Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo…

ESCRIBE JORGE LUIS ELIZONDO

El Decreto Nro. 137/2025 publicado en el Boletín Oficial el 26 de febrero designa como miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los doctores Manuel José García-Mansilla y Ariel Oscar Lijo.

El mecanismo elegido para la designación por el actual Presidente de la Nación es el del Artículo Nro. 99 Inciso Nro. 19 de la Constitución Nacional, que hace referencia a la posibilidad de que el titular del Ejecutivo pueda “llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

Pero hay un Procedimiento Específico, de carácter ineludible, para la designación de los magistrados de la Corte Suprema y es el que establece el Artículo Nro. 99 Inciso Nro. 4 de la Constitución Nacional, reformada en el Año 1994: el Presidente de la Nación “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto”.

La Designación de los miembros de la Corte Suprema no es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo, sino que debe integrarse con ese Acuerdo Legislativo.

Violando esta disposición, la designación de Lijo y García-Mansilla se ha efectuado en comisión. Se ha empleado como argumento que el Congreso se hallaba en receso al emitirse el decreto y que la Corte no puede funcionar sólo con tres miembros.

RAZONAMIENTOS FALACES E INSOSTENIBLES JURÍDICAMENTE

Se dice en los considerandos del decreto que la utilización del Inciso Nro. 19 “No se presenta como un mecanismo para eludir los requisitos legales y reglamentarios vigentes, sino que se fundamenta en la necesidad imperiosa de integrar el Máximo Tribunal luego de que hubieren transcurrido nueve meses sin que el H. Senado de la Nación se hubiere pronunciado respecto de los pliegos de los candidatos (…) Que independientemente del cumplimiento de todos los procedimientos dispuestos mediante el Decreto Nro. 222/03 y el Reglamento del H. Senado de la Nación, también se encuentran cumplidos los presupuestos fácticos exigidos por la Constitución Nacional para que el Presidente de la Nación pueda ejercer la facultad de realizar nombramientos en comisión”. Sostiene que el Presidente “se encuentra constitucionalmente habilitado para realizar nombramientos en comisión cuando la vacante para el cargo que requiere el acuerdo del H. Senado de la Nación se hubiere producido durante el receso legislativo o con anterioridad al mismo, siempre y cuando aquella vacante siga existiendo una vez entrado el período de receso en cuestión”.

Hay varios errores en el razonamiento del Poder Ejecutivo:

El Inciso Nro. 19 del Artículo Nro. 99 de la Constitución, modificada en el Año 1994, establece condiciones expresas que no pueden ser interpretadas con la amplitud que pretende el autor del decreto.

• Es insostenible que se hable de “LLENAR VACANTES DE EMPLEOS”, porque se trata de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y no pueden ser equiparados con la cobertura de Empleos Dependientes del Poder Ejecutivo, tales como los Generales de las Fuerzas Armadas, Embajadores y otros. En ningún caso el Presidente puede designar a miembros de la autoridad máxima del Poder Judicial en comisión, como si se tratara de empleados suyos. Esta pretensión constituye una clara violación del principio de la división e independencia de los poderes y el sistema republicano de gobierno.
• Por otra parte, el inciso se refiere a las “VACANTES” que ocurran durante el receso legislativo, y una facultad de excepción como la prevista no puede ampliarse a los casos en que las vacantes hubieran ocurrido antes.
• El argumento de que el Presidente se “VIO OBLIGADO” a emitir el Decreto Nro. 137/2025, cuando las vacantes de los ministros de la Corte se produjeron el 29 de Diciembre de 2024 (durante el receso Legislativo) y el 1º de noviembre de 2021, “Sin que el Senado de la Nación se hubiere pronunciado respecto de los pliegos de los candidatos para ocupar el cargo deJ Jueces de la Corte Suprema”, es un pretexto insostenible de acuerdo a nuestra Constitución. El Presidente carece de facultades de intervención para impedir que el Senado discuta la totalidad de las propuestas existentes referentes a los dos cargos, y no sólo aquellos que el Ejecutivo desea que se aprueben.
• Es cierto que la Corte no puede funcionar con tres miembros, ni tampoco demostró que pudiera hacerlo con cuatro. No se han cubierto las numerosas vacantes de jueces federales de todo el país. Tampoco puede admitirse que el procurador continúe siendo el doctor Eduardo Casal, que carece de acuerdo del Senado y ejerce el cargo desde que lo designara Mauricio Macri. El gobierno actual no demostró durante más de un año ningún interés en el grave problema de todo el Poder Judicial, y no parece interesado en resolverlo.
• Todo ello demuestra que el verdadero objetivo del decreto es que los doctores Lijo y García-Mansilla presten juramento –como de hecho ocurrió el jueves con el segundo– y sean puestos en funciones por la Corte sin el acuerdo del Senado y por el término de un año, lo que implica un avance inconstitucional del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

LA CONSTITUCION DE 1853 Y LA JURISPRUDENCIA NORTEAMERICANA

El texto de la norma que firmaron Milei y su ministro Mariano Cúneo Libarona sostiene que la citada facultad de realizar nombramientos en comisión no se limita a los empleados dependientes del Poder Ejecutivo que requieren acuerdo del Senado, sino a todos los jueces federales de todos los grados e instancias, inclusive los de la Corte Suprema de Justicia, porque ello surgiría del referido Inciso Nro. 19 del ArtículoNro. 99 de la Constitución y de los Artículos Nros. 1° y 2° del Decreto-Ley 1.285/58.

Dichos argumentos son insostenibles.

En primer lugar, el Inciso Nro. 19 no se aplica a los jueces, sino a quienes tienen un empleo dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación.

La cita del Decreto Nro. 1.285/58, que a juicio del Ejecutivo “Reafirmaría” la facultad de nombrar jueces de la Corte “En Comisión”, no puede admitirse a la luz de la Reforma del Año 1994, que a los fines de limitar la Discrecionalidad Presidencial, consolidar la independencia del Poder Judicial y el equilibrio de los poderes, ha establecido en el inciso 4º del artículo 99 una mayoría agravada de los dos tercios de los miembros presentes del Senado que debe ser expresada en sesión pública.

No es cierto que el máximo tribunal no pueda funcionar hasta tanto se designen nuevos integrantes, pues existe un procedimiento previsto en el Artículo Nro. 22 del Decreto-Ley Nro. 1.258/58, ratificado por la Ley Nro. 14.467, que establece el modo en que pueden cubrirse las vacantes transitorias, a través de los presidentes de Cámara y el nombramiento de conjueces.

La utilización de la facultad otorgada por el Artículo Nro. 99 Inciso Nro. 19 constituye un ejercicio desviado de una atribución que responde a fines totalmente diferentes: la cobertura de empleos correspondientes al Poder Ejecutivo.

El hecho de que Bartolomé Mitre haya utilizado esta facultad en el Año 1865 para designar miembros de la Corte “En Comisión” sin acuerdo del Senado, no convalida la decisión ilegal del actual gobierno.

La historia de las instituciones no constituye una fuente interpretativa de las normas constitucionales, mucho menos cuando muestra claras irregularidades en el ejercicio de las facultades del Presidente de la Nación. El hecho de que en el pasado los Presidentes argentinos hayan incurrido en excesos no justifica que hoy se cometan nuevos excesos tomándolos como ejemplo. Mucho menos válido resulta recurrir a antecedentes de magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos nombrados en comisión, porque el hecho de que la Constitución de ese país haya sido una de las fuentes de la Constitución del Año 1853 no supone de ningún modo que la jurisprudencia, las costumbres o las decisiones de su gobierno en materia judicial puedan ser fuente interpretativa de nuestras normas constitucionales.

VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD DE LOS JUECES

El Decreto Nro. 137/2025 viola el principio de inamovilidad de los jueces, ya que son designados con un término fijo; y van a cubrir la misma responsabilidad de aquellos que fueron designados de acuerdo a las normas constitucionales.

Los  tres miembros de la Corte Suprema han resuelto avalar la integración del máximo tribunal con profesionales del Derecho que no han sido designados de acuerdo al procedimiento establecido por la Constitución. El acto de tomar juramento a García-Mansilla no es más que la consumación de una designación de facto, tal como las adoptadas por las dictaduras cívico-militares, que destituyeron  y designaron a miembros de la Corte sin acuerdo del Senado, por cuanto habían disuelto el Congreso. En nuestro caso, el Congreso no ha sido disuelto, pero el actual gobierno –a través del Decreto Nro. 137/2025– ha impedido que el Senado pueda intervenir conforme a lo dispuesto por el Inciso Nro. 4º del Artículo Nro. 99 de la Constitución: aprobación de los dos tercios de sus miembros presentes y en sesión pública. Desconocer estas facultades del Senado equivale de hecho a una designación de facto. Resulta evidente que tratándose de actos nulos, de nulidad absoluta, no pueden ser convalidados por los tres miembros actuales del Máximo Tribunal.

OBJETIVOS POLÍTICOS DEL DECRETO NRO. 137/2025

Otorgar validez jurídica a estas designaciones por Decreto y en Comisión –como lo han hecho los tres supremos al decidir tomar juramento a García-Mansilla y Lijo, y concretarlo en el primer caso– configura actos ilícitos con los que se pretende convalidar un decreto violatorio de la Constitución.

Hay un exceso en el ejercicio de las facultades que la Constitución asigna al Presidente, que afecta la independencia del Poder Judicial, la división de poderes y el sistema republicano de gobierno. La aceptación de los abogados propuestos en tales condiciones los inhabilita para tan elevado cargo, cuando deberían haberlo rechazado por evidentes razones constitucionales y éticas. Los tres miembros de la Corte se han convertido en cómplices del Ejecutivo al disponer tomar juramento a tales jueces de facto, y materializarlo en uno de los casos. El Senado debe no sólo impugnar el Decreto Nro. 137/2025 del Poder Ejecutivo sino la convalidación de la Corte y los Juramentos, que violan la independencia de los poderes y el sistema republicano.

El Decreto Nro. 137/2015 persigue un fin político inmediato: impedir que el Senado pueda ejercer su Derecho a Rechazar las Designaciones y que continúe la discusión de las propuestas existentes para cubrir los dos cargos vacantes en la Corte Suprema.

Pero la orientación jurídica y política de los designados ponen en evidencia que el Poder Ejecutivo, transmutado en único poder real del Estado, tiene un objetivo estratégico: que la “NUEVA” Corte Suprema garantice la totalidad de las decisiones políticas del gobierno, incluyendo las que violan derechos individuales y colectivos de los trabajadores y jubilados, las que están destruyendo o desfinanciando los sectores del Estado destinados a la protección de la salud pública, la ciencia, la educación, la cultura y el deporte, y los centros de la memoria histórica y de los crímenes de la última dictadura, todo ello a través del ejercicio ilimitado de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación.

FUENTE: elcohetealaluna.com

TEDIOSO MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA NACION, JAVIER GERARDO MILEI DE UNA HORA Y DOCE MINUTOS DE EXTENSIÓN.
MÁS LA PRIMERA VEZ QUE HAY CENSURA EN 41 AÑOS DE DEMOCRACIA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
MAS LAS AGRESIONES A PERIODISTAS Y AL DIPUTADO NACIONAL POR EL BLOQUE «DEMOCRACIA PARA SIEMPRE», FACUNDO MANES.

NINGUNA MENCIÓN PARA LA CRIPTOESTAFA NI PARA LOS NOMBRAMIENTOS REALIZADOS, DE DOS MIEMBROS PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN MEDIANTE EL DECRETO NRO. 137/2025, VIOLANDO LA CONSTITUCIÓN DE LA NACION ARGENTINA.

Y POR SUPUESTO, SOLICITANDO AL PODER LEGISLATIVO QUE APRUEBE LAS NEGOCIACIONES PARA TRAER DOLARES SOLICITADOS AL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, CUYO DESTINO SEGUIRÁ SIENDO PARA COMPLACER EL ROBO AL PUEBLO ARGENTINO A TRAVÉS DE LA TIMBA FINANCIERA Y LA FUGA DE CAPITALES AL EXTERIOR.

POR SANDRO FABIAN GALASSO

Si observan los Diplomas Certificados Años 1998 y 1999, donde fui invitado especial de la Fundación Libertad, verán al pie los nombres de los Mentores de estas grandes técnicas para combatir un alto Indice de Criminalidad como el que reina hoy Año 2025 en nuestra Argentina.

El Síndrome de la Ventana Rota habla de que si esta no se repara luego estarán rotas todas.
El desorden genera Miedo y crecen Delitos aún más Graves.
Los Signos de la Violencia y el comportamiento Antisocial crean un Entorno que Promueve la Delincuencia a alta Escala.

QUÉ HACER???

Asistir con Educación a personas Debiles y Desfavorecidas por el Sistema.
Respetar al Adulto – Normas Urbanas – Comportamientos y Modos de hablar respetuosos.
Actuar como Reparadores y brindar buen Tiempo a Arreglo y Reconstrucción.

Dichas teorías fueron introducidas en EE.UU. por James Wilson y George Kelling con el cual realicé una especialidad en Criminología. Estás fueron popularizadas por Willan Bratton y el Alcalde Rudy Giuliani, quien las llevo a cabo para así llegar al Éxito con la Teoría de la Ventana Rota y Ley de Tolerancia Cero.

Es mí Mayor Deseo esto se lleve a cabo en Nuestra Bendita Argentina.

POR FABIAN ARIEL GEMELOTTI

Desde que ocurrió lo que ocurrió estoy acá solitario en la ciudad. Yo era un hombre feliz o por lo menos eso creía de mi vida. Pero un día cayó ese asteroide y destruyó todo.
Soy el último sobreviviente en la ciudad infinita.
Soy ingeniero en programación y pude crear una imagen de inteligencia artificial. Ahí fui poniendo características de las mujeres que he amado. Esa imagen fue tomando forma y está ahí afuera ahora observando y tratando de entrar a la cueva.

-Escucha hombre yo soy Ailén tu amada y necesito que me dejes entrar.

-No puedes porque vas a destruir la última esperanza que tengo de encontrar algún sobreviviente.

Estoy acá en la cueva con las computadoras. Como soy un experto pude reconstruir un programa y conectar a energía subterránea y crear unos circuitos que pueden conectarme a energía satelital. Ayer pude percibir una linea de vida en otra parte.
La inteligencia artificial está ahí afuera y usa la voz de Judith y miro por los vidrios de protección y tiene el rostro de Sofía y la piel de Laura. Las piernas son las de Catherine, bien formadas y bellas con ese color acaramelado. Y los senos apuntan al vidrio y empujan desesperados.

-Hombre déjame entrar que tengo frío.

La inteligencia artificial dice tener frío y le creo porque todos los sentidos pude ponerle. Ha desarrollado la fuerza de un humano. La maldad y la bondad están en ella. Pero sé que puede destruirme si ingresa a la cueva.
Ayer recordaba a mi ciudad. Recorro en sueños las calles y veo a mujeres bellas. Soy un hombre que siempre tuvo muchas mujeres y que tiene una energía sexual que devora piernas. Ahora estoy solo y tengo algo detrás del vidrio y es mi creación. Ese monstruo puede destruirme y si me destruye la humanidad va a perder al último hombre sobre la Tierra.

POR NORA DEL VALLE GIMENEZ (*)

La Constitución Nacional no habilita al Presidente a nombrar a los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Decreto. El único mecanismo Constitucionalmente Válido para su nombramiento es el Acto Institucional complejo que requiere el acuerdo del Senado con una mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes en sesión pública convocada a tal efecto.

El nombramiento por Decreto de Mansilla y Lijo constituye un Fraude a la Constitución Nacional, y crea un peligroso antecedente en nuestro país, porque compromete la Independencia del Máximo Tribunal de Justicia, siempre que los Jueces designados por Decreto se encuentran Subordinados al Poder Ejecutivo.

Además, esta Corte conformada exclusivamente por varones consolida la discriminación hacia las mujeres en el acceso a los cargos públicos, y vulnera los principios de igualdad y no discriminación, cuya vigencia y efectividad son impuestos tanto por nuestra Constitución Nacional, que garantiza la igualdad tanto formal como sustantiva, como por las Convenciones suscritas por el Estado Argentino.

En sus diferentes conformaciones en 160 años de historia, de 111 miembros que  formaron la C.S.J.N., sólo tres fueron mujeres y únicamente dos resultaron nombradas en democracia. Las mujeres han sido históricamente discriminadas para ocupar ese órgano y Argentina es el único país de América, que carece de mujeres en su máximo tribunal.

En síntesis, Milei desprecia el Congreso Nacional, la División de Poderes, y los consensos y Pactos Democráticos sobre los cuales se asienta nuestra sociedad.
El Senado no puede avalar la designación inconstitucional de Lijo y Mansilla. Es su deber Rechazar este Decreto que evidencia el desprecio del Presidente por la Constitución Nacional, Vulnera las Instituciones, Avasalla Derechos y Debilita nuestra Democracia.

(*) SENADORA NACIONAL POR SALTA -INTERBLOQUE DE SENADORES Y SENADORAS NACIONALES DE UNION POR LA PATRIA-

POR ARIEL ROLFO

“Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma.
No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen…
Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados.
Deja que la inclinación, en tu mano de arquero, sea para la felicidad.”

Khalil Gibran (El Profeta – Tus Hijos No Son Tus Hijos)

LA REORGANIZACION ESTA EN MARCHA… LOS ARQUITECTOS TRABAJAN

Después de una debacle política y derrota a manos de un Títere Politico Estrafalario al servicio de los Grupos Concentrados de la Economía (Oligarquía Contemporánea Argentina), después de un año largo muy duro para el Pueblo Argentino el Peronismo empieza a reorganizarse, la construcción se puso en marcha… los arquitectos trabajan cada uno en su proyecto lo cual es positivo.

Dos de los principales núcleos de aglutinación convocante serán por un lado el Kirchnerismo con su líder y Jefa Cristina Kirchner a la cabeza . El ámbito partidocratico ha sido el terreno elegido para reorganizar el sector y repotenciar un alicaído Kirchnerismo donde el principal P.J. Provincial, el de la provincia de Buenos Aires esta en manos de Máximo Kirchner y a Nivel Nacional el P..J. está en manos de su mamá.

El pedido relativamente reciente de Cristina de sacar el bastón de mariscal para los nuevos dirigentes de la generación “propia” fructificó pero quizas no funcionó como se esperaba por lo que los viejos referentes siguen lamentablemente en la función de tejer alianzas, congregar y mandar en terreno a la tropa propia en lugar de buscar un horizonte o un lugar de mayor jerarquía superestructural y desde alli conducir al conjunto del Movimiento, lo cual habría sido una posibilidad cierta de volver a los tiempos gloriosos de la hegemonía Kirchnerista sobre el conjunto.

El otro núcleo de aglutinación política, con posibilidades concretas de ser uno de los dos principales que se consoliden como tales, es el que parte de la convocatoria del nuevo Mariscal Axel Kicillof con el lanzamiento (un día antes de la primera reunión de Cristina Kirchner con el Consejo Superior Partidario) de la Corriente Política Interna del Peronismo “Derecho al Futuro” que tuvo en su lanzamiento publico una adhesión contundente de Intendentes, Legisladores, Organizaciones Políticas, Sindicales y Sociales.

Este no fue un hecho espontáneo sino que fue un trabajo sedimentado en el tiempo fundado en recorrer el territorio, realizar actos y plenarios de militantes, encuentros con dirigentes políticos y sindicales, reuniones con organizaciones sociales y multisectoriales, etc.
La convocatoria al Proyecto fue amplia y la referencia o liderazgo aceptada por la heterogeneidad de integrantes del nuevo espacio auspician una buena performance de este nucleamiento, particularmente en el escenario donde en los últimos lustros se da la “Madre de las Batallas”.

PROYECTO, LIDERES Y TOPOS

La disputa de espacios de poder es algo legitimo en política pero si esta disputa termina en una sangría interna feroz o en una cancelación de la disputa desde la superestructura con rosca o autoritarismo democrático mediante, en ambas circunstancias suele ser contraproducente.

Seria bueno que esta disputa de poder existente y evidente entre el Kirchnerismo y el espacio que aglutina Axel Kicillof se pueda metabolizar internamente en una forma políticamente civilizada donde la gran masa militante y de dirigencia intermedia puedan tener incidencia en su desenlace. No sirven las chicanas sobre deslealtades políticas ni las acusaciones cruzadas de despotismo democrático, lo políticamente legítimos es que cada uno construya y después que el Pueblo elija a quien acompañar y su peso cuantitativo en un lugar será quien defina los liderazgos, los conciliábulos superestructurales de espalda al pueblo mucho mal ya le han hecho al peronismo.

Ademas de estos dos sectores en disputa de Liderazgos y espacios de poder existen una gran dispersión nacional de Sectores Justicialistas pero que no tienen la suficiente masa critica y poder de fuego necesario para terciar en esa disputa de grandes y ni de constituirse en Núcleos de Poder Convocante pero si para incidir en cierta medida en su desenlace.

El único riesgo a tener en cuenta para la reorganización del Movimiento Peronista es que en este tercer gran espacio heterogéneo existen muchos grupos de poder locales o referentes politicos que están camuflados como peronistas pero en los hechos son funcionales a las políticas neoliberales antinacionales y antipopulares de los Grupos Concentrados de la Económica (Oligarquía Contemporánea Argentina) y a la embajada yanqui mediadas ambas por el “Tiranuelo Cruel” de Javier Milei.

Estos dirigentes tránsfugas y los grupos de poder local son los que en función de su beneficio sectorial obran ya sea con un federalismo apátrida como el caso los Gobernadores “Peronistas” alineados con Milei o directamente son “Topos del Enemigo” que operan en función de generar una secesión política interna del Peronismo entre Progresistas o Kirchneristas de un lado y un pretendido Peronismo Historico u Ortodoxo por otro lado.

Estos son agentes secesionistas que con su accionar deletéreo pueden llegar a lograr que no exista un Núcleo de Poder convocantes una gran masa crítica peronista unida en proyecto que pueda vertebrar al conjunto del campo nacional y popular en una accion política dignificadora del pueblo y emancipadora de la nación..

Por ello creo desde mi punto de vista que es equivocada esa apreciación que el objetivo principal es que hay que unir al Peronismo, algo en cierta medida que es imposible de concretar ya que habría que unir muchos dirigentes o espacios muy disimiles y algunos verdaderamente antagónicos entre sí o directamente funcionales al enemigo, espacios en los cuales todos se autodefinen como peronistas.

Lo fundamental que se debería lograr es potenciar un núcleo aglutinante de poder con mucha masa crítica que tenga un Proyecto Politico Definido y explicito verdaderamente peronista, después se sumara lo que se pueda y lo que quede afuera se lamentara, pero al estar definido explícitamente el Proyecto todos sabremos quienes somos, fundamentalmente cuales son los objetivo y adónde vamos.

En esta situación no seguiríamos ciegamente un referente al cual le firmamos un cheque en blanco sino que estaríamos todos encolumnados atrás de un Proyecto al que están obligados a respetarlo los que sean los potenciales Líderes del mismo. Lo fundamental entonces es reglar la acción política para modificar positivamente la realidad a partir un Proyecto Politico Peronista Explícito que se encarne en un núcleo de aglutinación con masa crítica … Donde lo primero es el Bienestar del Pueblo y Grandeza de la Patria, después viene lo demás.

POR JORGE LUIS ELIZONDO[*]

Las violentas declaraciones del Presidente de la Nación en Davos contra el Feminismo y la Comunidad LGTBIQ+, cargadas de homofobia, falsedades y contra lo que llaman “Ideología de Género”, desataron una ola de protestas en todo el País, protagonizadas por los colectivos que fueran objeto de las agresiones e insultos del Primer Mandatario.

Cabe destacar que no es la primera vez que el actual gobierno se expresa en sintonía con el ideologismo fanático de la extrema derecha mundial. Así lo ha demostrado no sólo en sus declaraciones, sino votando aisladamente en contra del reconocimiento y defensa de los derechos humanos. Argentina ha sido el único país que se ha opuesto recientemente a la resolución de la O.N.U. que plantea: “eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la violencia sexual y por razón de género, la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

También es el único país que –a través del actual gobierno- ha votado en las Naciones Unidas contra la protección de los Derechos de los Pueblos Originarios, violando normas contenidas en nuestra Constitución y Pactos Internaciones con Jerarquía Constitucional, poniendo en riesgo la efectividad de los Derechos que les reconoce la Constitución y el Convenio Nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El Art. Nro. 75 inc. 17 de nuestra Constitución, entre las atribuciones del Congreso menciona; “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas. Garantizar el respeto a su identidad y el Derecho a una Educación Bilingüe e Intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. 

El Artículo Nro. 6 del Convenio Nro. 169 de la O.I.T. establece la consulta obligatoria a las instituciones representativas de los pueblos originarios antes de que se aprueben medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos directamente. También determina que los Pueblos interesados tienen Derecho a Participar Libremente en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos que fueren responsables de políticas y programas referentes a sus intereses. 

El desconocimiento de estos Derechos de los Pueblos Originarios, a lo que se suma una acción desplegada por el Gobierno Nacional y algunas provincias contra las Comunidades Indígenas, muchas de ellas desalojadas de sus tierras, con el fin de favorecer la expansión de los intereses capitalistas locales y extranjeros en nuestra Patagonia.      

La Marcha Antifascista y Antirracista desplegada en todas las ciudades importantes del país unió a organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, estudiantiles y gremiales ha sido la primera expresión de unidad en la acción contra la política violatoria de los derechos humanos desplegada por este gobierno de signo autoritario. 

También ha sido una manifestación de rechazo del autoritarismo del actual gobierno, que se expresa en los amplios poderes otorgados por el Congreso al Presidente de la Nación a través de la llamada “Ley Bases” y en el D.N.U. Nro. 70/2023, no derogado por el Poder Legislativo;  gobierne por decreto, sin presupuesto, sin limitación alguna, y desarrollando una presión permanente sobre el Poder Legislativo a fin de que éste sólo legitime sus proyectos y objetivos. 

LA DELEGACION DE FACULTADES LEGISLATIVAS AL PRESIDENTE DE LA NACION:

Combinando promesas y presiones dirigidas a los gobernadores y a la oposición colaboracionista, que desembocan en negociaciones y pactos, promesas de embajadas y otros beneficios para los senadores Kueider –procesado y detenido en el Paraguay por  La llamada “Ley Bases” Nro. 27.742 no es un proyecto individual de ley, sino una multiplicidad de innumerables proyectos que comprenden el otorgamiento de facultades legislativas al presidente, privatizaciones, reforma del Estado, reforma laboral, reforma del régimen de hidrocarburos, un régimen de grandes inversiones (RIGI), y la derogación de leyes y artículos. 

Pese a la oposición del Senado, el gobierno restableció el pago del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría en perjuicio de alrededor de 1.200.000 trabajadores que volvieron a pagarlo;  y la reducción del impuesto a los bienes personales para los grandes propietarios, que aumenta los pisos imponibles a 100 millones y a 350 para viviendas familiares, y propone un plan de pago a cinco años.  Reflejando claramente el rumbo político del gobierno, se perjudica a los trabajadores y se beneficia a los propietarios más ricos.

LA REPRESIÓN COMO POLÍTICA  

La aprobación de la llamada “Ley Bases” por el Senado no fue más que un simulacro de ejercicio del poder legislativo, con represión incluida. Para separar al Congreso del pueblo movilizado se recurrió a una movilización general de fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Seguridad Aeroportuaria) con el pretexto de “proteger” al Congreso de una manifestación pacífica, impidiendo el ejercicio del derecho a la protesta social,   mediante la agresión de las fuerzas de seguridad contra trabajadores, jubilados y diputados de la Nación, y una verdadera cacería de personas a cuadras del palacio legislativo. 

Como respuesta destinada a evitar que la movilización pudiera llegar al Congreso, se armó un descomunal simulacro de “defensa de la República” con miles de efectivos de todas las fuerzas de seguridad que reprimieron violentamente a los manifestantes.  La Ministra de Seguridad y el presidente pretendieron justificarlo con un delirante anuncio de golpe de Estado y tentativa de ocupar el Congreso, cuando en realidad es el gobierno el que está creando las “bases” de un estado de excepción y una nueva constitución material autoritaria, forzando la sanción de la llamada “Ley Bases” e impidiendo que Diputados pueda pronunciarse sobre la validez del D.N.U. Nro. 70/2023, que serían los pilares del nuevo régimen.  

El Gobierno Ultraderechista ha manifestado claramente su intención de reforzar los mecanismos de la represión, y uno de sus proyectos es modificar la Ley de Seguridad Nacional, facultando nuevamente a las Fuerzas Armadas para intervenir en problemas de seguridad interior, lo que se encuentra prohibido expresamente por dicha Ley. 

Se ha restablecido como central de inteligencia a la tristemente célebre SIDE, que reemplaza a la Agencia Federal de Inteligencia creada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se le restituyen los fondos reservados a los agentes de inteligencia. Por Decreto de Necesidad y Urgencia, el presidente Milei cedió a la SIDE la suma de $ 100.000.000.- para ser usados para tareas de inteligencia que se desconocen. Una amplia mayoría de la Cámara de Diputados rechazó este decreto. 

La Resolución Nº 499/2024 firmada por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich crea la “Unidad de Seguridad Productiva”, que complementa otras medidas que se pretenden imponer a través del citado capítulo IV del D.N.U. Nro. 70/2024. La funcionaria ha dicho que “vamos a combatir todos los delitos que perjudican a la productividad”, “no vamos a permitir que se bloqueen las entradas de las empresas como manera de impedir la producción del país. Hay que cuidar a los que tienen sus empresas y dan trabajo, y lograr que el costo argentino baje”.  La resolución dice que la Unidad actuaría “en función de la evaluación de riesgos o la situación particular de la entidad en un determinado momento, o la repercusión de los hechos de inseguridad en el quehacer nacional y en la opinión pública”. La determinación de las actuaciones y la evaluación del alcance de los riesgos y sus potencialidades no será atributo de los organismos dependientes de la cartera económica o de producción, sino que quedan “exclusivamente a criterio de esta cartera o de las órdenes que recibiere del Poder Ejecutivo”.

Se trata de una peligrosa medida contra los trabajadores, sus organizaciones y el ejercicio del derecho de huelga, que se anticipa a la posibilidad de que el D.N.U. Nro. 70/2024 –rechazado por Senadores- sea convalidado finalmente por la Cámara de Diputados, quedando sin efecto la decisión judicial que suspende la aplicación de su capítulo IV referente a los derechos de los trabajadores. 

(*) NOTA PUBLICADA EN LA REVISTA IMPRESA N° 15 – FEBRERO DE 2025