FACULTAD DE DERECHO Y VICENTIN

POSICION DE LA CATEDRA DE ECONOMIA POLITICA -FACULTAD DE DERECHO (U.N.R.)- ANTE LA IMPUGNACION AL VEEDOR JUDICIAL SERGIO ARELOVICH EN EL CONCURSO DE VICENTIN S.A.I.C.

Es por todos conocida la situación en que se encuentra la empresa Vicentín SAIC, que atraviesa un concurso preventivo de acreedores, que por su magnitud ha tenido un alto impacto en la sociedad argentina y en particular en nuestra provincia de Santa Fe, donde se encuentra radicada la sede central de la empresa.

El día 10 de febrero de 2020, la empresa realizó el pedido de concurso preventivo por cesación de pagos, y el día 5 de marzo del mismo año el Juez Fabián Lorenzini del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, resolvió la apertura del mismo.

A partir de allí se desarrollaron investigaciones y presentaciones para determinar la verdadera situación de Vicentín SAIC, las causas de la misma y la posible comisión de delitos en virtud de lo sorpresivo de la presentación efectuada y del amplio campo de perjudicados por la misma: acreedores (productores y bancos), trabajadores y trabajadoras, fisco, economías regionales.

Más allá de la profusa difusión que ha tenido el tema a través de los medios de comunicación, si tomamos sólo en cuenta los informes de carácter oficial, como por ejemplo los tres realizados por el Lic. Claudio Lozano, Director del Banco de la Nación Argentina,  de fecha 16 de enero, 14 de febrero y 18 de junio de 2020, el Informe final al Directorio del mismo banco elaborado por los Dres. Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, del 6/9/20 y la presentación efectuada por la Dra. María Victoria Stratta como titular de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, en junio del corriente año, y las actas de la Comisión de Información y seguimiento de la Empresa Vicentin SAIC de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, de los mismos se desprende que en principio, en esa empresa se habrían verificado entre tantas situaciones “sospechosas”, las siguientes:

  • Vicentín SAIC realizó compras de empresas que nunca declaró en sus balances. 
  • A partir de 2013 el grupo Vicentín llevó adelante un desdoblamiento e internacionalización de su estructura empresarial. Como parte de ese proceso, se crearon empresas holding en Uruguay a las cuales se transfirió activos.
  • Vicentin SAIC asumió obligaciones de empresas que había vendido a las empresas holding uruguayas del grupo (como Vicentin Family Group y Nacadie) y de las que había conservado sólo una participación mínima
  • Vaciamiento financiero y comercial

Por otra parte la posible comisión de múltiples delitos asociados con la operatoria de la empresa motivaron la instrucción de una causa por parte del Fiscal Gerardo D. Pollicita, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 11, en el Juzgado Federal del Dr. Julian Ercolini el día 13 de febrero de 2020 y con presentaciones posteriores e inhibiciones que afectaban no sólo a los directivos de Vicentín SAIC, sino a diversos funcionarios públicos implicados, como Javier González Fraga y Lucas Llach ex – Presidente y Vice, respectivamente del Banco de la Nación Argentina.

Todo ello acompañado de pedidos de informes a AFIP, Oficina Anticorrupción, Registro Público de Comercio de Santa Fe, Banco de la Nación Argentina, Banco Central de la República Argentina, Unidad de Información Financiera y a la Cámara Nacional Electoral.

En este marco, nos sorprende la noticia referida a que el Directorio subsistente de la empresa Vicentín SAIC, ha presentado una impugnación a la designación del Dr. Sergio Arelovich, integrante de nuestra cátedra de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, basado en su afirmación: “si todo sigue así, Vicentín va a la quiebra” y que eso como otras declaraciones “denotan su hostilidad manifiesta, su animosidad y su resentimiento hacia la compañía y dejan a la vista la inconveniencia de su designación para una función que exige objetividad e imparcialidad

E incluso que la empresa habría intimado a nuestro compañero de cátedra a ratificar o rectificar sus declaraciones.

(Ver: https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Vicentin-recusara-a-veedor-del-Banco-Nacion-denuncia-hostilidad-manifiesta-animosidad-y-resentimiento-20200921-0005.html).

Todos los elementos indicados anteriormente nos ponen en antecedentes sobre quiénes son los que llevaron a esa situación lamentable, donde la palabra estafa, no es una licencia literaria.

Lo que creemos necesario es manifestarnos respecto a quien es Sergio Arelovich, porque lo conocemos a través del trabajo compartido por años, y entendemos, en contrario sentido de lo manifestado por el Directorio, que no hay persona más capaz para desempeñar la delicada tarea para la que ha sido propuesto por el Banco de la Nación Argentina y los sindicatos relacionados.

Sergio Arelovich registra, no sólo, una trayectoria impecable como docente e investigador en temas de la economía argentina, además de contar con el punto extra de su título de Contador Público, lo que demostraría su capacidad técnica para la labor encomendada, sino que además tiene una trayectoria en la defensa de los intereses nacionales y de los trabajadores, que no muchos pueden exhibir.

Y esto es otro elemento imprescindible para la delicada tarea a realizar:

¿Quién puede dar más garantías para encontrar una buena solución para esa desastrosa situación que alguien comprometido con la defensa del interés nacional, en este caso el Banco de la Nación Argentina, pero también de productores y actores sociales de la región, así como en la defensa de la fuente de trabajo de aquellos a quienes ha venido asesorando?

Están tan trastocadas las cosas y se ha teñido todo, mezclando y escondiendo  intereses, que lo que tenemos claro y a la vista, dejamos de verlo.

Sergio Arelovich ha defendido intereses hasta ahora y todo indica que lo seguirá haciendo. Otros han defendido “otros” intereses, que no han demostrado ser beneficiosos para el bien común.

Orgullosamente podemos salir en defensa del compañero y su trayectoria, porque nos sentimos identificados en valores, como miembros de una cátedra de la universidad pública, la querida UNR, en la que como simpática coincidencia otro de nuestros integrantes, Gustavo García Zanotti, es coautor de uno de los profundos estudios sobre “el caso Vicentín” antes citados.

Rosario, 23 de setiembre de 2020

APOYO AL VEEDOR JUDICIAL DESIGNADO EN EL CONCURSO DE VICENTIN S.A.I.C. DR. SERGIO ARELOVICH

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Habiendo tomado conocimiento que el Directorio,
extemporáneamente renunciante, de la firma Vicentín SAIC, ha
presentado una impugnación –utilizando argumentaciones
totalmente prejuiciosas- a la designación judicial del
Dr. Sergio
Arelovich como veedor del Concurso abierto a dicha empresa que
había sido propuesto por el Banco de la Nación Argentina, desde la
agrupación AgroCorriente, órgano especializado en temas
agropecuarios perteneciente a la Corriente Nacional de la Militancia,
hacemos llegar al profesional designado nuestra solidaridad y
respaldo a su actuación.

Todo ello porque tanto la comunidad nacional como provincial
queremos y debemos conocer lo que realmente ha sucedido –y
sucede- en este proceso concursal, que además tiene tramitadas
causas en la Justicia Federal, así como informes producidos por parte
de la Fiscalía Nacional Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional,
con posterior pedido de inhibiciones a los directivos de la falenciada
e incluso a funcionarios de la gestión macrista del Banco de la Nación
Argentina, que según es de dominio público, es acreedor por más de
trecientos millones de dólares, a más de otras intervenciones de los
más variados órganos administrativos de control, sin dejar de
mencionar por supuesto y fundamentalmente, el enorme costo que
para todos los trabajadores, empleados, acreedores y la población
local, provincial y nacional indirecta o indirectamente vinculada con
este proceso, ha ocasionado.
Por lo tanto, nos pronunciamos enfáticamente por el apoyo a la
gestión para la que ha sido designado el Dr. Sergio Arelovich, –
profesional capacitado que cumple con los requisitos exigidos para
esta función- desalentando cualquier argumentación prejuiciosa

tendiente a impedir que la sociedad conozca fielmente todo tipo de
comportamiento reñido con la ley y con la defensa de los intereses
nacionales.

CRISIS, COVID Y DERECHO LABORAL

APORTES PARA LA GESTION DE LA PANDEMIA EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES, CENTROS DE TRABAJO E INSTITUCIONES DE ALTO RIESGO DE CONTAGIO

LA ASOCIACION DE ABOGADOS LABORALISTAS DE ROSARIO RECOMIENDA EL SIGUIENTE DOCUMENTO:

«APORTES PARA LA GESTION DE LA PANDEMIA EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES, CENTROS DE TRABAJO E INSTITUCIONES DE ALTO RIESGO DE CONTAGIO»

Realizado por Equipo de Asesoramiento Sindical “Non delega” – Abog. Luciana Censi, Dr. Mariano Mussi y Psic. Esteban Fridman – Rosario, 7 de Septiembre de 2020

A continuación desarrollaremos algunos puntos críticos en lo referente a la gestión de la pandemia por SARS CoV2 en contextos de trabajo, tanto en lo referente a las características de la población trabajadora industrial, a las metodologías diagnósticas y de tamizaje (screening) y a las posibilidades de intervención sindical.

Contextualizar

Una epidemia no se despliega de igual manera en un país, una provincia, una ciudad o un centro laboral. Las normativas y protocolos nacionales y provinciales sobre COVID están dirigidos a la población general de un territorio. Esta idea de “población general” desconoce los procesos particulares que se dan en distintos espacios sociales. Un ejemplo de esto son las instituciones educativas: si bien se encuentran contenidas en la “población general”, las escuelas constituyen un espacio de distribución de la epidemia claramente distinto a las actividades domésticas. Del mismo modo ocurre con el trabajo industrial u otros centros de trabajo  masivos. Cada centro industrial comprende entre 500 y 2000 trabajadores y trabajadoras, provenientes de entre 4 y 5 localidades diferentes, quienes se reúnen en un mismo espacio de trabajo durante períodos promedio de 8 horas. El uso de los elementos de protección personal contra SARS CoV2 disminuye conforme se prolonga la jornada laboral, y es ésta una de las razones por las cuales la OMS aconsejó jornadas de 4 horas para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Por lo expuesto, los centros industriales constituyen una suerte de acumuladores de la epidemia, poniendo en contacto durante largos períodos de tiempo a un número importante de trabajadores y trabajadoras provenientes de diversas localidades, lo cual aumenta la circulación viral en un territorio mucho mayor que el de la propia planta, como ya fuera constatado en la empresa COFCO Timbues.

Intervención sindical

La situación epidemiológica de los centros de trabajo en nuestra provincia, no se encuentra visibilizada, analizada ni expuesta por el Estado ni el Ministerio de Trabajo cuya intervención debiera ser imprescindible; ello dificulta realizar un diagnóstico y determinar medidas sanitarias especificas con una política pública destinada a gestionar la pandemia que afecta a los trabajadores y trabajadores en sus centros de trabajo y su impacto en las poblaciones.

En tanto las necesidades de los y las trabajadoras no pueden esperar decisiones políticas que en el mejor de los casos llegan tardíamente, proponemos lo siguiente:

1.- Intervención de los comités mixtos de salud y seguridad laboral en todas las decisiones.

2.- Aislamiento del caso sospechoso, sin esperar a la confirmación de test positivo.

3.- Participación activa y fundamental del sindicato (delegado/as de base) en la determinación de los contactos estrechos; no dejar librado la definición al empleador y sus servicios médicos y de higiene y seguridad.

4.- Denuncias ante la A.R.T. de los casos positivos y ante el Ministerio de Salud (ley 15465).

5- Control estricto del cumplimiento del aislamiento de 14 días para los casos sospechosos, positivos y contactos estrechos, independientemente de los resultados de test negativos

6.- Implementación de métodos diagnósticos para COVID costeados por los empleadores. En este punto nos gustaría detenernos para realizar las siguientes consideraciones:

Los métodos son de dos tipos: el hisopado para PCR y las pruebas serológicas. En el primer caso, la PCR, hablamos de un método de baja sensibilidad que permite detectar fragmentos del virus. En lo referente a la sensibilidad, el hisopado para PCR detecta a 6 de 10 casos de COVID dentro de las 48 hs de iniciados los síntomas, y a 7 de 10 a los 7 días. Esto significa que es un método poco eficaz para realizar tamizajes: decimos que tiene una alta tasa de falsos negativos. Las serologías, que detectan respuesta inmune por anticuerpos, tienen una sensibilidad de cerca del 100%, tanto en los métodos tradicionales como en los test rápidos. Los anticuerpos contra SARS CoV2 pueden detectarse hacia el día 5 de la enfermedad. Esto implica que una prueba de anticuerpos positiva detecta a quien ya ha tenido la enfermedad y se curó y a aquel que está cursando el período agudo y que es contagiante. La prueba serológica combinada con hisopado para PCR constituye la mejor estrategia para las actividades de tamizaje o screening en plantas industriales e instituciones de alto riesgo.

En ese marco, la recomendación es realizar un testeo masivo de anticuerpos, para proseguir luego con un hisopado para PCR a aquellos que presenten anticuerpos positivos, y repetir este procedimiento una vez cada 15 días. Este abordaje permite combinar la potencia de las dos pruebas en términos de sensibilidad (dada por los anticuerpos) y el carácter infeccioso del caso positivo (dado por la PCR).

Esta recomendación tiene sus limitaciones:

a) La PCR puede permanecer positiva, aún en casos curados, durante más de 30 días (por persistencia de fragmentos virales no infectantes).

b) La combinación de las pruebas no permite detectar a los casos asintomáticos que no hayan producido aún anticuerpos. No obstante, la repetición del tamizaje cada 15 días acaba finalmente detectando todos los casos.

Equipo de Asesoramiento sindical “Non delega”

Abog. Luciana Censi, Dr. Mariano Mussi, Psic. Esteban Fridman

Bibliografía

1) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html

2) SARS-CoV-2: The viral shedding vs infectivity dilemma Arabella Widders a, *, Alex Broom b , Jennifer Broom. https://www.idhjournal.com.au/article/S2468-0451(20)30028-6/fulltext

3) Diagnostic strategies for SARS-CoV-2 infection and interpretation of microbiological results G. Caruana 1 , A. Croxatto 1 , A.T. Coste 1 , O. Opota 1 , F. Lamoth 1, 2 , K. Jaton 1 , G. Greub. https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(20)30363-3/fulltext   

SEÑOR NO ME DESPIDA

PRORROGARON LA PROHIBICION DE PRODUCIR DESPIDOS POR 60 DIAS MAS: EL DECRETO REGIRA HASTA FINES DE NOVIEMBRE DE 2020

El Gobierno nacional oficializará este jueves la extensión por otros 60 días de la prohibición de producir despidos «sin justa causa y por razones de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor», por lo que el decreto regirá hasta fines de noviembre, informó a Télam el Ministerio de Trabajo.

La prohibición de producir cesantías se publicará este jueves en el Boletín Oficial, según aseguraron las fuentes oficiales, en el contexto de un decreto que firmará el presidente Alberto Fernández «en acuerdo general de ministros», aseguró.

La decisión fue adoptada en el contexto de «la emergencia pública económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social» determinada por la Ley 27.541, la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por decreto 260/20 y las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social» de los decretos 297/20 y 520/20.

También el decreto presidencial prorrogará la prohibición de suspender por causas de «fuerza mayor o ausencia o disminución de trabajo» por ese plazo, a excepción de las realizadas según el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), según especificaron a esta agencia las fuentes laborales.

La medida ratificará también que «los despidos y suspensiones que se dispongan y violen las disposiciones adoptadas no producirán ningún efecto», y que «se mantendrán vigentes las relaciones laborales y sus condiciones actuales».

La prórroga de despidos y suspensiones no se aplicará a las contrataciones realizadas con posterioridad a su vigencia, pero la medida «no será de aplicación en el sector público definido en el artículo 8 de la Ley 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que esté sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran».

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS «Télam»

RESPUESTAS A LAS CRITICAS CONTRA EL GOBIERNO REFERIDAS A LA GESTION SANITARIA

Marcha anticuarentena: sin distanciamiento y con agresiones

ESCRIBE: LISANDRO BONELLI

El domingo 13 de septiembre el ex-presidente Mauricio Macri “rompió el silencio” (sic) para compartir su “inquietud sobre la dolorosa y delicada circunstancia que atraviesa la República Argentina”. En la práctica, no dijo nada que no hubiera dicho antes la actual oposición. Por ejemplo, afirma que “se utilizan las restricciones sanitarias para impedir la libre circulación de las personas”. Pero hay gobiernos provinciales que han aplicado reiteradamente tales “restricciones” y son conducidos por el partido político al que pertenece el ex-presidente. Además, según Macri, “lo que se busca es el control social y evitar que los ciudadanos manifiesten su disconformidad con las medidas que se toman”. Francamente me cuesta imaginar una reunión de gabinete o de equipos técnicos del Ministerio de Salud donde se discuta cómo lograr tales fines. Y si ese fuera nuestro objetivo, deberíamos dudar seriamente de nuestra eficacia para lograrlo, porque es evidente que quienes se oponen tienen medios suficientes como para hacer oír su disconformidad en avenidas y plazas, en los canales de televisión y las radios de mayor audiencia, en los diarios con mayor tirada, en las redes sociales, entre otras.

En las páginas que siguen, haremos algunas precisiones acerca de las críticas que se han venido blandiendo contra la gestión sanitaria del gobierno nacional. No pretenden ser un informe de gestión, sino más bien una exposición de argumentos y razones.

“El gobierno difunde datos erróneos destinados a mantener la reclusión” (sic)

La desconfianza de los datos es una constante en todos los países. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia el Ministerio de Salud de la Nación se comprometió en la publicación permanente de los datos en tiempo real. En Argentina estos datos son el resultado de lo que reporta cada una de las jurisdicciones a través del Sistema Nacional de Vigilancia. No dependen de un solo ente gubernamental, sino que hay un control mutuo de la información y un trabajo colaborativo.

Desde el inicio de la pandemia el Ministerio difunde continuamente la información con reportes que se actualizan dos veces por día. Los datos que se publican son los mismos que usan las autoridades nacionales y provinciales para tomar decisiones sobre la pandemia.

Además, el gobierno no sólo mejoró la capacidad pública y privada para generar y compartir datos en tiempo real, algo que la gestión anterior no hizo, sino que también produjo nuevos indicadores que antes no se medían: por ejemplo, los que integran el sistema de monitoreo de recursos críticos de internación. Ese sistema, o el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, entre otros, son colaborativos, generados junto con las jurisdicciones, por lo que los datos no dependen solamente de un ente gubernamental, sino que hay un control mutuo de la información.

Seguramente hubo y hay algunos subregistros menores y algún retraso en la notificación de casos, pero eso ocurre en cualquier epidemia y en cualquier país, aunque la tasa de letalidad es mucho más baja que en otros países, lo que habilita a suponer que comparativamente el subregistro es bajo en la Argentina.

“Desde el inicio el gobierno desestimó el planteo de testear, rastrear y aislar casos”

El testeo, rastreo y aislamiento son responsabilidad de las provincias y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos referentes sanitarios de la oposición están haciendo estas críticas. La pregunta es: ¿por qué entonces no asesoran a los gobernadores de su partido para que hagan lo que ellos creen que es correcto?

Desde el inicio de la pandemia el gobierno nacional compró tests suficientes y los validó muy rápidamente. Para reforzar las jurisdicciones, desde el inicio de la pandemia el gobierno nacional adquirió más de 800.000 determinaciones de Kit de PCR, lo que permitió ir ampliando rápidamente la capacidad estructural del sistema de salud para testear, pasando de unos pocos cientos a casi 30.000 testeos por día.

En mayo se lanzó el plan DETECTAR, cuando se vieron las dificultades que tenía el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el que más recursos tiene por habitante, el que tiene más plazas de hospital por habitante y cantidad de habitaciones de hotel vacías.[1] El propio jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció un mes después públicamente que ese plan “fue muy exitoso en los barrios vulnerables de la Ciudad”.[2]

Además, corresponde aclarar que la capacidad para testear no depende únicamente de la cantidad de kits disponibles, sino también de los equipos territoriales disponibles y de la capacidad instalada de los laboratorios, que en buena medida dependen de las provincias. Debido a la desatención en este tema durante el período anterior, el gobierno actual asistió a las provincias para que ampliaran fuertemente esa capacidad desde el inicio de la pandemia, pero aún sigue siendo uno de los cuellos de botella. En síntesis: nunca faltaron tests.

Actualmente el Ministerio de Salud coordina una gestión local de la pandemia que permite adoptar las mejores decisiones, brindando asistencia técnica y haciendo recomendaciones de gestión mediante continuas comunicaciones y viajes en persona de sus principales funcionarios y profesionales, y trabajando junto a las provincias en distintas estrategias que abordan realidades diferentes. En todos los casos haremos vigilancia activa, cuidaremos especialmente a las y los más vulnerables, protegeremos al personal sanitario y confiaremos en el compromiso mostrado por la población para continuar cuidándonos entre todos y todas.

“En otros países se testeó más”

Frecuentemente se hacen erróneas comparaciones en cantidad de tests entre países, porque no es efectivo testear cuando no hay razonables indicios sobre la presencia del virus en cada lugar. Por lo tanto, es un error comparar la cantidad de tests de la Argentina con otros países donde hubo proporcionalmente muchos más casos.

La cantidad de tests realizados es asimismo un indicador muy rústico, porque se suman los “necesarios” con los “innecesarios”, o incluso con los aplicados “por las dudas” en empresas o a personas ricas. Además, en algunos países el testeo es un negocio donde hay mucha inversión privada.

“El gobierno primero negó el problema del COVID-19 a pesar de las advertencias de un sector independiente (sic) de la comunidad científica y de la política” y “El gobierno no controló a tiempo las fronteras”

El gobierno no solamente no negó el problema –se trata de un eufemismo malintencionado: al principio el gobierno advertía también sobre otros problemas, como los brotes de Dengue y Sarampión, que en ese momento tenían consecuencias mucho más graves–, sino que además tomó inmediatamente decisiones apenas se supo de la existencia de la pandemia, mucho antes de que la “comunidad científica” pidiera públicamente acciones. Además, el gobierno consulta constantemente a la “comunidad científica”, si hasta eso es parte de las críticas que se le hacen.

El gobierno controló continuamente todas las fronteras y apenas hubo casos en países con vuelos directos agregó controles adicionales en aeropuertos internacionales. El gobierno implementó también un sistema de corredores seguros que bajó significativamente el riesgo en la repatriación de más de 250.000 personas. De todas formas, el control de las fronteras nunca fue considerado como solución para controlar la pandemia, porque solamente diez países en el mundo no han reportado casos de COVID-19, y todos son islas del Pacífico.

“Inicialmente el gobierno decretó una cuarentena en forma improvisada, sin presentar ningún plan ni una posible fecha de finalización”

Las medidas de aislamiento y distanciamiento físico fueron una decisión política recomendada unánimemente por organismos internacionales y tomada por la amplia mayoría de los gobiernos del mundo.

Inicialmente existía poca información acerca del virus y no se sabía cuándo habría un tratamiento o una vacuna, con lo cual era desaconsejable hacer previsiones exactas.

Las medidas de aislamiento y distanciamiento tomadas de manera temprana, oportuna y a nivel nacional dio tiempo a los gobiernos nacional y provinciales para:

  • Aumentar la capacidad del sistema de salud, camas de internación, respiradores, hospitales modulares, etcétera.
  • Ampliar de la red laboratorios de diagnóstico, dotándolos de insumos, equipamientos y medidas de bioseguridad.
  • Entrenar y equipar a los equipos de salud de todos los niveles, tanto en los tratamientos como en su protección personal.
  • Asistir técnicamente a los gobiernos provinciales y municipales.
  • Cooperar con gobiernos y especialistas de otros países.
  • Conocer más sobre el virus e impulsar la investigación local.
  • Obtener los insumos necesarios para atender a la población y proteger a los equipos de salud.
  • Apoyar y fortalecer la producción nacional de insumos críticos.
  • Dar tiempo a la ciencia para la generación de tests diagnósticos, vacunas y tratamientos.

“El gobierno exhibe logros parciales y muestra supuestos éxitos, comparándose erróneamente con otros países”

Cuando el gobierno compara datos con otros países utilizando indicadores validados internacionalmente, lo hace porque es la manera de más razonable de explicar la eficacia de una u otra decisión, no para adjudicarse éxitos. En todo caso, son las y los dirigentes y comunicadores opositores quienes se lamentan cada vez menos disimuladamente porque esos datos son actualmente favorables para la población argentina.

“El gobierno encontró en la ‘infectadura’ un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”

En el Ministerio de Salud trabajan cientos de expertas y expertos que analizan y sistematizan diariamente la producción científica sobre la pandemia y los datos epidemiológicos de cada región del país, y que elaboran escenarios posibles y borradores de planes de contingencia. Antes de tomar decisiones, las autoridades del Ministerio consultan con comités de expertos, pero las decisiones no las toman las y los expertos, sino las autoridades políticas del gobierno.

“El gobierno no tiene un plan, continuamente improvisa”

El gobierno elaboró y sigue elaborando varios planes de contingencia, no solamente en el Ministerio de Salud, sino en todas las áreas.

Además, el gobierno asumió con una propuesta explícita de reforma integral del sistema de salud, que está siendo revisada por la pandemia. En particular, en lo referido a la gestión de la pandemia, se reforzó la propuesta de acceso universal a la salud mediante consultas, testeos o internaciones. Sin esa universalidad, nadie estaría realmente protegido: por ejemplo, si las personas retrasan la búsqueda de tratamiento o no acceden a los servicios que necesitan, el brote es más difícil de controlar.

También el gobierno tomó medidas adicionales para recuperar la universalidad del sistema frente a desafíos particulares de la pandemia: compra de insumos, respiradores, bono al personal, financiamiento para el sistema público y para el sector privado, etcétera.

Si no hubiera existido un plan, no se habría expandido el sistema de salud con la velocidad con que se lo hizo. El sistema público ha sido el que más se ha expandido, porque fue el que más soportó la extraordinaria exigencia de la pandemia y el que sostuvo la universalidad del sistema, no solo para cuidar a la población sin obra social, sino a toda la población.

“Argentina está entre los países con más casos en el mundo”

En los últimos días en la Argentina hubo un aumento en cantidad de nuevos casos confirmados de COVID-19, pero eso se debe a varios motivos:

  • casi toda América está justo en el momento de “explosión” de la curva, situación por la que ya pasaron hace meses otras regiones en las que esa explosión fue proporcionalmente mucho mayor –la “curva” fue más alta– y generó la saturación del sistema de salud;
  • Argentina tiene –en comparación con otros países– una baja tasa de letalidad, lo que permite suponer que testea un alto porcentaje de personas contagiadas;
  • en varias provincias comenzó a “explotar” la curva, mientras en el AMBA sigue habiendo muchos casos diarios, aunque sin una tendencia ascendente sostenida;
  • a pesar de que, desde principios de mayo, con el DETECTAR, la CABA recibe recursos y asistencia técnica del gobierno nacional para sus estrategias de testeo, rastreo y aislamiento, la cantidad de nuevos casos no disminuye y se mantiene amesetada en un nivel elevado, lo que se traduce en una alta mortalidad semanal y obliga a postergar continuamente el levantamiento de las restricciones;
  • tomando por ejemplo los datos del 17 de septiembre pasado, la incidencia acumulada cada 100.000 habitantes en la CABA es 57% mayor que en el resto del AMBA y 224% mayor que en el resto del país; la tasa de mortalidad por COVID-19 en la CABA es 81% mayor que en el resto del AMBA y 307% mayor que en el resto del país;
  • esa tendencia se mantuvo incluso en las últimas semanas: la incidencia acumulada cada 100.000 habitantes de los 15 días anteriores al 17 de septiembre en la CABA fue 24% mayor que en el resto del AMBA y 77% mayor que en el resto del país; y la tasa de mortalidad por COVID-19 cada millón de habitantes de esos últimos 15 días en la CABA fue 93% mayor que en el resto del AMBA y 197% mayor que en el resto del país;
  • hay diferencias en la definición de caso, caso sospechoso, nexo epidemiológico, contacto estrecho, sistema de vigilancia y registro de causas de mortalidad entre países, y cambios operativos en estas definiciones durante las distintas etapas de la pandemia;
  • lo que debería compararse son los casos activos –porque son los que condicionan la capacidad del sistema de atenderlos, lo que a la vez influye fuertemente sobre la letalidad–, no los casos acumulados, y relacionarlos sobre la población total: el porcentaje de casos activos es actualmente del 23% del total de casos notificados en el país; eso fue así porque aquí se logró una curva más “aplanada”;
  • buena parte de esos nuevos casos y fallecimientos ocurren porque algunas personas incumplen las recomendaciones del gobierno, y esta inobservancia es alentada por los mismos sectores que critican la eficacia de las políticas sanitarias;
  • por último, afirmar públicamente que esas recomendaciones son injustas o ineficaces es otra forma de desalentar su cumplimiento, algo injustificable si se tiene en cuenta que de ello depende la vida o la muerte de varios miles de personas.

“Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo”

Ningún país del mundo ha superado definitivamente la pandemia: la mayoría ha realizado un ejercicio de sucesivas aperturas y restricciones. La “cuarentena” estricta en el país duró menos de treinta días: del 20 de marzo al 11 de abril. El AMBA y el departamento San Fernando de Chaco han tenido la “cuarentena” consecutiva más prolongada. Desde el 7 de junio –79 días después del primer DNU– el resto del país comenzó a transitar la fase de distanciamiento físico, con restricciones más o menos amplias según la situación epidemiológica en cada provincia. Además, desde mayo se comenzaron a realizar, incluso en las zonas que continuaban en fase de aislamiento, aperturas progresivas de actividades.

El Ministerio de Salud hoy conduce una gestión local de la pandemia que permite adoptar las mejores decisiones de apertura y restricción de actividades, considerando las singularidades provinciales y locales, pero utilizando criterios comunes. Las restricciones que persisten son las mismas que se observan en distintos países del mundo, variables y dinámicas según la situación epidemiológica. Los registros de transporte y otros datos de empresas TIC permiten observar crecimientos de la movilidad en el interior de las jurisdicciones y un paulatino crecimiento de la movilidad hacia el lugar de trabajo, lo que evidencia el incremento en la cantidad de actividades habilitadas.

“Fracasó la estrategia”

La estrategia sanitaria del gobierno se centró en evitar el contagio de un número importante de personas al mismo tiempo para que el sistema de salud pudiera dar respuesta. Hasta el momento esa estrategia dio resultado. De todas formas, su eficacia depende de lo que hagan otros actores estatales que no dependen funcionalmente del gobierno nacional, y de lo que hagan las personas.

El gobierno implementó además una estrategia intensificada y federal de resguardo de las personas mayores y con factores de riesgo desde el inicio de la pandemia, lo que fue un eje clave para la disminución de la mortalidad.

La medida de éxito no son los casos acumulados, sino los casos activos en cada momento y los fallecidos acumulados. Hasta el momento esos números son mejores en la Argentina que en otros países, pero la realidad en varios países demuestra que no es aconsejable hacer previsiones numéricas precisas. Si bien el gobierno nunca usó datos parciales para “cantar victoria”, sus críticos y críticas sí usan datos parciales, pero que además no reflejan lo que ellos y ellas pretenden: las tasas de mortalidad por COVID-19 en Chile, Brasil, Estados Unidos, España, Gran Bretaña o Italia son más de 125% mayores que en Argentina. La mortalidad en Suecia, que incluso en estos días es tomada como ejemplo por los diarios de mayor circulación en la Argentina, es 126% mayor que la nuestra. De todas formas, cabe aclarar que las diferencias en la tasa de mortalidad también pueden deberse a diferencias en la estructura de edad de la población entre países, o a otros factores, como la pobreza o la estructura urbana.

Si bien en la Argentina la tasa de mortalidad sigue en ascenso, existen indicios de que la variación porcentual semanal de esa tasa está disminuyendo. Esto no es un dato concreto sobre el éxito o fracaso de la estrategia, pero sí permite poner en duda las estimaciones que hablan por ejemplo de más de 300.000 personas fallecidas a fin de año. Si no se hubiera atemperado el impacto de la pandemia y ampliado la capacidad del sistema, se habría saturado hace tres meses. Las estimaciones iniciales proyectaban 253.000 casos y 22.000 muertes para los primeros días de mayo. Al 15 de mayo sólo había 7.479 casos y 356 muertes. Recién el jueves 10 de septiembre se llegó a la mitad de las muertes que se proyectaban para mayo. Las medidas adoptadas evitaron esas muertes, aunque muchas veces no se valora lo que no sucedió.

“El gobierno hace ‘terrorismo sanitario’”: la frase textual es “el uso ilegal (sic) del terror sanitario como herramienta para someter a la población”

Esta pandemia es muy dura para todos los países del mundo y existen intereses privados que buscan minimizarla. El gobierno tiene el deber de informar a la población y de realizar campañas para que sepan prevenir las enfermedades, pero en todo momento se cuidó de apelar a campañas o discursos que infundieran miedo. Más bien apeló a la responsabilidad y la solidaridad de las personas.

Informar correctamente a la población sirve para poder tomar decisiones a tiempo. El efecto de no hacerlo sería triple: multiplicaría la cantidad de personas enfermas y fallecidas; expondría a riesgos innecesarios a las trabajadoras y los trabajadores de la salud; y reduciría la capacidad para tomar decisiones eficaces en el futuro inmediato.

Además, afirmar públicamente en plena pandemia que el gobierno actual no es idóneo es otra forma de infundir pánico en la población.

“Con la excusa de la pandemia se afectan derechos individuales”: hubo personas “encarceladas, perseguidas, agredidas, perjudicadas y denunciadas en nombre de la salud pública y violentando garantías esenciales estipuladas por la Constitución Nacional”

Los conflictos entre derechos de distintas personas o grupos sociales son más la regla que la excepción. Razonar como si los derechos obraran en una especie de vacío absoluto sirve más para engañar o confundir que para aclarar situaciones.

El Código Penal Argentino –vigente desde hace casi 100 años– establece en su artículo 205 la pena de prisión a quien “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. No pena a quien no cuida su salud, sino a quien afecta o pone en riesgo la salud de otras personas.

Desoyendo a quienes pedían y piden severas penas para quienes incumplen las medidas sanitarias, el gobierno siempre apeló a las restricciones colectivas, la organización comunitaria y la responsabilidad individual.

Por último, el Ministerio de Salud nunca recomendó la interrupción del funcionamiento de los otros poderes del Estado.

“El gobierno mantiene la reclusión y el sometimiento de gran parte de la población”

El Ministerio de Salud convocó a un comité de bioética para esta contingencia. Están presentes en él las y los principales bioeticistas del país, quienes tienen diferentes enfoques políticos e ideológicos. Este grupo generó un documento, planteando las principales tensiones bioéticas en el manejo de la pandemia en un enfoque de derechos humanos. Este documento es una guía para la formulación de políticas públicas respecto a la pandemia.

Gran parte de la población cumple voluntariamente y de manera responsable las recomendaciones del Ministerio de Salud. Quienes no lo hacen casi no reciben sanciones, por lo que hablar de “reclusión” o “sometimiento” es una exageración injustificada que busca validar una patética pretensión de heroísmo en un sector de la población. Un rasgo curioso de las derechas latinoamericanas es que ejercen un victimismo obsceno. Mientras hay millones de personas con dificultades para comer, afirman estar “recluidas” o “sometidas” porque a veces no pueden ir a un bar o un restaurant.

“El gobierno no coordina con organizaciones de la sociedad civil”

El Ministerio de Salud consensuó –y sigue haciéndolo continuamente– normas y recomendaciones con sociedades científicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, y muestra una visible disposición a construir acuerdos y una continua colaboración con autoridades jurisdiccionales de cualquier signo político. A diferencia de las autoridades de la gestión anterior, actualmente en el Ministerio de Salud se mantienen continuas consultas con representantes sindicales, profesionales y empresariales, con asociaciones de pacientes, con instituciones científicas, universidades, etcétera.

“El gobierno tiene falta de empatía y sensibilidad con quienes mueren aislados”

El Ministerio de Salud nunca recomendó que las personas que fallecieran por COVID-19 no tuvieran contacto con sus familiares. En un primer momento faltaban evidencias científicas y no había suficientes equipos de protección personal, lo cual podría explicar que algunos establecimientos sanitarios tomaran esas medidas.

Recientemente el Ministerio de Salud publicó recomendaciones para el acompañamiento de pacientes en las últimas horas o días de vida y está trabajando con las provincias para que se aplique. Muchas de ellas ya han adherido.

La responsabilidad individual y colectiva sobre el cumplimiento de las pautas de distanciamiento y cuidado es hoy nuestro único “escudo social” contra el virus. La pandemia resignificó el valor de la solidaridad en nuestra sociedad y nos permitirá generar una nueva forma de vivir centrada en el bien común, que es nuestro mayor objetivo de gobierno. Algunos dirigentes opositores funcionan como “mano de obra política desocupada”, buscando profundizar los odios y las divisiones. Hoy sabemos que la unidad de todos y todas es necesaria para superar esta pandemia, pero también que es posible. A pesar de los ataques recibidos y las provocaciones constantes, con nuestra conducta hemos dado testimonio de que la unidad es la mejor manera de construir una patria libre, justa y soberana.

Lisandro Bonelli es titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la Nación.

[1] La cantidad de camas de cuidados intensivos reportadas al sistema cada 100.000 habitantes en la CABA es de 65, y en el resto del AMBA de 18: un 371% de diferencia, casi cuatro veces más; y en el resto del país –es decir, en todo el país excluida la CABA– es de 25: la diferencia es de 138%. El presupuesto anual vigente 2020 del GCBA es de 132.000 pesos por habitante, 19 veces más que el de La Matanza, que es de 6.800 pesos. La población de la CABA sin cobertura de obra social, mutual o prepaga es de 19%, y el del resto de aglomerados urbanos de todo el país de 32%. En el segundo semestre de 2019 el porcentaje de hogares con pobreza en el resto –de los aglomerados urbanos– del país era más de 3,1 veces mayor que el de la CABA: 27% y 9%, respectivamente; y el porcentaje de hogares con indigencia 5 veces mayor: 6% y 1,2%, respectivamente. En el AMBA esas diferencias eran aún mayores: el porcentaje de hogares pobres en el resto del AMBA es 3,7 mayor que en la CABA, y el de indigencia 7,2 veces mayor. Por último, especialmente importante porque se refiere a las estrategias de aislamiento: en la CABA hay 249 habitaciones de hotel por cada mil habitantes –una cada 4 habitantes–, mientras que en el resto del país hay 61, una cada 16 habitantes: la diferencia es de un 312%, con el agravante de que están distribuidas geográficamente de manera muy irregular.

[2] https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/rodriguez-larreta-presento-nuevos-kits-de-testeo-mas-rapidos-y-lanzo-el-estudio-de.

FUENTE: Revista “Movimiento” – Nro. 25 – Septiembre de 2020 – Partido Justicialista

ARTIGAS EN EL RECUERDO

23 DE SEPTIEMBRE: A 170 AÑOS DEL FALLECIMIENTO DE JOSE GERVASIO ARTIGAS, LIDER DE LA “OTRA REVOLUCION”

artigas

ESCRIBE: FACUNDO DI VINCENZO

A 210 años de la Revolución en el Río de la Plata, los vaivenes de integración y desintegración en los que se encuentra nuestra región convierten en necesaria e imprescindible una revisión de aquel acontecimiento, en donde los revolucionarios hablaban de americanos y no de uruguayos, paraguayos o argentinos. Uno de estos líderes fue José Gervasio Artigas (Montevideo, 1764-1850), probablemente el más lúcido y completo de todos, como señala el historiador uruguayo Roberto Ares Pons en Uruguay. Provincia o Nación: En Artigas está el germen de todas las soluciones nacionales: independencia política y económica, federalismo, unión rioplatense, mercado regional, progreso armonizado con la tradición, democracia”.

Entre otras cuestiones, me interesa resaltar que, como han ya observado varios estudiosos del tema, su ubicación en la génesis histórica que lleva a la conformación del Estado Nación en Uruguay sigue resultando problemática. En una reunión del Grupo de Estudio e Investigación de Historia y Pensadores del CEIL “Manuel Ugarte” (UNLa), el compañero Emmanuel Bonforti señaló que con Artigas ocurre algo muy extraño. Si bien es una figura imprescindible para el nacionalismo uruguayo, no aparece en tres fechas “Patrias” fundamentales: el 19 de abril, donde se conmemora el desembarco de los 33 orientales de 1825; 18 de julio, Jura de la Constitución Nacional; y 25 de agosto, declaración de la independencia, ambas fechas de 1830. En resumen, Artigas no estuvo presente en ninguno de estos tres acontecimientos y, paradójicamente, es reconocido como el principal prócer de los orientales.

¿A qué se debe esta paradoja respecto a la ubicación del prócer oriental? Su principal biógrafo, Washington Reyes Abadie, alude a las diferencias existentes entre la concepción de los hombres del patriciado montevideano y bonaerense que motorizaron la Revolución y la concepción de Artigas en relación a lo que entiende él por una Revolución. Tulio Halperin Donghi, que fue un historiador que de ninguna manera podría ubicarse dentro del Campo Nacional –Revisionismo Histórico o Izquierda Nacional–, en su buen libro Revolución y Guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina Criolla afirma que Artigas, la Banda Oriental y el Litoral forman parte de un proceso que él titula como “La otra Revolución”. En otras palabras, hubo una Revolución que se desencadena en mayo de 1810 y en Buenos Aires, pero también hay otra Revolución que será liderada por Artigas en la Campaña Oriental. Otro renombrado y posicionado historiador rioplatense, Juan Pivel Devoto, en su libro Historia de la República Oriental del Uruguay, toma como punto de inicio de esa República al 18 de julio de 1830: “cuando fue solemnemente jurada la primera carta constitucional”.

¿Cuál es la operación que ha realizado con Artigas la historiografía académica en el Río de la Plata? ¿Qué sentido tiene recordar hoy al Protector de los Pueblos Libres si no es con sus ideas, proclamas y perspectivas? En pocas palabras, Artigas no fue un líder de Patria Chica, tampoco fue uno que buscó posicionar a su terruño para mejorar las condiciones de una prosperidad dependiente –Rivadavia, Urquiza, Mitre, Sarmiento–, menos aún fue un republicano “de constituciones (letras muertas)”, sino que llevó a cabo con los suyos un sistema abierto de participación popular en asamblea, un pueblo oriental en armas, sí, pero también con “letras vivas”, planteadas entre todos y todas y expresadas en proclamas y exigencias. Demasiadas cuestiones para olvidarlo, o peor, para que ciertos académicos lo recuerden como no se debe.

FUENTE: Revista “Movimiento” – Nro. 25 – Septiembre de 2020 – Partido Justicialista

COVID-19 EN EL MUNDO: SITUACION DE LOS TRABAJADORES EN ESPAÑA

Una ambulancia en las urgencias de un hospital de la Comunidad de Madrid

LAS COMISIONES OBRERAS DE MADRID EXIGEN LA DECLARACION DEL ESTADO DE ALARMA EN TODA LA REGION

Para las Comisiones Obreras el estado de alarma aportará la seguridad jurídica adecuada para poder retroceder a las fases 1 o 2 según los municipios.

El sindicato considera que la gravedad de la crisis sanitaria por la que atraviesa la Comunidad de Madrid obliga a tomar medidas más contundentes en colaboración con el Gobierno de la Nación, y reprocha al Ejecutivo de Díaz Ayuso las discriminatorias, clasistas e ineficaces medidas adoptadas el pasado viernes.

Este es el momento de tomar medidas más contundentes para afrontar la grave crisis sanitaria que afecta a la comunidad, con el preocupante aumento de nuevos casos y de fallecimientos a causa del COVID-19 que se producen a diario. Ante esta situación, el sindicato ha exigido la declaración del estado de alarma para toda la región, en contraposición a las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso el pasado viernes, y que ha tachado de “discriminatorias, clasistas e ineficaces” al restringir la movilidad solo en zonas en las que la clase trabajadora es la más afectada.

Es necesario que el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional actúen de forma conjunta para establecer los términos de este nuevo estado de alarma y atajar la crisis de salud pública y, como consecuencia, también social y económica por la que atraviesa la Comunidad de Madrid. La solución, a juicio del sindicato, no puede pasar únicamente por la adopción de medidas restrictivas para la movilidad, sino que es imprescindible que estas últimas vayan acompañadas de mayores inversiones en el capítulo sanitario –contratación de personal sanitario y rastreadores, refuerzo en Atención Primaria-, y otras medidas encaminadas a minimizar el riesgo de contagio en ámbitos como el educativo –reducción de ratios, contratación de personal sanitario y de más profesores en los centros educativos, por ejemplo-, o en el transporte público.

Desde el sindicato han recordado que durante los últimos cuatro meses han reiterado sus exigencias y advertencias al Gobierno de Ayuso en cuanto a la necesidad de reforzar el sistema sanitario público. Así, han exigido la prórroga de los 10.100 efectivos de los que aún no se han recuperado 2.500 que se liquidaron después de la primera ola de la pandemia en un contexto sanitario ya deficitario en términos de plantillas, para atender el agotamiento de los efectivos y cubrir su carencia estructural.

Con la Atención Primaria colapsada, el número total de rastreadores contratados por la Dirección General de Salud Pública es de 210, cuando en el rango inferior de estándares internacionales se requieren al menos 1.200. «El incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno Regional ha sido constante desde que comenzase esta pandemia», lamentan desde CCOO. De este modo, sin rastreadores ni profesionales sanitarios suficientes, las plantillas actuales se encuentran «extenuadas y con mucha tensión» para hacer frente a una segunda ola.

Por ello, desde CCOO han recriminado a Díaz Ayuso su insistencia en anunciar bajadas de impuestos –en referencia a su intervención en la Asamblea de Madrid durante el debate sobre el estado de la región-, mientras luego «se queja de no tener suficientes recursos» para hacer frente a la crisis actual. Así, la solución pasa por esa intervención conjunta entre ambos Gobiernos para coordinar sus actuaciones frente a la “improvisación, la negligencia y la incapacidad de la que hecho gala» el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos.

La Comunidad de Madrid requiere una dirección de esta crisis «con criterios científicos, un plan viable y realista que responda a todos los déficits anunciados y actúe con decisión». «Una evolución del contagio galopante –añaden- que si no se frena llegará el fin de semana a los 1.000 contagios por 100.000 habitantes, cuatro veces más que la media española, exige coger al toro por los cuernos, retroceder a las fases 1 o 2 por municipios y no tener miedo a declarar el estado de alarma que garantice la seguridad jurídica necesaria». Según CCOO, «cuanto más se tarde en resolver la crisis sanitaria actual, mayor será el daño para la economía y para la sociedad».