LA CAUSA CONTRA CRISTINA

EL FISCAL DIEGO SEBASTIAN LUCIANI EN EL CENTRO DE LA ESCENA, A LA IZQUIERDA DE LA FOTOGRAFIA, EL EX MINISTRO DE TRANSPORTE DE MAURICIO MACRI GUILLERMO JAVIER DIETRICH Y A LA DERECHA, EL EX DIRECTOR DE VIALIDAD NACIONAL Y EX MINISTRO DE ENERGIA JAVIER ALFREDO IGUACEL

POR ALBERTO CORTES

El Editorial de Carlos Pagni en La Nación del día Martes 23 de agosto, al analizar la causa vialidad dice: “¿Por qué pongo todo esto en potencial? ¿Por qué todavía existen signos de interrogación? Porque todavía debe ser probado. Hay jueces que conocen las causas Hotesur y Los Sauces, que podríamos identificar como antikirchneristas, que dicen “bueno, todavía hay mucho para estudiar para probar concretamente una conexión”.

“Tenemos una percepción intensísima de corrupción en la política, principalmente en el kirchnerismo, que a la vez advierte evidencias de corrupción en Juntos por el Cambio. Todo esto requeriría de un Poder Judicial extraordinariamente serio que sancione como se debe. Y que no deje una sensación de arbitrariedad”

“Hay manifestaciones …de gente que no es necesariamente kirchnerista y que en algunos casos está enemistada con la vicepresidenta… y sin embargo hizo una declaración en la que asegura que no hay pruebas concretas en lo que está anunciando el fiscal Luciani”.

“Hay referentes de la oposición que sugieren lo mismo, entre ellos, Miguel Ángel Pichetto, quien dice que va a ser muy difícil probar en un expediente lo que presumimos políticamente, que es conectar concretamente el hecho con Cristina Kirchner. Por eso él dice que se inventa la figura de la asociación ilícita, que transmite responsabilidades sin necesidad de que haya prueba documental”.

También Pagni reflota la cuestión de que el encargado de administrar el presupuesto es el jefe de Gabinete. ¿Cómo es que en esta causa no están imputados Alberto Fernández, Sergio Massa, jefes de Gabinete mientras ocurrían esos supuestos delitos?

Todo esto en uno de los dos o tres principales diarios abanderados en el antikircherismo y sospechado de haber sido comprado secretamente por Macri, como ha denunciado Esmeralda Mitre, heredera de los dueños históricos del diario que viene librando una guerra legal – y ganando bastantes batallas – contra los que aún manejan la línea editorial. Por estar escrito para ese diario, Pagni no puede decir más abiertamente lo que marcan muchos otros observadores: No hay pruebas en ese juicio, numerosos testigos convocados por la acusación terminaron declarando en contra de esa acusación o confesando que firmaron documentos que hoy pretenden emplear los fiscales, presionados y sin leerlos.

En la causa hay dos cuestiones centrales: Si hubo o no corrupción en las obras viales en Santa Cruz y, en caso afirmativo, si Cristina Kirchner tuvo responsabilidad penal en ello.

La primera cuestión está llena de escollos para la fiscalía, porque los primeros informes encargados por el macrismo apenas asumió y varios testigos de la propia fiscalía lo desestimaron y declararon que muchas cuestiones agitadas por los fiscales y los medios hegemónicos como supuestas irregularidades son en realidad moneda corriente en las obras públicas de todo el país y de todas las épocas y no constituyen motivo de reproche.

Pero lo que se hacía aún mucho más cuesta arriba era involucrarla a Cristina. Por eso buscaron a un “arrepentido” de otro juicio, Leonardo Fariña, y le armaron un libreto que era enviado por mail por los servicios de inteligencia macrista diciéndole lo que tenía que declarar, sobre temas de los que no tenía la menor idea y después repetía textualmente ante la justicia. Incluso contrataron una especialista para que lo coucheara. Todo esto luego reconocido públicamente por los principales protagonistas. El objetivo de estas maniobras ilegales era vincular a la ex presidenta en una causa en la que no había forma de meterla. Como eso quedó expuesto y fracasó, ahora los fiscales Luciani y Mola pretenden usar la figura de la asociación ilícita para comprometerla. Como dijo el acompañante de Mauricio Macri en su última fórmula presidencial (Miguel Pichetto):  «no es concebible que un Gobierno se constituya para delinquir. Puede haber actos delictivos, pero que el Gobierno sea una organización delictiva desde el primer día me parece mucho».

Miriam Bregman, Abogada y Diputada del F.I.T., tras enunciar que en el Capitalismo siempre hay corrupción en la Obra Pública y marcar la responsabilidad POLÍTICA (pero no jurídica) de Cristina en esa corrupción, dijo: “Se corrió el eje, no es el motivo central por el que se pide condena a Cristina Fernández. Hay un evidente direccionamiento de la investigación, un recorte determinado, que tiene como objetivo la persecución política. Además incluyen el pedido de inhabilitación para ejercer cargos públicos….. obviamente nos oponemos.” “Hay elementos que sobresalen de la causa y demuestran ese objetivo de persecución, que puede sentar un precedente muy peligroso.

Este juicio, convertido en un SHOW MEDIATICO que lejos está de tener la verdad como objetivo, se ha llevado a un extremo en el cual, tenga la sentencia que tenga, va a generar desconfianza. ¿A quién se le puede ocurrir que alguien sea juzgado por un juez y por un fiscal que juegan al fútbol con su principal adversario político?”

“Con este poder judicial ……, no hay garantía alguna de imparcialidad… los jueces son lo contrario a «REPRESENTANTES DEL PUEBLO».

Para nosotros es importante denunciar claramente cuando hay persecución política. Porque hoy es contra Cristina Fernández, pero toda restricción democrática termina indefectiblemente contra el pueblo y sus organizaciones”.

Gerardo Morales -cuyo manoseo y manipulación de la justicia jujeña, dicho sea de paso, no tiene parangón en las demás provincias en la historia democrática reciente del país- afirmó que las pruebas contra Cristina eran “contundentes”. Los periodistas le pidieron que mencionara una. No pudo.

En un juicio que lleva tres años y ridículamente carente de pruebas contra los imputados y en especial contra Cristina, los fiscales adoptaron la estrategia de teatralizar con un larguísimo alegato, afirmaciones sobre las “toneladas de pruebas” –que en cualquier juicio importan por cosas muy distintas de su peso gravitatorio– y amplia difusión de su actuación –en el sentido actoral y no jurídico del término- por el potentísimo aparato de medios como Clarín, Nación, Infobae, T.N. y demás Canales afines.

El “INTERES” que tenían estos medios en conocer e informar la verdad real sobre este juicio tan relevante, en especial para ellos, queda claro por el hecho de que ninguno designó periodistas para cubrirlo. Sólo una periodista de Ámbito Financiero y otro de Página 12 lo hicieron. Cuando la “información” se piensa inventar, no hace falta investigarla en sus fuentes.

Cuentan, como factor crítico, con la seguridad de que tanto en la presidencia del tribunal, como en lugares claves de las instancias de apelación, hay personajes del palo que, en los casos en que no estaban allí por el devenir natural de la justicia, fueron forzados durante el macrismo para llegar a esos lugares, siendo el máximo ideólogo de esos procedimientos, el hoy único político prófugo de la justicia argentina y que no se allanó a la misma: “Pepín” Rodríguez Simón, refugiado en Montevideo. 

Los métodos del macrismo para lograr estos fines incluyeron, por ejemplo, que tras una campaña de desprestigio por parte de los citados medios “periodísticos”; la procuradora electa con todos los requisitos de ley, Alejandra Gils Carbó, fue presionada amenazándola con la prisión – no sólo suya, sino también de sus hijas -. Clarín publicó el número telefónico de una de las hijas para fomentar las amenazas en su contra, hasta lograr su renuncia y su remplazo por Eduardo Casal, pieza clave de la justicia macrista, interino –no titular- pero atornillado en su puesto desde hace 5 años, y puede seguir allí hasta su muerte.

Quien firma esta nota tiene grandes diferencias políticas con Cristina Kirchner. Ha recordado reiteradamente su rol, el de su marido y otros en la peor entrega de Menem: La privatización de YPF. Cuestionamos la política extractivista en materia de minería, fracking, sojización –aunque disputando algo de su renta– durante sus mandatos, sin dejar por ello de reconocer otros aspectos positivos.

Sin embargo tenemos claro que en esta parodia de juicio, donde el objetivo político real es más la inhabilitación que la prisión, se busca más que castigar personalmente a Cristina, cerrar al pueblo argentino posibilidades de elegir otros caminos distintos al neoliberalismo.

La maniobra está a cargo de un grupo de tareas infinitamente más siniestro que lo peor que puediera haber existido en el seno del kirchnerismo y que en todo caso debería investigarse y juzgarse con una justicia imparcial. Ese grupo de tareas es la más peligrosa de las asociaciones ilícita que existe en el país: LA MAFIA MACRISTA ENQUISTADA EN LUGARES CLAVES DE LA JUSTICIA (CORTE SUPREMA A LA CABEZA) ARTICULADA CON LA PRENSA HEGEMONICA.

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