Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo…

POR ALEJANDRO MARCÓ DEL PONT

En 1974, en plena Guerra Fría, el Sur Global logró introducir entre los pasillos de la ONU un documento que intentaría modificar los cimientos del capitalismo dominante: la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (Resolución 3281). Este Texto Revolucionario Proclamaba, entre otras cosas:

Artículo 1 (Soberanía permanente): Todo Estado tiene el Derecho Soberano e Inalienable de elegir su sistema económico, político, social y cultural, de acuerdo con la voluntad de su pueblo, sin injerencias ni amenazas externas.

Artículo 2: Todo Estado ejerce soberanía plena sobre sus recursos naturales y actividades económicas. Puede regular la inversión extranjera, supervisar a las empresas transnacionales y, si lo considera necesario, expropiar bienes con compensación apropiada, según sus leyes y circunstancias.

Artículo 7: Reconoce el derecho de los Estados a Reestructurar sus deudas.

Transcurrido más de Medio Siglo nos sorprende cómo un manifiesto, en plena Guerra Fría, declaraba sin tapujos que los Recursos Naturales pertenecen a los Pueblos, que las Transnacionales deben obedecer Leyes Locales y que ningún País está obligado a pagar Deudas contraídas por Gobiernos Ilegítimos o que la propia Deuda lo fuera.

Hoy, algunos de estos principios serían tildados de «Trotskistas», lo cual demuestra el retroceso ideológico y el desequilibrio del orden económico global que aquella carta intentó contrarrestar. Su objetivo era claro: instaurar un Nuevo Orden Económico Internacional basado en la Equidad, la Soberanía, la Cooperación y el Interés Común.

Mientras figuras como Kissinger promovían Golpes en América Latina y las Petroleras Anglosajonas saqueaban África, la carta fue condenada al olvido. Estados Unidos, Alemania y Reino Unido —los actuales defensores de las «Reglas Globales»— la sabotearon. Para la década de 1980, con Reagan y Thatcher a la cabeza, el Neoliberalismo ya había capturado al F.M.I. y al Banco Mundial, convirtiéndolos en herramientas del Capital Financiero. La Doctrina era simple: endeudar, privatizar, desregular y subordinar al Estado al Mercado.

Durante la Crisis Financiera de 2008, mientras la mayoría de los Países rescataban a los culpables, Islandia tomó un camino diferente:

• No rescató a los bancos privados. Nacionalizó parcialmente el sistema interno y dejó que quebraran las entidades insolventes.
• Impuso controles de capital (2008–2017), impidiendo la fuga de divisas para estabilizar su moneda.
• Protegió a la población. Aseguró depósitos locales y evitó políticas de austeridad.

Además, juzgó y encarceló a 26 banqueros corruptos y sometió a referéndum el pago de la deuda fraudulenta. El 93% votó NO. ¿El resultado? De 2010 a 2025, Islandia creció un 3% anual (frente al 0,5% de la UE), redujo el desempleo del 9% al 3% y la deuda pública bajó del 90% al 40% del PIB.

Cuando Grecia enfrentó su crisis en 2010 y 2015, eligió un camino muy distinto. A pesar del referéndum del “OXI” (NO), donde el 61,31% votó contra la austeridad, el gobierno de Tsipras acabó aceptando un tercer memorando, impuesto por la Troika (FMI, BCE, UE). El costo fue devastador:

• Desempleo del 27.8% en 2013 (60% en jóvenes), aún en 12% en 2025.
• Éxodo masivo: 500.000 jóvenes emigraron desde 2010.
• Privatizaciones forzadas: aeropuertos, puertos, agua y energía.
• Pensiones recortadas un 40%; los jubilados sobreviven con €500 al mes.
• La deuda pasó del 127% del PIB (2009) al 180% (2018), y ronda el 160% en 2025.
• El 92% de los «rescates» fue a bancos alemanes y franceses.

Algunos analistas atribuyen esta diferencia al hecho de que Islandia tenía su propia moneda. Sin embargo, más allá del euro, fue una cuestión de voluntad política y soberanía.

La crisis griega (2010-2018) fue un laboratorio de cómo el neoliberalismo impone deudas ilegítimas a través de instituciones como el FMI, el BCE y la Comisión Europea (la «Troika»). Aunque la ONU no intervino directamente, su marco legal y técnico respalda la idea de que Grecia podría haber repudiado parte de su deuda.

La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), en su Informe de 2015, calificó la Deuda Griega como «Odiosa», recomendando una auditoría y una quita del 50%. Ese mismo año, la Asamblea General de la O.N.U. aprobó principios para reestructurar Deudas Soberanas, como:

1. Transparencia y auditoría pública.
2. Prohibición de injerencias externas.
3. Respeto a los derechos humanos.

Grecia pudo haberlos invocado, pero eligió no hacerlo. Como suele ocurrir, los principios legales fueron ignorados por la realpolitik.

Hoy, la O.N.U. parece una sombra de lo que aspiraba a ser en 1974. Sus Resoluciones sobre Palestina son vetadas; sus advertencias sobre el cambio climático, ignoradas. Su visión sobre soberanía económica es pisoteada.

El F.M.I. sigue operando como un cobrador mafioso, imponiendo ajustes que enriquecen a los acreedores y empobrecen a los pueblos. ¿Qué hizo la O.N.U. por Grecia? Nada. Y lo mismo podría decirse de Gaza, Yemen o Ucrania. La O.N.U. observa, pero no actúa.

El sistema internacional se esta convirtiendo en un sistema anárquico donde no existe un vigilante nocturno, no hay una autoridad superior a quien pedirle ayuda en caso que un estado vaya en tu contra. Como dice John J. Mearsheimer profesor de ciencia política en la Universidad de Chicago “si eres débil, hay una posibilidad seria que se aprovechen de ti”, nadie quiere dar la sensación de ser endeble.

Algunos, como Serguéi Lavrov, proponen que la Carta de la O.N.U. sea la base jurídica de un nuevo orden multipolar. Una idea que, aunque cuestionada por su origen geopolítico, plantea un punto válido: el “Orden basado en Reglas” promovido por Occidente se ha convertido en una herramienta para consolidar su hegemonía. La idea de “América primero” es alarmantemente similar al eslogan hitleriano “Alemania por encima de todo”, y una apuesta por la “paz mediante la fuerza” podría ser el golpe de gracia a la diplomacia.

La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados no fue destruida por el Neoliberalismo solamente, sino también por sus cómplices, aquellos que, desde el poder, la archivaron por considerarla demasiado incómoda.

Pero el Documento sigue existiendo. Dormido, sí. Olvidado, quizás. Pero no muerto. Y en un Mundo donde resurgen los Debates sobre Soberanía, Deuda y Justicia Económica, su contenido vuelve a cobrar relevancia.

POR ALEJANDRO MARCÓ DEL PONT

EL CAPITALISMO YA NO PRODUCE VALOR REAL, SINO QUE EXTRAE RENTAS FINANCIERAS DEL TRABAJO Y LA DEUDA. 

En 1762, Jean-Jacques Rousseau publicó “El Contrato Social”, un tratado que conceptualizaba el Pacto implícito entre Ciudadanos y Estado como un equilibrio dinámico de derechos y deberes. Este Contrato no era estático, sino que evolucionaba con las correlaciones de poder de cada época.

El Contrato Social surge en Europa y se extiende por buena parte del planeta después de la II Guerra Mundial. Básicamente afirmaba lo siguiente: quien cumple las correlaciones de poder, progresa, logra la estabilidad y la tranquilidad en su vida. «Unos, los más favorecidos, se quedarían con la parte más grande de la tarta, pero a cambio los otros, la mayoría, tendrían trabajo asegurado, cobrarían salarios crecientes, estarían protegidos frente a la adversidad y la debilidad, e irían poco a poco hacia arriba en la escala social”.

Hoy, ese Pacto ha sido reemplazado por lo que el sociólogo Robert Merton llamó «El Efecto Mateo»: «Al que más tiene, más se le dará; al que menos tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará». Esta lógica define el capitalismo financiarizado del siglo XXI, un sistema que ha olvidado las lecciones de las crisis de 1914–1945 (dos guerras mundiales y la Gran Depresión) y que amenaza con replicar su colapso.

El Capitalismo no nació Financiero. En sus orígenes, se organizó alrededor de fábricas, salarios y mercancías tangibles. Sin embargo, como demostró Giovanni Arrighi en “El Largo Siglo XX”, el sistema atraviesa ciclos donde el capital productivo —agotado por la caída de rentabilidad— se transforma en capital financiero, marcando el inicio de su decadencia.

La Venecia de los siglos XV–XVI dominó el comercio mediterráneo hasta que, superada por Portugal y España, sus mercaderes se convirtieron en banqueros de las coronas europeas. Esta idea podría replicarse para Holanda (siglo XVII), Reino Unido (siglo XIX–XX) y EE.UU. (siglo XX–XXI) con el mismo ciclo: hegemonía post-1945, industria y Dólar como moneda global. Decadencia con la competencia de China, desindustrialización y financiarización desde los años 1980. El Capital se concentra en Wall Street (derivados, fondos indexados, deuda pública) donde el sector financiero supera al productivo.

Hoy, el Sector Financiero Estadounidense representa el 20% del P.I.B., superando a la manufactura (11%). El Dinero ya no se hace produciendo bienes, sino mediante derivados, fondos indexados y deuda.

Como explica Sanford M. Jacoby en «El Trabajo en la Era de las Finanzas», la financiarización ha redefinido las relaciones laborales. El poder ya no reside en los sindicatos ni en los Estados, sino en gestores de activos como BlackRock, Vanguard y State Street (las Big Three), que controlan:

• U$S 26 Billones en Activos (equivalente al P.I.B. de EE.UU. y China juntos).
• El 88% de las empresas del S&P 500.

Estos fondos operan bajo una lógica perversa: administran los ahorros de maestros, enfermeras y obreros, pero los invierten en empresas que precarizan el trabajo, debilitan sindicatos y externalizan empleos.

El auge de las empresas de gestión de activos cambia el funcionamiento del Capitalismo en general. De hecho, este es quizás el aspecto específico en el que el concepto de «Capitalismo de la Gestión de Activos» es más pertinente.

Los Fondos de Pensiones —creados para garantizar la seguridad económica en la vejez— se han convertido en instrumentos que socavan a los propios trabajadores:

1. Inversiones Antisindicales: apoyan empresas como Amazon o Walmart, conocidas por su hostilidad hacia la organización laboral.
2. Privatizaciones de Servicios Públicos: utilizan el ahorro colectivo para financiar la mercantilización de agua, transporte o educación.
3. Cortoplacismo financiero: exigen maximizar ganancias trimestrales, aunque eso implique recortar salarios o deslocalizar plantas.

El resultado es un Círculo Vicioso, los Trabajadores ahorran para su jubilación, pero sus ahorros financian prácticas que erosionan sus derechos y, por tanto, su capacidad futura de ahorro. Inversión en empresas que socavan los Derechos Laborales, en empresas conocidas por sus prácticas antisindicales agresivas, la explotación del trabajo precario o la subcontratación de empleos a regiones con salarios más bajos.

Los fondos de pensiones invierten en privatizaciones como sistemas de agua, infraestructura de transporte o incluso educación pública. Cuando sus fondos de jubilación se utilizan para privatizar estos servicios, pueden provocar la pérdida de empleos, una menor calidad del servicio, un aumento de los costes para los ciudadanos.

Esta dinámica no es sostenible. Como advirtió Arrighi, la financiarización es síntoma de decadencia, no de vitalidad. Los ejemplos históricos —desde Venecia hasta el Imperio Estadounidense— muestran que cuando el capital abandona la producción real, el sistema se vuelve frágil.

El Contrato Social no intuía estos cambios, se basaba en una premisa simple: el Crecimiento Económico debía beneficiar a todos. Sin embargo, desde los años 1980, la financiarización ha concentrado la riqueza de modo sin precedentes:

• El 1% más rico posee 45% de la riqueza global (Credit Suisse, 2023).
• Los salarios reales en Occidente se han estancado desde 1980, mientras los beneficios corporativos baten récords.

En conclusión, la situación en la que el «Capital de los Trabajadores» financia actividades que perjudican activamente los intereses de los Trabajadores constituye una profunda contradicción en las finanzas modernas. Pone de relieve la tensión entre un enfoque limitado en la rentabilidad financiera y las responsabilidades sociales y éticas más amplias inherentes a la gestión del patrimonio colectivo. Abordar esta cuestión requiere un esfuerzo concertado para redefinir el deber fiduciario, mejorar la transparencia y empoderar la voz de los trabajadores en el ecosistema de inversión.

La pregunta final es ¿debemos seguir permitiendo que el Ahorro Obrero financie su propia precarización o reconstruir un Pacto donde el Capital sirva al Trabajo, y no al revés?

POR ALBERTO CORTÉS

Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá formaron, entre 1819 y 1831, una sola Nación: La Gran Colombia.
En sus cuatro subregiones, se han producido/se producen, hechos significativos.
En Venezuela hubo, el 25 de Mayo, Elecciones de Gobernadores, Asambleístas Nacionales, y algunos cargos más.

El sector ultraderechista de la oposición, con Corina Machado y otros a la cabeza, llamó a boicotearlas. En los días previos y posteriores, el Ministerio del Interior y Justicia anunció decenas de detenciones y mostró armas, explosivos y otras pruebas de que este grupo planeaba atentados contra centros de votación, personalidades del oficialismo y la oposición, las embajadas de Colombia, Francia y España; hospitales, etc., así como la petrolera estatal PDVSA; todo lo cual fue desmantelado.

Aunque exhibieron pruebas de algún aporte desde organismos oficiales de EE.UU.; en este caso, el grueso del financiamiento provino aparentemente del narcotráfico, golpeado en los últimos tiempos por el secuestro de más de 14 toneladas de cocaína por el Gobierno.

La detención más notoria fue la de Juan Pablo Guanipa, uno de los principales laderos de Corina, cuyo nombre aparece repetidamente en vinculación con los actos violentos que se preparaban.

En cambio, su hermano, Tomás Guanipa, fue electo, igual que Henrique Capriles (otrora candidato de peso en una elección presidencial contra Chávez), Luis Emilio Rondón y Stalin González; entre los 29 diputados opositores resultantes. El Polo Patriótico (encabezado por el chavista Partido Socialista Unido de Venezuela), obtuvo 256.

La oposición, que tenía 4 Gobernadores (sobre 23 Estados), reeligió 1.

Tal vez la novedad más importante (además del creciente número de sectores de la oposición que abandonan el camino golpista, y se suman a las contiendas electorales), fue la Elección del Gobernador del Esequibo (o Guayana Esequiba). Este considerable territorio está en disputa entre Venezuela y, el Imperio Colonial Inglés primero (que detentaba la posesión de la Guayana Británica), y su sucesora, Guyana, luego; desde el siglo XIX. En 1899, un laudo arbitral, se lo otorgó al Imperio, pero Venezuela lo desconoció más tarde, dado que no estuvo representada allí directamente, sino por delegados nombrados en su nombre, por EE.UU. En 1966, el acuerdo de Ginebra, entre las dos partes, definió buscar una solución por acuerdo mutuo (que aún no se ha alcanzado). Guyana, posteriormente (tras el descubrimiento de importantes yacimientos petrolíferos y acordar con la Exxon Mobil) acudió a la Corte Internacional de Justicia, pretendiendo que ésta dirima la controversia. La Corte sólo está facultada a intervenir, si ambas partes lo acuerdan, o si han aceptado (al incorporarse a los instrumentos de creación de esa Corte), someterse en general a la misma (que no es el caso de Venezuela).

Venezuela realizó en 2023 un referéndum consultivo donde no sólo se reafirmaban los derechos venezolanos sobre la región (Es como si Argentina hiciera una consulta popular interna, sobre los derechos argentinos sobre Malvinas. El resultado estaría cantado en este punto). También se definió la creación del Estado Esequibo, cuyo Gobernador se eligió ahora, así como otorgar ciudadanía venezolana a sus habitantes. Guyana intentó impedir ese referéndum, yendo a la Corte. Esta (que está para dirimir conflictos entre Estados), no puede obviamente opinar sobre decisiones internas de cada estado (como el referéndum), y no lo hizo. Pero emitió un fallo, que incluye puntos tales como que Venezuela se abstenga de tomar medidas que modifiquen la situación, y todo el aparato propagandístico mundial de los EE.UU. (con ramas en cada país, que se autopresentan como “Prensa Independiente”) difundieron estos aspectos del fallo como “triunfo de Guyana”, cuando ésta en realidad había solicitado la suspensión del referéndum, que no se otorgó. Ahora –más allá de las fuertes amenazas de Guyana a quienes votaran en la elección del domingo pasado-, se eligieron Gobernador y 8 Diputados a la Asamblea Nacional por ese Estado.

En Colombia, Gustavo Petro había llegado al Gobierno, en 2022 (prácticamente el primero no oligárquico en la historia de ese país, posterior a Simón Bolívar); proponiendo entre otras medidas una reforma tributaria (para que la carga recayera en mayor medida sobre los sectores de altos ingresos), una previsional, otra laboral (restableciendo Derechos de los Trabajadores que los últimos Gobiernos Neoliberales habían ido recortando) y una de salud.

Logró la aprobación de la primera fase de la reforma tributaria (aunque luego los congresistas de derecha consiguieron frustrar la segunda) y la reforma pensional (que incluía especialmente una especie de moratoria previsional, como la que en Argentina acaba de sepultar el mileísmo).
Pero ante la feroz resistencia parlamentaria a la laboral, propuso una consulta popular sobre la misma, a la ciudadanía; que seguramente le habría otorgado gran respaldo, y colocado entre la espada y la pared a los congresistas reaccionarios que se oponían a la aprobación.

Hace un par de semanas, en una votación ajustada, pero fraudulenta, el Senado rechazó la realización de la consulta popular. Petro se apoyó entonces en los sectores sociales, que comenzaron un proceso de debate y movilización populares, siendo el Paro Nacional del 28 y 29 de mayo, uno de sus puntos culminantes.

En paralelo, el Congreso volvió a tratar apresuradamente la reforma laboral (ahora descafeínada), eliminando aspectos centrales de la propuesta presidencial, pero haciendo también algunas concesiones, tratando de restar potencia a la movilización popular, que es lo que más les preocupa.

En Ecuador, tras el fraude electoral que impuso la reelección de Daniel Noboa, la Revolución Ciudadana denunció miles de inconsistencias, y reclamó abrir las urnas y constatar. La negativa de las autoridades electorales era previsible: Están, como casi todos los cargos claves de los diversos organismos estatales, supuestamente “independientes”, puestas por los gobiernos neoliberales de Moreno, Lasso y el actual.

Noboa profundiza su entrega a los EE.UU., permitiendo (en contra de lo establecido en la Constitución), la presencia de tropas y barcos Norteamericanos, especialmente en Galápagos; contrata al Norteamericano Eric Prince (fundador de la empresa de mercenarios Blackwater), supuestamente para ayudar a la Policía a combatir al crimen organizado (que ha aumentado exponencialmente durante los gobiernos posteriores al de Correa), pero que desde allí conspira contra Venezuela.

Se multiplican, al mismo tiempo, las denuncias y evidencias –en varias latitudes- de que el complejo empresario del presidente y su familia, son parte muy importante de la logística que permite que Ecuador sea hoy la vía de salida del 70% de la cocaína producida en Colombia.

La ex fiscal general Diana Salazar (una pieza clave en la persecución política de la Revolución Ciudadana, persecución que mantiene en prisión al ex vice Jorge Glass, secuestrado mediante la invasión de la embajada de México, en violación sin precedentes de la soberanía de otro país; y que obligó a exiliarse a muchos otros dirigentes de ese partido), acaba de ser designada embajadora en Argentina, inmediatamente después de su renuncia a la fiscalía. Pero el decreto de designación revela que Milei había ya dado el beneplácito a su nombramiento hace más de un año. O sea que una funcionaria judicial, supuestamente “independiente” del Ejecutivo, estaba de hecho subordinada al mismo, que la premiaría con la Embajada, en forma ostensible.

A pesar de la persecución (judicial, pero sobre todo mediática), y de haber derrotado en elecciones presidenciales al correísmo: Primero, por traición de su propio candidato (Lenin Moreno), luego en dos balotages, por poco; y finalmente en la última, por fraude; éste sigue siendo la mayor fuerza política del país, en la Asamblea Nacional, con los principales Gobiernos locales, capacidad de movilización, y logró derrotar a los oficialismos neoliberales en las consultas populares convocadas por ellos mismos.

En Panamá, el Gobierno Ultrareaccionario de Raúl Mullino, enfrenta grandes movilizaciones sociales, durante huelgas que ya llevan un mes, en contra de la reforma previsional de signo regresivo, impuesta por el Gobierno, y otras medidas. Este Presidente, ha sido, además, el que más ha cedido a las presiones de Trump (a pesar de que obviamente se tuvo que oponer, de palabra, a las exageradas pretensiones del Presidente Estadounidense de volver a apoderarse del Canal; como antes de los acuerdos Carter-Torrijos). Sus principales concesiones han sido no renovar la adhesión del país a la iniciativa China del Cinturón y la Ruta, y algunas modificaciones en la gestión de puertos en los alrededores del Canal, más allá de que fuera totalmente falso el supuesto “Control Chino” del mismo, como exageró Trump.

En cada rincón de la vieja “Gran Colombia”, como en cada rincón de América Latina y el Caribe, prosiguen las luchas entre las fuerzas que buscan la definitiva emancipación y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos; y los agentes de la dominación Norteamericana, en franco declive en el Planeta, pero que busca compensar aferrándose a lo que siguen creyendo su “Patio Trasero”.

POR ALEJANDRO MARCÓ DEL PONT

Más de Medio Siglo después de la Primera visita de Henry Kissinger a China, el Capitalismo Globalizado —especialmente en su variante Occidental— enfrenta una paradoja irónica. Sus propias recetas de éxito —Globalización, Minimización de Costos y Maximización de Beneficios— están acelerando su Decadencia.

Lo que comenzó como un Proceso de Globalización basado en reducir costos y maximizar beneficios, terminó dejando a Estados Unidos y Europa dependientes de las cadenas de suministro que ellos mismos desmantelaron. La expansión de un modelo desregulado, financiarizado y deslocalizado sembró la semilla de una fragilidad estructural que hoy hace crujir a todo el sistema. La dependencia estratégica de China en tierras raras y manufacturas ha creado vulnerabilidades estructurales difíciles de revertir.

En las últimas décadas, las corporaciones occidentales —sobre todo estadounidenses— abrazaron la deslocalización como dogma. Trasladaron producción a Asia (principalmente China) para reducir costos y aumentar márgenes de beneficio, pero a cambio vaciaron su base industrial doméstica. La pandemia los expuso, cuando el puerto de Wuhan cerró en 2020, las cadenas de suministro globales colapsaron. Occidente descubrió que no podía producir desde mascarillas hasta semiconductores.

Eventos como el bloqueo del Canal de Suez (2021), la guerra en Ucrania (2022) y las tensiones en el Estrecho de Taiwán (2023-) demostraron que, en un mundo volátil, la hiperoptimización es sinónimo de riesgo sistémico. Mientras tanto, China —con su modelo híbrido de capitalismo de Estado— mantuvo fábricas operativas y acumuló excedentes.

Impulsadas por la lógica de los costos bajos, las Empresas Estadounidenses trasladaron empleos, conocimiento técnico y capacidad de innovación. La deslocalización no solo eliminó millones de empleos manufactureros en EE.UU. (unos 4 millones según estimaciones) sino que también erosionó el conocimiento práctico asociado a la producción. La pérdida de mano de obra cualificada y capacidad innovadora ralentizó el desarrollo futuro de productos y mejoras de procesos. Literalmente, dejaron de saber cómo se hacen las cosas.

China, por su parte, se posicionó como el Centro Manufacturero Global, ofreciendo no solo mano de obra barata, sino también infraestructura en rápido desarrollo. Para muchas multinacionales nació un mercado interno creciente de consumo crucial. En poco tiempo China, pasó de ser «La Fábrica del Mundo» a convertirse en un mercado de consumo, convirtiendo a las empresas occidentales en dependientes estratégicas de ese mercado, lo que a menudo las llevó a alinearse con las políticas del gobierno chino para mantener su acceso.

La trampa de la deslocalización provocó que la supuesta eficiencia se convirtiera en fragilidad. El Capitalismo Financiarizado priorizó el valor de las empresas expresado en términos de aumento del precio de las acciones, dividendos y la capitalización bursátil, no por su capacidad productiva.

En paralelo, el sistema de gestión de inventarios cero just-in-time (JIT), nacido en Japón en los años ’70, se convirtió en Dogma en Wall Street: Menos Inventarios = Más Ganancias. Sin embargo, su extensión a cadenas de suministro globalizadas multiplicó los riesgos. Los sistemas de inventario cero son vulnerables a disrupciones —desde crisis geopolíticas hasta fenómenos climáticos—, y la falta de reservas convierte cualquier interrupción en un efecto dominó. El modelo es un suicidio logístico.

La eficiencia extrema se transformó en fragilidad estructural. Las ganancias de corto plazo taparon la pérdida de resiliencia productiva. La Globalización, el Just-in-Time y la pérdida de cadenas de suministro llevaron al colapso de Occidente en el que nos encontramos ahora. La pandemia de COVID-19, en particular, reveló importantes debilidades en las cadenas de suministro internacionales. Generó escasez crítica en sectores estratégicos y subrayó los posibles peligros de una dependencia excesiva de centros de fabricación distantes como China.

Este desacierto de beneficios coyunturales por perdidas estratégicas de largo plazo, dio un resultado conocido: China hoy controla más del 70% de la producción de tierras raras, procesa el 90% y tiene, además, el 92% de la capacidad mundial de producción de imanes permanentes de tierras raras, fundamentales para tecnologías clave como baterías, misiles, aviones y turbinas eólicas.

Reemplazar esa dependencia no es fácil. Requiere quince a veinte años de inversión sostenida, conocimiento técnico e infraestructura. Pero, sobre todo, exige una planificación estratégica que Occidente ya no sabe —ni quiere— hacer. Competir con los bajos costos de producción de China y su sólida infraestructura de cadena de suministro sigue siendo un obstáculo importante. La extracción y el procesamiento de tierras raras en otros países pueden resultar considerablemente más costosos debido a factores como los mayores costos laborales y la implementación de regulaciones ambientales más estrictas.

Las décadas de desindustrialización no fueron solo una “Decisión Económica”, fueron una elección política disfrazada de eficiencia, que entregó las llaves del futuro a cambio de beneficios inmediatos.

El Capitalismo Occidental no desaparecerá, pero su versión hiperglobalizada y financiarizada podría estar agotando su ciclo. Mientras Eurasia apuesta por modelos de planificación estratégica, EE.UU. y Europa lidian con desindustrialización, inflación y fracturas sociales.

Keynes se preguntaba qué reemplazaría al capitalismo. Hoy, la respuesta podría estar en Oriente: un sistema que subordina la eficiencia a la seguridad estratégica y la rentabilidad al interés nacional. La historia advierte que los imperios comerciales caen cuando confunden rentabilidad con resiliencia. Y Occidente lleva décadas cometiendo ese error.

Jugar al póker en una partida de Go es un error táctico. Pero seguir apostando todas las fichas, incluso cuando se sabe que la mano está perdida, es el verdadero harakiri.