Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo…

Después de lo que sucedió este último 12 de Octubre en el Monumento Nacional a la Bandera y su iluminación con los colores de la Bandera de España hemos definido presentar en ese mismo momento un Proyecto de Ordenanza con el mumero 277.448/25 para que se saque la Bandera del 12 de Octubre y se ize el 19 de Marzo en Conmemoración a la Primera Constitución Democrática Española.

Es lamentable que el Gobierno Municipal de la ciudad de Rosario haga eso. «Es lamentable y más aún en esa fecha». Recordemos que la Corona Española fue la culpable del Genocidio que sufrimos los Pueblos Originarios.

Mientras tanto el Gobierno Municipal no convoca a las Comunidades Originarias a recordar el Último Día de Libertad de Pueblos Originarios, no izan en el Monumento la bandera Wiphala. Deberían estar cumpliendo la Ordenanza Municipal N° 10.416/22 que establece el 11 de Octubre de cada año como Último Día de Libertad de los Pueblos Originarios y por ello los edificios públicos debían tener con los colores de la Wiphala y eso no sucede hace años.

ESCRIBE FABIÁN ARIEL GEMELOTTI

La gente está alterada y muy violenta en Argentina. ¿Por qué? Por la falta de guita y porque el Argentino es violento hacia el semejante. Siempre lo fue, no es algo de ahora nada más. Pero ahora se hace visible toda la mierda que la gente lleva adentro: odios, frustraciones, pobreza y quiebre emocional. El Argentino está roto por dentro. Y se ve eso en la calle todos los días.

Milei supo captar toda esa mierda y la usó inyectando odio: Motosierra para cortar cabezas. Esa la consigna que compraron sus votantes.

La generación Z es una generación rota desde su nacimiento. Hijos de padres rotos en un País roto desde la Dictadura. El Kirchnerismo fue una isla que gracias a la Gestión de Cristina Fernández el país no cayó en una guerra de miserias y pudo sostenerse como País.
La Dictadura Genocida fue el preludio a todo lo que vendría después: Martinez de Hoz fue el que modeló el Plan Económico de Saqueo, el que da forma al Modelo Liberal implantado por la Dictadura Cívico Militar. El Plan Cóndor se implanta en toda América Latina y sus Dictaduras Asesinan y Desaparecen a una Juventud Militante y a cualquiera que se oponga al Plan Económico Liberal para América Latina. La CIA entrena militares para la tortura. La desaparición y el miedo fue el tobogán de terror para destruir la Industria Nacional e implantar el Plan Económico.

La Dictadura fue un Plan Económico. Todo Gobierno Siempre es un Plan Económico. La Vida Es Economía.

La generación baby boomers es la generación desaparecida. Esa generación nace y crece en la Prosperidad Económica, es la generación de los libros y de los ideales concretos de Lucha. Esa generación es la que en Argentina se hace peronista en los ’60/’70.

La Argentina después de la Libertadora vive 18 años de Prohibición del Peronismo. La vuelta de Perón en 1973 los reúne en un bautismo patriarcal con el Líder Prohibido. Ezeiza divide a los boomers fascistas y a los boomers montoneros.

Las generaciones X y mileniuns son los hijos de la generación de la prosperidad y de la militancia armada y también de los gorilas represores. Los boomers se dividen: o eras peronista o eras un facho. Jóvenes nacidos entre 1940 y 1964, contra los viejos silenciosos como lo fue Videla nacido en 1925 y muerto cagando en 2013.

Mierda!! Sí, la generación silenciosa nacida entre los ’20 y ’40 son los «Viejos Vinagres» que les cantaba Sumo a los que Planificaron la Entrega del País.

La generación Z son los hijos de los mileniuns y de los X. Nacieron boludos desde la panza. Sus padres fueron infantes durante la Dictadura. Ahora uno ve a los Nuevos Viejos Vinagres de 50 y 60 años con hijos boludos de 20 ó 26 años. Es la generación de la nada. Los Z son los Youtuber de la mandarina con carozo y del trabajo bisagra de Uber o repartidor de pizza.

No seamos malos tampoco. La generación Z no tiene la culpa de haber nacido de padres fracasados.

En este mes de Diciembre, donde cumplimos dos años del Regreso de la versión en papel de la Revista, presentamos al Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, JORGE FRANCISCO CHOLVIS, quién propone un amplio Debate sobre la necesidad de Reformar la Constitución Nacional y que se cumplan los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Nuestro País.

«LA LIBERTAD, LOS DERECHOS BÁSICOS Y LA CONSTITUCIÓN», es el título de la Nota que podrás encontrar en la Revista Nº 25 de Diciembre 2025.

ESCRIBE FABIÁN ARIEL GEMELOTTI

La generación Z es la generación YouTuber que navega en Youtube, la plataforma mundial donde se sube contenidos: música, cine, videos, sexo y lo que vos imagines. El youtuber vino a reemplazar al intelectual. El intelectual, el novelista, el ensayista, el periodista sarcástico y de escritura rápida pierde vigencia. Ya nadie lee libros en papel, menos la generación Z que es la generación digital; la generación de contenidos y del lenguaje digital.

¿La Reforma Laboral de Milei que busca? Busca sobre todo favorecer a los grandes capitales y a las multinacionales. Leyes estrictas y de aumento de horas laborales y sin Indemnizacion por Despido hace del Trabajo Asalariado algo sin valor. Es más rentable subir contenidos a redes y venderlos en Dólares. Pero hay una trampa, no todos van a ser Youtuber Exitosos. Los fracasados terminan en facebook subiendo contenidos para sus amigos y familiares. Pero se sienten Youtuber. Todos tienen esa imaginación de ser exitosos.

Mientras tanto el intelectual de libros va desapareciendo para ser reemplazado por el Youtuber. Es un proceso que se viene dando hace unos años y que explotó pos pandemia cuando los contenidos en la web de galerías virtuales reemplazaron al escenario en vivo. Ese cambio que se produce durante la pandemia en 2020 es muy significativo: lo virtual empieza a tener otro valor diferente a antes de la pandemia.

Los navegadores de internet como la web oscura pasan a ocupar el intelectualismo. Las campañas políticas a partir de ahora serán virtuales. Tiene más visualización un chiste o un reportaje muy corto o una frase en internet que un afiche en la vía pública donde nadie se detiene a observarlo.

En la actualidad se camina menos y se camina muy rápido y no hay tiempo para leer carteles en la vía pública. ¿No hay tiempo? Tiempo hay, pero ese tiempo lo ocupa la pantalla del celular donde todos miran mientras caminan o están en el subte. Por eso las campañas políticas apuntan a lo virtual. Ahí se ganan las elecciones. No en la calle.
Milei es un mediático que logra penetrar en la generación Z con las redes sociales. Y sus militantes son militantes de redes más que militantes de la calle.

Subo al subte y veo el vagón repletos de celulares bajo la vista de personas. Parecen zombies absorbidos en una pantalla.
En la era del celular y las redes se come y hasta se coge mirando el celular. Sí antes el tiempo libre servía para leer un libro o ver un filme ahora el tiempo libre se extendió a todo el día: se trabaja y se duerme con el celular al lado.

Una chica se siente linda si tiene mil me gustan. Y un opinólogo de redes se siente con autoridad de «Verdad Absoluta» cuando opina desde su saber personal en páginas de redes. Ahí vemos al tipo común opinando sobre economía y política y cine y hasta sobre conflictos de parejas.

Es la era de las redes. Bienvenidos al Mundo Moderno.

POR JORGE FRANCISCO CHOLVIS

El restaurado Proyecto Conservador Neoliberal que se está ejecutando en la Argentina, con un Gobierno de ricos para ricos; al servicio de las Multinacionales, la Oligarquía y el Sistema Financiero, afecta gravemente el Desarrollo Económico y Social de la Argentina, y al consiguiente goce efectivo de los Derechos Humanos básicos. Destrucción del sistema productivo, cierre de pequeñas y medianas empresas, falta de trabajo, caída del salario real, desocupación y pérdida de conquistas laborales y sociales, aumento constante del costo de vida con descomunal incremento de las tarifas de servicios básicos, sujeción al F.M.I. y el endeudamiento odioso e impagable, lo que son algunas de las dolorosas circunstancias que van sumergiendo al país y castigando a la mayoría de su población.

Así es que el respeto a la libertad e igualdad entre seres humanos queda sólo
en los papeles. De tal manera el mito del Individualismo Neoliberal funciona en realidad como un Totalitarismo Dogmático y queda como ejemplo de qué clase de “Libertad Individual” nos ofrece y a qué precio.
Son horas difíciles las que vivimos los argentinos y argentinas. Horas de derrumbe institucional y en perjuicio de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Pero también marginación del Estado de Derecho en cuanto a las garantías individuales, las que están sujetas al fórum shopping de Jueces amanuenses de los poderes fácticos y de iure. En nuestro país se reprime salvajemente la Protesta Social con Persecución Jurídico-Mediática a la oposición política mediante ilegales e ilegítimos Actos Procesales, y existen actos de proscripción. El escandaloso proceso de endeudamiento afecta el derecho al desarrollo, y coloca a nuestro país en condiciones de extrema vulnerabilidad como Nación Soberana. Que duda puede caber sobre que concluir con el condicionamiento socio-económico es la condición necesaria de toda justicia; y del respeto a la dignidad de cada una de las personas que habitamos este suelo.

El actual marco político e ideológico del discurso único del Modelo Neoliberal y del Mercado como panacea es la expresión del Poder Concentrado ejercido por los sectores dominantes, y el egoísmo e individualismo han sido incorporados como pautas de conducta, llevando a la pérdida de la Solidaridad Social. Asistimos a un duro debate en el que confrontan las dos corrientes que en distintos tiempos y de diferentes formas luchan por predominar en la historia del hombre: tal quienes actualmente desde grandes conglomerados Económico-Financieros y Periodísticos, con sus intelectuales orgánicos inculcan una visión falsa de la historia y de la realidad contemporánea impulsando un clima ideológico proclive al sostén de Fuerzas Políticas Conservadoras, y por otro lado quienes impulsan el Progreso Social como vía para lograr el “Buen Vivir” del Pueblo. Dos modelos en pugna. Confrontación que existe tanto en distintas zonas del planeta, como en el contexto regional y en Argentina. En esencia es la disputa sobre la distribución del ingreso, del producto social; o sea, quienes serán los destinatarios del resultado de políticas socio-económicas.

Importantes conquistas democráticas y populares fueron jurídicamente anuladas en poco tiempo. No es una fragilidad circunstancial, sino que es una consecuencia que surge del plano de la Constitución “Real”; o sea, la Estructura de Poder que actualmente prima en nuestro sistema político en beneficio de los Dueños del Capital y la Tierra. Para ello, subvierten valores y ocultan necesidades básicas, para lo cual promueven una interpretación maliciosa de objetivos tanto individuales como colectivos que unen al ser humano en comunidad; y en el marco jurídico utilizan para ello una interpretación estática de la Constitución “Escrita” vigente.

Pero ampliemos dicho concepto y vayamos al análisis del texto constitucional que rige en el país, en el marco del imprescindible debate que se debe realizar. La reforma constitucional de 1994 si bien amplió una serie de derechos ciudadanos en el capítulo segundo de la Primera Parte, titulado “Nuevos derechos y garantías”; y en la segunda Parte, sobre Autoridades de la Nación, en su capítulo Cuarto, instituyó expresamente como “atribuciones del Congreso”, varios principios avanzados proclives al goce de los derechos humanos básicos, sin embargo en su diseño dejó abierta la puerta para que la interpretación de dichas normas por los sectores del poder económico-financiero y mediático se siga realizando con el lenguaje de mediados del siglo XIX revivido por el neoliberalismo, con pérdida de derechos básicos y en pos de la apropiación oligárquica del excedente económico, mediante el apoyo de ortodoxas formas de acumulación financiera. Lo experimentamos en carne propia los argentinos. La única democracia que reconoce el poder hegemónico mundial es la del “Mercado” como panacea, y califica de autoritario, o populista al gobierno que estimule políticas heterodoxas en lo económico con distribución social de la riqueza.

Por cierto, las constituciones han de revelar una preocupación particular para que los principios en ellas insertos no sean sólo Declaraciones, sino que deben procurar impulsarlos para que se cumplan realmente. El Estado deberá estar ampliamente interesado en que los Derechos y Libertades de los Ciudadanos sean eficazmente garantizados por todos los medios materiales, organizativos y jurídicos. Las normas de Política Económica Constitucional han de determinar el desarrollo estable y dinámico de todas las ramas de la producción social. Sobre esa base no sólo será posible proclamar y establecer en la Constitución un amplio conjunto de derechos socioeconómicos, sino también asegurarles su cumplimiento. La vigencia de esos derechos fundamentales es condición necesaria para una vida acorde a la índole del ser humano.

En la actualidad se debe reparar que para una inmensa cantidad de personas, la libertad concebida como una cualidad inherente a su naturaleza no es más que una prerrogativa estéril, desde el momento en que no están en condiciones de disfrutarla efectivamente ¿Qué importa que el hombre sea libre de pensar si al expresar su opinión queda expuesto al ostracismo social; qué importa que sea libre de discutir sus condiciones de trabajo si su situación económica le obliga a plegarse a la Ley del Empleador; que sea libre de organizar sus diversiones, si la preocupación del pan cotidiano le absorbe todo el tiempo; que sea libre de desarrollar su personalidad por la cultura y la contemplación de un universo abierto a todos, si le falta materialmente el mínimo vital…?

El contraste entre la libertad que la filosofía clásica reconocía a su esencia y la servidumbre cotidiana en que le tiene sometido su existencia conduce así a denunciar como un engaño esta libertad que se pretende inscripta en la naturaleza humana. La verdad es que la libertad no es meramente un hecho preexistente que de cualquier manera se puede lograr: es una facultad que hay que conquistar.
En siglo XIX se interpretó que debía resguardarse a la persona humana de los avances que sobre su libre actuación podía realizar el Estado, lo que en esencia fue reinstalado por el “Neoliberalismo” que se aplicó en el último cuarto del Siglo XX y actualmente. Ante las consecuencias que ello dejó y las nuevas circunstancias económicas, políticas y sociales que estamos viviendo, puede afirmarse que reiterar un enfoque sobre los derechos básicos del hombre en base a los criterios que dicho “Modelo” contiene o, proponer una concepción de un Estado “Prescindente” al estilo de los que nos llevaron a la situación actual, constituye un claro anacronismo histórico.

Los Derechos del Hombre tal como antes los enunció la Declaración de la Asamblea Francesa de 1789 eran facultades inherentes al individuo, cuyo logro a él solo correspondía alcanzar. Fue la lucha de la burguesía en sus comienzos al confrontar con la etapa final de la concepción feudal. Con dicho criterio, respecto del Estado, los Derechos no tienen otra cualidad que la de ser “inviolables” e incitan más a la abstención que a la acción, y por esto precisamente esos Derechos implican el fundamento de la Democracia Liberal. Afirma dogmáticamente que la Libertad es Indivisible y, en consecuencia, postula aún que no se puede divorciar la libertad civil o política de la libertad económica, cuando es sabido que el Régimen de Libertad Contractual que surgió como fruto de los ideales de igualdad y de libertad sustentados por el Liberalismo para alcanzar las metas de prosperidad y de progreso pusieron paulatinamente de manifiesto sus profundas injusticias y contradicciones. Como se aprecia, cuando vemos, por ejemplo, que el trabajo humano no obstante constituir el primer factor en cualquier esquema de producción, fue envilecido, al dejárselo sujeto a las Leyes de la Oferta y la Demanda, que finalmente se traduce en la contemporánea “Flexibilidad Laboral”.

Así la desocupación y el pauperismo de los trabajadores, en medio de la opulencia del progreso material de un pequeño sector dominante y concentrado, ya demostraron que la libertad contractual no era tal si los sectores marginados no poseían igual fuerza para efectivizar sus derechos, y que las instituciones políticas y jurídicas liberales que limitaban la intervención del Estado a la simple conservación del orden público, conducían a la injusticia, a la par que creaban irritantes diferencias entre los sectores que poseían el capital y la propiedad, y los que sólo estaban en condiciones de aportar su trabajo.

Las consecuencias de esta teoría se advierten en otros órdenes de la actividad del hombre. En última instancia, esa política lleva a la Concentración del Poder Económico, lo que es la negación de la misma Libertad que se invoca. Por esta razón esa Libertad Económica que es la que se encuentra en cuestión, no puede mantenerse en el mismo plano de otras libertades esenciales del ser humano. Por el contrario, ella merece no pocas restricciones en pos del progreso social.
Esas experiencias del Siglo XIX, y también las que se aplicaron en las primeras décadas del Siglo XX y durante su último trecho contemporáneo, demostraron que la Libertad Civil, la Igualdad Jurídica y los Derechos Políticos no llenan su cometido si no son complementados con Reformas Económicas y Sociales que le permitan al hombre gozar de esas conquistas. Es así que además del catálogo de garantías que preservan los derechos individuales fue necesario ir incorporando nuevos Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y diseñar instrumentos jurídicos de protección suficientes para resistir el avasallamiento económico, como también instituir nuevos medios para la defensa de la integridad de esos derechos.
Los derechos y libertades reconocidos a los individuos no pueden ser prerrogativas abstractas, sino que deben encontrar las posibilidades de su cumplimiento en la estructura social y económica del país. Y si bien el Estado promueve la realización de los derechos mediante la organización adecuada de la sociedad, no basta con admitir que los gobernantes deben tomar a su cargo el bienestar colectivo: es preciso fijar, además, la medida de las prerrogativas que supone esta responsabilidad y definir los medios que la autorizarán a asumir.

En el contexto de ideas en que se sitúa la Democracia Social, los Derechos ahora son exigencias, su contenido está fijado en función de una necesidad de la que no son más que la consagración jurídica. El esfuerzo ha de radicar en enervar esos desniveles que la realidad ofrece y que vuelven lírico más de un derecho o de una libertad proclamada. La exigencia de este tiempo constituye la necesaria efectividad de los derechos, su afirmación enérgica en los hechos. En todo caso, en esta concepción que ya se sostuvo en el Siglo XX antes de que se instale el Modelo “Neoliberal”, los Derechos se llamaron Sociales porque se reconoce, no a un ser abstracto, sino al hombre situado (el hombre colocado en la realidad), del que la dependencia respecto del medio lo convierte en lo que es. Por otra parte, el calificativo social, unido a esos derechos significa también que son créditos del individuo contra la sociedad.

En verdad, la Democracia Política y el compromiso para lograr los Derechos Económicos se sustentan mutuamente. El bien común exige que haya Justicia para todos y que se protejan los Derechos Humanos de todos. Pues el bien común comprende al conjunto de condiciones sociales que favorecen la existencia y el desarrollo del hombre; al medio social propicio, al orden justo para que la persona se realice.
Económica y socialmente, el beneficio de la democracia se traduce en la existencia, en el seno de la colectividad, de condiciones de vida que aseguren a cada uno la seguridad y la comodidad adquiridas para su dicha.

“Una sociedad democrática es, pues, aquella en que se excluyen las desigualdades debidas a los azares de la vida económica, en que la fortuna no es una fuente de poder, en que los trabajadores estén al abrigo de la opresión que podría facilitar su necesidad de buscar un empleo, en que cada uno, en fin, pueda hacer valer un derecho a obtener de la sociedad una protección contra los riesgos de la vida. La Democracia Social tiende, así, a establecer entre los individuos una igualdad de hecho que su Libertad Teórica es impotente de asegurar” (George Burdeau, “La Democracia”, Ediciones Ariel, Barcelona, 1970, pág. 61).

A fin de afianzar cabalmente los Derechos Humanos y la Plena Dignidad Personal es necesario garantizar el Derecho al Trabajo, a la Educación, a la Salud y Nutrición, mediante la adopción de medidas tanto a Nivel Nacional como Internacional, entre las que se destaca el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional.

Es necesario crear en los planos nacional e internacional condiciones adecuadas para la Promoción y Protección Plenas de los Derechos Humanos de Individuos y Pueblos.

Pero no debe servir de justificación por la no realización o vigencia de los Derechos Humanos el hecho de que exista un Injusto Orden Económico Internacional. En todo caso estamos ante dos exigencias que habrán de cumplirse paralelamente que, si bien están relacionadas entre sí, ninguna de ellas constituye un requisito previo para la realización de la otra.

Una es la necesidad de modificar el actual Orden Económico Internacional para convertirlo en uno más Justo y, otra, la Necesidad de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en cada uno y todos los países. En este contexto el respeto de los Derechos Humanos habrá de considerarse como un fin en sí mismo y como un medio indispensable.

Ciertamente, el fin del Estado debe ser el bien común, que no consiste sólo en el “orden externo”, ni es equivalente a la suma de los bienes particulares, sino que como bien se expresó ya hace años en los prolegómenos de la etapa neoliberal de fines del Siglo XX, tan elevado objetivo implica “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección (…) A la mera existencia de bienes exteriores y objetivos, añade un elemento organizativo, esto es, un ordenamiento de la sociedad que permita efectivamente el disfrute de dichos bienes por parte de todos los miembros” (Conferencia Episcopal Argentina, “Iglesia y Comunidad Nacional”, 88-89, invocando al Concilio Vaticano II, en su Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”, Editorial Claretiana, Buenos Aires, 1981.
Véase también Nº 90-91).

Pero del bien común no es responsable sólo el Estado, cuya razón de ser es su obtención, sino también, y en su medida, cada uno de los miembros de la Comunidad. Una Constitución debe reconocer y asegurar los Derechos de las Personas, cuya fuente es la misma dignidad humana; pero también debe declarar responsabilidades y deberes en modo que contribuyan al propio perfeccionamiento institucional. No caben dudas que los Derechos Básicos -tanto Civiles y Políticos, como los Sociales y Económicos- ponen en claro cuáles son las condiciones mínimas necesarias si las instituciones sociales han de respetar la condición humana, la solidaridad social y la justicia. Estos derechos son esenciales para la dignidad humana y para el desarrollo integral de los individuos y de la sociedad. Deben ser considerados como eje ordenador de los sistemas económicos, sociales y políticos. Se debe tener muy presente entonces -y darles vigencia- con una apropiada Interpretación Jurídica, pues en nuestro País el propio texto constitucional instituye como objetivo y al más alto rango normativo: el “Desarrollo Humano” y el “Progreso Económico con Justicia Social” (Artículo Nº 75, Incisos Nº 19 y Nº23, Constitución Nacional).

Un Proyecto Social y Político identifica al conjunto de actividades orientadas a obtener un resultado que satisfaga las Necesidades Básicas de la Comunidad, y elevar la Calidad de Vida de la Población. Basándonos en el contenido lo conceptuamos como Nacional, Popular, Democrático y Federal. Es el proyecto más importante dado que influye en todo un país. Los programas sociales o públicos deben apuntar precisamente a mejorar la calidad de vida del pueblo. Es marcar un camino, emitir señales claras y concretas de cuál debe ser la dirección de un Estado y de un Gobierno. Un proyecto de estas características necesariamente debe estar en conexión con la Constitución. Al lograr ser consagrado por el pueblo, la interpretación constitucional se ha de ajustar al mismo. Sin dudas, ha de ser la consagración del proyecto.

Asimismo, es la evolución cultural, económica y social la que impulsa desde el interior de los pueblos a una mayor participación en todos los ámbitos de la vida, incluido el político institucional, y es sabido que el sentido más amplio y profundo de la participación del hombre en la vida de una Nación Políticamente Organizada, se traduce en la Soberanía del Pueblo y en su Derecho a ser Artífice de su propio destino y “Soberano de su propia suerte”.

Cabe concluir entonces, que el Debate sobre la Democracia en las circunstancias actuales es una controversia acerca de la legitimidad política y, por consiguiente, comprende las formas políticas e institucionales sin las cuales no se puede hablar de legitimidad. El tratamiento del tema no puede restringirse a un grupo de notables, sino que debe ampliarse a un Gran Debate a lo largo y a lo ancho del país entre los distintos sectores de la Sociedad Argentina. Por ello, no se puede marginar la presencia activa y directa del Pueblo en el Debate Político-Jurídico y en la Interpretación de la Constitución.

La política de no ingresar al tema constitucional y debatirlo a nivel popular, es una manifiesta y definida actitud con el oculto objetivo de sostener el statu quo; o sea, es una política conservadora para que perdure el esquema dogmático que instituyó la Constitución histórica que sostiene y posibilita una política económica constitucional que se adapta a las concepciones del “Neoliberalismo”.

Se debe salir de generalidades y el Debate no cabe realizarlo en términos ambiguos o en meras cuestiones formales, que con eufemismos marginan el discernimiento y ocultan el temor de los sectores dominantes a la vigencia efectiva de la Democracia y la Soberanía Popular. Quienes así actúan buscan lograr una interpretación estática para sostener pautas de la Democracia Liberal, y de normas de Política Económica insertas en la Constitución “Jurídico-Formal” que posibiliten perdure el “Neoliberalismo”.

Es necesario superar tan engañoso proceder, pues no poner en plano popular el Debate, ocultar el porqué de la Constitución, no escuchar las nuevas opiniones y criterios, es como cerrar los ojos a causas, finalidades e intereses de la gran mayoría del Pueblo; e impedirá hacer efectivos los fines y medios adecuados para que logremos el país que desean y merecen los argentinos.

Hace tiempo venimos sosteniendo que no es posible desconocer el anhelo de Justicia que es inherente a la índole humana, pese a la terca resistencia de los derechos adquiridos, y que en la infraestructura sociológica de la Constitución subyace la lucha por el predominio político y los ideales que surgen del Pueblo.

No se puede dejar de tener en cuenta entonces, que la conciencia ética está en el origen de toda transformación histórica de Liberación de los Oprimidos y Excluidos, y que la debilidad se transformará en fortaleza ética a mediano y largo plazo.

Pues sólo un Proyecto Político Superador que priorice el Interés Público, Colectivo y Nacional, posibilitará alcanzar la Plena Libertad y Emancipación Social, Cultural y Económica. Avancemos en el Debate Constitucional con la necesaria participación protagónica hacia tan elevado objetivo, y con la meta de lograr efectivizar al más alto rango normativo el Proyecto Nacional, Popular, Democrático, Integrado y Federal, para concluir con el condicionamiento socioeconómico que impide la vigencia efectiva de Derechos Básicos del Ser Humano.

(*) NOTA PUBLICADA EN LA REVISTA IMPRESA N° 25 – DICIEMBRE DE 2025

Desde las 18:30 horas se abrirá la Escuela para el ingreso de las personas a presenciar en forma libre y gratuita, la Pelicula Argentina «Belén».
La Proyección de la Película será a partir de las 19:30 horas.
Contará con un servicio de Buffet, cuya recaudación será destinado a la Cooperadora Escolar.

La Película cuenta con la Dirección de Dolores Fonzi, quién a su vez protagoniza el rol de la Abogada Defensora Soledad Deza, Camila Plaate interpreta a la joven Belén, junto a ellas participan: Laura Paredes, Julieta Cardinali, Luis Machín, y César Troncoso, entre otros.
Se trata de un drama basado en hechos reales sobre la Criminalización del Aborto en la República Argentina.

LLEVÁ TU ALMOHADA O MANTITA PARA VER LA PELI MÁS CÓMODX

Compartimos con Nuestros Lectores la crítica del film realizada por Adrián Monserrat en el Programa «Cultura Lomas» en Radio Cultura Lomas (97.9 MHz).

INVITA:

POR JORGE LUIS ELIZONDO

A partir del resultado de las elecciones de medio término del 26/10/25, y respondiendo a las exigencias del F.M.I., el Gobierno ha iniciado una campaña a fin de que el Congreso apruebe las reformas laboral, previsional y fiscal. Diversos medios hegemónicos iniciaron una entusiasta campaña sobre la llamada “Reforma Laboral”, dando por hecho que el Derecho del Trabajo –tal como lo conocimos hasta hoy, de carácter protectorio- será finalmente destruido a través de una Ley del Congreso.

Se trata de la tercera agresión del gobierno ultraderechista contra los Derechos Individuales y Colectivos de la Clase Trabajadora: a una semana de haber asumido dicta el D.N.U. Nº 70/2023; luego la Ley Nº 27.742, llamada “Ley Bases”, que contiene lo que consideran una “Mini-Reforma Laboral”.

Los argumentos esbozados por los voceros políticos e ideológicos de la gran burguesía nacional y transnacional son siempre los mismos: el carácter protectorio del
Derecho del Trabajo, los convenios colectivos de actividad, el poder de las organizaciones gremiales, las indemnizaciones tarifadas como reparación del daño causado por el despido arbitrario, serían las causas que impiden a las empresas incorporar nuevos trabajadores en forma regular, y constituirían un obstáculo para la llegada de las esperadas inversiones extranjeras.

Contradictoriamente, se llega a sostener que la causa de la informalidad laboral es la
existencia de una legislación que tiende a combatirla. Con la eliminación de las indemnizaciones especiales por falta o irregularidad de la registración que han logrado a través de la “Ley Bases” se produjo el efecto contrario al que supuestamente perseguían: se ha incrementado aún más el trabajo no registrado y las múltiples formas del fraude laboral.

La experiencia nacional e internacional demuestra que a través de los recortes de
derechos de los trabajadores no se ha logrado una mayor ocupación, ni una mayor
regularidad en la contratación. Por el contrario, estos instrumentos han sido utilizados
para precarizar las relaciones laborales. La realidad concreta de los países donde
existe la “libertad de despedir” demuestra que eliminar la indemnización o abaratar el
despido significa facilitarlo, y si se facilita se usa, y si se usa se destruye, no se crea empleo.

LA DISPONIBILIDAD COLECTIVA DE LAS NORMAS DE ORDEN PÚBLICO LABORAL

Como ha quedado expresado en el capítulo laboral del DNU 70/2023, declarado
inconstitucional y suspendida su aplicación por decisión de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo, y luego en la ley 27.742 o “Ley Bases”, el poder económico
requiere que las organizaciones sindicales participen en sus objetivos de reestructuración regresiva del Derecho del Trabajo, haciendo disponible lo que es constitucionalmente indisponible:
a. La sustitución de la indemnización por despido arbitrario por un fondo de cese,
similar al vigente para los obreros de la construcción.
b. La ultra- flexibilización de la jornada de trabajo.

PLENA LIBERTAD PARA DESPEDIR. FONDO DE CESE

El Artículo Nº 14 Bis, incorporado por la Reforma Constitucional de 1957, reconoce a los
Trabajadores el Derecho a la Protección contra el Despido Arbitrario.

Por otro lado, el Art. Nº 245 de la Ley de Contrato de Trabajo garantiza una protección
mínima e insuficiente que ni siquiera repara el daño sufrido por quien ha perdido su
puesto de trabajo por la decisión expulsiva sin causa del empleador. Sólo le reconoce
el derecho a percibir una indemnización equivalente a la mayor remuneración
mensual multiplicada por los años de antigüedad o fracción mayor de tres meses. Se
trata de un débil sustituto de la estabilidad propia reconocida por los pactos
internacionales con jerarquía constitucional.

Quienes reivindican la libertad de los mercados sostienen que también debe haber
libertad para despedir, sin consecuencia alguna para el empleador. El actual gobierno
lo intentó a través del D.N.U. Nº 70/2023. Como su aplicación fue suspendida por la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, algunos legisladores colaboracionistas
exigieron la inclusión de un texto similar en la “Ley Bases”.

Conforme a ello, el Artículo Nº 96 de la Ley Nº 27.742 estableció que “mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el Artículo Nº 245 de la Ley Nº 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme a los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo Nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un  sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo  y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por  mutuo acuerdo conforme Artículo Nº 241 de la Ley Nº 20.744”.

Tal pretendida sustitución, aun cuando se habilite a través de convenio colectivo entre
sindicatos y empleadores, no dejaría de ser violatoria del Artículo 14 bis de la
Constitución Nacional y del bloque de constitucionalidad federal, por las siguientes
razones:

1) El objetivo del poder económico es imponer un mercado laboral flexible, que
facilite a los empleadores la posibilidad de contratar y despedir conforme a las
necesidades de las empresas. Muy lejos de garantizar la protección contra el
despido arbitrario, la gran burguesía propone –como en diversos países de
Europa- una mejora del nivel de empleabilidad a través de mecanismos
contractuales flexibles con transiciones seguras de empleo y garantías de
subsidios de desempleo.

2) El sistema que propone el DNU no es una indemnización, sino un aporte obligatorio del empleador a un fondo de cese, tal como se ha regulado para los obreros de la construcción, primero en la regla estatal 17.258 de 1967 (en la época de la dictadura de la llamada “Revolución Argentina”) y luego en la regla estatal vigente 22.250 desde 1980 (durante la última dictadura cívico-militar).
No es indemnización porque no tiene como objetivo reparar ningún daño, de manera tal que los trabajadores perderían toda protección contra el despido arbitrario.

3) No se determina el porcentaje del aporte mensual que debería realizar cada
empleador. Según el DNU 70/2023 sería “no superior al 8 % de la remuneración
computable”, es decir inferior al aporte establecido durante el primer año de
trabajo para los trabajadores de la construcción, que es del 12 %.

JORNADA DE TRABAJO

Respecto a la jornada de trabajo, el DNU 70/2023 incorporó el Artículo 197 bis a la Ley
de Contrato de Trabajo:
“Las convenciones colectivas de trabajo, respetando los mínimos indisponibles de 12 horas de descanso entre jornada y jornada por razones de salud y seguridad en el trabajo, así como los límites legales conforme a la naturaleza de cada actividad, podrán establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad, contemplando especialmente el beneficio e interés de los trabajadores”. “A tal efecto se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada
laboral”.

El proyecto de la diputada Romina Diez incorpora un texto idéntico al del D.N.U. suspendido hasta hoy por la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo.
En primer lugar, observamos que se transforma en disponible a través de la
Negociación Colectiva lo que siempre se ha considerado indisponible: el máximo de la
jornada diaria de trabajo.

Se trata de aumentar el poder del empleador sobre la organización y distribución del
trabajo, se pretende una jornada flexible, totalmente adaptada a las necesidades de la
empresa, y su adecuación a los cambios en las modalidades de la producción.
A través de los nuevos convenios colectivos de trabajo que –según los voceros y
apologistas del neoliberalismo- deberían reemplazar a los viejos convenios de
actividad, en razón del carácter protectorio de éstos, se podría disponer del régimen
legal de las horas extras, reemplazándolo por un banco de horas, y se podrían
modificar los francos compensatorios establecidos legalmente en la Ley de Contrato
de Trabajo.

El texto propuesto por el D.N.U. Nº 70/2023 y el proyecto de la diputada Diez tiene como
propósito anular el carácter legal, de orden público, y en consecuencia indisponible
del régimen de la jornada de trabajo.

La tendencia a establecer la flexibilidad en materia de jornada de trabajo se remonta a
1959/60, durante el auge del desarrollismo en la presidencia de Arturo Frondizi,
donde –al cabo de duras derrotas y represión del movimiento obrero- se
establecieron cláusulas de racionalización y mayor productividad, reduciendo el
poder que por entonces tenían las comisiones internas. Durante el menemismo se
generalizaron los convenios y acuerdos que –previos despidos masivos en las
empresas y el Estado- establecieron formas de flexibilización negociada, con nuevos
métodos de trabajo, recargos de tareas y polivalencia funcional, conforme a los
intereses del gran capital.

El propuesto Art. Nº 197 Bis refuerza aún más el control absoluto del proceso de trabajo
por parte de los empleadores.

EL FIN DE LA ULTRAACTIVIDAD. LOS CONVENIOS DE EMPRESA

Desde el año 1953, en que se sancionó la ley 14.250 de Convenios Colectivos de
Trabajo, se establece en nuestro país la ultraactividad de los convenios.
La ultraactividad consiste en que -vencido el plazo por el que se firmó el convenio colectivo- sus cláusulas perduren en el tiempo. De tal forma, el convenio colectivo de trabajo continúa vigente y sólo puede ser sustituido por un nuevo convenio que sea
producto de la discusión de las partes sindical y empresarial.

La Ultraactividad permitió la subsistencia en nuestro país de convenios colectivos celebrados en la década del 70, que mejoraron las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, en virtud de la lucha desplegada por sus organizaciones sindicales. El “Fin de la Ultraactividad”, uno de los sueños de la Burguesía local, tiene su correlato más próximo con la Ley Nº 25.250 –más conocida como “Ley Banelco”- que el Congreso sancionó en el Año 2000.

El escándalo de las coimas en el Senado para lograr la aprobación de la Reforma Laboral del año 2000, la difusión de los mínimos detalles de la “operación” de la SIDE por parte de los medios periodísticos: el ministro Flamarique, el jefe de los espías Santibáñez y otros personajes de menor relevancia, han dejado en un segundo plano cuáles fueron las motivaciones y los objetivos políticos perseguidos por el Gobierno de De la Rúa.

La recesión que sufríamos por ese entonces, el crecimiento de la desocupación, el mantenimiento de la convertibilidad, heredados del período Menemista, determinó que las grandes empresas reclamaran una inmediata “Reforma Laboral” que pusiera fin a la ultraactividad de los convenios colectivos por actividad (mayoritarios en la Argentina) y privilegiara a los convenios de ámbito menor (es decir los de empresa) sobre los de ámbito mayor (los de rama o actividad). Tal fue la posición sostenida por la Unión Industrial Argentina (U.I.A.), entre otras entidades empresarias.

La situación de debilidad de la clase trabajadora y de sus direcciones sindicales, en virtud del crecimiento de la desocupación a partir de los 90, hacía imposible una rediscusión medianamente exitosa de las cláusulas normativas de dichos convenios colectivos, condiciones mucho más favorables que las contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo.

Es por ello que el fin de la ultraactividad era y es todavía uno de los objetivos centrales de las corporaciones transnacionales y la burguesía local.
A través de Ley Nº 25.250 (Boletín Oficial 02/06/2000, declarada nula por el Congreso de la Nación) el Gobierno de la Alianza pretendió terminar con la ultraactividad al establecer la pérdida de vigencia de las cláusulas contenidas en los convenios colectivos en un plazo de dos años contados a partir de la fecha en la cual una de las partes lo hubiere denunciado formalmente.

El D.N.U. en su Capítulo III –prohijado por algunos políticos que tuvieron una activa
participación en la etapa aliancista- sustituye el Artículo Nº 6 de la Ley Nº 14.250 por el
siguiente:
“Una convención colectiva de trabajo, cuyo término estuviere vencido, solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue”. “El resto de las cláusulas (obligacionales) podrán mantener su vigencia sólo por acuerdo de partes o por la específica prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional”.

El texto actual de la Ley Nº 14.250 dice:
“Una convención colectiva cuyo término estuviera vencido mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas, hasta que una nueva convención colectiva la sustituya, salvo que en la convención colectiva se hubiese acordado lo contrario”.
Es muy claro el propósito del D.N.U., la convención entraría en una suerte de estado de agonía. Solamente algunas de sus normas mantendrían su vigencia (las referidas a condiciones de trabajo).

El objetivo es presionar a las organizaciones sindicales para que, en una situación agravada por la política Anti-Industrial y Recesiva del Gobierno, con despidos masivos en el Estado y la actividad privada, con una creciente desocupación y salarios pulverizados por la inflación, accedan a negociar nuevos Convenios Colectivos “Modernos”, es decir a la baja, para incrementar aún más la Tasa de Ganancia de las Empresas.

Desde el área de ambiente de la COAD invitamos a participar de la Travesía Náutica que el Lunes 8 de Diciembre unirá las ciudades de Victoria y Rosario en Defensa de Nuestro Río.

La jornada comienza a las 9:00 Horas desde Victoria para aquellos que puedan sumarse con embarcaciones con motor; continúa a las 13:00 Horas en Isla de los Mástiles para los que se sumen principalmente con kayaks; y culmina a las 17:00 Horas en la Rambla Catalunya (Rosario) con una Radio Abierta y un Festival Cultural.

“Salvemos el Paraná” es la consigna que un amplio abanico de Organizaciones Ambientales, Sociales y Políticas impulsamos para expresar el rechazo a la profundización del dragado y la re-privatización del río en manos extranjeras.

El plan oficial que prevé dragar y profundizar la vía troncal navegable desde el Río de la Plata hasta el norte de Rosario carece de fundamentos básicos: no hay un  estudio de impacto ambiental, no existe evaluación hidrológica de largo plazo, ni menos aún mecanismos de participación real de las comunidades. El proyecto pretende convertir al río en una autopista para buques de ultramar, favoreciendo a grandes corporaciones agroexportadoras y extranjeras en detrimento de la biodiversidad y de las comunidades ribereñas. Además, la reprivatización del mantenimiento y administración del río conlleva una nueva cesión de soberanía nacional que profundiza la dependencia.