POR JORGE RENDÓN VÁSQUEZ
La Sociedad Capitalista, o por mejor decirlo la Sociedad cuyo régimen de producción es el Capitalismo, se caracteriza por la producción por trabajadores contratados de los bienes y servicios que se venden en el mercado para satisfacer las necesidades de la población. Este trabajo se efectúa en empresas que crean y financian ciertas personas poseedoras de los recursos monetarios para adquirir los medios de producción y contratar la fuerza de trabajo. Por consiguiente, en este régimen intervienen, por una parte, un grupo o una clase social poseedora de los recursos necesarios para acometer la producción y obtener una ganancia y, por otra, un grupo o una clase social de trabajadores que solo poseen su fuerza de trabajo y deben alquilarla para obtener los recursos que les permitan satisfacer sus necesidades y las de su familia. Como el trabajo es la fuente del valor de los bienes creados, transformados o producidos en general, la relación entre ambas clases sociales y entre las personas que las integran es necesaria, y, al mismo tiempo, contradictoria; es necesaria porque sin ese trabajo no habría producción, y es contradictoria porque el interés de los capitalistas de extraer de los trabajadores la máxima cantidad de valor, pagándoles lo menos posible se contrapone al interés de estos de que su labor no sea tan extenuante y sus remuneraciones sean más elevadas.
El Régimen Capitalista surgió en los siglos XV al XVII en varias ciudades europeas por la expansión del comercio de ciertos bienes de consumo creciente y se estableció con los caracteres que ahora presenta con la manufactura que consistió en la producción manual por trabajadores contratados por un salario en locales utilizados para ello. Muchos de estos trabajadores fueron operarios que habían sido formados en los talleres artesanales a los cuales ya no podían pertenecer o de los que se retiraban.
Desde entonces, la sociedad capitalista ha experimentado tres grandes cambios fundamentales a los que se puede considerar revoluciones cuyo efecto ha sido darle la configuración que ahora tiene. Esos cambios son la Revolución Industrial, la Revolución Política y la Revolución de los Derechos Sociales. Su característica fundamental es que fueron promovidos por ciertos intelectuales que elaboraron las bases y la ideología que describía y analizaba cada situación a la que se referían, señalaban sus causas y efectos y proponían las medidas para modificarla o sustituirla o hacer intervenir otros elementos y características que surgían de la evolución de la sociedad y sus maneras de comportarse. Cuando tales ideologías fueron asumidas por una parte importante de las clases sociales a las cuales se dirigían se convirtieron en grandes Movimientos que impulsaron los cambios propuestos en los planos de la estructura económica y las superestructuras política, jurídica y cultural.
Examinemos someramente estos cambios.
1.– LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
El primero de esos cambios fue la Revolución Industrial de la segunda mitad del siglo XVIII acaecida en Inglaterra. Consistió en la invención de máquinas, la utilización del hierro y del acero en la elaboración de máquinas y herramientas y el empleo del vapor de agua como fuente de energía para el funcionamiento de las máquinas y los mecanismos de transporte por vías de rieles que se inventaron. Esta revolución transformó totalmente las maneras de producir y potenció enormemente la productividad del trabajo, pero los capitalistas siguieron pagándoles a los trabajadores remuneraciones que apenas les alcanzaban para mantenerse con vida y continuar trabajando.
Durante el siglo XIX se hicieron nuevos descubrimientos en los campos de la ciencia y de la técnica que dieron lugar a nuevas invenciones incorporadas a la producción y al transporte. Hacia fines de ese siglo se comenzó a utilizar la energía procedente de los combustibles fósiles descubiertos: el petróleo y sus derivados y el gas que dieron lugar a la invención de los automotores movidos con esas fuentes de energía, los que requirieron pistas pavimentadas, carreteras y locales. A ese cambio se añadió la energía eléctrica, producida en un primer momento por las caídas de agua, con lo cual cambiaron las maneras de producir y de vivir en los centros urbanos.
En la segunda mitad del siglo XX se desarrolló la electrónica y la informática que dieron lugar a las computadoras y teléfonos móviles de uso común por la población y a la automatización de la producción en las fábricas, talleres y oficinas, abriendo un panorama de desarrollo científico y técnico de proyecciones aún desconocidas.
2.– LA REVOLUCIÓN POLÍTICA
A fines del siglo XVIII advino la Revolución Política que trasladó el poder de mandar en la sociedad de los reyes, príncipes y la nobleza a los ciudadanos a los que se consideró iguales ante la ley. Los centros de esta revolución fueron Europa y Estados Unidos. Pero donde alcanzó mayor significación fue en Francia que, con más de 25 millones de habitantes, era por entonces el país más poblado y de mayor cultura de Europa. Inglaterra tenía en ese tiempo unos 9 millones de habitantes y Estados Unidos, que se formaba recién por la reunión de sus trece colonias de inmigrantes, unos 2.5 millones de habitantes. La Revolución Francesa, que comenzó en julio de 1789, plasmó la ideología de los Iluministas que la habían promovido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea General del 26 agosto de ese año. En este documento se consigna los derechos fundamentales de los ciudadanos como personas iguales ante la ley y la delegación de su voluntad para constituir los poderes del Estado a los cuales se inviste de las funciónes de dar las leyes, gobernar y resolver los conflictos jurídicos, puntos inherentes al pacto social que los ciudadanos aprobaban. Por su importancia, los derechos señalados en este documento han sido reproducidos en las constituciones de la mayor parte de países del mundo.
Una vez en el poder, sin embargo, la burguesía, unida con los señores feudales que aún quedaban, desencadenó una contrarevolución cuyo propósito fue apartar del poder de gobernar a los ciudadanos pertenecientes a las clases populares y principalmente a los trabajadores. Esta contrarevolución tuvo dos expresiones sucesivas: el voto censitario y la alienación.
El voto censitario consistió en la imposición del requisito de pagar al Estado cierta cantidad como impuestos para participar en las elecciones, con lo cual se excluyó del derecho de votar a casi todos los trabajadores, cuyos ingresos no alcanzaban a las sumas fijadas para pagar impuestos. Además se negó el voto a las mujeres. En muchos otros países se prohibió votar a los ciudadanos analfabetos que eran la mayoría de obreros y campesinos. Recién, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se fue concediendo el voto a todos los ciudadanos. A las mujeres solo se les habilitó para votar en varios países europeos desde la segunda mitad del siglo XX. En el Perú se declaró el derecho de votar de todos los ciudadanos mayores de 18 años por la Constitución de 1979 (art. 65º).
Reconquistado el sufragio universal, la burguesía emprendió otra contrarevolución destinada a colocar a sus representantes en el ejercicio del poder, utilizando la alienación de los votantes, en su mayor parte trabajadores, mediante campañas de propaganda, psicológicas y sociales muy costosas. El sujeto se aliena, porque llega a identificarse con personajes y propósitos ajenos a su situación e intereses y los prefiere al momento de votar. Este procedimiento se ha generalizado en los países con economía capitalista y otros, puesto que en la democracia es el único que permite a los representantes de los partidos del capitalismo acceder al manejo de los órganos del Estado, y, por lo tanto, los medios para lograrlo han sido perfeccionados correlativamente con el mayor nivel educativo y cultural de los ciudadanos. Ello explica la prevalencia de los partidos representantes de los diversos grupos capitalistas y populistas, una variante de aquellos, y la debilidad o inexistencia de partidos con ideologías favorables a los trabajadores que no pueden solventar el costo de esas campañas. Si, sobreponiéndose a la alienación, las mayorías populares prefirieran electoralmente otras opciones de reivindicación económica y social, los grupos capitalistas y sus ideólogos podrían tentar la ruptura de la democracia y asumir el control del Estado por un golpe de estado, un procedimiento practicado ya en diferentes partes del mundo y en muchos momentos, y que solo podría evitarse si las mayorías populares defienden la democracia.
3.– LA REVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES
Este cambio trascendental fue preparado en el Siglo XIX por los ideólogos socialistas y anarquistas que aspiraban a un cambio radical de la manera de producir y distribuir la riqueza creada por el trabajo y se solidarizaron con los trabajadores a quienes los capitalistas explotaban sin medida. Su primer momento fue la postulación de la jornada de ocho horas.
A fines del siglo XIX, los ideólogos socialistas se dividieron en un grupo que optó por la posibilidad de obtener ciertos Derechos Sociales para los trabajadores y otros cambios progresivos en la sociedad, negociandolos con los representantes del Capitalismo en el Parlamento, y en otro grupo que se pronunció por una Revolución que abatiese al Gobierno Feudal y Capitalista.
En noviembre de 1917, este grupo, denominado bolchevique, tras una Revolución de algunos partidos del Capitalismo que derrocó al Zar en Rusia, los desplazó del Gobierno por otra Revolución y, poco después, abolió la propiedad privada de los medios de producción y estableció una economía socialista.
En Alemania, en Noviembre de 1918, los socialistas de una y otra tendencia y ciertos grupos de la burguesía impulsaron otra Revolución que depuso al Kaiser y colocó en el poder del Estado al partido Socialdemócrata el que ya contaba con la mayoría en el parlamento. De inmediato las organizaciones sindicales de este partido promovieron un acuerdo con los dirigentes empresariales por el cual, a cambio del cese de las huelgas, estos reconocieron la jornada de ocho horas y otros derechos sociales, la negociación de las remuneraciones y condiciones de trabajo y el arbitraje y el establecimiento de comisiones de control de la aplicación de la legislación laboral en las empresas con cincuenta o más trabajadores. Simultaneamente se convocó a elecciones para la conformación de una asamblea constituyente. El otro partido socialista no admitió esta manera de actuar del partido Socialdemócrata y, en diciembre de ese año, inició una revolución que el gobierno y el Ejército reprimieron duramente. La asamblea constituyente, elegida el 19 de enero de 1919, se reunió en la ciudad de Weimar y, en ella, la Socialdemocracia, que contaba con el 34% de los votos, en acuerdo con los representantes de varios partidos de la burguesía, logró la aprobación de una constitución que admitía como bases de la organización de la sociedad y del Estado el contrato social, la intervención del Estado en la economía en beneficio de la Nación y para la protección de la fuerza laboral, la libertad sindical, los seguros sociales y la reglamentación internacional de los derechos laborales. Este modelo de Constitución fue luego reproducido por las Constituciones de otros países al que se ha denominado el espíritu de Weimar.
Simultáneamente, por el tratado de paz en Versalles, a petición de los representantes de los partidos socialdemócratas, varios de ellos dirigentes sindicales, se creó la Organización Internacional del Trabajo, que estaría conformada por dos delegados del gobierno, uno de las organizaciones de empleadores y otro de las organizaciones sindicales de cada Estado miembro. La función principal atribuida a esta organización fue la aprobación de convenios internacionales de trabajo que podrían ser incorporados por los Estados en su legislación interna. Acto seguido, en el primer convenio aprobado por esta organización, en octubre de 1919, se estableció la jornada de ocho horas, que muchos estados ratificaron.
Por lo tanto, la adopción de esta jornada fue el primer momento de un cambio fundamental en la realización del trabajo, porque, por una parte, dio comienzo a la admisión de otros derechos sociales relativos a los descansos semanal, en días feriados y anual, a ciertas sumas de dinero que el empleador debe pagar complementando la remuneración ordinaria, a la remuneración mínima, a la protección contra los riesgos sociales, a la libertad sindical, la negociación y la convención colectivas y la huelga, y, por otra, por la intervención del Estado para controlar la vigencia de esos derechos. En adelante, por consiguiente, el mercado de fuerza de trabajo debía sujetarse a la normativa protectora de los trabajadores, con lo cual se creó un área de mercado regulada por el Estado y la voluntad de las partes.
Esta regulación de la contratación de la fuerza de trabajo fue en realidad una revolución económica a la cual tuvo que avenirse el capitalismo o la mayor parte de este para que los trabajadores abandonasen la idea de un cambio revolucionario que habría podido llevar a la abolición de la propiedad privada de los medios de producción.
Luego de la segunda Guerra Mundial en el siglo XX, la Declaración de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en Diciembre de 1948 en París, consolidó aquella revolución y en lo sucesivo en casi todos los Estados del mundo se reconoció los derechos sociales con ciertos mínimos como un activo de los trabajadores semejante a la propiedad. En los treinta o cuarenta años siguientes aumentó la producción de bienes y servicios de cuyo beneficio los trabajadores participaron, elevando su nivel de vida. A esta nueva situación económica y social, expresión de los nuevos términos del pacto social, se le denominó Estado Social de Derecho.
Algún tiempo depués, sin embargo, en la clase capitalista muchos de los más grandes empresarios comenzaron a mirar codiciosamente los recursos obtenidos por los trabajadores con su trabajo, y decidieron apropiarse de una parte de ellos. Para lograr este propósito, encargaron a sus ideólogos la elaboración de una teoría cuya práctica les transfiriera esos recursos. En otros términos, se lanzaron a preparar una contrarevolución contra el Estado Social de Derecho. Hacia 1980 esa teoría estuvo lista y la lanzaron en varios encuentros de grandes empresarios, sus políticos de mayor confianza y algunos profesores univesitarios. Fue el neoliberalismo que consistía básicamente en la reducción del valor de los derechos sociales o lo que llamaron la desregulación de la legislación protectora de los trabajadores o también flexibilidad del Derecho del Trabajo. Para convencer a los juristas dedicados a las relaciones laborales sobre la necesidad de reducir los derechos sociales la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social organizó una reunión mundial en Caracas, en julio de 1985. Del plano ideológico este neoliberalismo precarizador de los derechos sociales pasó al plano político y, en seguida, los parlamentos y los gobiernos comenzaron a modificar las normas favorables a los trabajadores reduciéndoles sus alcances y cambiándoles de sentido para lograr un trabajo inestable, más largo, intermediado y con menores derechos económicos. El resultado fue una transferencia de recursos de los trabajadores a los capitalistas que era lo que estos querían. En Estados Unidos y Europa esa transferencia elevó sus ganancias en más de un 20% y fue a invertirse en el aparato productivo de sus países y los países en vías de desarrollo del Asia y en la adquisición de valores en las bolsas y, entre ellos, bonos de la deuda pública de los Estados. En América Latina se desarrolló la construcción de edificios para viviendas y oficinas que adquirieron los dueños de empresas de todo tamaño y sus ejecutivos.
Esta contrarevolución contra los derechos sociales no hubiera podido tener éxito de no haberse apoyado en la contrarevolución política.
¿Cuál fue la actitud de los trabajadores ante ella? No la resistieron como se hubiera debido y a muchos no les importó lo que sucedía. De haberla combatido energicamente es posible que la hubieran impedido. Algunas de sus organizaciones se limitaron a emitir comunicados de denuncia que no lograron, sin embargo, convencer a la mayor parte de trabajadores de que debían luchar para defender los derechos que les arrebataban, y se dejaron estar. Las causas de esta actitud fueron: 1) el mejoramiento del nivel de vida de las clases trabajadoras en los países más desarrollados y con desarrollo medio por el crecimiento del PBI que, aunque reducido, compenza la disminución de los ingresos de los trabajadores por la flexibilidad o la desregulación; 2) la ausencia de apoyo de la mayor parte de intelectuales los que desde la segunda mitad del siglo XX abandonaron su solidaridad con ellos y se abstuvieron de producir ideologías de cambio y progreso social; 3) la conformidad de la mayor parte de trabajadores con el goce de los derechos sociales subsistentes y con su pertenencia a una sociedad dominada por la alienacion política; y 4) la inexistencia casi total en los trabajadores de la idea de un cambio radical en la sociedad por la renuncia a la revolución de los partidos comunistas y otros grupos afines que redujeron su influencia, se disgregaron o desaparecieron.
A pesar de estas ventajas, sin embargo, en Estados Unidos, los países europeos y otros, para aplacar la protesta de ciertos grupos de trabajadores y los pensionistas, cuyos derechos de Seguridad Social no alcanzaban a financiarse totalmente con las cotizaciones aportadas por el aparato productivo debido a la resistencia de los empresarios, el Estado ha tenido que cubrir la diferencia con aportes del presupuesto público procedentes del endeudamiento. Por esta causa y por otros gastos del Estado, en las cuatro décadas siguientes a 1980, la deuda pública en esos Estados creció año tras año hasta sobrepasar las sumas de sus PBI y se hizo impagable. La solución para algunos Estados europeos ha sido reducir drásticamente algunos derechos de Seguridad Social y hacer que la diferencia la cubran los asegurados.
En el plano sindical el conformismo de los trabajadores se manifestó como la inmersión de la mayor parte de sus dirigentes sindicales en el juego negocial con los empresarios a pesar de la reticencia de estos y en la abstención de considerar los intereses de los trabajadores en el panorama económico y político. Fue por ello normal que casi todas las organizaciones sindicales nacionales que habían formado parte de la Federación Sindical Mundial, animada por los partidos comunistas, la abandonaran desde 2006 para pasarse a la Confederación Sindical Internacional que resultó de la fusión de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y la Confederación Mundial del Trabajo. En el Perú, esa conducta de la dirigencia sindical a favor de la contrarevolución contra los derechos sociales se expresó como la campaña de las centrales sindicales para incorporar la legislación laboral en un código o una ley general del trabajo cuyo articulado reproducía las normas con menores derechos para los trabajadores que se dieron desde 1991 y como su apoyo a una ley procesal del trabajo que llevaría la duración de los reclamaciones en la vía judicial a más de diez años. Esta amenaza para los trabajadores no llegó a plasmarse en normas por la acción ideológica de algunos profesores de Derecho del Trabajo y por la resistencia de un grupo de dirigentes sindicales de base que la combatieron radicalmente.
El conocimiento a fondo del comportamiento de las clases trabajadoras por los ideólogos del capitalismo ha contribuido a asegurar la contrarevolución contra los derechos sociales.
4.– LA CLASE OBRERA
En las obras de Carlos Marx y en el Manifesto Comunista de 1848 que él escribiera con Federico Engels se considera a la clase obrera como el grupo antagónico fundamental del capitalismo al cual abatiría para crear una sociedad socialista. Fue esta una aseveración ideológica resultante del examen de la evolución dialéctica de la sociedad en la primera mitad del siglo XIX. En los años siguientes, gracias a la acción de numerosos intelectuales que adhirieron a esa teoría, un número creciente de obreros se incorporó a las organizaciones sindicales creadas en el siglo XIX y, a fines de este, a los partidos socialistas. Cuando estos partidos se escindieron entre un grupo que propugnaba la revolución como el camino hacia el poder político y otro que prefería una evolución pacífica basada en la transacción con el capitalismo, la mayor parte de obreros motivados sindical y políticamente prefirió la adhesión a este segundo grupo. Las posibilidades de acometer una revolución en otros países, como había acontecido en Rusia en noviembre de 1917, se alejaron por esa inclinación mayoritaria de los intelectuales y obreros y, después de la Segunda Guerra Mundial, por la inserción de los partidos comunistas en el juego político de elecciones periódicas. Correlativamente, numerosos intelectuales que habían simpatizado con los partidos comunistas y con la clase obrera se alejaron de ambos. Luego, la mayor parte de la clase obrera prefirió a los partidos socialistas y a otros y se adhirió incluso a ciertos partidos clasificados como de derecha o les dio su voto. Por lo tanto, la idea de ser la clase obrera una clase revolucionaria se desvaneció. Tampoco la clase obrera por sí ha podido crear una ideología que defina sus intereses y trace para ella un curso de acción, ni podría hacerlo, puesto que no está capacitada para ello ni es su función hacerlo. La elaboración ideológica es el resultado de lecturas, investigación y reflexión constantes para lo cual se requiere una formación del más alto nivel universitario y mucho tiempo.
5.– LA CLASE PROFESIONAL
La evolución del capitalismo ha dado lugar a la expansión de otro grupo social que también trabaja por una remuneración. Es la clase profesional formada en universidades para las actividades de planeación, dirección, control y otras tareas especializadas en las empresas, el Estado y ciertos aspectos de la sociedad sin cuyo concurso serían irrealizables. Es este un cambio generado por el aparato productivo o la estructura económica que ha dado lugar a los cambios correlativos en las superestructuras política, jurídica y cultural. Ocupando cargos de dirección en el Estado, a los que accede por concurso público, designación por los grupos con poder político o recomendación, la clase profesional ejerce ya una parte del poder de mandar en la sociedad.
El capitalismo no ha creado aún un nuevo tipo de relaciones de producción que lo sustituya en el futuro.
6.– HACIA UNA NUEVA TIPIFICACIÓN JURÍDICA DE LA RELACIÓN LABORAL
Se advierte sí la evolución del contrato de trabajo, desde su naturaleza de relación de dependencia jurídica por una remuneración y los derechos sociales consiguientes, hacia una relación de asociación en la que el capitalismo suministra la voluntad y los recursos para producir que los trabajadores no tienen, y estos ponen su fuerza de trabajo, que el capitalismo no tiene y sin la cual la producción es imposible. En esta relación, el valor creado, que se reparte entre ambos grupos, deberá tender a una distribución más equitativa a condición del ejercicio de la presión necesaria por las clases trabajadoras.
7.– UNA NUEVA CORRIENTE IDEOLÓGICA
Como es evidente que la evolución de la sociedad no puede detenerse es posible que, como parte de ella, la clase profesional cree e impulse una nueva corriente ideológica que postule los cambios exigidos por el desarrollo de la ciencia, la técnica y la producción, la formación profesional y cultural y una distribución más racional y equitativa del producto social. Esto requerirá, en lo inmediato, parar la contrarevolución política y la contrarevolución contra los derechos sociales.
Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo... 