ROSENKRANZT: JUICIO POLITICO

LA DIPUTADA NACIONAL PERTENECIENTE AL BLOQUE “FRENTE DE TODXS” VANESA SILEY, PRESENTO EL 25 DE SEPTIEMBRE UN NUEVO PROYECTO DE JUICIO POLITICO* AL ACTUAL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, EL DOCTORADO EN DERECHO EN LA UNIVERSIDAD DE YALE*, CARLOS FERNANDO ROSENKRANZT, SIENDO SU ESPECIALIDAD “LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA“, ASI ES COMO FUE LETRADO DE CIENTOS DE EMPRESAS, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN, EL GRUPO CLARIN, FARMACITY Y PEGASUS.

A continuación, transcribimos parte del Proyecto de Resolución presentada a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, por Vanesa Siley:

PROYECTO DE RESOLUCION
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Promover Juicio Político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio
de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la
Constitución Nacional.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Por medio del presente proyecto solicito el inicio del proceso institucional de juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Carlos Fernando Rosenkrantz, en virtud de los hechos que a continuación se detallan y que, según mi entendimiento, indican que dicho magistrado ha incurrido en la causal de mal desempeño en sus funciones previsto en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional.

En efecto, dicha norma establece: “Artículo 53.- Sólo ella (Cámara de Diputados) ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.” En tal sentido, se solicita a esta Honorable Cámara que, en cumplimiento de su rol acusador ante la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, dé el impulso institucional necesario para llevar adelante el proceso de juicio político. El mal desempeño que, entiendo, da base a este pedido de juicio político, no se encuentra definido en la letra constitucional, de modo que, debe ser el Congreso de la Nación quien debe interpretar su alcance. No obstante, entiendo vigente el alcance de la doctrina establecida tiempo atrás por Joaquín V. González en cuanto a la finalidad de este mecanismo institucional: “…el propósito del juicio político no es el castigo de la persona delincuente, sino la protección de los intereses públicos contra el peligro u ofensa por el abuso del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo. Pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño, porque perjudiquen el servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, y entonces son del resorte del juicio político…” (Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, 1987, 21° ed. Ed. Estrada, pág. 519, el resaltado es propio).

El actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Rosenkrantz, ha
frustrado gravemente “el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución” al haber
favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de
Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente. Sin dudas, esta conducta es
impropia y contraria a aquella que debe esperarse de un magistrado del más alto Tribunal
de la República, más aún tratándose del mismísimo presidente del mismo. Basta con el
análisis de las sentencias dictadas en las causas “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro
s/ recurso extraordinario” Expte. CSJ 1574/2014/RH1 (en adelante caso “Muiña”) y
“Recurso de hecho deducido por Batalla, Rufino en la causa Hidalgo Garzón, Carlos del
Señor y otros s/ inf. art. 144 bis inc. 1 —último párrafo— según ley 14.616, privación
ilegal libertad agravada (art. 142 inc. 1), privación ilegal libertad agravada (art. 142 inc. 5), inf. art. 144 ter 10 párrafo —según ley 14.616—, inf. art. 144 ter 2° párrafo —según ley
14.616-, homicidio agravado con ensañamiento – alevosía, sustracción de menores de diez
años (art. 146) — texto original del C.P. ley 11.179 y supresion del est. civ. de un
menor”(en adelante caso “Rufino Batalla”) para que la Honorable Cámara de Diputados
analice si ese magistrado ha incurrido en una causal de mal desempeño y, oportunamente,
formalice la acusación ante la Honorable Senado de la Nación a los fines de proceder a su
destitución y declararlo incapaz de ocupar ningún empleo de honor , de confianza o a
sueldo en la nación .

Es atinado señalar que el constitucionalista y profesor Juan Antonio González Calderón
reproduce en su Tratado de Derecho Constitucional la definición del senador republicano
Charles Summer durante el “impeachment” al presidente norteamericano Andrew Johnson
(de 1868): “En su verdadero carácter, el juicio político, tal como he podido entenderlo y
debo declararlo, es un procedimiento político, con propósitos políticos, que está fundado
en causas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y subordinado a un
juzgamiento político…” (Juan Antonio González Calderón, Derecho Constitucional
Argentino, 2° Ed, Bs.As., 1926, T. III, p. 344).
Es importante recordar también aquí la histórica movilización del 10 de Mayo del año
2017, a donde concurrieron argentinos y argentinas de diversas identidades sociales y
políticas, que bajo la consigna “NO AL 2 X 1 A LOS GENOCIDAS”, repudió la decisión
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Muiña”. La sociedad argentina
demostró que el respeto a los altos valores y principios democráticos y de los derechos
humanos, no solo constituyen una política de Estado, sino que además se arraigan en la
conciencia política misma del Pueblo. Por esta razón, creo indispensable que mediante el
mecanismo de juicio político, el Congreso de la Nación honre cabalmente esa
manifestación de responsabilidad cívica del pueblo argentino, demuestre que es conteste
también con aquellos principios republicanos.

II.- HECHOS:

Es importante diferenciar los distintos puntos y situaciones que comprenden los hechos y la plataforma fáctica que dan sustento al presente pedido de juicio político del doctor Rosenkrantz. Respecto a su labor como magistrado, se debe distinguir su intervención en los casos “Muiña”, “Ledesma” y “Rufino Batalla”. Por otra parte, resulta de gran relevancia revisar la actitud adoptada como Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al frente de la Comisión Interpoderes y la postura que adoptó en el trámite del caso “ Amelong, Juan Daniel y Otros s/Delito” Expte. N° FRO 81000131/2007(en adelante “Amelong”). 1) intervención en los casos “Muiña”, “Ledesma” y “Rufino Batalla”. a) Actuación en el caso “Muiña” (2 x 1 a los genocidas). Como fue de público y notorio, el voto de Rosenkrantz formó la mayoría en el caso “Bignone, Reynaldo y otros s/ Recurso Extraordinario”, en el cual se dispuso que era procedente la aplicación del artículo 7 de la Ley 24.390 (derogado) en favor del genocida Luis Muiña. Los lineamientos jurídicos defendidos en el voto del señor Rosenkrantz en el caso “Muiña” resultan abiertamente contrarios a los lineamientos y exigencias fundamentales del derecho internacional y del derecho constitucional argentino sobre la sanción efectiva y adecuada contra los crímenes de lesa humanidad. Este magistrado ha incurrido así en un inaceptable mal desempeño de sus funciones. De forma tardía, Luis Muiña fue condenado a la pena de trece años de prisión por haber cometido diversos delitos de lesa humanidad (arts. 2°, 40, 41, 45, 54, 55, 144 bis inciso 1° y último párrafo, en función del art. 142 inciso 1° -texto según ley 20.642- y art. 144 ter primer párrafo –texto según ley 14.616-, todos ellos del Código Penal de la Nación). Al realizar el cómputo de detención y pena, el mismo Tribunal Oral Federal le aplicó el derogado artículo 7° de la ley 24.390 invocando lo estipulado por el art. 2° del Código Penal. Contra esta decisión, el Ministerio Público Fiscal dedujo recurso de casación por entender que el citado artículo 7° la Ley 24.390 –ya derogado– no era aplicable al caso. Una vez que el caso llegó a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, ésta entendió que no correspondía otorgarle el carácter de ley penal más benigna a esa norma. Frente a esta decisión, la defensa técnica del genocida condenado Muiña dedujo recurso extraordinario federal, el cual fue declarado inadmisible, lo que dio lugar al recurso de queja ante la Corte. El Máximo Tribunal hizo lugar a la queja por mayoría y declaró admisible el recurso extraordinario. Debe recordarse que este caso refiere a los sucesos acaecidos el 28 de marzo de 1976, a cuatro días del inicio del último golpe militar. En esa oportunidad, el general de división Reynaldo Antonio Benito Bignone encabezó personalmente un operativo militar con tanques y helicópteros, ocupó el Hospital Posadas y secuestró a cinco trabajadores de ese nosocomio, incluyendo a su director, Julio César Rodríguez Otero. El “chalet” de ese nosocomio fue luego convertido en un centro de detención y torturas. Entre los que participaron de este operativo ilegal se encontraba Luis Muiña, quien durante la dictadura integró el grupo de tareas conocido como “Swat”. El 29 de diciembre de 2011, Muiña fue condenado a la pena de trece años de prisión junto a Bignone e Hipólito Rafael Mariani por delitos de lesa humanidad, al considerárselo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones, agravado por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde, reiterados en cinco oportunidades en perjuicio de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff. Lo cierto es que el juez aquí denunciado y cuyo juicio político promuevo, formó la mayoría que en forma contraria al derecho internacional y nacional vigente declaró aplicable a este aberrante caso la ley 24.390, conocida como la ley del “2 por 1”, vigente entre 1994 y 2001. El repudio a esta resolución entrañó un hito histórico en la estructura interna del propio Poder Judicial. Tras hacerse pública la resolución del caso “Muiña”, la mayoría de los Tribunales que recibieron pedidos similares de la aplicación del artículo 7° de la Ley 24.390 se apartaron de los lineamientos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y rechazaron, de forma sólida y contundente, ese planteo inconducente. Asimismo, el repudio masivo a esta decisión llevó a que ambas Cámaras del Congreso Nacional aprobaran la ley 27.362, que expresamente declara absolutamente inaplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra el derogado artículo 7° de la ley 24.390. Dichos sucesos ponen de manifiesto que el reclamo y la lucha contra la impunidad de los terroristas de Estado es parte de las políticas públicas básicas que abraza la República Argentina y que, además, no estoy dispuesta a consentir ni a avalar que se destruyan las conquistas que se alcanzaron tras tantas décadas de lucha, lucha conducida por madres y abuelas. b) Causa Ledesma – recurso sobre la falta de merito dictada por la Sala IV de La Cámara Federal de Casación Penal a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos en Causa “Arédez” , Expte. FSA44000296/2009118/1/1/RH5) En 1976, a comienzos de la dictadura cívica militar, el Grupo Ledesma apagó la usina eléctrica en General San Martín, Provincia de Jujuy, donde se encuentra su base operativa. De esta forma, sumergió a diversos pueblos en la más impenetrable oscuridad con el objetivo de que se secuestren trabajadores, estudiantes, militantes y profesionales del campo popular. Los vehículos que se utilizaron para estas tareas correspondían al propio Grupo Ledesma. Este mega-operativo revela una de las caras más evidentes de la complicidad civil y empresarial con el genocidio cometido durante la última dictadura cívico-militar. Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos –dueño y administrador durante la dictadura del ingenio Ledesma, respectivamente– fueron procesados en noviembre de 2012 por el secuestro y privación ilegal de la libertad de 29 trabajadores y referentes sociales entre marzo y julio de 1976. Esos procesamientos fueron confirmados en 2013 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. No obstante, la oscuridad del apagón volvió a constituirse en marzo del 2015, cuando Blaquier y Lemos fueron beneficiados con el dictado de una falta de mérito por parte de la Sala IV de La Cámara Federal de Casación Penal. Los integrantes del tribunal dieron por probado que el grupo empresarial aportó vehículos para los secuestros, pero consideraron que Blaquier y Lemos desconocían los fines para los que se usaron sus camiones. A raíz de esa decisión, la agrupación H. I. J.O.S., en su calidad de querellante, presentó un recurso extraordinario federal que fue rechazado. Ante su rechazo, se presentó en queja junto con el Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, dicho fallo cuenta con la apelación, también ante la Corte Suprema, de los agentes fiscales del Ministerio Publico Fiscal. Ese mismo año, la causa llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego de ingresar en la Secretaría Penal y circular por las distintas vocalías, la causa se encuentra ahora en manos del Presidente Rosenkrantz y la fecha para una eventual resolución es un gran signo de pregunta. Sobre todo, si se tienen en cuenta los vínculos explícitos del magistrado con la poderosa familia Blaquier. Esos vínculos se extienden a Agustina Cavanagh, esposa de Rosenkrantz, quien integra la ONG “Cimientos” junto a Miguel Blaquier, ex abogado de la empresa azucarera y sobrino directo del principal imputado en la causa. “Cimientos” se presenta como “una organización de la sociedad civil que promueve la equidad educativa mediante programas que favorecen la permanencia y el egreso de la escuela secundaria y mejoran la calidad de la educación”. Además, tiene “socios” poderosos que también fueron clientes del ahora Presidente del Máximo Tribunal: “YPF”, “Sociedad Rural Argentina”, “JP Morgan”, “Techint”, “Pegasus”, “Coca Cola”, “Celulosa Argentina”, “La Anónima”, y “Pan American Energy”, entre otros. A título enunciativo podemos mencionar el reciente caso “Tabacalera Sarandí” donde se denunciaron vinculaciones del aquí acusado con “Philip Morris” y “British Tobacco”. En diciembre de 2019 la Pyme nacional Tabacalera Sarandi presentó una querella ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Número 4 por la causa 5076-2019, por supuestas maniobras del gigante mundial tabacalero Philip Morris (Massalin) junto a funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ministerio de Hacienda y Secretaría de Salud, denunciando el uso de reportes e información desactualizada y falsa para impulsar un sistema impositivo con el fin de favorecer al monopolio de las tabacaleras multinacionales. Si bien esta causa tiene al Estado Nacional como demandado, las resoluciones que tome la CSJN podrían terminar favoreciendo a dos grandes empresas multinacionales: Philip Morris y British American Tobacco. En la presentación que hacen los abogados de Tabacalera Sarandi (Elías Jassan, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro), señalan que su hija, Julia Rosenkrantz, forma parte de Marval O’Farrell Mairal, estudio jurídico que defiende los intereses de Philip Morris en el país a través de su socia, Massalin Particulares. Por otra parte, en el pedido de recusación ponen la lupa sobre Gustavo Naveira, secretario de la Corte, que en diciembre de 2019 contrató como parte de su equipo a Diana Queirolo, una profesional que trabajaba en la AFIP y que había participado en este mismo caso en defensa de los intereses del Estado nacional. En esa línea, resulta de interés y relevancia a los efectos de esta presentación destacar que el señor secretario, el Dr. Naveira, quien tiene la dirección absoluta del despacho de las citadas actuaciones fue designado por el Dr. Rosenkrantz a cargo de la Secretaría Nro. 7 de la Corte desplazando a quien había ganado un concurso para el cargo1 . El propio denunciado se vio obligado a aclarar2 -con muy poca solvencia- su situación respecto a determinadas causas en las que se advirtió un conflicto de intereses que lo obligaba a excusarse en el entendimiento de las mismas, cómo por ejemplo el conjunto de expedientes vinculados con regulación de honorarios de abogados en causas sobre empresas clientas del aquí denunciado. Dos de ellos se refieren a letrados de Panamerican Energy, uno de un expediente contra Chubut y el Estado Nacional, y otro contra la DGI. Cuando se plantean honorarios, los abogados lo hacen por derecho propio, pero la empresa puede estar implicada igual en el pago. De todos modos lo habitual en la Corte es que quien tuvo vínculo con la empresa en cuestión se excuse por razones de decoro y delicadeza. También firmó el supremo un planteo de regulación de honorarios de un abogado de YPF. Lo mismo sucedió con el pedido del abogado de Dia Argentina SA, en una causa contra la Municipalidad de Esteban Echeverría.3 “….Al inaugurar el año judicial 2019, en una de sus últimas apariciones públicas, Rosenkrantz dijo que los jueces deben demostrar que son “refractarios a todo interés personal, ideológico, político y de cualquier otra naturaleza que no sea realizar el imperio del derecho…”4 Pero no ha sido esta la conducta que mantuvo a lo largo de su mandato como juez de la Corte Suprema, donde el rol institucional obliga a la máxima rigurosidad a adoptar para situaciones como las que describimos. La falta de esta rigurosidad, la falta de imparcialidad manifiesta que se advierte de las investigaciones periodísticas.

1
https://www.infobae.com/politica/2020/07/28/una-tabacalera-argentina-acuso-a-carlos-rosenkrantz-dedefender-los-intereses-de-dos-empresas-internacionales/%3foutputType=amp-type)
2
https://www.pagina12.com.ar/193256-un-pedido-del-supremo
3
https://www.pagina12.com.ar/193255-rosenkrantz-de-un-lado-y-del-otro
4
https://www.pagina12.com.ar/204884-rosenkrantz-una-larga-historia-de-conflictos

  • Recordamos que en el año 2017 hubo tres pedidos de juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: A Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, por parte de diferentes bloques de diputados, relacionados con el fallo del máximo tribunal por el 2×1 a represores.
  • Universidad Privada de la ciudad de New Haven, Estado de Connectitud -Estados Unidos de Norteamérica-
  • Nota de la Redacción: El contenido del Proyecto consta de 229 páginas, por motivos de espacio publicamos sólo hasta la Página N° 8 del mismo.

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