Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo…

POR ALEJANDRO MARCÓ DEL PONT

El 22 de Septiembre de 2025, 155 países en la Asamblea General de la ONU reconocen formalmente al Estado de Palestina. Este evento es presentado como un momento histórico, un punto de inflexión en la larga y agónica lucha por la autodeterminación palestina. La paradoja es obscena, la legitimidad internacional alcanza su cenit precisamente cuando la posibilidad material de un Estado palestino viable se desvanece hasta casi la inexistencia. Este reconocimiento, no es un preludio de la libertad, sino su epitafio burocrático.

Este divorcio absoluto entre la retórica grandilocuente de la comunidad internacional y la realidad catastrófica sobre el terreno no es un accidente, ni un error de cálculo o un fallo logístico. Por el contrario, es el síntoma deliberado y predecible de una maquinaria de poder global cuidadosamente engrasada, cuyos engranajes giran con una sincronización letal. Una maquinaria impulsada por el motor implacable de la ideología sionista expansionista, facilitada por la negligencia cómplice y estructural de las Naciones Unidas, financiada y armada de manera incondicional por los Estados Unidos, y tolerada con un silencio cómplice por una liga de estados árabes cuyo mutismo ha sido adquirido mediante acuerdos económicos y garantías de seguridad geopolítica.

Nos encontramos, pues, no ante un simple conflicto asimétrico, sino ante la puesta en escena de un genocidio en cámara lenta, un proceso metódico de limpieza étnica que el mundo observa, no con verdadera impotencia, sino con una mezcla de indiferencia calculada y, en muchos casos, de abierta y activa complicidad. Desentrañar los hilos de esta complicidad es el objetivo de este análisis.

Para comprender la persistencia y la ferocidad del proyecto colonial sionista, es imperativo desmontar los mitos fundacionales sobre los que se erige su narrativa de legitimidad. Estos mitos no son adornos anecdóticos; son la base ideológica que justifica la violencia presente.

En su obra fundamental, La invención del pueblo judío (2008), el historiador israelí Shlomo Sand realiza una demoledora deconstrucción académica de la narrativa nacional israelí. Sand argumenta, con un rigor documental incontestable, que no existe una nación judía con un origen étnico-biológico común, sino más bien una comunidad religiosa y cultural formada por conversiones y asimilaciones. La diáspora, tal como se narra en la epopeya nacional, es en gran medida una construcción legendaria.

La idea de un «pueblo judío» unificado, exiliado (diáspora) por la fuerza de su tierra natal y destinado por un designio divino o histórico a regresar tras dos milenios, fue, según Sand, una construcción intelectual del siglo XIX. Su tesis alternativa es que la mayoría de los judíos no abandonaron Judea. Afirma que los palestinos árabes actuales son, en gran medida, descendientes de los antiguos habitantes de la región (campesinos judíos y otros pueblos) que se convirtieron al islam y al cristianismo con el tiempo.

El ejemplo más famoso de su argumentación es la de retomar la teoría de un imperio túrquico entre el Mar Negro y el Caspio (los jázaros) se convirtió masivamente al judaísmo alrededor del siglo VIII. Afirma que los judíos ashkenazíes (de Europa del Este) son, en su mayoría, descendientes de estos jázaros convertidos, y no de exiliados de Judea.

Esta revisión histórica no es un mero ejercicio académico de arqueología intelectual; es la clave para descifrar la lógica inherente del conflicto. Si el sionismo se presenta a sí mismo como el «regreso» de un pueblo a su tierra ancestral después de dos mil años, la presencia física, demográfica y cultural de otro pueblo se convierte en un inconveniente histórico insuperable.

El Genocidio que presenciamos hoy en Gaza, la anexión progresiva de Cisjordania y la política de «Judaización» de Jerusalén Este no son, en esta perspectiva, una desviación del Proyecto Sionista, sino su fase final y más acelerada. Es la culminación lógica de una ideología que, para afirmar su propia verdad inventada, debe destruir sistemáticamente la verdad tangible del otro. La Negación Israelí de la Identidad Nacional Palestina, la destrucción metódica de archivos, bibliotecas, universidades y registros civiles en Gaza, y el intento de borrar cualquier vestigio de Vida Palestina anterior a 1948 no son simples actos de barbarie irracional. Son la aplicación fría y calculada de una lógica colonial: la eliminación del obstáculo demográfico para la consolidación definitiva del «Gran Israel».

Frente a esta maquinaria de destrucción basada en un mito nacional, la principal institución diseñada exprofeso para prevenir los crímenes contra la humanidad y garantizar la paz y la seguridad internacionales, las Naciones Unidas, se ha revelado no como un contrapeso, sino como una farsa estructural. Es crucial entender que su incapacidad crónica no es un fallo de funcionamiento; es el funcionamiento mismo del sistema. La arquitectura de poder de la O.N.U., concebida en los albores de la Guerra Fría, consagra un desequilibrio de poder que Israel y sus aliados han explotado con maestría.

El mecanismo más evidente de esta farsa es el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, un privilegio anacrónico y antidemocrático de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ha utilizado este poder de forma sistemática e implacable para blindar a Israel de cualquier consecuencia real. Cada resolución condenatoria que muere en la mesa del Consejo de Seguridad envía un mensaje claro y devastador a israelíes y palestinos por igual: Israel opera en un espacio de impunidad total, por encima del derecho internacional que rige para el resto de los Estados. Este veto no es un acto neutral; es un acto de complicidad activa que proporciona la cobertura diplomática necesaria para que la ocupación y la anexión continúen.

Pero la complicidad de la O.N.U. es más profunda y siniestra que el simple veto. Su papel se ha visto reducido progresivamente a la gestión humanitaria de la catástrofe que ella misma es incapaz de detener. Agencias como la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) realizan una labor heroica y esencial, repartiendo alimentos, proporcionando educación y atención médica a una población sitiada y traumatizada. Sin embargo, en el marco general, esta función humanitaria ha convertido a la O.N.U. en el «Conserje del Genocidio». Se limita a limpiar parcialmente los vestigios de la masacre, a paliar los síntomas más inmediatos del horror, pero carece del poder, y lo que es más grave, de la voluntad política colectiva, para detener al asesino.

Si las Naciones Unidas representan la arquitectura de la impotencia, Estados Unidos se erige como el arquitecto activo y principal sostén de la opresión. La relación entre Washington y Tel Aviv trasciende con creces la mera alianza estratégica entre dos estados; es una simbiosis profundamente arraigada en lo ideológico, lo militar y lo doméstico. Como señalaba con agudeza un análisis en Jacobin, titulado «State of Palestine Self-Determination«, el reconocimiento internacional es un gesto vacío si no viene acompañado de la capacidad material de ejercer soberanía.

El flujo constante y generoso de ayuda militar estadounidense es el combustible que alimenta la máquina de guerra israelí. Esta transferencia de armas, que asciende a miles de millones de dólares anuales y se realiza a través de mecanismos que eluden el escrutinio público rutinario, proporciona a Israel la herramienta fundamental para llevar a cabo su campaña de exterminio y control territorial. Esta complicidad material continúa impertérrita, año tras año, administración tras administración, a pesar de las crecientes y abrumadoras evidencias de crímenes de guerra y de lesa humanidad documentadas por organizaciones de derechos humanos israelíes, palestinas e internacionales.

¿Cómo se sostiene políticamente esta contradicción? La respuesta reside en la profunda influencia del lobby sionista, encabezado por el poderosísimo AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-israelí), sobre el Congreso de los Estados Unidos. El poder de AIPAC y grupos afines no es un mito conspirativo; es una realidad tangible del sistema político norteamericano. Como señaló acertadamente el economista Jeffrey Sachs, la influencia es tan profunda que a menudo parece que es el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, quien determina los parámetros de la política exterior estadounidense en la región.

Mientras Palestina se desangra, el silencio ensordecedor, o la abierta colaboración, de los estados árabes vecinos constituye uno de los factores más desmoralizadores y reveladores de esta tragedia. Sus declaraciones de condena rituales en el seno de la Liga Árabe son puro teatro, carentes de cualquier consecuencia tangible o acción concreta. La pregunta que surge de manera obligada es: ¿qué poderosos intereses silencian a las petromonarquías del Golfo y a los regímenes árabes autoritarios?

La respuesta es multifacética, pero se reduce a una fría ecuación de intereses económicos y geopolíticos. Por un lado, se erige la amenaza percibida común: la República Islámica de Irán y el llamado «Eje de Resistencia» Chiíta. Para Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, el ascenso regional de Irán representa un desafío existencial a su hegemonía suní. En esta lógica geopolítica de realpolitik, Israel se ha reposicionado hábilmente como el «Gendarme» no declarado, pero extremadamente eficaz, para contener y debilitar la influencia persa.

Por otro lado, opera la simple lógica del capital. Las élites gobernantes de estos estados están profundamente integradas en los circuitos de la economía global capitalista. Sus fondos de inversión soberanos tienen vastas participaciones en empresas occidentales, sus príncipes y jeques poseen propiedades suntuosas en Londres, París y Nueva York, y su supervivencia depende del mantenimiento de los precios del petróleo y de las relaciones estables con los centros de poder financiero global. Un enfrentamiento abierto con Israel, y por extensión con su garante, Estados Unidos, pondría en riesgo inmediato esta riqueza y la estabilidad de sus regímenes.

Al final de este sombrío recorrido, el entramado de complicidades queda al descubierto. La narrativa inventada del sionismo, la farsa institucionalizada de la O.N.U., la colaboración criminal de Estados Unidos y la traición venal de los Estados Árabes han logrado crear una realidad distópica casi perfecta: un pueblo encarcelado en cantones desconectados, bombardeado periódicamente, desplazado forzosamente y sometido a un régimen de apartheid, cuyo reconocimiento como estado por parte de 155 países no es más que una cáscara vacía, un acto de hipocresía monumental.

El tiempo de las resoluciones vacías y las declaraciones grandilocuentes ha terminado. La votación en la O.N.U. de Septiembre de 2025 será recordada, si no se actúa con decisión, como el momento en que el mundo le dio la última palmadita en la espalda a un moribundo. Solo la presión organizada, materializada en el boicot económico, académico y cultural internacional, y la exigencia incansable de responsabilidades penales individuales ante la Corte Penal Internacional, pueden romper el cerco de hierro de la complicidad. La alternativa es permitir que el reconocimiento del Estado de Palestina se convierta, no en su certificado de nacimiento, sino en su último y amargo adiós.

El «Rescate Financiero» de EE.UU. a Milei apareja peligro para la Patria Grande. Como «Caballo de Troya», esconde propósitos Geopolíticos, las famosas «Condicionalidades», que representan una amenaza directa a la Soberanía y a los Proyectos de Desarrollo de toda América del Sur: alejamiento de los Mercados Asiáticos, estrangulamiento de obras de integración, posibilidad de una Base Militar en el extremo sur, etc.

También hablaremos de la crisis en Perú y Ecuador, de Brasil y de los temas más importantes de la semana de la Patria Grande.

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POR RAMIRO CARLOS H. CAGGIANO BLANCO

La convergencia entre el presidente argentino, Javier Milei, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es mucho más que una alineación ideológica: se trata de una operación geopolítica de alto costo para Brasil, con contrapartidas que podrían redefinir la seguridad y la economía de la región.

El supuesto apoyo financiero a Argentina fue articulado por tres figuras claves de la agenda antichina: el funcionario del F.M.I., Claver-Carone, el secretario del Tesoro, Scot Bessent, y el embajador designado de EE.UU. en Argentina, Peter Lamelas. No se trata de una ayuda para Argentina, sino para el gobierno de Milei, mediocre y entreguista. Un rescate que hipotecará el futuro de las próximas generaciones de argentinos y que tiene como objetivo claro la desestabilización de Gobiernos Soberanistas en toda América Latina.

CONDICIONALIDADES ESTRATÉGICAS: DE LA BASE EN USHUAIA AL ESTRANGULAMIENTO DE OBRAS

El paquete de «ayuda» viene atado a condicionalidades estratégicas preocupantes:

Base Militar en Ushuaia: La más alarmante de las contrapartidas sería la instalación (en proceso de construcción) de una base militar estadounidense en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Su ubicación estratégica, en el extremo sur del continente, le otorga a EE.UU. un control sin precedentes sobre el paso bioceánico y proyecta poder sobre toda América del Sur, con claras repercusiones geopolíticas.

Estrangulamiento de Proyectos Estratégicos: El Gobierno de Milei ya estaría retrasando deliberadamente obras críticas para la integración regional en el Corredor Bioceánico Santos (Brasil) – Iquique (Chile), en especial el puente sobre el río Pilcomayo, entre Misión La Paz (Argentina) y Pozo Hondo (Paraguay). El objetivo es sabotear iniciativas que fortalecen la logística suramericana independiente de EE.UU.

EL EFECTO DOMINÓ PARA BRASIL: PROYECTOS NACIONALES EN LA MIRA

Amenaza al Puerto de Chancay (Perú) y al Corredor Brasil-Perú: Existe un malestar del gobierno estadounidense con el corredor ferroviario Brasil-Perú, en especial con el puerto de Chancay, controlado por la empresa china Cosco. Autoridades peruanas llegaron a reportar, conforme publicó RT (https://esrt.space/actualidad/566209-trump-peru-molestia-eeuu-puerto-china), la presión norteamericana contra el proyecto, que es una salida estratégica para el Centro-Oeste brasileño al Pacífico.

Erosión del Mercosur y riesgos para las inversiones chinas: La asociación con Trump solidificaría la posición de Milei contraria al bloque regional, vaciando la principal herramienta de influencia integración regional. Además, un alineamiento argentino con la agenda antichina pone en riesgo inversiones que pasan por Sudamérica.

En suma, las decisiones en Buenos Aires y Washington, articuladas por figuras declaradamente antichinas, representan una amenaza directa a la Soberanía y a los proyectos de desarrollo de toda América del Sur. Ignorar esta reconfiguración de poder, que incluye el estrangulamiento de obras de integración y la posibilidad de una base militar en el extremo sur, sería subestimar una ofensiva estratégica de consecuencias duraderas.

POR ALBERTO CORTÉS

El Gobierno (especialmente el actual, pero no unicamente) y grandes medios de comunicación, de los EE.UU., sostienen una narrativa según la cual ese país es víctima de una agresión a su salud pública, concretamente en materia de drogas; debida a grupos criminales de otras nacionalidades -especialmente Latinoamericanos– y el débil accionar (y en algunos casos la complicidad) de los Gobiernos de esos otros países.

La preocupación sobre el uso medicinal de la morfina, derivada del opio, por su carácter adictivo, data desde 1870; pero recién en 1914, EE.UU. promulgó la Ley Harrison de Control de Narcóticos, junto con regulaciones complementarias más taxativas, que comienzan la criminalización de las drogas en el mundo (con la salvedad de políticas internas anteriores de algunos países).

Hasta economistas ultraliberales como Milton Friedman han mostrado que esa prohibición de las drogas es precisamente lo que genera el paraíso de los narcotraficantes; que logran altísimas rentabilidades en sus negocios, gracias a los Estados que –con su persecución (siempre defectuosa), de los narcos menos preparados y sofisticados– mantienen muy altas las ganancias de los mayores carteles. Drogas como la cocaína –perseguida policialmente– aumenta año a año su producción y consumo en el mundo. En cambio, otra legal, como el tabaco, tratada como un problema de salud y no policial, va reduciendo su prevalencia.

Resulta hoy risible leer resoluciones de Naciones Unidas, de 3 décadas atrás que proclamaron “que el período 1991-2000 sería el decenio contra el uso indebido de drogas”, o la de 1998 de la Asamblea General, comprometiendo a los países miembros a lograr un «mundo libre de drogas» y «eliminar o reducir significativamente» la producción de opio, cocaína y cannabis para 2008.

El problema de las drogas –y en consecuencia del narcotráfico– ha sido generado artificialmente por los Estados Unidos, y exportado luego al planeta. Esto no significa que una legalización simple y directa pudiera resolver una cuestión que ha adquirido tanta complejidad, y que abarca un sinfín de sustancias y situaciones; pero sí comprender que persistir en la “guerra contra las drogas” lleva (mejor dicho, ya llevó) a una derrota total. Comenzar un debate serio sobre cómo abordar este grave tema mundial, sin prejuicios prohibicionistas; el único camino posible para comenzar a resolverlo.

Esa “Guerra contra las Drogas” fue potenciada, en 1971, por el ex Presidente Richard Nixon. Como todas las veces anteriores y posteriores, las aparentes ofensivas de los Gobiernos de ese país contra las adicciones, no buscan resolver el problema sanitario; sino usar políticamente esas consignas contra grupos internos o naciones extranjeras a las que desean estigmatizar, acosar, perseguir o agredir: En 1914 eran los inmigrantes orientales. Al prohibir la marihuana (1937) los mexicanos. En 1971 los negros y los hippies (que adversaban la guerra de Vietnam), como confesaría un asesor de Nixon, varias décadas más tarde. En Argentina, esa “Guerra” entró de la mano de José López Rega. Hoy, para intentar voltear al Gobierno de Venezuela, país que, en todos los informes de la O.N.U., de la propia DEA y de la Unión Europea ni aparece mencionado en relación a esta problemática, o lo es en un papel muy marginal, como país de tránsito de una pequeña parte de la cocaína colombiana, que en cambio sale a raudales por Ecuador. En sintonía con esta épica belicista, acaba de cambiar el nombre del Departamento de Defensa por “Departamento de Guerra”.

Hasta que la Organización Mundial de la Salud, en 1986, fijó posición; en la comunidad médica había mucha controversia sobre la utilización de morfina y sus derivados, para paliar el dolor. Por sus efectos adictivos. A partir de ese posicionamiento, compañías farmacéuticas estadounidenses minimizaron los riesgos y propiciaron que miles de médicos emitieran recetas hasta para un dolor de muelas, sin que el Gobierno regulara eficazmente la producción, la publicidad, la prescripción ni la venta (como sí hicieron gobiernos de otros países).

Periodistas de investigación que estudiaron el tema han afirmado que los verdaderos cárteles que operan en EE.UU. son los laboratorios, no los narcos latinoamericanos.

Para fines de los años ’90, decenas de millones de recetas de opioides se emitían anualmente. En ese momento surgieron advertencias por el gran crecimiento de adicciones, sobredosis y muertes relacionados con fármacos legales. Cada vez más, millones de personas reconocieron usos con fines no médicos y ya se conseguían en el mercado ilegal. La epidemia estaba en curso, y los controles fracasaron desde el principio.

En 2007, la Justicia concluyó que una de ellas, Purdue Pharma usó «publicidad engañosa» con la oxicodona y mintió sobre los verdaderos riesgos de adicción. El funcionario clave en la aprobación laxa de ese medicamento por el gobierno estadounidense, Curtis Wright, pasó luego a ser empleado de la propia farmacéutica, con un salario mucho más elevado.

En una década, a partir de la distribución masiva y legal de los opioides, las internaciones urgentes por mal uso o abuso aumentaron un 255 %.

En 2017, con 20 años de demora, el Gobierno declaró la emergencia en la materia. El número de muertes siguió en aumento. Las personas llevadas a la adicción por los medicamentos legales recetados, migraron a la heroína y luego al fentanilo, 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Puede matar con apenas dos miligramos. La mortalidad se ha bajado un poco en los últimos tiempos, pero no por reducción de las adicciones, sino por avances en los tratamientos urgentes de casos de sobredosis. Hasta se llegó a proponer tener a mano el antídoto en las escuelas.

Al principio, esta droga, producida con precursores de China, era empleada sólo con fines médicos. Pero en la década del 2000 los narcotraficantes comenzaron a elaborarlo y a mezclarlo con otras drogas como cocaína o metanfetaminas, para hacer más dependientes a los usuarios. Tal como las demás drogas sintéticas, a diferencia de la marihuana, la cocaína o la amapola (para producir opio y heroína), no requiere grandes campos (relativamente fáciles de detectar) para su cultivo. Tampoco camiones, aviones o submarinos para moverla. Bastan laboratorios clandestinos y precursores químicos, para elaborar una sustancia que se puede transportar en pequeños paquetes, ya sea en polvo o pastillas, y que en general los perros no detectan. Se estima que en los EEUU hay unos 3500 de esos laboratorios. Los fallecidos por sobredosis son unos 80.000 al año (después de haber alcanzado 111.000), y en lo que va del siglo, más que triplican la cifra total de muertos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial.

En 1985/86, funcionarios de la administración Reagan se aliaron con el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, para financiar con las ganancias del narcotráfico, a los grupos terroristas que combatían al Gobierno de Nicaragua. Por esa agresión, además, los EEUU son tal vez el único país condenado por terrorismo, por la Corte Internacional de Justicia.

Afganistán era un territorio con pocas drogas hasta su ocupación por los EE.UU. A partir de esa invasión, se transformó luego, por años, en el principal productor de heroína del mundo (a pesar de que los Gobiernos Estadounidenses mentían atribuyendo a México la producción). Recientemente, derrotados y expulsados de allí los EE.UU., esa producción volvió a reducirse sustancialmente.

Cumple en EE.UU. una condena de 45 años por narcotráfico Juan Orlando Hernández, ex Presidente de Honduras. Había llegado al poder, tras el Golpe de Estado apañado –según confesión de la ex Secretaria de Defensa, Hilary Clinton– por los EE.UU. Luego fue reelecto (en flagrante violación de la Constitución), mediante un fraude electoral que la O.E.A. intentó denunciar, pero fue convalidado por los representantes estadounidenses. Su hermano ya estaba preso por igual motivo.

Son innumerables las evidencias de las asociaciones de la extrema derecha venezolana (Juan Guaidó, Corina Machado, etc.) con el narcotráfico, en especial colombiano, en sus andanzas, cofinanciadas también por los EE.UU.

El periodista estadounidense Seth Harp escribió el libro “El cartel de Fort Bragg, tráfico de drogas y asesinato en las fuerzas especiales”, en el que desnuda el narcotráfico y varios homicidios relacionados en el interior del tal vez más importante centro militar de los EE.UU.

Entre 2017 y 2021, el 86 % de los traficantes de fentanilo detenidos fueron ciudadanos estadounidenses, contradiciendo discursos que responsabilizan a México y a China de la epidemia.

El periodista J. Jesús Esquivel, en su libro “Los cárteles gringos: La crisis del fentanilo en EE.UU. y el fracaso de la DEA para combatirla”, recoge una declaración de un agente de esa agencia, admitiendo que en su país operan cárteles formados por estadounidenses: que no solo compran y venden drogas, sino que dominan rutas, territorios y lavan Miles de Dólares con la complicidad de los Bancos.

La propia DEA ha sido señalada numerosas veces de estar infiltrada por diferentes carteles y dedicarse a regular y no a combatir el narcotráfico, como pregona.

Si algún Gobierno Norteamericano decidiese alguna vez tomar el toro por las astas en este grave problema, tendrá que mirar primero para adentro: En su propio territorio, en su propia cultura y salud mental de su población, en sus propias instituciones y en la corrupción en ellas; así como en sus propias políticas gubernamentales. Mientras tanto, su discurso al respecto es sólo “pour la galerie”, y para encubrir intenciones inconfesables.