POR ALBERTO CORTES
El pasado 7 de diciembre, el Presidente Constitucional Peruano Pedro Castillo -tras un año y medio de ver constantemente jaqueado su gobierno por un Parlamento extremadamente Corrupto y Desprestigiado, con alto componente de elementos ultraderechistas y hegemonizado sin dudas por la derecha– tomó la decisión de cerrar ese Congreso, convocar a nuevas elecciones en 9 meses y reimpulsar la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Ésta había sido su principal promesa en base a la cual fue electo, pero en la cual no había podido avanzar, dado que ese Parlamento hostil, modificó de inmediato la legislación, de manera de impedir cualquier Consulta al Pueblo sobre su voluntad reformista sin previa aprobación precisamente de ese mismo Congreso.
La Constitución, vigente, de 1993, fue sancionada durante la Dictadura de Alberto Fujimori –hoy preso por corrupción y terrorismo de Estado– y cuya hija es figura de gran peso en ese parlamento, y candidata derrotada por Castillo en la última elección presidencial. Esta Constitución prevé mecanismos de disolución de la legislatura por el presidente y de destitución -llamada en Perú vacancia– del Presidente por la Legislatura, con una liviandad tal, que ha sido uno de los factores de la extrema inestabilidad política –aunque no así económica– de los últimos años.
Ese día precisamente estaba por producirse un nuevo intento de vacancia y Castillo se adelantó por horas a su probable destitución, sin cumplir todos los requisitos constitucionales. A continuación, el parlamento procedió a derrocarlo y arrestarlo, sin cumplir tampoco los pasos legales correspondientes. Asumió la primera vicepresidenta, Dina Boluarte. Debería existir también una segunda vicepresidencia, pero la Junta Nacional Electoral había vetado al candidato de Perú Libre a ese cargo, Vladimir Cerrón, y Castillo asumió con una sola vice.
Dina Boluarte dio inmediatamente señales de concertación con la mayoría del desprestigiado parlamento – sólo alrededor de 10% de apoyo popular, según encuestas – y se generó un amplio movimiento social de repudio al golpe parlamentario que se extendió por todo el país, especialmente por los departamentos (equivalentes a provincias) y zonas rurales, llegando también a Lima. Cabe recordar una fractura ideológica histórica entre la capital – más conservadora en las últimas décadas – y el interior, de raigambre más popular. Esta se expresó en la elección de Castillo, y en las manifestaciones posteriores para ambos bandos, pero tras el golpe parlamentario de diciembre, y tras un año y medio de muy evidente sabotaje parlamentario a cualquier intento de solución de los problemas de los peruanos por parte del gobierno, los únicos movilizados en favor del gobierno de Boluarte o del Congreso fueron las fuerzas represivas, que actuaron brutalmente, produciendo hasta ahora alrededor de medio centenar de muertos e innumerables heridos, sin lograr menguar el volumen de la protesta popular.
En la movilización prima el reclamo de la devolución al poder del presidente electo y su libertad, pero también hay algunos sectores que reclaman en cambio nuevas elecciones a corto plazo. Esta consigna puede resultar peligrosa en un marco en el cual la derecha parlamentaria está preparando todo tipo de condicionantes al proceso electoral, incluidos proyectos de proscripciones.
La viabilidad estratégica del Proyecto Popular requiere del surgimiento de un centro coordinador de todas estas potentes luchas. Hay avances en ese sentido.
En Brasil se produjo el primer día del año la asunción de Lula, que de inmediato tomó medidas como reestablecer subsidios anulados por Bolsonaro tendientes a eliminar la pobreza extrema, anular medidas que fomentaban la proliferación de armas que en el período precedente habían favorecido decididamente la expansión de grupos fascistas armados, restablecer el Fondo Amazonia, suspender privatizaciones en marcha y transparentar el ominoso presupuesto secreto de Bolsonaro.
A la semana, y como culminación de un acampe de grupos bolsonaristas dentro de instalaciones militares, ante la pasividad de los mandos de las fuerzas armadas, que seguramente no habrían vacilado en actuar con extrema violencia si grupos de izquierda hubieran osado pisar sin permiso alguno de sus predios; los mismos se trasladaron en un accionar coordinado que abarcó miles de personas y un centenar de ómnibus pagos, para asaltar las sedes principales de los tres poderes del Estado Federal en Brasilia, contando igualmente con la connivencia de las fuerzas de seguridad encargadas de su custodia.
Se trató obviamente de un intento de Golpe de Estado que fracasó, porque en el actual contexto internacional y latinoamericano las FF.AA. no se animaron a sumarse abiertamente a una propuesta así, como reclamaban los bolsonaristas. La acertada reacción inmediatamente posterior del Presidente y otros organismos del Estado crean las condiciones para una consolidación de la democracia: Se desalojaron los edificios ocupados, deteniendo a más de mil terroristas y procesándolos por sus delitos; se intervino Brasilia; se pidió la detención de los funcionarios bolsonaristas más comprometidos, como el ex Secretario de Seguridad de Brasilia; se realizó una caravana en defensa de las instituciones que consiguió incluso sumar a casi todos los gobernadores, muchos de ellos afines al ex presidente; y el propio Lula se sumó a las imputaciones a Bolsonaro por el delito de genocidio, que indudablemente cometió en relación, al menos, a la pandemia; además de avanzar en las investigaciones para identificar y perseguir a todos los responsables del putsch frustrado, incluido probablemente el ex-Presidente.
La intentona copió en parte la toma de –en aquel caso la sede de sólo uno de los tres poderes- en Washington en 2021. Durante la investigación parlamentaria –que acaba de recomendar la imputación de Trump por la instigación al hecho– uno de sus asesores, John Bolton, interrogado sobre si había sido un golpe de Estado, respondió descaradamente que no, porque él había organizado varios golpes de Estado –obviamente en otros países soberanos cuyas soberanías los EE.UU. así violentaban -, y que preparar uno era algo más complejo, de mucho trabajo. No caben dudas de que entre los golpes a los que Bolton se refería, estaban los intentos – todos fallidos – de derrocar y/o asesinar al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. País que, dicho sea de paso, tuvo la mayor tasa de crecimiento económico de la región en 2022, desde el pozo en que había caído por la agresión norteamericana, que no ha cesado aún.
En Bolivia, el Golpe de Estado que derrocó (y estuvo cerca de asesinar) en 2019 a Evo Morales, (y que algunos de sus cómplices, incluso en nuestro país, aún niegan que haya sido un golpe), fue revertido con la contundente e indiscutible elección popular que, en 2020, consagró la presidencia de Lucho Arce, del M.A.S., es decir el partido de Evo, proscripto en lo personal para esa elección por la dictadura usurpadora de Jeaninne Añez. La movilización popular no permitió a ésta la proscripción total de las fuerzas progresistas y el resultado electoral no sólo devolvió el gobierno al M.A.S., sino que dejó completamente claro que en 2019 no había habido ningún fraude, como vociferaba la derecha boliviana y fraguaba el impresentable Secretario General de la también impresentable O.E.A., Luis Almagro.
Tras la recuperación de la democracia, la usurpadora fue detenida y procesada como correspondía por mínimos criterios de justicia. Sin embargo, otros responsables cumbre del golpe, como Luis Fernando Camacho, líder de los sectores ultraderechistas, fascistas y racistas del departamento de Santa Cruz, en el oriente boliviano, no sólo no fue inicialmente perseguido penalmente, sino que resultó electo gobernador de ese departamento, donde la ultraderecha boliviana cuenta con su principal base social.
A lo largo del último año, esa impunidad fue aprovechada para desatar desde allí, un violento paro de 36 días con la excusa del reclamo de adelantar –por fuera de las fechas que técnicamente lo permiten tras las demoras por la pandemia– un censo poblacional previsto para 2024, y cuyo resultado afecta los criterios de la distribución de recursos y representación en el país.
Pues bien, agotada esa protesta sin resultados concretos, las autoridades judiciales bolivianas, detuvieron a Camacho, trasladándolo de inmediato desde su base operativa hasta La Paz, y lo imputaron por sus crímenes en relación al golpe de 2019, sobre los que sobran pruebas e incluso el propio Camacho confesó públicamente mientras se creía impune durante la dictadura de Añez.
Los fascistas santacruceños salieron a las calles generando toda clase de desmanes en demanda de la liberación del líder golpista, pero sus actos de vandalismo representan más una expresión de desesperación e impotencia, que una de fuerza con posibilidades de éxito.
Los resultados económicos de los gobiernos del M.A.S., que por ejemplo lograron el mayor descenso de la indigencia y la inflación más baja de Sudamérica en el último año, crecimiento económico -revirtiendo la caída durante Añez-, más de una década de estabilidad en la cotización de la moneda, la reversión de la desconfianza en el boliviano que ha hecho que de mayoría de ahorros en dólares se pasase a ahorrar en la moneda nacional, el tránsito desde un país de ingresos bajos a uno de ingresos medios, etc.- Todos estos logros favorecen la fortaleza del Gobierno Popular (a pesar de algunos debates internos en el M.A.S.), y le permiten tomar iniciativas, dejando aislados a los fascistas de Santa Cruz.
LOS GOBIERNOS POPULARES DE BRASIL Y BOLIVIA PARECEN HABER COMPRENDIDO QUE CON GOLPISTAS IMPUNES Y CAMINANDO POR LAS CALLES, LA DEMOCRACIA ES IMPOSIBLE.
Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo... 