POLITICA EDUCATIVA Y MERCADO

ESCRIBE ALBERTO CORTES

MILITANTE SOCIAL Y POLITICO – CONCEJAL MANDATO CUMPLIDO DE ROSARIO – ACTUAL PRESIDENTE DE «LIGA DE LOS PUEBLOS LIBRES»

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o C.A.B.A., máximo organismo judicial de ese distrito, acaba de dar vuelta fallos de tribunales inferiores que habían reconocido el derecho de una madre a exigir al gobierno de la ciudad que garantizara un lugar en sala de dos años a su hijo.

El Tribunal es un organismo conformado por magistrados que son propuestos por el Jefe de Gobierno de la ciudad y aprobados – mediante una mayoría especial – por la Legislatura porteña. Hace trece años que el PRO gobierna la ciudad, de manera que no caben dudas sobre la orientación ideológica actual de dicho Tribunal. Tres de sus cinco miembros fueron propuestos por Macri o Larreta. Las instancias inferiores, en cambio, son nombradas por mecanismos menos politizados, incluyendo concursos. No es casual que en este caso hayan tenido posiciones opuestas.

Según dicha Corte, como la educación sólo es obligatoria entre los 4 años y el completamiento de la secundaria, por debajo y por encima de esa franja etaria, el Estado no estaría obligado a asegurar lugares, en principio, en el sistema público; y los padres en esta situación – a menos que pertenezcan a sectores socioeconómicamente vulnerables- deberían recurrir, por su cuenta, a la educación privada y paga.

Pero la propia Constitución de la C.A.B.A., en su Artículo 24, dice textualmente: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine.”

Es decir, existe un tramo educativo en el que los padres están obligados a enviar a sus hijos a la escuela. Antes y después de ese tramo, es optativo, pero el Estado tiene la obligación de asegurarles la vacancia si optan por asistir. Además, en el mundo moderno, incorporarse más tarde al sistema educativo, o dejarlo antes, significa – en la generalidad de los casos, aunque con excepciones, como en todo – menores oportunidades en la vida.

Claramente el Tribunal pretende degradar la educación pública, de un derecho, a un mecanismo asistencialista, al menos fuera de su tramo obligatorio, en línea con el lapsus de Mauricio Macri sobre los que “caen” en la escuela pública.

Hay que destacar que el porcentaje correspondiente a educación ha ido disminuyendo en forma muy significativa en la ciudad, desde 2010 para acá y que también lo hizo, drásticamente, en el presupuesto nacional, esta área, durante la presidencia de Macri. En el debate de candidatos en 2019 Alberto Fernández afirmó que había caído un 40%. Infobae, defensora del modelo macrista, se indignó ante esa afirmación, recalculándola por su cuenta, para llegar a la conclusión de que había caído “sólo” alrededor del 17%.

No caben dudas, entonces, que aunque todos los políticos, y en especial los de la derecha, suelen llenarse la boca en campaña, proclamando el carácter prioritario de la educación; el verdadero proyecto de las derechas pasa por convertir también a ésta en una mercancía, un servicio que los privados deben ofrecer al mercado, o sea, un negocio más.

Esto responde a una tragedia estructural del capitalismo, en el cual la tasa de ganancia, es decir el porcentaje de la ganancia sobre el capital invertido tiende constantemente a disminuir, y para esquivarlo temporalmente o aminorarlo, los gobiernos que asumen la defensa de ese capital se ven forzados a todo tipo de manejos; en la gran mayoría de los casos, en contra de los derechos y la felicidad de los seres humanos, preferentemente los que no son dueños de esos capitales.

Así, desde Europa Occidental y los EEUU, las áreas del planeta donde más tempranamente se desarrolló el capitalismo, se lanzaron a aventuras coloniales o neocoloniales, para conquistar nuevas fuentes de materias primas, energía, mano de obra barata y, crecientemente, mercados. Se promovieron y promueven guerras, no sólo para redistribuir áreas de influencia, sino también para incentivar el negocio de la venta de armas y luego, el negocio de la “reconstrucción” de los países devastados por esas guerras; se incentiva el consumo irracional de cosas que los consumidores no precisan mediante la publicidad, se planifica que un bien que hoy le vendo no le será útil al consumidor más que un tiempo limitado, estropeándose o quedando obsoleto luego, para que compre uno nuevo, etc.

Esta necesidad de crear permanentemente lo que llaman “oportunidades de negocios”, incluye también hacer motivo de compra y de venta, es decir transformar en mercancía, bienes que anteriormente eran de todos. También servicios que en algunas culturas o sistemas políticos se consideran derechos de las personas, independientemente de su capacidad de compra. El capitalismo busca quitarles ese carácter y transformarlos en algo vendible.

Algunos, como la tierra, fueron privatizados – es decir, apropiados por unos pocos -, hace unos diez mil años – de los trescientos mil que tiene el Homo Sapiens en el planeta – en Europa. Quinientos en América.

Otros, se están privatizando actualmente. Hace pocas semanas, comenzó a cotizarse el agua en la Bolsa de Nueva York. El aire todavía es gratis, aunque ya en medio de la pandemia del COVID 19, no faltó la especulación y la corrupción en la provisión de respiradores.

Parece hoy una exageración pensar que el aire pueda ser privatizado. Lo mismo pensaban hace sólo algunos siglos de la tierra los pueblos originarios de América, África, Australia o Nueva Zelandia. Si el capitalismo sobrevive lo suficiente, lo que hoy es una distopía imaginaria, puede volverse realidad.