos contra 2?

Con respecto a la eventual sospecha o inclusión de alguna persona o entidad en las listas norteamericanas de patrocinadores del terrorismo, cabe recordar, entre muchísimas otras situaciones, que Cuba estuvo entre 1982 y 2015 en esa lista y fue vuelta a poner allí por Donald Trump, sin el menor fundamento; y que en cambio los EE.UU. cobijaron hasta su muerte natural a los principales responsables del atentado, en 1976, contra un avión de Cubana de Aviación, que asesinó a 73 hombres, mujeres y niños, incluidos los 24 integrantes del equipo juvenil de esgrima de Cuba. Los EE.UU. son también responsables de otros numerosos actos de terrorismo contra Cuba y otros países. Es decir, el primer estado terrorista es justamente los EE.UU., y poco serio sería guiarnos por las listas con las que ellos acusan, sin fundamentos muchas veces, a otros.

Recientemente Sudán fue sacado de esa lista: ¿Porque cambió su relación con el terrorismo? ¡No! Porque aceptó reconocer diplomáticamente a Israel como pretendía Trump. Es decir, esa lista no se utiliza como una herramienta seria de lucha contra el terrorismo, sino como un arma más en las estrategias geopolíticas de la Casa Blanca, a donde se puede entrar o salir según cuestiones que no tienen nada que ver con el terrorismo.

Capítulos aparte en esta saga son los roles de Uruguay y Paraguay. El primero autorizó al avión a despegar de Ezeiza rumbo a Montevideo y luego, a punto de aterrizar allí, le suspendió el permiso, lo que dadas las limitadas reservas de combustible que poseía, puso en riesgo la seguridad del vuelo. En el caso de Paraguay, aparecen haciendo declaraciones sobre el tema, funcionarios vinculados al ex presidente Horacio Cartés, un amigo de Macri, condenado e investigado por numerosos delitos –sobreseído en el caso de la condena por su propia Corte Suprema, igualito que Macri– que tratan de embarrar la cancha.

La República Argentina, como País Soberano que es, debe guiarse exclusivamente por la legislación Nacional e Internacional y en todo caso por la lista de patrocinantes del terrorismo de Naciones Unidas y no la de un país en particular; y hacer caso omiso de los aprietes de los agentes vernáculos de los EE.UU. o Israel que buscan satanizar cualquier cosa relacionada con nacionalidades a las que buscan hostigar en función de sus propios intereses, que no son los de nuestro país.