RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DOCENTE DE COAD

LA ASAMBLEA DOCENTE CONVOCADA POR COAD MANDATA AL C.D. PARA PRESENTAR LA SIGUIENTE POSICION EN EL PLENARIO DE SECRETARIXS GENEREALES DE CONADU:

La Asamblea hace suya la declaración adoptada por unanimidad en el Consejo Directivo de Coad el 8 de febrero, la que se adjunta y cuyo primer párrafo dice:

“A las puertas del cierre del año paritario (finaliza el 28 de febrero),lxs docentes e investigadorxs universitarixs nos encontramos sufriendouna situación lamentablemente ya conocida: nuestros salarios, ajustados durante 6 años consecutivos desde el 2015, pierden nuevamente contra la inflación. La promesa del Gobierno, que indicaba el camino contrario,
fue ampliamente incumplida no solo respecto a nuestro sector, sino también a los ingresos en general del pueblo argentino. Los desembolsos ya realizados al Fondo Monetario Internacional (FMI) durante 2021 y principios de 2022 no fueron gratuitos: esa plata, así como la riqueza
concentrada en pocas manos, la fuga de capitales y el saqueo de las multinacionales, es la que nos faltó al conjunto de lxs trabajadorxs para recuperar algo del nivel de vida y del acceso a derechos que perdimos durante los últimos años. En este contexto, el pasado viernes 28 de enero el Gobierno Nacional anunció un principio de entendimiento con el FMI para el pago de la deuda externa contraída por el gobierno de la alianza Juntos por el Cambio.”

El gobierno, a la vez que cuenta con el apoyo de esa alianza para firmar el acuerdo con el F.M.I., aduce que “no hay otro camino y que no habrá ajuste”. Pero el único criterio de verdad es la realidad y los acuerdos paritarios en ciernes, de nuestro gremio y de muchos otros, pondrán demanifiesto qué camino irá predominando, si el “entendimiento” con lxs trabajadorxs, o el “entendimiento” con el F.M.I. y la conciliación con lxs formadores de precios.

En nuestro caso particular, el de lxs docentxs universitarixs, va implícito también el criterio de asignación o restricción de recursos a la educación pública Quienes ejercemos representación sindical debemos demostrar si aceptamos los ajustes o si resistimos y pretendemos que, lejos de aceptar el cogobierno del FMI, quienes cogobernemos seamos lxs trabajadorxs y otros sectores populares.

En ese camino, el de la resistencia al ajuste y la defensa de nuestros derechos, la Asamblea propone:

1. En cuanto a la revisión salarial de febrero es necesario un aumento (o mejor dicho recupero), del 15% para no seguir perdiendo poder adquisitivo.
2. En cuanto a la paritaria de marzo reiteramos la propuesta planteada en anteriores oportunidades; no queremos partir de la inflación sino de la necesidad y la dignidad, por lo que proponemos que el punto de partida debe ser el que establece el artículo 14bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la ley 20744 de Contrato de Trabajo (*), por lo que demandamos que nuestro salario, tomando como base que el salario del cargo de auxiliar docente de 1ra. dedicación exclusiva, sea equivalente a 150.000 $ correspondiente a febrero de 2022 $ (**)
3. Establecer una cláusula gatillo que actualice automáticamente el monto salarial.

Asimismo, la Asamblea resuelve hacer llegar esta posición a todas las Asociaciones de Base, dentro y fuera de Conadu, reiterando nuestra propuesta de coordinación de las medidas de lucha que sean necesarias

(*) ART. N° 14 BIS DE LA CONSTITUCION NACIONAL.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil…

(**) ART. N° 116 DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744.- Salario mínimo vital, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

MIRADOR DE ACTUALIDAD DEL TRABAJO Y LA ECONOMIA

La Encuesta Nacional de Gasto de Consumo de Hogares desarrollada por el INDEC entre 2017 y 2018 indica que los trabajadores registrados, con título secundario completo, precisaban un ingreso promedio bruto de $30.064 para cubrir adecuadamente las necesidades familiares de consumo reconocidas en la legislación mencionada. La actualización de ese valor para el mes de diciembre de 2021 determina que se precisaron $150.223 de ingreso bruto para cubrir esa canasta, valor equivalente a una percepción de bolsillo de $121.681.