Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo…

El 27 de Octubre de 2016 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (G.T.D.A.) comunicó al Gobierno Argentino la adopción de su opinión 31/2016 de fecha 24 de agosto de 2016. En dicha opinión se decidió que la detención de la Sra. Milagro Sala es Arbitraria conforme a las categorías II y III de los métodos del G.T.D.A. Desde entonces se debate si la Argentina tiene obligación de cumplir con la solicitud de liberar de inmediato a la Sra. Sala.

EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA DETENCION ARBITRARIA DE LAS NACIONES UNIDAS

El 5 de Marzo de 1991, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria mediante su resolución 1991/42 (1). El grupo de trabajo tiene como mandato investigar los casos de detenciones impuestas arbitrariamente o que por alguna circunstancia sean incompatibles con los estándares internacionales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (2) y en los Instrumentos Jurídicos Internacionales pertinentes en los cuales el Estado interesado (3) sea parte, siempre que los órganos jurisdiccionales no hayan adoptado una decisión definitiva al respecto, de conformidad con la legislación nacional. En 1997 la Comisión de Derechos Humanos autorizó al G.T.D.A. a ocuparse por iniciativa propia de casos en los que se señalen denuncias suficientemente fundadas de privación arbitraria de la libertad (4).

El mandato de este grupo de trabajo se enmarca en el contexto de la protección de los individuos contra la privación arbitraria de la libertad en todas sus formas. Su mandato abarca la privación de la libertad antes, durante o después del juicio, así como también la privación de la libertad sin que se haya llevado a cabo un juicio (detención administrativa). Asimismo, el grupo de trabajo considera que las medidas de arresto domiciliario y de rehabilitación por el trabajo cuando se aplican conjuntamente con restricciones graves a la libertad de circulación constituyen formas de detención.

Cinco expertos independientes integran el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (5). Cuando el caso que se examina se refiere a un Estado del que es nacional uno de sus miembros, ese miembro no participa en el debate (6). Los expertos desempeñan sus funciones a título personal y no representan a los Estados de su nacionalidad ni reciben instrucciones de gobierno alguno. Llevan a cabo su labor con discreción, objetividad e independencia.

El grupo de trabajo, en sus métodos de trabajo (20), ha adoptado cinco categorías de detención arbitraria, a saber:

• Categoría I: detención sin fundamento legal.
• Categoría II: cuando la causa de la detención resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los arts. 7º, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y respecto de aquellos Estados que sean parte, por los arts. 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• Categoría III: detención que no cumple con los estándares internacionales de debido proceso.
• Categoría IV: detención administrativa prolongada de solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial.
• Categoría V: cuando la detención constituye discriminación (21) y vulnera el principio de igualdad ante la ley.

LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO ARGENTINO

La Argentina es Estado miembro de las Naciones Unidas desde el 24 de octubre de 1945. Como miembro de la organización debe respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión (37). El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas es el mecanismo especial con aptitud para examinar los casos de privación arbitraria de la libertad dentro del sistema de protección de los derechos humanos de la organización. Asimismo, la Argentina es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (38). Al Ratificar ese Tratado, asumió la obligación de adoptar las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el pacto (39).

Cabe recordar que la Corte Internacional de Justicia (C.I.J.), en el caso «Ahmadou Sadio Diallo» (40), señaló que aun cuando no se encuentra obligada a interpretar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos conforme lo interpreta su Comité, dicha interpretación –por ser realizada por un órgano establecido específicamente para supervisar la aplicación del tratado– merece que se le atribuya un gran peso porque, desde su creación, dicho Comité ha aumentado considerablemente el cuerpo de normas interpretativas de derechos humanos, en particular, a través de sus conclusiones en respuesta a las comunicaciones individuales presentadas ante él. Para la C.I.J., elpunto en cuestión es alcanzar claridad y uniformidad en la aplicación del derecho internacional, así como seguridad jurídica tanto para los individuos cuyos derechos se garantizan como para los Estados obligados a cumplir con las normas convencionales. En igual sentido, la Argentina debe aplicar la interpretación de las Normas Internacionales (Declaración Universal de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) conforme las interpreta el G.T.D.A. en la opinión 31/2016.

EL ROL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES

La Corte Suprema ha establecido en el caso «Ekmekdjian, Miguel A. c/ Sofovich, Gerardo y otros» (1992) que la cuestión de la responsabilidad internacional del Estado argentino por los actos de sus órganos internos no es una cuestión ajena a su jurisdicción. Expresó que ella, en la esfera de sus atribuciones, tiene el deber de velar por que las relaciones exteriores de la Nación no resulten afectadas a causa de actos u omisiones originados en el derecho argentino (52).

Además, en el caso «Carranza Latrubese, Gustavo c/ Estado Nacional – Ministerio de Relaciones Exteriores – Provincia del Chubut» (2013) (53), reconoció que ese deber se extiende a todos los jueces de cualquier jerarquía y fuero en relación con las recomendaciones formuladas por la C.I.D.H.
En este sentido, la Corte debe contribuir, una vez más, a través de su jurisprudencia, a que la Argentina cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos, y señalar que los jueces están obligados a atender el contenido de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. De este modo, la Argentina tomará las medidas necesarias en el orden jurídico interno para cumplir con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

CONCLUSION

Desde el 27 de octubre de 2016 se debate si la Argentina debe cumplir o no con la solicitud del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas de liberar a la Sra. Sala. La opinión 31/2016 de ese grupo de trabajo resulta vinculante porque la Argentina es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es el mecanismo especial de las Naciones Unidas para examinar los casos de detención en violación a dicha norma. Frente a la divergencia de opiniones entre el Poder Ejecutivo nacional y los jueces jujeños, corresponde a la Corte Suprema, en la esfera de sus atribuciones, velar por el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado argentino y hacer efectivo el respeto y la protección de los derechos humanos conforme los compromisos asumidos por la Argentina en su calidad de miembro de las Naciones Unidas.

FUENTE: Artículo realizado por De la Fuente, María del Rosario y publicado por El Derecho Diario de Doctrina y Jurisprudencia, 15/02/2017, N° 14.124. El Derecho Jurisprudencia General, Tomo 271.

La Autora es Profesora de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina -U.C.A.- Abogada (U.C.A. 2005). Master of Laws in International Law (The Fletcher School of Law & Diplomacy, 2009).

CITAS:

(1) E/CN.4/RES/1991/42. Véase también E/CN.4/Sub.2/1990/29 y Add.1, Informe de la práctica de la detención arbitraria preparado por el Sr. Louis Joinet.
(2) Arts. 7º, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
(3) El Estado interesado es el señalado como responsable de la detención arbitraria en la
comunicación remitida al GTDA por la persona directamente afectada, sus familiares o
representantes, u organizaciones no gubernamentales de protección de los derechos humanos.
(4) E/CN.4/RES/1997/50, párr. 3º.
(5) Actualmente, lo integran los siguientes expertos: Sr. Seong-Phil Hong (nacional de la República de Corea), Sr. José Guevara (nacional de México), Sr. Sètondji Roland Adjovi (nacional de Benin), Sra. Leigh Toomey (nacional de Australia) y Sra. Elina Steinerte (nacional de Letonia).
(6) Véase, como ejemplo, A/HRC/WGAD/2015/54, opinión relativa a Julian Assange (Suecia y
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).

(20) A/HRC/30/69 del 4-8-15. Métodos de trabajo del Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria.
(21) Discriminación por motivos de nacimiento; origen nacional, étnico o social; idioma; religión; condición económica; opinión política o de otra índole; género; orientación sexual; discapacidad u otra condición.

37) Cf. Carta de las Naciones Unidas, arts. 1º y 55.
(38) 999 U.N.T.S. 171.
(39) P.I.D.C.P., art. 2º.
(40) C.I.J., caso «Ahmadou Sadio Diallo (Guinea c. República Democrática del Congo)», fallo del 30-11-10, Recueil 2010, pág. 639, párr. 66.

(52) Fallo: 315:1492, consid. 19 in fine.
(53) Fallo: 336:1024.

ESCRIBE BELKIS D’AVETTA *

Cerca de un tercio de la riqueza privada global está oculta en estas guaridas. Alojan a las empresas que permiten a las personas más ricas del mundo controlar su fortuna evadiendo responsabilidades sociales, mientras que la clase media y los pobres tienen que cumplir con el pago de sus impuestos. Los países periféricos son los principales damnificados por la fuga de capitales.

Una de las caras de la globalización son los “paraísos fiscales”, creados para garantizar la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Según Oxfam, un paraíso fiscal es un territorio donde la tributación fiscal es muy baja o prácticamente nula y pueden hacerse transacciones y operaciones de casi cualquier tipo sin necesidad de registros o controles. Por supuesto, no todos tienen las mismas características. Algunos son los preferidos para las fortunas personales, como Mónaco, y otros son el campo de cultivo perfecto para malas prácticas empresariales, como por ejemplo Panamá o Liberia.

Dentro de los paraísos fiscales hay una especialización en diferentes materias fiscales. Aunque son una pieza clave de la economía moderna, sus orígenes se remontan a la antigüedad. En Relatos de los paraísos fiscales: chiflados, bandidos y estafadores, Charles Adams señala que los paraísos fiscales jugaron un papel muy importante en el crecimiento y estabilidad del Imperio romano. «El gobierno romano premiaba a ciudades que le eran fieles dándoles el estatuto de puertos libres de impuestos o Libertas», indica. En cambio, el tributo, según el historiador Cícero, era más bien un castigo para todos los que se rebelaban contra Roma. En los años ’50 comenzó a acuñarse el término «paraísos fiscales». Sin embargo, las bases de los paraísos fiscales tal como se conocen hoy en día, es decir, territorios cuya ley fiscal permite cero o muy bajos impuestos a fin de atraer clientes del extranjero, emergieron en el siglo XIX.

En Historia de los paraísos fiscales, el profesor Ronen Palan señala que al comienzo estos territorios no eran naciones independientes, sino los estados norteamericanos de Nueva Jersey y Delaware. Estos distritos, finalizando el siglo XIX, implementaron la política de «incorporación fácil», utilizada por todos los paraísos fiscales actualmente, que permite que alguien «compre cualquier compañía prefabricada y comience a comercializar en menos de 24 horas». La compañía ya está estructurada y sólo hay que poner los nombres de los dueños.

En Europa, a inicios del siglo XX, los cantones suizos, particularmente el empobrecido cantón de Zug, cerca de Zurich, copió esta práctica. De este modo el triángulo Zurich-Zug–Liechtenstein surgió como un verdadero centro de paraísos fiscales en Europa en los años ’20, menciona Palan.

BENEFICIOS

Los paraísos fiscales ofrecen como beneficio el secretismo. Como el dinero suele ser producto de actividades ilícitas, por lo cual no fue declarado impositivamente, no se revela la titularidad de las cuentas bancarias. El secreto bancario surgió en Suiza en 1934 y sirvió a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

En los paraísos fiscales transita la corrupción, al disponer de todas las facilidades para lavar dinero sin saber su origen, evadir impuestos, triangular utilidades o gastos de las multinacionales para sobre o subfacturar y así disminuir la carga impositiva. Por otro lado, otra herramienta fundamental del esquema de paraísos fiscales es la residencia virtual de una empresa, creada por los británicos. Esto permite a compañías incorporarse al Reino Unido sin pagar impuestos, un desarrollo que algunos creen es la pieza clave del fenómeno de los paraísos fiscales. Actualmente, los paraísos fiscales conforman una parte importante de la economía mundial y aproximadamente un tercio de las 200 personas más ricas del mundo, con un patrimonio estimado en 2,9 trillones de dólares, controlan parte de su fortuna personal a través de compañías ubicadas en estas guaridas. Así se facilita que el llamado «1 por ciento» evada sus responsabilidades sociales, mientras que la clase media y los más pobres tienen que cumplir con el pago de sus impuestos.

Como señala el profesor Mario Rapoport, “los paraísos fiscales están en todo el mundo. Inglaterra tiene como 20, empezando por la misma Londres y en islas que dependen del Reino como las Bermudas y las Vírgenes. En el corazón de Europa están Luxemburgo, Mónaco, Andorra junto a Irlanda y Delaware en Estados Unidos”. El FMI y un economista norteamericano, James Henry, estiman que cerca de un tercio de la riqueza privada global está oculta en el sistema global de paraísos fiscales. En el caso de Argentina, Jorge Gaggero estima que 500 mil millones de dólares, casi un PBI argentino, se encuentra allí alojado. Algunos de los paraísos fiscales más importantes están bajo soberanía de las principales potencias del mundo, que se benefician ampliamente de su existencia.

El problema surge cuando sus propios contribuyentes migran a otras regiones y escapan a su control. El entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama decía: el problema es que la existencia de paraísos fiscales es legal. Por otro lado, Estados Unidos exige a Europa y a otros países información exhaustiva de las cuentas de residentes norteamericanos en bancos europeos, pero no ofrece información de los residentes europeos y ni de otros países con cuentas en bancos de EEUU.

MULTIS

Apple está acusada por Senadores de los Estados Unidos de Evasión Fiscal al haber creado entidades off-shore para no ser residente en los Estados Unidos a los efectos fiscales. Así evitó el pago de 9 mil millones de dólares en 2012. La mayor parte de la producción de Apple está radicada en Singapur, China y otras regiones de Asia, lo que aumenta el déficit comercial estadounidense. Las llamadas “Big Four” (es el término inglés utilizado para referirse a las firmas más importantes del mundo en el sector de la consultoría y auditoría) en sociedad con bancos y estudios jurídicos desarrollan lo que se conoce como “Planificación fiscal internacional”, que es una manera de eludir y evadir impuestos en favor de las grandes empresas. Así por ejemplo Apple, a través de la creación de dos filiales en Irlanda, donde los impuestos son menores, redujo sus obligaciones fiscales, dado que en Estados Unidos el pago de impuesto se rige por la residencia de la persona jurídica, en este caso Irlanda. Pero para este último, el pago de los impuestos es donde se encuentra el control y la dirección de la empresa, que es Estados Unidos. Esta discusión tomó protagonismo en la negociación de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea debido al riesgo de que el Reino Unido se transforme en una “megaplataforma” de evasión fiscal. Aproximadamente el 40 por ciento de las sedes sociales europeas de las 250 principales multinacionales están en Londres. El Brexit abrió dos posibilidades: 1) que las empresas se muden al continente con una importante pérdida de la recaudación fiscal para los ingleses; 2) que Inglaterra se transforme en una suerte de “mega plataforma” de evasión fiscal, que hoy en parte ya lo es con las Islas Vírgenes, Bahamas, Bermudas, Alguilla, Caimán, Maldivas, Turcas y Caicos, Man, Yersey, Guernesey e Islas Malvinas, que están bajo soberanía inglesa. Esto preocupa a Alemania y Austria por su propio paraíso fiscal Liechtenstein, a Francia por Mónaco, Andorra y Luxemburgo. La apuesta es impresionante ya que esos paraísos fiscales tienen depositados 7,5 billones de dólares, 80 por ciento de los cuales provienen de la evasión fiscal.

PERIFERIA

Los países periféricos, como la República Argentina, resultan ser los principales damnificados por la fuga de capitales en provecho de los países centrales, que dominan las más importantes plazas offshore.

Según el Boston Consulting Group, para el caso de América Latina, los activos externos de sus residentes se distribuyen en Suiza, con el 29 por ciento; Estados Unidos, con el 28 por ciento; Caribe y Panamá, con el 29 por ciento y un 7 por ciento que va al Reino Unido y sus dependencias como Guernesey, Jersey e Irlanda. Desde 1970, la fuga de divisas representa un problema estructural para la Argentina, asociado al comportamiento de los grupos económicos locales y multinacionales, que en pos de maximizar sus ganancias evitan el pago de impuestos y localizar sus activos financieros en guaridas fiscales, fuera del alcance de las autoridades locales.

A lo largo del tiempo se mantiene un piso constante de salida de divisas, independientemente de la estabilidad económica y política del país. Si bien los flujos se agudizan en momentos de crisis, también se registran niveles elevados en épocas de estabilidad política y crecimiento económico.

Así, la tasa impositiva efectiva que paga el decil mas alto es del 8 por ciento (CEPAL, 2016) en comparación con el 14 al 20 por ciento del mundo desarrollado. Por otro lado, la recaudación impositiva que financia la inversión o gasto público se basa mayormente en impuestos indirectos, donde el rico y el pobre pagan el mismo porcentaje de impuestos. En Argentina, la contribución o presión fiscal no es alta sino que es tremendamente desigual. Una estimación de Alex Cobham y Petr Janský (2017), arroja una pérdida de impuestos para Argentina de 21.400 millones de dólares en el año 2013, debido al desvío de ganancias de las empresas multinacionales, lo que representa una pérdida anual del 4,42 por ciento del P.I.B.

Por otro lado, la fuga de divisas disminuye el nivel de inversión interna, que requieren los países de la periferia para alcanzar un mayor grado de desarrollo económico. Los niveles tan significativos de fuga de capitales en Argentina han sido financiados mediante una política de indiscriminado endeudamiento externo, que tienen consecuencias actuales en la problemática de cómo pagar al FMI.

QUE HACER

Hay muchas medidas que se pueden tomar para controlar esta sangría de recursos y mejorar la distribución del ingreso mediante políticas publicas acordes. Es central fortalecer los sistemas de control de los Estados, utilizar todos los instrumentos tecnológicos y jurídicos disponibles e instalar el tema con fuerza en la opinión pública. Para países como Argentina es crucial visibilizar las maniobras delincuenciales de los operadores del comercio exterior argentino que se conocen en el resto del mundo. Durante el macrismo, China se asombró de la discrepancia entre las cifras oficiales de exportaciones argentinas a ese país, inferiores a las importaciones que registra la República Popular provenientes de los puertos argentinos.

Es importante fortalecer el Intercambio de Información Tributaria entre países y realizar un Registro Global y Público de Beneficiarios Finales, es decir, saber quiénes son los verdaderos dueños de las multinacionales. También controlar a los “facilitadores” que hacen posible estas artimañas evasivas y elusivas y unificar las listas de paraísos fiscales incluyendo a la City de Londres y Delaware. Encarar Reformas Fiscales Globales para terminar con las Exenciones Impositivas y terminar con el secretismo bancario.

• Contadora Pública (UBA), Maestranda en Historia y Políticas económicas (U.B.A.) belkisdaveta@gmail.com

FUENTE: «TRANSFORMAR ARGENTINA» – IDEAS Y PROYECTOS PARA UN DESARROLLO INCLUSIVO

ESCRIBE JULIAN OTAL LANDI

La Guerra del Paraguay –también conocida como Guerra de la Triple Alianza, Guerra Grande o Guasú, en Paraguay– fue la contienda más larga y sangrienta de toda la historia de América Latina. Enfrentó a la Triple Alianza –Argentina, Brasil y Uruguay– contra el Paraguay, duró más de cinco años (1864-1870) y se llevó consigo miles de muertos en batallas y epidemias, la mayoría de ellos paraguayos. El país guaraní quedaría devastado económica y demográficamente, e intervenido políticamente por los aliados. Fue, sin lugar a dudas, la guerra más cruenta y la más impopular.

Se entiende que para poder llevar adelante un emprendimiento bélico de semejante envergadura se debe contar con el apoyo popular: eso no fue precisamente lo que aconteció en el caso argentino, en un Estado que había sido relativamente reciente unificado –con fuertes secesiones y enfrentamientos de por medio– a través de un “cuadernito” –así solía definir Juan Manuel de Rosas a los defensores de la conformación de una constitución nacional– que, sin embargo, aún limpiaba sus heridas luego de años de “guerra de policía” llevada a cabo por Bartolomé Mitre a los fines de asegurar la cohesión a la fuerza.

Historiográficamente, la Guerra de la Triple Infamia constituye un hito que demuestra que es posible desarrollar un revisionismo latinoamericano. El revisionismo histórico argentino, muy popular en la sociedad a partir de la década de los 60, supo construir un sentido común que logró voltear los viejos lineamientos históricos desarrollados por la “Historia oficial” –la vieja historia mitrista que se reproducía en las escuelas y en los sectores académicos “renovados” en las primeras décadas del siglo XX, a través de Ricardo Levene y otros exponentes de la denominada “Nueva Escuela Histórica”. El drama de aquella guerra que había permanecido en la memoria colectiva, por su carácter genocida hacia un pueblo hermano, ya había sido recuperado por historiadores y literatos en la década de 1920: desde el trabajo del mexicano Carlos Pereyra (Solano López y su drama), hasta la olvidada pero brillante trilogía que dedicó Manuel Gálvez a esta dolorosa tragedia con Los caminos de la muerte, y sería revisitada con vigor en los sesenta, en una época signada por los dilemas de “liberación o dependencia”, la amenaza del imperialismo y las luchas ante los gobiernos de facto que regaban a la Patria Grande.

La Argentina desde 1955 contaba con la proscripción del partido mayoritario y sufría una profunda ola represiva sobre trabajadores, trabajadoras y sectores populares. La inestabilidad política mostraba la farsa electoral al desplegarse dictaduras militares –“Revolución Libertadora”, “Revolución Argentina”– y endebles gobiernos pseudodemocráticos tutelados –decimos pseudo por el simple hecho de que se hacían elecciones con proscripción del peronismo. En dicho contexto, revisitar los prolegómenos y el desarrollo de la Guerra de Paraguay era necesario para reforzar la tesis de la asociación de intereses entre la oligarquía y los partidos liberales con el imperialismo, a los fines de imponer por la fuerza el libre comercio. También expresaba el desarrollo de un “nuevo” revisionismo que analizaba la historia teniendo en cuenta al Pueblo como vector. Un Pueblo que había visto su ocaso en Caseros con la derrota del rosismo –ahora asociado con la derrota del peronismo en el 55– pero que había resistido los avances del liberalismo a través de caudillos federales que terminaron significando los resistentes a la leva fratricida que quería conducir el mitrismo para morir en la guerra infame.

La llegada del revisionismo por entonces respondía a una necesidad que satisfacía a todos los sectores: los obreros adquirían una historia sin vericuetos ni pretenciosa y límpida cientificidad a través de la colección de La Siringa editada por Peña Lillo, o bien lecturas pertenecientes a la izquierda nacional con los libritos de Coyoacán, editado por el “Colorado” Ramos. José María Rosa se convertía en “el historiador del Pueblo”, ya que su éxito era tal que por entonces no se trataba de estar a favor o en contra de Rosas, sino a favor o en contra del relato histórico del Pepe. Su prosa afilada seducía a una juventud con necesidad de dar vuelta la taba. Como muestra, vale un botón: la militante Graciela Daleo –una de las fundadoras de lo que luego será Montoneros– reconoció que su acercamiento a la problemática política social no fue por leer a Lenin, Trotsky o Marx: ni los había leído. Lo que había provocado una movilización interna y hasta ontológica fue a través de la lectura de La Guerra del Paraguay y las montoneras argentinas de José María Rosa (Campos, 2017). Ese exitoso libro había sido el resultado de numerosos artículos publicados en el popular semanario Mayoría.

La importancia simbólica de la Guerra de la Triple Infamia se traduce –para el centenario del acontecimiento– en numerosas publicaciones alusivas desde los sectores académicos pero, sobre todo, desde las diversas corrientes militantes. Además del mencionado trabajo de Rosa, se destacan desde el nacionalismo Proceso a los falsificadores de la Guerra del Paraguay del ex-forjista Atilio García Mellid; Felipe Varela de la dupla revisionista peronista Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde; El revisionismo y las montoneras de Fermín Chávez; y La Guerra del Paraguay desde la izquierda, de la mano de León Pomer. Este último resultaría chivo expiatorio para acusaciones de infiltración marxista en el Revisionismo Histórico argentino, cuando el nacionalista Juan Pablo Oliver (1969) reaccionaba con un artículo virulento publicado en el Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, acusando de lopista a Pomer: “La presente apuntación bibliográfica es motivada por una corriente publicitaria (…) caracterizada por la sistemática tergiversación de los sucesos de 1865, obedeciendo a la táctica comunista de infiltración en las corrientes nacionales de los países que denominan ‘coloniales o dependientes’. Su objetivo no lo constituye, desde luego, la investigación veraz del pasado, sino la divulgación de una serie de mitos o esquemas confeccionados con exclusivas finalidades de proselitismo marxista. Esta, de Pomer, no aporta elementos inéditos o argumentación novedosa, pero acentúa respecto a sus congéneres una cruda desolación espiritual y absoluta apatía ante cualquier actitud nacional”. La denuncia tenía como objetivo acusar una infiltración dentro del propio Instituto, ya que consideraba de la misma calaña a Ortega Peña y a Duhalde, y responsabilizaba de popularizar la desviación histórica a José María Rosa –“un publicista de fanta historia”. El artículo –con alto tono macartista– armó un fuerte repudio, donde salieron a replicar Fermín Chávez, Faustino Tejedor y, desde luego, los aludidos Peña y Duhalde. Llamativamente, la revista, que brindaba el espacio para las réplicas, no solo le daría espacio para que respondiera Pomer, sino que además le dejaría la última palabra a este último. Este acontecimiento no solo mostraba cómo se manifestaba la influencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional y su noción de subversión, sino que también ponía de relieve la disputa entre diversos historiadores por el mote revisionista que brindaba cierto status simbólico de gran capital en la época (Otal Landi, 2016).

A partir de esa época se demostró que era posible construir un revisionismo latinoamericano. Las obras de los historiadores mencionados se nutrían de las obras denuncialistas –y, por ende, revisionistas– del Uruguay y del Paraguay. Apoyándose sobre todo en el monumental aporte de Luis Alberto de Herrera, los revisionistas encontraron en su bibliografía un manantial de documentos que mostraban la infame diplomacia británica y la injerencia del mitrismo en los asuntos orientales. Como demuestra el actual trabajo de Juan Godoy, fue necesario colocar un gobierno en el Uruguay como el de Flores para poder articular el posterior acuerdo que destruyera al Paraguay. Derrocando al gobierno de Berro –perteneciente al partido blanco, del que Herrera será un referente destacado en el siglo XX– se posibilitaron las condiciones para que el Imperio de Brasil influyera en las decisiones políticas y sacara provecho luego con la matanza guaraní. Dicho aporte, sumado a los trabajos del mencionado historiador mexicano Carlos Pereyra y el paraguayo Julio Cesar Chaves, más las denuncias contemporáneas realizadas por figuras tales como Juan Bautista Alberdi, José Hernández o Andrade, la bibliografía en torno a la guerra es inevitable. De esta manera, el crimen de la guerra sirvió para que los americanos que sueñan con la Patria Grande vean un espejo de la realidad que se vislumbra con nitidez en contextos de avances de gobiernos populares y se empaña en tiempos de gobiernos conservadores.

En tiempos actuales, tan oscuros y lúgubres para el ideario nacionalista y latinoamericano, el libro de Juan Godoy La brasa ardiente contra la cuádruple infamia constituye un aporte notable que, siguiendo la tradición revisionista, es dirigida al gran público: al obrero, al estudiante, al militante que aun entiende que la Patria es un jardín que florece cada vez que alguien entiende nuestra historia conjunta, sin prismáticos intencionales. Godoy es doctor de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, magister y especialista en Metodología de la Investigación en la Universidad Nacional de Lanús y licenciado en Sociología de la UBA. Es autor de numerosos trabajos vinculados al Pensamiento Nacional y de un libro imprescindible dedicado a la experiencia de FORJA: La FORJA del nacionalismo popular (Punto de Encuentro, 2015). Nutrido de sendas lecturas vinculadas al revisionismo histórico y la izquierda nacional, Juan Godoy le brinda al lector y la lectora la posibilidad de comprender las causas de la guerra, la injerencia concreta de los intereses británicos –de ahí la denominación de “cuádruple” en lugar de “triple”– y, sobre todo, la resistencia popular y la solidaridad de las provincias hacia el país hermano que sería abatido cruelmente ante la indiferencia de Urquiza. La lectura es amena –cada capítulo abre con un fragmento de deliciosos versos de Ramón Ayala– y ordenada: el gran aporte de Godoy es el relevamiento de cada una de las revueltas que se dan a lo largo y ancho de la Argentina en repudio al llamado de la Guerra. Y con inobjetable claridad y precisión demuestra por qué Gran Bretaña es su principal beneficiaria. De esta manera, Godoy, con un fuerte poder de análisis hermenéutico y de síntesis que invita a profundizar en los autores citados, logra su cometido, que es mostrar que nuestra realidad americana se encontraba y se encuentra atravesada por la dicotomía “civilización versus barbarie” y que, para alcanzar nuestra descolonización pedagógica, requerimos primero quitarnos las anteojeras, para luego, quizás, empezar a construir una epistemología desde nuestra periferia -tal como propuso Fermín Chávez-.

“La Guerra del Paraguay” es el mejor ejemplo de cómo establecer un revisionismo de corte latinoamericano, porque ese tristemente célebre acontecimiento sirve para visibilizar los proyectos sociales en pugna. Desde mi humilde opinión, le faltaría un capítulo donde profundizar los discursos historiográficos que continúan siendo disputas de sentido. Si bien el trabajo de Godoy logra su cometido recuperando una basta tradición revisionista del mejor legado de Rosa, Chávez, Pomer, Abelardo Ramos, Hernández Arregui, Ortega Peña y Duhalde, y de nuestro vigente –y tan necesario– Galasso, habría sido enriquecedor poner sobre el tapete las discusiones en torno a la Guerra que se dieron en los últimos años: el trabajo notable de Viviana de Civitillo que ha integrado y presidido numerosas mesas de discusión y congresos en torno a la Guerra Guasu merece una reflexión desde nuestra posición; o el reconocido –y polémico– trabajo del historiador brasileño Francisco Doratioto (2004) que con su obra Maldita guerra revitalizó un fuerte debate dentro de Brasil en cuanto al rol genocida del por entonces Imperio de Pedro II; o bien para discutir las conclusiones de Da Mota Menezes (2021) que asevera que Inglaterra no participó de la contienda. Pero sobre todo debemos dar una respuesta ante la posición de la investigadora María Victoria Baratta (2014), quien intenta rebatir toda la bibliografía revisionista bajo el endeble argumento de que encierra miradas “conspirativas”, “maniqueas” y “anacrónicas”.

Necesitamos, entonces, acompañar la propuesta de Godoy y de tantos nuevos productores y reproductores del Pensamiento Nacional para enfatizar el carácter latinoamericano, a los fines de recuperar la mística sesentista que ponía sobre el tapete una realidad que la doctora Baratta y varios cientistas sociales –preocupados por sumar papers para su currículum y hacer el cursus honorum a espaldas de la realidad social– no quieren reconocer: como decía don Arturo Jauretche, “la política es la historia del presente, y la historia es la política de épocas pasadas”.

REFERENCIAS: 

Campos E (2017): Cristianismo y revolución. El origen de Montoneros. Buenos Aires, Edhasa.

Oliver JP (1969): “Rosismo, comunismo y lopismo”. Boletín del Instituto Juan Manuel de Rosas de Investigaciones históricas, 4, Segunda época.

Otal Landi J (2016): “El conflicto de los ‘ismos’ dentro del Revisionismo histórico y en torno a la Guerra del Paraguay”. RHPT, 3.

Doratioto F (2004): Maldita Guerra. Buenos Aires, Emecé.

Da Mota Menezes A (2021): Inglaterra no provocó la Guerra del Paraguay. Asunción, Intercontinental.

Baratta MV (2014): “La Guerra del Paraguay y la historiografía argentina”. Historia da historiografía, 7(14).

Julián Otal Landi es profesor de Historia (ISP “Dr. Joaquín V. González”) y autor de artículos vinculados a la historia de la historiografía argentina y de los trabajos Vibración y Ritmo. Sandro, el padre del Rock and Roll en Argentina (2020) y El joven Fermín Chavez (2021).

FUENTE: Revista Movimiento N° 37 – Enero de 2022

LEY LE CHAPELIER DEL 14 DE JUNIO DE 1791 – TEXTO COMPLETO

Art.1º. Siendo una de las bases fundamentales de la Constitución francesa la desaparición de todas las corporaciones de ciudadanos de un mismo estado y profesión, queda prohibido establecerlas de hecho, bajo cualquier pretexto o forma que sea.
Art. 2º. Los ciudadanos de un mismo estado o profesión, los empresarios, los que tienen comercio abierto, los obreros y oficiales de un oficio cualquiera, no podrán, cuando se hallaren juntos, nombrarse presidentes, ni secretarios, ni síndicos, tener registros, tomar acuerdos o deliberaciones o formar reglamentos sobre sus pretendidos intereses comunes.
Art. 3º. Queda prohibido a todas las corporaciones administrativas o municipales cualquier solicitud o petición en nombre de un estado o profesión y darles respuesta alguna; igualmente se les ordena declarar nulas las deliberaciones que podrían haber sido tomadas de este modo y vigilar cuidadosamente para que no se les dé curso ni ejecución.
Art. 4º. Si, contra los principios de la libertad y la Constitución, ciudadanos pertenecientes a la misma profesión, arte u oficio tomaran deliberaciones o hicieran entre ellos convenios tendiendo a rehusar concertadamente o a no acordar más que a un precio determinado el concurso de su industria o de sus trabajos, dichas estas deliberacio­nes y convenios, acompañados o no de juramento, quedan declarados inconstitucionales, atentatorios contra la libertad y los derechos del hom­bre y sin ningún efecto. Las corporaciones administrativas y municipales quedan obligadas a declararlos de dicho modo. Los autores, jefes e instigadores que las hubieren provocado, redactado o presidido, serán citados ante el Tribunal de policía a requerimiento del procurador del Municipio, condenados cada uno de ellos a 500 libras de multa y suspendidos durante un año del ejercicio de todos los derechos de ciudadano activo y de la entrada en las Asambleas primarias.
Art. 5º.  Queda prohibido a todas las corporaciones administrativas y municipales, bajo pena a sus miembros de responder en nombre propio, de responder en nombre propio, emplear, admitir o tolerar que se admita en los trabajos de su profesión en cualquiera obra publica, aquellos realizados por empresarios, obreros u oficiales que hubieren provocado o firmado dichas deliberaciones o convenios, salvo el caso en que por propia iniciativa, se hubieran presentado al escribano del Tribunal de policía para retractarse o desdecirse.
Art. 6º. Si tales deliberaciones, convocatorias, pasquines o circulares contuvieran amenazas contra los empre­sarios, artesanos u obreros o los jornaleros forasteros que vinieren a trabajar al lugar, o contra aquellos que se contentaran con un salario inferior, todos los signatarios de las actas o escritos serán  castigados con una multa de 1.000 libras cada uno y tres meses de prisión.
Art. 7º. Los que usaren de amenazas o violencias contra los obreros que hagan uso de la libertad concedida por las leyes constitucionales al trabajo y a la industria, serán perseguidos por la vía criminal y castigados según el rigor de las leyes como perturbadores del orden publico.
Art. 8º. Todas las manifestaciones compuestas por artesanos, obreros, oficiales, jornaleros o promovidas por ellos contra el libre ejercicio de la industria y el trabajo, pertenecientes a cualquier clase de personas y bajo cualquier tipo de condiciones convenidas de mutuo acuerdo o contra la acción de la policía y la ejecución de las sentencias tomadas de esta manera, así como contra las subastas y adjudicaciones públicas de diversas empresas serán consideradas manifestaciones sediciosas y como tales serán disueltas por los agentes de la fuerza pública, tras los requerimientos legales que les serán hechos y después con todo el rigor de las leyes contra los autores, instigadores y jefes de dichas manifestaciones y contra todos aquellos que hubieran actuado por vía de hechos o realizado actos de violencia. [1]

Duvergier, J.B. Collection complète des lois, décrets, ordonnances… de 1788 à 1824, III, 2ª Ed. Paris, 1834, en Fernando Prieto, La Revolución Francesa, Colección La Historia en sus Textos – Ediciones Istmo, Madrid, 1989, Págs. 84-86[2]

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[1] El sentido de esta ley aparece más claro en la nota explicativa que la Asamblea aprobó el mismo día que dice: “La Asamblea Nacional, considerando que el decreto que acaba de aprobar no concierne a las Cámaras de Comercio, ha continuado con el orden del día”(Nota de Fernando Prieto)

[2] Las negritas son de Geografía e Historia y Escuela

TAMBIEN LEGISLARON CONTRA LOS TRABAJADORES EN MATERIA PENAL

El Maestro Mexicano De la Cueva, considera «que la Ley de Chapelier fue la declaración de guerra que lanzó el Estado individualista y liberal burgués a los trabajadores. Y agregamos ahora que sirvió para que los obreros tomaran desde entonces conciencia de que su redención tendría que ser obra de ellos mismos…»

No sólo quedó prohibida la coalición de trabajadores, sino que dicha conducta estaba Tipificada como Delito en el Código Penal Francés de 1810, cuyo Artículo N° 415 señalaba:

«Toda coalición de trabajadores para suspender conjuntamente el trabajo en un taller, impedir el ingreso o la permanencia en él antes o después de una hora determinada, y en general, para suspender impedir o encarecer el trabajo, si ha habido una tentativa o principio de ejecución, se castigará con prisión de uno a tres meses. Los jefes o promotores serán castigados con prisión de dos a cinco años».

FUENTE: HISTORIA Y GEOGRAFIA – Geografía e História y Escuela – Espacio de Trabajo en Internet – Andalucía

POR FABIAN ARIEL GEMELOTTI

Su origen se remonta a 1947 en Italia cuando nace la primera fotonovela de amor. El Fumetto Nero Italiano (historias fuertes de sexo y violencia) le da otra vuelta de tuerca y en 1960 en Italia nace la historieta y fotonovela negra, tomando prestado del policial negro norteamericano su forma y técnica narrativa.

En Italia surge Killing con «ll», acá en Argentina la conocimos como Kiling con «l», la fotohistoria escalofriante que cautivó a generaciones enteras. Este es un recorrido histórico de la fotonovela y de Killing o Kiling, según como nos guste nombrarla. 

La novela berreta estadounidense (el pulp literario, por la calidad del papel de los químicos que ponía amarillento al papel enseguida) es también un antecedente de la fotonovela. El pulp contaba historias de bandoleros, policiales y sexo. El dime novels y los penny dreadfuls son los antecesores del pulp norteamericano. El pulp tiene su apogeo entre 1920 y 1950. 

La fotonovela (o fotohistoria) es una narración en fotografías, tomando de la historieta el formato de los diálogos y del cine la sucesión de imágenes. Todo en blanco y negro, con actores y actrices. Generalmente la fotonovela abarca temas de amor y ternura y su consumo era exclusivo de mujeres. Pero también hubo otras fotonovelas, donde el sexo, el crimen y la muerte cautivaron a otro tipo de lector.

Así surge en 1966 en Italia, Killing. Es un asesino, un ladrón y mata a quien se interponga en su camino. Usa un traje negro pegado al cuerpo con un esqueleto dibujado y una máscara de una calavera deformada con una sonrisa perversa. La violencia en Killing se toma del fumetto, donde mata y goza de esas muertes. Hay goce en matar, pero nada es gratuito en Killing.

Primero tortura a sus víctimas, criminales como él (todo en un mundo sombrío, oscuro y perversidad), y después los mata  Dana es la amiga y cómplice de Killling, una mujer con un cuerpo perfecto, sensual y perversa. Dana mata también, siempre semidesnuda apuntando con su arma. Killing es el asesino perfecto, un diabólico personaje que disfruta lo que hace.

La historia sufrió mucha censura en muchos países, y en Argentina estuvo prohibida durante la dictadura. Es una historia de culto, bien trabajada en su fotografía y de excelentes guiones. En español la editorial Record la pública por primera vez en 1971, y fue un suceso para adultos. Tiempos en que la pornografía era escasa, Killing vino a llenar ese vacío con sus historias cargadas de sexo y violencia.

En Estados Unidos Killing llega 36 años después del último número italiano y pasa a ser Sadistik (derechos adquiridos por Mort Todd en 2005), y hay un excelente documental norteamericano The Diabolikal Super Kriminal que cuenta todo sobre la fotonovela.

El personaje de Killing, es un proyecto editorial que a mediados de 1965, Ponzoni Editore de Milano empieza a elaborar. Rosario Borelli se hace cargo de la dirección del proyecto. Se hizo un casting de actores para el personaje y de actrices. Nunca nadie vio el rostro del actor que interpretaba a Killing durante los años de publicación.

El 15 de marzo de 1966 se larga al mercado la fotonovela, y Killing se transforma en un suceso editorial. Pero la censura, la prohibición y la falta de publicidad en diarios va declinando el éxito y Killing deja de salir.

El 29 de marzo de 1969 es su último número en Italia. Dos años después llega a la Argentina y Record distribuye a toda América. La identidad y rostro de Killing es revelada en 2007, el documental The Diabolikal Super Kriminal muestra el rostro del actor que hizo de Killing: Aldo Agliata.

En el documental, al final luego de la entrevista se saca la máscara. Fue un actor desconocido y su fama ocultada por una máscara. Hoy en día es dueño de un Club Privado para gente adinerada. Killing fue una fotonovela que perdura en el tiempo. Fue una de las mejores historias del crimen y del sexo. En Ediciones Record en Argentina, se podía ver una teta gracias a Killing y eso era un logro en los años Setenta, preludio al horror y muerte real de la Dictadura Genocida instaurada en el país el 24 de Marzo de 1976.

El SINDICATO LAB DE EUSKAL HERRIA denuncia la implicación de Empresas Vascas en actividades empresariales Marroquíes en Territorios Saharauis ilegalmente ocupados.

Concretamente las Empresas Vascas Gamesa, Ormazabal o Ingeteam están implicadas en la construcción de parques eólicos que Marruecos construye en el territorio ocupado del Sáhara Occidental.

Estas empresas suministran la energía imprescindible para la explotación ilegal de recursos naturales, tales como fosfatos, pesca o explotaciones agrícolas. La legalidad internacional prohíbe expresamente estas actividades y las recientes sentencias del Tribunal General de la Unión Europea han ratificado la nulidad de los acuerdos comerciales y de pesca que la Unión Europea ha firmado con Marruecos por esta misma razón.

El buque Monika, de bandera holandesa, tiene previsto cargar componentes industriales con destino a los parques eólicos que Marruecos construye en el territorio ocupado del Sahara Occidental.

Últimamente, hemos venido denunciando el papel internacional que juegan las empresas de Euskal Herria, habiendo adquirido centralidad en este debate las obras de construcción del tranvía que está llevando a cabo CAF en tierras palestinas ocupadas ilegalmente. En el sindicato LAB no queremos que se construya un tranvía que unirá colonias en tierras ilegalmente ocupadas a Palestina, pero tampoco que se produzcan explosivos que se distribuyen por todo el mundo, tanques para el Ejército israelí, helicópteros para el Ejército de Estados Unidos o empresas vascas que sean cómplices de la vulneración de los derechos del pueblo Saharaui. Reivindicamos que las empresas estén enraizadas en el territorio, que garanticen unas condiciones de trabajo y de vida dignas, que respeten los derechos humanos en Euskal Herria y fuera de Euskal Herria y que garanticen la sostenibilidad del planeta.

Por todo ello, el sindicato LAB se suma a las movilizaciones convocadas por la comunidad saharaui en Euskal Herria como muestra de repulsa por la participación de entidades vascas en el expolio ilegal de los bienes del Sáhara Occidental, una explotación que sirve para financiar la maquinaria colonial de muerte y destrucción en el Sáhara Occidental.

FUENTE: web.lab.eus/international/es