El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con apoyo de Friedrich Ebert Stiftung (FES Argentina), presenta el documento de trabajo «Progresividad tributaria en América y Europa: entre la crisis de 2008 y la pandemia de 2020», elaborado por Julia Strada y Rocío Velarde, con la colaboración de Leandro Gonzales y Lali Furchi López.
Este documento analiza avances y retrocesos en políticas tributarias progresivas entre la crisis de 2008 y la pandemia iniciada en 2020. Se estudian comparativamente once países de América y Europa occidental.
Algunas preguntas que guían la investigación son: ¿Los sistemas tributarios han ganado en progresividad o han profundizado inequidades? ¿Hubo intentos de los gobiernos de modificar los sistemas? ¿Qué desafíos se abren ante la emergencia provocada por el covid-19?
Esta publicación es la primera de una serie de tres documentos realizados por CEPA con apoyo de FES. Son investigaciones que abordan distintas temáticas que tienen por objetivo contribuir a la justicia fiscal.
EL PROYECTO DE LEY FUE PRESENTADO EL 23 DE MAYO DEL AÑO 2019 BAJO EL EXPEDIENTE NRO. 36.428 DE TRAMITE ANTE LA MESA DE MOVIMIENTO
Lo mas importante para Santa Fe es recuperar el control del agente financiero porque allí es donde se define de verdad la política provincial a favor de las pymes y los santafesinos.
El proyecto de Ley tiene como objetivo principal contar con una entidad financiera propia en la provincia de Santa Fe. Un Banco Público, de fomento, bajo gestión y dirección estatal. Para ello proponemos la pronta recuperación del Banco Santa Fe, entidad creada en sus inicios para tal fin, y hoy en manos del grupo Petersen.
Ni el mundo, ni la Argentina, ni la provincia de Santa Fe actual tienen puntos comparables a la realidad histórica de 1874 (cuando fue fundado el banco). Pero en el principio filosófico, político y económico de aquel origen del Banco Provincial está la necesidad de profundizar la democracia a favor de las grandes mayorías santafesinas. La vigencia de la llamada ley de entidades financieras de 1977, piedra angular del poder de los bancos en la Argentina del último medio siglo, exhibe los límites de la democracia. Es competencia de esta Legislatura hacer el esfuerzo por pensar un proyecto de provincia que vaya más allá de la coyuntura.
Los lineamientos que se establecen en el proyecto apuntan a que la entidad pueda “brindaruna herramienta económica financiera que fomente la actividad productiva de los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, que brinde a la comunidad el servicio necesario para su integración, hasta el más pequeño núcleo poblacional, que promueva el comercio exterior de los productos elaborados en la Provincia, que permita al Ejecutivo provincial implementar políticas de salvataje para los afectados por inclemencias climáticas, que implemente planes de préstamos hipotecarios para construcción, remodelación, ampliación, mejoras o adquisición de vivienda única a los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas, proyectos urbanísticos para municipios y comunas, etc. Un banco que sea el recaudador de todos los dineros de las distintas actividades gubernamentales.
Y se propone también la creación de una comisión especial para estudiar las posibilidades que hay para llevar adelante económicamente la expropiación, integrada por miembros del Poder Ejecutivo y del legislativo provincial.
Con respecto a la continuidad operativa y jurídica, el eje esencial de la propuesta se centra en conservar las fuentes de trabajo y los derechos laborales de quienes hoy lo hacen en el Banco Santa Fe SA.
Una provincia productiva que se mueve alrededor del corazón que hace circular el dinero que genera su pueblo, el Banco Provincial. La gran discusión es saber qué hace el pueblo santafesino con la riqueza que produce cada año. Quiénes se quedan con esas riquezas y qué se puede hacer con ellas. El drama de la desigualdad en una provincia rica como es Santa Fe no puede resultar indiferente ante el crecimiento vertiginoso de la facturación y las ganancias que tiene el banco privado que explota los servicios financieros oficiales. Basta de pensar y obrar según los mandatos de los mercados. Es hora de pensar y obrar según las necesidades de una democracia que no termina de hacer pie en distintos niveles de la realidad. La defensa del Banco como sinónimo de defensa de la industria y el comercio de Santa Fe es una postal que debe oponerse al cierre permanente de ambas actividades en los últimos años. Es preciso poner en funcionamiento el principal insumo básico del trabajo político: valentía. Por eso es indispensable poner en funcionamiento una banca pública en Santa Fe.
CASA CENTRAL DEL BANCO SITA EN CALLE SAN MARTIN N° 715 DE LA CIUDAD DE ROSARIO
Con gran alegría anunciamos la presentación de IHO -libro infantil- éste VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE a las 17:30 horas en la Biblioteca Argentina, aquí tenés un link para inscribirse http://biblioargentina.gob.ar/web/agenda/ , por haber cupos limitados dada la situación actual .
Es una actividad libre y Gratuita. Conoceremos una aventura de éste personaje tan querible, un niño formoseño que vive en comunión con la naturaleza y una partecita de su vida, autoría de Carmen L. Arce, ilustraciones de Lorena Méndez y el primer libro de la colección Semillas de @mburucuyáediciones (ediciones de autor).
EL DIA JUEVES 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, cientos de miles de personas de todo el país copamos la calles de la Ciudad de Buenos Aires en defensa de la Universidad Pública. Un día antes, las calles rosarinas y el Parque de la Bandera sirvieron de escenario de la marcha universitaria más masiva de la historia de Rosario.
En la edición del 29 de agosto de La Materia Impertinente – el programa de radio de la COAD, referentes del movimiento docente-estudiantil nos compartieron su recuerdo y reflexiones sobre el significado de esta movilización histórica.
Docentes, estudiantes y no docentes salimos a luchar -junto a otros gremios, organizaciones y padres y madres de estudiantes- ante el deterioro del presupuesto, la reducción real del salario docente y el ataque constante al carácter público de la educación. En agosto de 2018, las distintas ediciones de la Universidad Itinerante, las masivas marchas educativas y las movilizaciones multisectoriales con gremios de otros sectores del trabajo, fueron la expresión de un amplio rechazo popular a las políticas de ataque a la Universidad Pública y a lxs trabajadorxs en general.
La por entonces Secretaria General de COAD y actual Congresal de CONADU, Laura Ferrer Varela, se refirió a este conjunto de protestas de la siguiente manera: «La lucha del 2018, la lucha de todo el pueblo argentino, recogió una historia de resistencias y conquistas de más de 100 años». Y agregó: «No fue una lucha sectorial, peleamos en defensa de la Educación Pública.»
Por su parte Beatriz Introcaso, en 2018 delegada gremial de la F.C.E.I.A. y ahora Secretaria Adjunta de COAD, expresó de esta manera su sentir respecto a la marcha del 30 de agosto: «Recuerdo sentir el pecho desbordando de alegría viendo tanta gente, tantas banderas, tantos colores, tantos abrazo, tanta lucha unificada. Esa marcha fue la expresión de una resistencia colectiva».
Manuel Leiva, en ese momento Secretario General de la Federación Universitaria de Rosario, proyectó hacia adelante un deseo: «Ojalá que podamos replicar la unidad para seguirla peleando por los derechos que nos hacen falta».
Hoy, a tres años de una jornada de lucha histórica, nos inspiramos en la gran unidad conseguida en la Defensa de la Educación para proyectar hacia adelante las conquistas que necesitamos como comunidad universitaria y como pueblo. La única lucha que se pierde es la que se abandona.
UNA DE LAS ESCUELAS DE ENSEÑANZA MEDIA DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO: EL INSTITUTO POLITECNICO SUPERIOR GENERAL SAN MARTIN UBICADO EN CALLE AYACUCHO N° 1667 DE LA CIUDAD DE ROSARIO
ANTE LOS ANUNCIOS DE UNA «VUELTA PLENA» A LA PRESENCIALIDAD EN LAS ESCUELAS MEDIAS LA COAD CONVOCA A DESARROLLAR ASAMBLEAS DOCENTES EN CADA UNA DE LAS ESCUELAS MEDIAS DE LA UNIVERSIDAD
El día 26 de agosto las autoridades de la UNR comunicaron que a partir del primero de septiembre las Escuelas Medias deben volver de manera «plena» a las clases presenciales. En el anuncio, que fue expresado solo a través de redes sociales, se hace referencia a una resolución reciente del Consejo Federal de Educación que establece la posibilidad de «flexibilizar los protocolos» donde sea «necesario» para garantizar el ciento por ciento de las actividades pedagógicas de manera presencial.
Los protocolos sanitarios consensuados hasta el momento en cada Escuela continuan vigentes. Los mismos indican, por ejemplo, el distanciamiento de 1,5 metros como mínimo entre estudiantes dentro del aula, algo que resultaría imposible de garantizar en un esquema de presencialidad «completa». Tal como se establece en las paritarias particulares vigentes, es necesaria una instancia de diálogo entre las partes para consensuar la elaboración y/o posible modificación de los protocolos.
El anuncio de las autoridades es apresurado: otorgar solo 3 días hábiles a la comunidad educativa para modificar los protocolos y adecuar los establecimientos, sin considerar a su vez la preocupación que despierta el hecho de que la población menor de 18 años no se encuentra vacunada, es un accionar imprudente.
RAUL ZAFFARONI-PROFESOR EMERITO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y JUEZ DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-
ESCRIBE ALVARO ELICES(*)
HOY VIERNES 27 DE AGOSTO A LAS 20:00 HS. POR ZOOM Y FACEBOOK LIVE
HABLA RAUL ZAFFARONI SOBRE LA SIGUIENTE PREGUNTA: ¿NECESITAMOS UNA NUEVA CONSTITUCION NACIONAL?
Los antecedentes demuestran que la historia constitucional de la Argentina ha sido compleja y fruto de las pugnas ideológicas y políticas que cada época ha generado. El ejemplo más emblemático del siglo XX fue la Constitución de 1949 que al día de hoy podría ser considerada de avanzada debido a la profundidad de sus contenidos: derechos de trabajador a la capacitación, al bienestar, a la preservación de la salud, al mejoramiento económico, a la seguridad social, a la defensa de los intereses profesionales; derechos de la familia al “bien de familia” garantizado por ley especial, a la atención y asistencia a la madre y el niño; derechos de la ancianidad a la vivienda, a la alimentación, al vestido, a la salud física, a la tranquilidad, al respeto; no admisión del racismo, función social de la propiedad, recursos naturales en cabeza de la Nación y no de las provincias, y la lista sigue.
La necesidad de pensar una nueva Constitución Nacional llama a reflexionar qué pasaría si los fenómenos actuales que producen desestabilización política llegaran a ser controlados bajo una institucionalización que tienda al bienestar de las grandes mayorías nacionales. ¿Se puede pensar en un nuevo enfoque de la Justicia?, ¿Qué pasaría si la AUH y la política de previsión social se vuelven derechos constitucionales?, ¿Qué ocurriría si la Comunicación es instaurada como derecho fundamental?, ¿Es viable pensar en pleno siglo XXI la función social de la propiedad?, ¿Qué pasaría si logramos vencer la enorme informalidad laboral y la estabilidad del trabajo se convierte en derecho constitucional de absolutamente todos los trabajadores y trabajadoras?
Llegó la hora de discutir realmente todos los vicios de ilegitimidad con los cuales fue construido el andamiaje constitucional en el que actualmente vivimos. En el derecho se conoce como “orden de prelación” al que debe existir entre el “Poder constituyente” y el “Poder constituido” (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial). El primero siempre debe preceder al segundo y no al revés. Es decir, jamás un constituido se puede arrogar el poder de modificar lo que decide la Convención convocada al efecto. Esto fue lo que ocurrió en la aberración decidida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Fayt” (1999) y que muchos años después se subsanó en el fallo “Schiffrin” (2017) mediante el concepto de “deferencia” que se debe tener ante lo decidido por la Convención.
Por supuesto, en 1956 la teoría constitucional no se respetó y un bando militar de la “Revolución Libertadora” derogó la Constitución de 1949. A partir de ahí, pasaron décadas -reformas de 1957 y de 1972 mediante- hasta que en 1994 la Ley 24.309 que declaró la necesidad de la reforma constitucional tampoco agregó como antecedente a la Constitución de 1949. Un historial de silencios, defecciones e infiltraciones. ¿Qué significa todo esto? A pesar de la violencia oligárquica que quiso eliminarla del eje temporal mediante una proclama, todos esos derechos provinieron de un sentido de la vida profundamente justicialista: la dignidad humana y el bien común. Ese crecimiento colectivo, tanto intelectual como espiritual, fue lo que desató una violencia que veinte años después produjo el Golpe de Estado de 1976.
Entonces, esa Revolución Peronista producida entre 1945 y 1955, cristalizada institucionalmente en 1949, fue lo que las potencias imperiales colaboraron en marchitar. Por eso no es casualidad el surgimiento de la Resistencia Peronista. Los históricos Programas del Movimiento Obrero de La Falda (1957), Huerta Grande (1962), fueron impulsados a instancias del dirigente textil Andrés Framini y tomaron por norte mucho de lo que decían los artículos de la Constitución de 1949, sobre todo el artículo 40, ese que Raúl Scalabrini Ortiz denominó “Bastión de la República”. Y claro, era el que sostenía que la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, que el Estado podrá intervenir en la economía para salvaguardar los intereses generales, que los recursos naturales deben estar en cabeza de la Nación y que los servicios públicos pertenecen al Estado.
Vivimos una época en que la unidad de la militancia, la formación política y el buen trato entre compañeros y compañeras son herramientas fundamentales para contrarrestar la irracionalidad y la forma violenta de vinculación que quiere imponernos la oposición mediático-política.
Estamos en medio de una campaña electoral previa a las PASO del 12 de septiembre de 2021 y la mayor parte de la información la acaparan las chicanas políticas, fotografías y videos que intentan darnos lecciones de moral cuando en realidad fue la actual oposición política al Frente de Todos quienes durante 2015-2019 literalmente se fugaron el mayor préstamo que en toda su nefasta historia el FMI le dio a un país.
“El poder no se cuestiona a sí mismo, cuestiona al pueblo en sus errores”, expresó categóricamente CFK hace unos días atrás en el barrio Isla Maciel de Avellaneda. Es por esto que desde Grupo Ongaro nos decidimos a no caer en el juego del adversario y cerrar filas comprendiendo que la necesidad histórica hoy es la unidad del Frente de Todos.
Nuestra propuesta de formación es intentar elevar el nivel de debate político poniendo temas de peso sobre la mesa y que hagan crecer el interés por aprender las cuestiones que hacen a la cosa pública.
¿Cómo podremos pensar una Argentina grande si no controlamos el sistema financiero, si las multinacionales controlan los puertos, si no se considera a la Comunicación como un derecho fundamental, si de 2015 a 2019 nos legaron una deuda externa impagable en el mediano y largo plazo, si los recursos naturales no están en cabeza de la Nación y si no hay un Poder Judicial que tienda al bienestar de las grandes mayorías nacionales?
Si Arturo Sampay viviera se sumaría a esta charla. ¡Te esperamos!
Adhesiones: Federación Gráfica Bonaerense (FGB), Dr. Héctor Recalde, Centro de Estudios para el Movimiento Obrero (CEMO), Generación Patriótica (GP), Juventud Sindical de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (JS APSEE), Corriente Peronista 13 de Abril de San Vicente (CP13A San Vicente), Juventud Federal Organizada Argentina (JuFOA), La Cámpora Templanza Suramericana (LC TS), Estudio Jurídico F&S y Ediciones Manutara.
INFORME DEL CENTRO DE ECONOMIA POLITICA ARGENTINA -C.E.P.A.-
Una vez más, el debate electoral vuelve sobre cuestiones vinculadas a la economía que parecían saldadas. El objetivo del presente informe, que analiza brevemente la evolución de algunas variables macro-financieras, es contrastar la idea deslizada de manera recurrente por ex funcionarios de Cambiemos respecto a que el modelo económico de Cambiemos habría tenido un abrupto final dado el resultado electoral de las PASO de 2019. A fin de aportar algo de claridad al respecto, analizaremos la evolución previa de un set de variables que permitirán demostrar que la afirmación es totalmente falsa. El modelo económico de apertura y desregulación cambiaria y financiera que impulsó Cambiemos cayó por su propio peso y mucho antes de las PASO de 2019.
Los fondos de inversión acreedores del país y los grandes bancos locales controlan y subordinan. Uno de sus instrumentos: los pasivos del Banco Central. Una enorme masa de recursos con la que embolsan formidables ganancias sin arriesgar y que el gobierno podría destinar a reactivar la economía y mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad.
El capitalismo financiero se caracteriza por el predominio de los fondos de inversión y las entidades financieras en el mapa de la economía mundial. Su actividad es centro y nexo de decisiones que condicionan a sus deudores, ya sean personas, empresas o gobiernos. Controla y subordina, al punto tal que muchas empresas que producen bienes y servicios son de su propiedad. Ocurre aquí y en el mundo.
La mejor demostración de su poder sobre nuestro país y su presente es BlackRock, el principal acreedor privado de la Argentina con títulos públicos por más de 2 mil millones de dólares, la mayoría emitidos bajo ley extranjera. Además es accionista de importantes empresas locales, pero fundamentalmente de los cuatro primeros bancos por volúmenes de depósitos. Los mayores poseedores de títulos de deuda del Tesoro en pesos y de las Letras de liquidez (Leliq) [1] y pases pasivos del Banco Central (BCRA).
A la condición descripta debe sumarse que BlackRock administra activos en todo el mundo por más de 6,5 billones de dólares -casi 20 veces nuestro PIB-. De ser un país, se ubicaría en el tercer lugar, detrás de Estados Unidos y China, pero sin tener que mantener un ejército ni programas de salud y educación. Es la razón por la que su Ceo, Larry Fink, tiene una clara influencia sobre el FMI y el gobierno estadounidense.
EL MINISTRO DE ECONOMIA MARTIN MAXIMILIANO GUZMAN JUNTO A KRISTALINA GEORGIEVA DIRECTORA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
La situación Argentina es compleja. Cambiemos endeudó al Estado nacional por más de 100 mil millones de dólares. Del total, unos 45 mil 400 millones es deuda contraída con el FMI. Una parte, 24 mil millones, se empleó para pagar pasivos anteriores y 86 mil 200 millones se fugaron, según el Informe “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA. Y acá está el centro del problema: las que fugaron son empresas en las cuales los fondos de inversión tienen el control accionario, o bien una importante participación. Otras son propiedad de los ricos de siempre: los Magnetto (Clarín), los Arrieta Blaquier (Ledesma), los Bulgheroni (Pan American Energy), los Pagani (Arcor), los Rocca (Techint), los Elsztain (IRSA) y los Urquía (Aceitera General Deheza), por mencionar algunos de los casos emblemáticos.
Un ejemplo. Las dos principales empresas que compraron dólares para fugarlos durante el gobierno de Cambiemos fueron Telefónica Argentina y Pampa Energía. En ambas tiene participación BlackRock. La primera adquirió 1.248 millones. La segunda, casi 904 millones. Ninguna declaró ni pagó durante el período impuestos a las ganancias por esa magnitud. La Afip, sin embargo, no les pide cuentas. Y no se trata de que las compras fueran ilegales, siempre y cuando se pueda explicar el origen de los fondos. Esa es la razón por la cual no se las investiga. La misma razón por la que el grupo de acreedores de la deuda externa que lidera BlackRock aceptó que el capital se amortice desde el segundo semestre de 2024. Lo mismo hará el FMI. Le concederá al país tres o cuatro años de gracia a cambio de que no se investigue a los que compraron dólares que se fugaron. Se podría argumentar que los 86 mil 200 millones los adquirieron casi 7 millones de personas y empresas. Tan cierto como que los 100 primeros fugadores se llevaron nada menos que 24 mil 679 millones. Ninguno registró en esos cuatro años ganancias suficientes para que justifiquen compras de tales magnitudes. Se trata de una minoría parásita y rentista que se enriquece y saca dólares del país que, seguramente y en una parte importante, son administrados por BlackRock o algún otro fondo acreedor [2]. Los principales interesados en que el gobierno de Alberto Fernández acepte el acuerdo que quiere imponer el FMI. Les garantiza no devolver un solo dólar y, como si fuera poco, que la deuda la pagará el conjunto del pueblo argentino.
NICOLAS AVELLANEDA A CARGO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL DESDE EL 12 DE OCTUBRE DE 1874 HASTA EL 12 DE OCTUBRE DE 1880
Lo dijo Nicolás Avellaneda en 1880: “…millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros”. En medio de la segunda ola del Covid-19, el gobierno optó por no implementar una cuarta cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Unos 90 mil millones de pesos que, como las tres rondas sí desembolsadas, hubieran sido una ayuda para los desocupados y quienes no podían trabajar por las restricciones sanitarias. Tampoco, por ejemplo, se optó por incrementar el monto del Plan Potenciar Trabajo, que abarca a 870 mil trabajadores [3] y que de llevarse a 55 mil pesos mensuales (el costo de una Canasta Básica Total) permitiría -haciéndose cargo el Estado nacional de los materiales- construir unas 260 mil viviendas por año. Sin embargo, el gobierno le reconocerá a los bancos hasta fin de año acreencias por unos 700 mil millones de pesos por las Leliq y los pases pasivos. La suma de ambos activos financieros alcanza ya los 3,9 billones de pesos y la tasa efectiva que les paga el Banco Central promedia el 40 por ciento anual.
Para poner en pie a la Argentina real se debería utilizar ese recurso, hoy inmovilizado, cuando en realidad son depósitos del conjunto de la sociedad que los grandes bancos usan sin riesgo alguno. ¿Opciones? Las hay. Por ejemplo, destinarlos a la construcción de viviendas populares mediante los planes de auto construcción, una actividad que no requiere insumos importados y que, además, funciona como un importante multiplicador de la producción local. Incluso se podría financiar un vasto plan de obra pública para generar empleo y reactivar la economía, al tiempo que se avanza con las imprescindibles inversiones en infraestructura. Incluso así quedarían recursos para seguir asistiendo a quienes se beneficiaron con el IFE, pero también a los trabajadores, jubilados y pensionados que perciben remuneraciones menores al costo de una Canasta Básica Total.
¿Qué hace el gobierno, además de pagarle a los bancos por esos fondos inmovilizados? Crea un “festival de bonos” que la Secretaria de Finanzas coloca entre las entidades del sistema y los fondos comunes de inversión mediante licitaciones periódicas en busca de financiamiento en el mercado local. El camino, sin embargo, es el contrario. El gobierno marcha a contramano. Premia a los grandes jugadores financieros locales e internacionales, cuyo máxima expresión es BlackRock.
Nada más alejado de lo que se necesita: un Estado presente que asuma los riesgos que el capital financiero no asumirá. Y lo que es peor, como la economía no crece, la rentabilidad financiera se fuga y los pasivos financieros del BCRA se disparan porque la entidad no puede pagar los intereses, que en definitiva se capitalizan. Una bomba que de no haber un cambio de rumbo se agigantará hasta que, agotado el tiempo, termine estallando.
(*) Economista egresado de la UBA.Docente UBA en Económicas y Sociales.
Notas
[1] Son préstamos de los bancos al BCRA de uno a seis días de plazo. Los cuatro bancos privados más grandes en la Argentina actual son Santander-Río; BBVA; Galicia; y Macro y en los cuatro BlackRock reconoce tener parte del capital accionario.
[2] Franklin Templeton, Gramercy, Fidelity, Ashmore, Pimco, etc.
[3] El Ministerio de Desarrollo Social aumentará el Plan Potenciar Trabajo a $14.040 desde agosto de 2021. El monto del Plan Potenciar Trabajo equivale al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
FUENTE:«TRANSFORMAR ARGENTINA» – IDEAS Y PROYECTOS PARA UN DESARROLLO INCLUSIVO
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