CRONICA DE UNA INVASION ANUNCIADA

ESCRIBE RAMIRO CAGGIANO BLANCO

El ataque a los edificios públicos en Brasilia el domingo 8 para provocar la intervención de las Fuerzas Armadas se veía venir. De hecho, Bolsonaro se viene preparando para este momento desde siempre. Cuando aparece a la escena política lo hace planeando un frustrado ataque terrorista en Río de janeiro, con la finalidad de conseguir aumento de salario para la categoría en los años ’80, hecho por el cual fue condenado por el Tribunal Militar y, finalmente, absuelto a condición de que “se retirara” de la vida militar. 

Ya en su carrera política (fue durante 28 años un inexpresivo diputado nacional), hace años que viene manifestando que la salida del país sólo puede darse por medio de un Golpe de Estado ya que las instituciones son un problema para el desarrollo. Por ello a poca gente le extrañó que, al declarar su voto a favor del derrocamiento de Dilma Rousseff, lo haya hecho en memoria de Brilhante Ustra, un torturador de época de la larga Dictadura Brasileña que gobernó entre 1964 y 1985.

Su modelo, según sus propias palabras, es el del autogolpe de Fujimori en Perú en lo 90. 

DEL GOLPISMO DISCURSIVO A LA ACCION

Bolsonaro llega a la presidencia en 2018 en un proceso electoral  totalmente irregular, no sólo por el encarcelamiento ilegal, como después quedó demostrado por la Máxima Corte de Justicia Brasileña, sino también porque era un candidato outsider que consiguió imponerse como representante de la derecha por medio de triquiñuelas y jugadas de impacto mediático, entre ellos la estratégica asociación con el Juez Sérgio Moro y la cuchillada que recibió en la ciudad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais que, real o no, fue usada con fines electorales de manera profesional y con una eficacia envidiable para crear un mártir –un “mito” como se definiría después- al mismo tiempo en que acerraba el sentimiento en contra del Partido de los Trabajadores.

Una vez en la Presidencia, a diferencia de lo que pregonaban los dirigentes de derecha que habían contribuido con su victoria, lejos de “Democratizarse” el Ex-Capitán siguió construyendo su anhelado “Autogolpe”, él mismo o empleando aliados como Sara “Winter”, en realidad, Sara Giromini, una Ex-Femme entrenada en Ucrania y devenida en musa de la derecha y los valores patrióticos y familiares.

Y, comandados por ella, “LOS 300 de BRASIL” que acamparon en la Plaza de los 3 Poderes pidiendo la disolución del Supremo Tribunal Federal y del Congreso. El campamento llegó al fin luego de que el grupo protagonizara actos terroristas contra el edificio del STF, arrojándole fuegos artificiales el 15 de junio de 2020, al grito de “prepárense, bandidos del Supremo”. Giromini fue detenida y, abandonada por Bolsonaro, hoy reside en EE.UU.

En la cuenta de Bolsonaro hay que contabilizar los intentos de provocar caos aprovechando el feriado nacional de la independencia del 7 de setiembre  en 2021 y 2022 para decretar la mentada LGO, Ley de Garantía y Orden, que le permitiría decretar con ayuda de las fuerzas armadas, una serie de restricciones a las libertades individuales y así gobernar discrecionalmente . Para ello convocó masivas movilizaciones las que, sin dejar de ser expresivas, nunca fueron lo suficientemente numerosas para lograr el objetivo del exmandatario brasilero.

Comenzado el año electoral en enero del 2022, Bolsonaro intensificó sus críticas a las urnas electrónicas y su denuncia de haber sido víctima de fraude ya que, según él, en las elecciones del 2018 habría ganado en la primera vuelta. Por eso pedía voto impreso o “auditable”, algo que nunca pudo definir, como condición indispensable para reconocer el resultado de las urnas, algo que hasta el día de hoy no ha hecho. 

Por ello no fue casualidad que apenas terminado el escrutinio que le dio la victoria a Lula por casi dos millones de votos, sus seguidores acusaran “fraude” en las redes sociales y, en la madrugada del lunes 31 de octubre, miles de ellos cortaron rutas y autopistas en más de 120 puntos neurálgicos, en una acción coordinada y muy bien planificada por medio de las redes sociales.  Esta práctica golpista, en principio apoyada por grandes empresarios, provocó el desabastecimiento de grandes ciudades y, por ello, se fue volviendo impopular, lo que obligó, junto a las altas multas aplicadas a los camiones que bloqueaban las carreteras, a un cambio de acción estratégica: hacer campamentos en las puertas de los cuarteles para pedir “intervención militar” y evitar que “el ladrón (Lula) suba la rampa” del edificio del Planalto, sede del gobierno e Brasilia.  Estos campamentos también contaron con una logística muy sofisticada que incluía cocinas para los miles de manifestantes, centros de información con internet gratuita para todos y baños químicos, entre otras cosas. Todo financiado, según investigaciones periodísticas, por empresarios del agronegocio, los transportes y la industria de armas.

ENSAYOS DE TERRORISMO

Las manifestaciones terroristas y golpistas del día 8 tuvieron su ensayo el día 12 de diciembre, fecha en la que el Tribunal Superior Electoral les entregó el Diploma de Presidente y Vice a Lula da Silva y Geraldo Alckmin. En esa ocasión, en horas de la tarde, un numeroso grupo de partidarios de Bolsonaro salieron a las calles en Brasilia, quemaron una decena de autos, 5 ómnibus, bloquearon las calles, obligaron a abandonar los restaurantes, centros comerciales y otros espacios públicos en un virtual e ilegal toque de queda. Todo a la vista de la policía militar de Brasilia que no detuvo a ninguno de ellos: complicidad y carta blanca para los terroristas. 

Por eso no debe causar sorpresa lo acontecido el 8 de enero. En las redes sociales se venía preparando el caos generalizado con la intención de que las fuerzas armadas intervinieran y derrocasen el gobierno recién asumido. Según sus organizadores, si las FF.AA. no intervenían “en 6 meses serían Argentina (al que consideran un país comunista) y en un año Venezuela”. El periodista investigativo Joaquin Carvalho pudo infiltrarse en un grupo golpista de Telegram y le informaron los móviles de la marcha y le aseguraron que habría ómnibus gratuitos hasta Brasilia para participar en ella.  

No era un secreto, las señales estaban a la vista. La falla del Gobierno de Lula es haber confiado en la Institucionalidad y delegado la defensa de Brasilia en el Gobernador Ibaneis Rocha, un aliado incondicional de Bolsonaro. Por su vez, Anderson Torres, Secretario de Seguridad designado por Rocha y Ex-Ministro de Seguridad de Bolsonaro, astutamente abandonó el país un día antes para refugiarse en los EE.UU. dejando “ZONA LIBRE” para el terrorismo.

Por suerte, el poder de convocatoria del bolsonarismo no fue lo suficientemente contundente como para voltear al gobierno. El Supremo Tribunal Federal dispuso la suspensión por 90 días del gobernador Ibaneis Rocha, el procesamiento y exoneración de Anderson Torres y Lula decretó la intervención de la seguridad de Brasilia, medida ya refrendada por el congreso. 

A pesar del fracaso del intento golpista, con más de 1.500 manifestantes vandálicos presos, falta llegar a los organizadores que patrocinan estos actos. 

POR ESO, HOY MAS QUE NUNCA, HAY QUE ESTAR ATENTOS Y NO CONFIAR UNICAMENTE EN LOS MECANISMOS DE DEFENSA INSTITUCIONALES PORQUE ESTOS NUEVOS MOVIMIENTOS DE DERECHA SON ABIERTA Y MILITARMENTE CONTRARIOS A ELLA, COMO SIEMPRE LO HA SIDO SU LIDER JAIR BOLSONARO.