
POR RAMIRO CAGGIANO BLANCO(*)
Mientras Brasil refuerza su legendaria vigilancia epidemiológica e invierte millones en una vacuna de ARNm contra el Mal de Chagas, en Argentina más de 42 mil vinchucas vivas han quedado abandonadas a su suerte en un hospital de Córdoba. Los frascos de vidrio que las contienen, antes cuidados por personal especializado del ahora desaparecido Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-Epidemias (CeNDIE), son hoy la metáfora más cruel y precisa del desierto al que se ha convertido el sistema científico-sanitario argentino bajo la ‘motosierra’ de Javier Milei.
La comparación entre ambos países no es un ejercicio académico menor. Brasil y Argentina comparten la geografía del Trypanosoma cruzi, parásito que habita en el intestino de la vinchuca y que aún afecta a cerca de 1,9 millones de brasileños y a más de 1,6 millones de argentinos. Sin embargo, las respuestas de sus Estados no podrían ser más opuestas.
Brasil, incluso en sus peores momentos políticos recientes, mantuvo una premisa básica de la salud pública: la ciencia se defiende con continuidad y presupuesto. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro —un negacionista climático y sanitario confeso— no se registró un desguace sistemático de los laboratorios de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) ni del Instituto Butantan. Las 42 mil vinchucas brasileñas, producidas en sus propios bioterios, siguieron alimentándose con sangre de gallina y siendo monitoreadas para evaluar la resistencia a insecticidas. Ni siquiera el “dúo dinámico” de Michel Temer y el propio Bolsonaro llegó al extremo de cerrar un programa de control de vectores que funcionaba desde hacía cuatro décadas.
Hoy, Lula da Silva encarna el proyecto de país antagónico al de Milei, pero la diferencia central no es solo ideológica: es institucional. En Brasil, el Estado asume la endemia como una responsabilidad innegociable. Por eso, mientras el ministro de Salud argentino, Mario Lugones, firma decretos de “fusión” que en los hechos son clausuras, el gobierno brasileño acaba de inyectar 12 millones de reales para reforzar la captura de vinchucas en 17 estados.
La paradoja es cruel y profunda. Argentina no es un país ajeno a esta lucha; por el contrario, tiene una deuda de honor con su propia historia científica. Fue el médico santiagueño Salvador Mazza quien, entre las décadas de 1920 y 1940, dedicó su vida a demostrar que el Mal de Chagas existía en el país. Fundó la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina (MEPRA) en Jujuy y denunció, con una claridad asombrosa para su época, que la enfermedad era un problema estructural de pobreza y malas condiciones de vivienda. Gracias a su titánica labor de campo, la comunidad internacional bautizó la afección como Enfermedad de Chagas-Mazza. Lo que el gobierno de Javier Milei está abandonando hoy no es solo un Laboratorio con 42 mil insectos y 79 gallinas sin alimento; es el legado vivo de uno de los más grandes médicos que dio la región, un patrimonio científico construido durante un Siglo.
Y mientras el laboratorio de Santa María de Punilla se queda sin las tres personas que alimentaban a los insectos, la Fiocruz anuncia avances en una vacuna de proteína quimérica que logró la supervivencia total de los animales vacunados. El caso de las 42 mil vinchucas es solo la punta del ovillo de un plan sistemático de extinción del Estado como garante de la salud colectiva. El cierre del Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet) en Misiones, la disolución del programa Remediar (que proveía medicamentos a 20 millones de personas) y el vaciamiento del Hospital Bonaparte para enfermos mentales dibujan el mapa de un país que decide desarmar su propia capacidad de respuesta ante las epidemias. ¿Quién analizará ahora las vinchucas que se recojan en las campañas de prevención en Salta o Chaco? La respuesta, simplemente, no existe.
En la práctica, el Gobierno Argentino ha liberado una bomba de tiempo epidemiológica. Las vinchucas que sobrevivan sin control durante seis meses podrían escapar, infectarse y reanudar la cadena de transmisión del Chagas en zonas endémicas. Es un retroceso de décadas en apenas dos años de gestión.
El cierre, sin embargo, no es solo sanitario. Es también moral. La última encuesta de la Universidad de San Andrés, publicada en abril de 2026, revela que el 61% de los argentinos rechaza la gestión de Milei. Y entre los sentimientos que predominan en ese rechazo mayoritario, hay tres que resumen todo: vergüenza, decepción y asco.
Dos países, dos modelos. Uno invierte en ciencia para salvar vidas. El otro, mientras abandona 42 mil vinchucas en frascos de miel y desprecia el legado de Mazza, cosecha la vergüenza de su propio pueblo. La postal del desguace argentino no es solo una tragedia sanitaria: es la definición más precisa de un Estado que, lejos de proteger a su Pueblo, ha decidido desaparecer.
(*) Abogado, Doctor en Letras y Comunicador Social.
