Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo…

ESCRIBE FABIAN ARIEL GEMELOTTI

Estoy con mucha bronca de lo que pasa. Ya vengo con bronca de Alberto que es uno de los culpables que se den las condiciones para que se imponga Milei. Pero no es el único responsable, ni tampoco gana Milei por culpa de Alberto. Acá hay un laburo muy bueno en las redes sociales por parte de los sectores de poder que trabajaron a destajo.

Las redes sociales (como vengo escribiendo hace diez años) son fundamentales para ganar elecciones e imponer políticas de vaciamiento. Las redes son el mundo de ahora, quien las niegue como condicionamiento social no comprende la coyuntura del presente. Aparte la gente es bruta y el bruto piensa que tipos como MILEI los representa. Otra cosa importante es que Milei hizo su campaña como un mediatico, como si fuera un tipo salido de la casa de Gran Hermano. Milei fue construido como si fuera «un líder del rock».

Hasta el vocabulario empleado está estudiado, no es gratuito nada de lo que dice. Usaron para imponerlo todos los tópicos que usan los publicistas para imponer un filme o un libro. El equipo de Milei es de excelencia, no es gente improvisada. Creer que Milei llega por casualidad es no comprender la historia.

Otro punto son las organizaciones sindicales que no le hicieron paros a Alberto, si esto se hubiese hablado antes y poner en la gente los errores de Alberto la gente no tendría tanto odio, hablar lo que pasa hace bien; es una terapia colectiva. Lo que no se habla se desparrama mal después. Otro punto es comprender que los trabajadores no pueden depender eternamente de Kristina, que ya fue su tiempo histórico y ahora los líderes serán otros. Otro punto es comprender que todo cambio se hace luchando en la calle y no en un comunicado de prensa.

La Argentina está mal y no hay salida posible. Para salir de algo hay que saber que no hay salida posible. Pensar con optimismo lo que pasa no es bueno para la lucha. Toda lucha se hace en forma violenta porque la violencia se emplea cuando no hay salida. Hay que destruir formas viejas de lucha y empezar a construir otra nueva lucha y esa lucha debe ser muy violenta.

Quien quiera comprender que comprenda y quien no quiera comprender que no comprenda.

Ya está en plena Etapa de Distribución la Revista N° 3 correspondiente al mes de Febrero de 2024 de la Revista Impresa.

En esta Edición podes leer las siguientes Notas:

• «La Política del Odio» escrita por Ramiro Caggiano Blanco.
• En Deportes, una Nota sobre el Máximo Goleador de N.O.B., Condorito Ramos.
• En una nueva sección, «Talento for Export». Reportaje a Ramiro Pellegrini, un Emprendedor que está en España.
• «Historia de Colección», nueva propuesta de «De puño y letra» para aprender, coleccionar y divertirse con la Historia.
• Y la Nota Editorial, «Crónica de un Fracaso Anunciado»…

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2) Bar «Full» – Estación de Servicio Y.P.F. Córdoba y Bv. Avellaneda.
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4) Kiosco de Diarios Peatonal San Martín y San Luis.
5) Kiosco de Diario San Luis y Sarmiento.
6) Centro Cultural «CINE LUMIERE» – Velez Sarsfield N° 1027.
7) Bar «MI TIERRA» – Mercado del Patio – Cafferata N° 729.
8) Pizzeria «PIAZZA» – Mercado del Patio – Cafferata N° 729.
9) Librería «MAURO YARDIN» – Local N° 4 de la Terminal de Omnibus «Mariano Moreno» de Rosario.
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12) Panadería y Bar «Distinción» – Av. Corrientes N° 491.
13) Capote Pizza Bar- Av. Corrientes N° 498.
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15) Centro de Copiado Alfa – Balcarce N° 1651 P.B.

Este Viernes 16 de Febrero a las 11:00 Horas en Plaza San martín (con cese de tareas de 10:00 hs. a 14:30 hs.)

• PAGO YA DEL TOTAL DE LA DEUDA PARITARIA.
• AUMENTO DE SALARIO Y LAS JUBILACIONES.
• CONDICIONES DE TRABAJO.
• DEFENSA DE LA ESCUELA PUBLICA.

Colectivos para movilizar desde todas las zonas.

POR GUSTAVO BATTISTONI

Entre los estudiosos de la cuestión agraria, sin dudas, el que mejor mixturó la teoría y la práctica en su investigación fue el marxista José Boglich. Croata, nacido en 1886 en Vrboska, Isla de Hvar, en el mar Adriático, llegó con su familia a nuestro país en 1906. En 1912 comenzó su militancia política en la izquierda argentina, teniendo un papel destacado como líder en El Grito de Alcorta. 

Ejerció la presidencia de la seccional Firmat de la Federación Agraria Argentina, siendo delegado de la misma en el Congreso de la FAA de febrero de 1914. Radicado en Barlett, colonia agrícola cercana a Bigand, fundó en 1915 la Biblioteca Carlos Marx. Fue un asiduo colaborador en el periódico La Tierra, donde comenzó sus análisis del desarrollo del capitalismo en el campo argentino.

En 1919, en plena crisis y conflicto de clases, fue elegido integrante de la comisión directiva de la Federación Agraria Argentina. Simpatizante del Partido Socialista en una primera etapa, fue girando hacia posiciones más cercanas al bolchevismo siendo organizador del Partido Socialista Internacional, militante del Partido Comunista, para romper con éste y acercarse al Partido Socialista Obrero, a fines de la década del treinta del siglo pasado. Radicado en la ciudad de Pergamino, muere en 1943. Para más datos sobre su vida, remitimos al excelente trabajo Tras la huella socialista en Firmat de Alfredo Luis Cecchi.

En este artículo analizo principalmente su libro de 1933, El problema agrario y la crisis actual, Ediciones ARAS, una joya que encontré en la Biblioteca Nosotros de mi ciudad hace muchos años, y que goza de una palpitante actualidad. Esta obra  tiene una reedición revisada que hizo Boglich en 1937, y tituló La Cuestión Agraria.

El marxismo argentino ha  descuidado bastante el estudio de la cuestión de la tierra, a pesar de que Juan B. Justo, Reinaldo Frigerio, Jorge Enea Spilimbergo  y Guillermo Flichman, entre otros, hicieron importantes aportes a la temática. Carlos Marx, dedicó, en el tercer tomo de El Capital, agudas observaciones sobre el desarrollo del capitalismo en el agro, y en particular al problema de la renta de la tierra:”…lo que caracteriza a la renta de la tierra no es el hecho de que los productos agrícolas se desarrollan hasta convertirse en valores, es decir, el que se enfrente como mercancías a otras mercancías, mientras los productos no agrícolas se enfrenten a ellos como tales mercancías, o el que se desarrollen como expresiones especiales de trabajo social. Lo característico de la renta del suelo es que bajo las condiciones en que los productos agrícolas se desarrollen como valores (como mercancías) y bajo las condiciones de realización de sus valores, se desarrolla también la capacidad de la propiedad territorial para apropiarse de una parte cada vez mayor de estos valores creados sin intervención suya, convirtiéndose así en renta de la tierra de una parte cada vez mayor de plusvalía”.

José Boglich, siguiendo a su maestro, afirma: “Si de acuerdo a la dialéctica marxista, la renta no proviene de la tierra sino de las relaciones sociales en que la explotación se verifica, la tierra, o mejor dicho la propiedad territorial, no es capital porque no encierra ningún trabajo social, y la tierra capital solo da interés por la capitalización de la renta”. Párrafo por demás de sugestivo que nos hace pensar sobre el origen de los beneficios de los rentistas pampeanos.

Y agrega, sobre este concepto fundamental para entender nuestro atraso secular: “Aunque luego con el desarrollo social la tierra adquiere un valor y da renta, esa renta es impuesta por el solo hecho de que la propiedad privada del suelo representa un monopolio y a sus poseedores le es permitido imponer y elevar ese tributo que es la renta, en tanto que van aumentando las necesidades que tiene la sociedad de la explotación y el uso social de la tierra”.

Estudiando la concentración de la tierra en la historia argentina, llegaba a la conclusión, a diferencia de otros pensadores socialistas, que las leyes de concentración del capital en el agro se cumplían del mismo modo inexorable que la tendencia centralizadora en la industria: “…tanto en el proceso industrial como en el agrícola, la proletarización o el empobrecimiento de las masas es un hecho inevitable; el obrero industrial y el pequeño campesino semi-proletario tienen dentro del sistema capitalista de producción un mismo porvenir”. La certeza de este análisis está corroborada por el presente del campo santafesino. Según el informe final del Censo Agropecuario 2018, la cantidad de Explotaciones Agropecuarias alcanzaba en la Provincia de Santa Fe a 19.802 unidades, contra las 36.884 unidades que existían en 1988, datos elocuentes que nos dan una clara radiografía de la concentración y centralización de la propiedad en cada vez menos manos. 

Además, la superficie promedio de las explotaciones era, para toda la provincia, en el año 2002, de 401 hectáreas contra 475 hectáreas en 2018. Aclaremos que la productividad de la tierra no es la misma en el Departamento 9 de Julio, en el norte provincial, con 888 explotaciones y 1.155.000  hectáreas, que en el Departamento General López, que tiene 2118 explotaciones, en 993.000 hectáreas. Menos de 2000 explotaciones trabajan, en la provincia, casi el 60% de la tierra, lo que es otro indicador preciso del grado de centralización de los recursos.

Otro análisis que mantiene su plena actualidad es sobre el papel del capital financiero en el campo: “…como hemos dicho, el Capitalismo Financiero, que en su desarrollo Imperialista y en su acumulación de Capital-Dinero se ve forzado a buscar nuevos campos de operaciones…es él el que se encarga de la financiación de estas nuevas empresas agrícolas, lo mismo que la industrialización y comercialización de sus productos…”. Desde el proceso cívico militar, las reformas del menemismo analizadas brillantemente por Eduardo Basualdo y  Manuel Khavisse, en su libro «El Nuevo Poder Terrateniente», y hasta el día de hoy, la presencia del capital financiero por medio de los pools de siembra y otros instrumentos, no ha hecho más que aumentar.

El problema agrario y la crisis actual, de José Boglich, es indudablemente un clásico del Pensamiento Agrario Argentino. Estudiarlo, para comprender desde una perspectiva histórica nuestra situación actual, es un deber irrefragable.

Participan del mismo, Jorge Francisco Palombo, Osvaldo Dunda, Néstor Antonio Suleiman, Quique Castagnola y en la Conducción, Sergio Rubén Rossi

«Cuando vine a Rosario, dejé de actuar en forma Gremial Estudiantil, (era parte de la C.G.U.) ya que actuábamos mucho por el Voto en Blanco, no peléabamos por cargos, sino para imponer el Voto en Blanco en las Elecciones para elegir Constituyentes, luego del Golpe del ’55».

«Andrés Framini va a ocupar un lugar destacado después de la caida del Gral. Perón en el Año 1955. Dentro del gremio de los textiles, otro compañero más que es bueno nombrarlo, Framiñan era el antiguo Secretario General del Gremio de los Textiles. Al poco tiempo, desde el inicio de la clandestinidad desde la formación de los gremios en la Resistencia, es ahí donde surge Andrés Framini, que va a tener un lugar destacado. Primero por su Lucha, y segundo por su verba, totalmente Peronista. La masa obrera, trabajadora de la época lo entendió rapidamente por su lenguaje, un lenguaje peronista, descamisado».

«Hoy el Presidente Milei tiene una posición no simplemente de apoyo incondicional hacia Israel, sino también de llevar adelante una política de hostigamiento permanente a lo que tiene que ver con las relaciones de Argentina con el Mundo Árabe. Digo esto porque en primer lugar condena de una manera enérgica a la Resistencia Palestina, por otro lado ha llevado adelante una serie de políticas en este tramo tan corto de su gobierno, una serie de politicas que tiene que ver con un distanciamiento con el resto de los paises que conforman el Mundo Árabe, y no solamente de esa región sino en el marco de América Latina.
Los enfrentamientos con el Presidente Petro de Colombia, la actitud que ha tenido con el Presidente Lula de Brasil. Es decir, al parecer se abre una etapa de desmejoramiento de las relaciones de Argentina en el marco de América Latina. Nosotros siempre hemos tenido en cuenta en cuanto a Política Exterior, los Gobiernos con un perfil Nacional, Popular de apoyo siempre a las Causas Justas, una Política de Integración Regional que sirviera desde el Continente, lograr una óptima relacion con países de otras latitudes».

«Lo que pasó en la Provincia de Santa Fe es histórico porque se rompió el Acta Paritaria, que decía que la Claúsula de Revisión era de un 36% al mes de Diciembre, y en su lugar están ofreciendo un aumento de un 14% y un 22% aproximadamente que se cobraría en negro con un recibo complementario, y con el agravante que se estaría desfinanciendo de esta manera a la Caja de Jubilaciones»

POR EDUARDO ALFONSO DEPETRIS

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se expidió en respuesta a la presentación que realizó la CGT. Los detalles de la decisión judicial. – 30 de enero de 2024
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad de la reforma laboral que busca llevar adelante el Gobierno del presidente Javier Milei a través del decreto de necesidad y urgencia 70/23.
El título de Trabajo del D.N.U. había sido judicializado por la C.G.T. y la Justicia había dado lugar al recurso de amparo, dejando sin efecto la aplicación de esa parte del decreto.

 En el fallo, los camaristas Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera resolvieron «declarar la invalidez constitucional del Título IV (artículos 53 a 97) del DNU 70/2024, por ser contrario al art. 99, inc. 3º, de la Constitución Nacional», que establece que el Poder Ejecutivo no tiene la competencia para emitir disposiciones de carácter legislativo.

LOS ARGUMENTOS DE LOS CAMARISTAS
Según explicaron los magistrados,
«La admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad» y siempre y cuando «la norma no regule materia penal, tributaria, electoral o del régimen de partidos políticos, y que exista un estado de necesidad y urgencia».

Los camaristas le recordaron al Presidente que
…“solo puede ejercer las facultades legislativas si se da una de las siguientes condiciones: que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse a sancionar leyes por razones de fuerza mayor que lo impidan o que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes.
…»Esas circunstancias excepcionales no se observan verificadas en el caso», remarcaron y añadieron que incluso antes de la entrada en vigencia del DNU, el Poder Ejecutivo convocó el 26 de diciembre a sesiones extraordinarias en el Congreso y que en el temario habían incluído para su tratamiento al proyecto de ley ómnibus que contiene, a su vez, al decreto 70/23.
… «Con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU», observaron.

Asimismo, los jueces destacaron que:
«La vulnerabilidad es una circunstancia que afecta a la persona que trabaja en relación de dependencia, dada su desigualdad negocial, y que se hallan en juego derechos de naturaleza alimentaria» y por la importancia que tienen resulta «imprescindible» que sean debatidos por el Poder Legislativo.

SENTENCIA DEFINITIVA Expte No 56862/2023 –
CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA – ARGENTINA c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ACCION DE AMPARO
Capital Federal, 30 de enero de 2024.
Y VISTO:
Resolvió:
“1. Hacer parcialmente lugar a la acción de amparo iniciada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina contra el Estado Nacional.
2. Declarar la Invalidez de los Artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del D.N.U. N° 70/2023 en el marco de este juicio de amparo y de las circunstancias fácticas vigentes, sin perjuicio de aclarar que gozará de validez formal en el caso de ratificación por ambas Cámaras dentro del período de las sesiones extraordinarias en curso, o su vigencia cesará de pleno derecho en caso contrario”.
Y CONSIDERANDO:
El art. 99, apartado 3 de la Constitución Nacional es la incompetencia del Poder Ejecutivo para emitir disposiciones de carácter legislativo;
b) en el sub-examine no se configuraba ninguna de las excepciones admitidas en el texto constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema a dicha regla, pues el Congreso se encontraba funcionando y el propio Poder Ejecutivo incorporó en la discusión de las sesiones extraordinarias la cuestión de la ratificación del D.N.U 70/2023;
c) si bien el argumento anterior era suficiente para invalidar las normas mencionadas, tampoco podía pasarse por alto que la necesidad y la urgencia de la reforma no aparecía debidamente justificada, ni podía presumirse a partir de analizar la correlación entre las dificultades económicas que se describen y la posibilidad de conjurarlas con el conjunto de las normas contenidas en el Título IV;
d) en definitiva, y “con independencia de cualquier análisis sobre el contenido normativo del D.N.U. 70/2023, no se han cumplido aquí los recaudos constitucionales para que tal instrumento pueda ser considerado válido”.
Por esas razones entendió que le asistía parcialmente razón a la actora, y correspondía entonces declarar la invalidez de los mencionados artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del D.N.U. 70/2023, “segmentos del conjunto para los que tiene legitimación activa la parte actora por ser afectada de modo directo”.
Términos de un instrumento normativo cuyas características cualitativas y cuantitativas -objetivamente estructurales e impropias de la normal distribución de funciones entre los departamentos del Estado, dado que exorbitan el ejercicio excepcional de funciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional- exigen suma prudencia en la decisión que se adopte.
Confederación General del Trabajo es una entidad de tercer grado con personería gremial, que cuenta entre sus “objetos y fines”, los de “reunir en su seno y organizar la actividad conjunta de las asociaciones sindicales que la compongan, para la defensa coordinada de los intereses de los trabajadores y las trabajadores de todo el país”, (cfr. estatutos aprobados por Res. MTEySS 766/2021, B.O. del 30/11/2021) y consecuentemente, se encuentra legitimada para “defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores”, y entablar acciones de amparo colectivas como la presente (arts. 2, 3, 32, 33 y 34 ley 23.551, y art. 43 de la Constitución Nacional).
«Es indudable que la Confederación General del Trabajo, es una de las asociaciones inscriptas a las que se refiere el artículo 43 del texto constitucional, sin que su capacidad representativa estatutaria ni su preexistencia, ni la previsión programática de una ley especial que regulará los requisitos y formas de su organización, puedan serle opuestas como excluyentes de la legitimación que la norma atribuye a aquéllas para deducir acciones como la presente” (CNAT, Sala de Feria, 24/1/1997, Confederación General del Trabajo de la República Argentina C/Estado Nacional –Poder Ejecutivo Nacional-; DT 1997- A, 506).
El texto del art. 99, inc. 3°, segundo párrafo, de la Constitución Nacional es elocuente, y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad, y con sujeción a exigencias materiales y formales que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país, en tanto para el ejercicio de esta facultad de excepción el constituyente exige -además de la debida consideración por parte del Poder Legislativo- que la norma no regule materia penal, tributaria, electoral o del régimen de partidos políticos, y que exista un estado de necesidad y urgencia (CSJN, 19/8/1999, “Verrocchi, Ezio Daniel c/ Poder Ejecutivo Nacional – Administración Nacional de Aduanas s/ acción de amparo – dec. 770/96 y 771/96”, Fallos: 322:1726; íd., 20/9/2002, “Zofracor S.A. c/ Estado Nacional s/ amparo”, Fallos: 325:2394; íd., 27/10/2015, “Asociación Argentina de Compañías de Seguros y otros c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ nulidad de acto administrativo”, Fallos: 338:1048).
El principio que organiza el funcionamiento del estatuto del Poder del Estado es, precisamente, la división de funciones y el control recíproco, esquema que no ha sido modificado por la reforma constitucional de 1994. Así, el Congreso Nacional tiene la función legislativa, el Poder Ejecutivo dispone del reglamento, y el Poder Judicial dicta sentencias, con la eminente atribución de ejercer el control de constitucionalidad de las normas jurídicas.
Desde esta perspectiva, no puede sostenerse, en modo alguno, que el Poder Ejecutivo puede sustituir libremente la actividad del Congreso, o que no se halla sujeto al control judicial (C.S.J.N, 19/5/10, “Consumidores Argentinos c/ EN-PEN-Dto 558/02-ss-Ley N° 20.091 s/amparo Ley N° 16.986”, Fallos: 333: 633).
El Alto Tribunal ha dicho en forma reiterada que es atribución del Poder Judicial evaluar, en el caso concreto, el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos que reúnan tan excepcionales presupuestos (cfr. Causas “Verrocchi” y “Asociación Argentina de Compañías de Seguros”, antes citadas).
En este aspecto, el Constituyente de 1994 explicitó en el mencionado Art. N° 99, Inc. 3°, del texto constitucional, estándares judicialmente verificables respecto de las situaciones que deben concurrir para habilitar el dictado de disposiciones legislativas por parte del Presidente de la Nación. El Poder Judicial deberá, entonces, evaluar si las circunstancias invocadas son excepcionales, o si aparecen como manifiestamente inexistentes o irrazonables, en cuyo caso la facultad ejercida carecerá del sustento fáctico constitucional que lo legitima (C.S.J.N., “Consumidores Argentinos” y “Asociación Argentina de Compañías de Seguros”, precedentemente citadas).
A esos efectos, cabe descartar de plano los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son.
El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto (cfr. C.S.J.N., causas “Verrocchi”, “Zofracor” y “Asociación Argentina de Compañías de Seguros” antes mencionadas; íd., 1/9/2003, “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo de la Nación – Dto. 1002/99 s/amparo ley 16.986”, Fallos: 326:3180; íd., 22/6/2023, “Morales, Blanca Azucena c/ ANSES s/impugnación de acto administrativo”).
En ese orden de ideas, la Corte estableció que, para que el Presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:
1) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal;
o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes (C.S.J.N., causa  “Asociación Argentina de Compañías de Seguros” antes citadas; íd., 7/10/21,“Pino, Seberino y otros c/ Estado Nacional- Ministerio del Interior- s/Personal Militar y Civil de las FF.AA. y de Seg.” –Votos de los Jueces Maqueda y Rosatti-, Fallos: 344:2690).
Que esas circunstancias excepcionales no se observan verificadas en el caso.
En efecto, ningún impedimento existía para la reunión de las cámaras del Congreso. Por el contrario, el D.N.U. 70/2023 fue publicado en el B.O. del 21 de diciembre de 2023 y no establecía fecha de vigencia, por lo que su entrada en vigor debía ser el día 29 del mismo mes.
Ahora bien, el 26 de diciembre de 2023, el P.E.N. convocó al Honorable Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el mismo día 26 de diciembre hasta el 31 de enero de 2024; y mediante mensaje no 7/2023 del 27 de diciembre se elevó al Parlamento un “Proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, en el que se incluyó expresamente como punto a tratar la ratificación del D.N.U. 70/2023. Además, se encontraba en trámite parlamentario el proyecto de ley ingresado por la Unión Cívica Radical el mismo día 27 de diciembre, “similar o ‘proyecto espejo’ al propuesto por el P.E.N.”
En otras palabras: no se registraba impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del D.N.U. N° 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho D.N.U.
La Corte (“una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente”).
Los propios considerandos de dicho D.N.U. traducen –al menos en lo que respecta a la materia laboral- que no se evidencia objetivamente la “Necesidad” de adoptar tan numerosas medidas, y que, aunque ello pudiera -hipotéticamente- justificarse en las referencias genéricas a “un hecho demostrado”, lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizora que las que se alegan constituyan razones de “Urgencia” para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo, máxime cuando varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria, al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como “Leyes Anti-Evasión” (leyes 24.013, 25.323 y ley 25.345, modificatoria de la ley 20.744 -arts. 15, 80 y 132 bis L.C.T.- y de la Ley 24013)
No se explica cómo las reformas planteadas, de aplicarse en forma inmediata y por fuera del trámite normal de sanción de las leyes, podrían remediar la situación referente a la generación de empleo formal.
En lo que hace al trámite legislativo que el decreto pretende obviar, cabe mencionar que el Presidente de la Nación se encuentra facultado para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias (Art. 99 Inc. 9 de la Constitución Nacional), y que tanto el Reglamento de la Cámara de Diputados como el de la Cámara de Senadores cuentan con herramientas que permitirían darle mayor celeridad al tratamiento de cada proyecto en caso de que sus autoridades o integrantes de los cuerpos lo requieran (tramitación en comisiones de manera conjunta y mociones de preferencia o de tratamiento “sobre tablas”)
Se considera al respecto insoslayable que mediante el Decreto 76/23 (BO 26/12/23) se ejerció esa facultad y, como se adelantó unos párrafos atrás, se convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el 26/12/23 y hasta el 31/1/24, a fin de tratar -entre muchísimos otros temas- la ratificación del DNU 70/23 (según el art. 654 de la ley ómnibus denominada “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”).
Doctrina del Máximo Tribunal nacional que las consideraciones genéricas expuestas en los considerandos de los Decretos de Necesidad y Urgencia resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional (doct. del mencionado pronunciamiento de la Sala de Feria).
Así, en el precedente “Della Blanca, Luis Enrique y Luna, Jorge Omar c/ Ind. Met. Pescarmona S.A. s/ ordinario”, la C.S.J.N. analizó la mera referencia a “la acuciante situación alimentaria” que incluyó el Poder Ejecutivo Nacional en los considerandos del decreto 1477/89, y concluyó que una invocación genérica de tal tenor resultaba “inhábil para justificar una situación excepcional que imposibilitara al Congreso legislar sobre el punto en su zona de reserva de actuación”.
No es posible soslayar que al sentenciar en el precedente “Consumidores Argentinos”, el Máximo Tribunal Fecha de firma: 30/01/2024 agregó que “las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo a la ley 20.091 no traducen una decisión de tipo coyuntural destinada a paliar una supuesta situación excepcional en el sector, sino que, por el contrario, revisten el carácter de normas permanentes modificatorias de leyes del Congreso Nacional”, y de esa manera descartó la posibilidad de que se encaren modificaciones permanentes o derogaciones de leyes del Congreso en el marco de un Decreto de Necesidad y Urgencia, en tanto el dictado de medidas legislativas excepcionales por parte del poder administrador solo podría justificarse en un claro caso de emergencia, que no se advierte configurado siquiera a través de lo invocado en los propios considerandos del D.N.U. analizado.
Por otra parte, reconociendo que la vulnerabilidad es una circunstancia que afecta a la persona que trabaja en relación de dependencia, dada su desigualdad negocial, y que se hallan en juego derechos de naturaleza alimentaria -per se o por sus derivaciones-, se encuentran configuradas las circunstancias objetivas como para considerar que los temas introducidos –por su calidad estructural y su cantidad- en el Título IV del decreto en cuestión resultan de imprescindible debate específico y decisión por el Poder Legislativo.

Declarar la Invalidez Constitucional del Título IV (artículos 53 a 97) del D.N.U. N° 70/2023,por ser contrario al Art. 99, Inc. 3°, de la Constitución Nacional.