POR ALBERTO CORTES
El 5 de abril, las fuerzas de seguridad ecuatorianas violaron la soberanía mexicana, penetrando en su embajada en Quito y secuestrando al Ex Vicepresidente de Ecuador, allí refugiado, y al cual el Gobierno Mexicano había decidido otorgar asilo político.
En el programa de Jorge Gestoso en TeleSur, Aitor Martínez, abogado de Julian Assange resumió el marco jurídico del tema:
El hecho viola la Convención de Caracas, de 1954, sobre asilo diplomático, y la de Viena de 1961, que en su Art. N° 22 establece el Principio Sacrosanto de Inviolabilidad de Misiones Diplomáticas, sin excepciones. Esto, además, no nació en ese momento, sino que recogía la tradición del Derecho Internacional Consuetudinario, en el cuál, desde la Antigua Grecia, pasando por las Guerras Medievales y demás, siempre se respetó ese principio. En algunos casos, como Irán en 1979 y Bengasi (Libia), en 2012, actores no estatales asaltaron embajadas o consulados, pero prácticamente no hay antecedentes, en el Siglo XX, de fuerzas de un Estado anfitrión, penetrando por la fuerza en la misión diplomática de otro país, de forma similar. En 1981, fuerzas cubanas entraron en la Embajada ecuatoriana en la Habana, pero ello ocurrió en circunstancias en que el propio embajador y otros funcionarios habían sido tomados como rehenes por personas que habían entrado a la fuerza en la delegación. (El único caso similar ocurrió en 1976, durante la dictadura uruguaya: La policía de esa nacionalidad ingresó al jardín de la embajada venezolana, secuestrando y desapareciendo a una maestra que se había refugiado allí. Esto determinó el corte de relaciones diplomáticas entre los dos países, hasta el fin de la dictadura). Hasta Pinochet respetó las embajadas y otorgó salvoconductos a personas asiladas en ellas.
Este es el único caso en que conste que un Presidente dio la orden de violar la Soberanía de una Embajada y secuestrar a una persona aceptada para ser asilada.
El Gobierno Ecuatoriano invocó el Artículo N° 3 de la Convención de Caracas que establece que no se puede conferir asilo diplomático a personas perseguidas por delitos comunes. Omite que los Arts N° 4 y N° 9 establecen claramente que la calificación de delito común o de persecución política a través de la ficción de un delito común le corresponde EXCLUSIVAMENTE al país asilante. México, país asilante, estudió el expediente de Jorge Glas y determinó que era objeto de persecución política. Normalmente, cuando se realiza una persecución política, casi siempre se hace acusando de supuestos delitos comunes. Por ejemplo: Nelson Mandela.
Ecuador, si estaba en desacuerdo con la decisión mexicana, podría haber concurrido a la Corte Internacional de Justicia. No lo hizo, porque sabía que perdería. México ha anunciado que lo hará ahora, y es segura la derrota ecuatoriana en ese terreno. También podrá el país azteca, además, acudir a la Corte Interamericana de DD.HH.
El Presidente Mexicano, López Obrador, había insinuado lo evidente de la relación entre el asesinato de un candidato presidencial, con el cambio de las tendencias electorales que anteriormente estaban llevando al triunfo en primera vuelta de Luisa González (de la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa). Esas elecciones terminaron con el triunfo de Daniel Noboa (hijo del mayor productor bananero del país y 3 veces candidato presidencial frustrado) en balotaje. Ante estos dichos de AMLO, Noboa desplegó fuerzas militares frente a la embajada, empezando así ya a violar la Convención que prohíbe el “uso de la fuerza” o “la amenaza del uso de la fuerza”.
Las consecuencias de este acto de barbarie serán, sin dudas, nefastas para el Ecuador: Prácticamente todos los países del mundo (incluidos los EE.UU., a pesar del abierto alineamiento y complicidad de Noboa con el país del Norte en casi todos los temas; y la Argentina de Milei), repudiaron el accionar delictivo del gobierno Ecuatoriano. También lo hizo la O.E.A., en sesión especial pedida por el propio Ecuador, donde todos los países (excepto Ecuador que votó en contra y El Salvador que se abstuvo) se sumaron al repudio.
Para un gobierno de derecha, que invoca la necesidad de seguridad jurídica para las inversiones: ¿Qué país puede ser más inseguro jurídicamente que uno en el que el Gobierno trasgrede las normas más básicas del Derecho Internacional? ¿Qué nivel de respeto de sus derechos elementales puede esperar cualquier ciudadano común de un Estado que asalta embajadas?
Para entender por qué Noboa toma una actitud tan insólita hay que repasar la historia ecuatoriana de los últimos 30 años:
Después del fracaso reiterado de Gobiernos Neoliberales que se sucedieron en los ’90 y principios del milenio; Rafael Correa llegó a la Presidencia en 2007, llevando adelante una política contraria al consenso de Washington; reformando la Constitución; auditando la Deuda Externa y logrando condiciones ventajosas para reestructurarla; impulsando políticas de Desarrollo Nacional y Justicia Social, todo lo cual le permitieron arrasar en todas las elecciones por más de 10 años.
Pasados los dos períodos constitucionales de Correa, éste propuso para sucederlo a su primer Ex Vicepresidente, Lenin Moreno, que venía de una prolongada misión internacional en Ginebra. Con el auspicio de Correa, Moreno ganó la elección de 2017, llevando como vice al que había sido el segundo vicepresidente de Correa, Jorge Glas.
Apenas asumido Moreno, adoptó una política diametralmente opuesta al programa por el que había sido electo y le propuso a Glas sumarse, no sólo a este giro, sino a los negocios asociados a él.
Como Glas se negó, tras una serie de maniobras que permitieron a Moreno encumbrar en resortes claves del Estado a personajes de la derecha (incluida la actual Fiscal General, Diana Salazar, cuya puntuación en el concurso correspondiente era muy controvertida); Glas fue perseguido judicialmente, destituido, condenado y encarcelado, habiendo pasado ya 5 años en la cárcel. En cambio, recién en 2023, Salazar se dignó a acusar formalmente de corrupción a Moreno, pese al abrumador cúmulo de pruebas en su contra (cabe señalar que Moreno está actualmente a salvo, en Paraguay).
Desde la traición de Moreno a su propuesta electoral, comenzó una persecución y estigmatización de todo el Correísmo, incluido Correa; al cual, como no le pudieron fabricar ninguna prueba de corrupción; lo acusaron de “Influjo Psíquico” sobre funcionarios inferiores a los que sí lograron condenar. El Ex Presidente vive desde poco después del fin de su presidencia en Bélgica (país del cual es originaria su esposa), y no han podido por ello encarcelarlo, pero no puede regresar al país y su figura está proscripta electoralmente, porque es obvio que arrasaría si se presentara a elecciones.
Su partido, Revolución Ciudadana, sigue siendo la primera fuerza del país y la que tiene mayor cantidad de alcaldes, prefectos, legisladores. Sin embargo, la furibunda campaña de estigmatización contra el correísmo de los gobiernos posteriores y de la prensa hegemónica, hacen de esa fuerza política un gran “cuco” para conglomerar en los balotajes a todos los que no lo han votado en las primeras vueltas presidenciales. La última vez, ni esto alcanzaba para impedir su triunfo en primera vuelta, y asesinaron a otro candidato presidencial (anticorreísta), sospecharon al correísmo de la autoría intelectual del crimen (los autores materiales fueron asesinados de inmediato en el lugar y en la cárcel, para no dejar testigos); y lograron el triunfo de Noboa por pocos puntos.
Los dos gobiernos neoliberales que sucedieron a Correa (Moreno y Guillermo Lasso), no solamente deterioraron seriamente los niveles de vida populares, sino que convirtieron a Ecuador –entre otros factores gracias a la dolarización– en uno de los países más inseguros del continente, después de haber sido -con Correa- el segundo más seguro. La tasa de homicidios pasó de 5 a 45 por cada 100.000 habitantes.
El mismo electorado que los había encumbrado, los abandonó en poco tiempo. Lasso, a punto de ser destituido por juicio político, recurrió al mecanismo constitucional llamado “muerte cruzada”, que permitió las elecciones anticipadas que dieron ganador a Noboa; pero sólo por un año y medio, estando convocadas nuevas elecciones para febrero próximo.
La obsesión de Noboa –por encima de cualquier otra consideración– es como ser reelecto en esas elecciones. Ha convocado a un plebiscito para el 21 de abril, con once preguntas; donde un triunfo del Si le permitiría proyectarse exitosamente hacia las presidenciales. Busca también consolidar la militarización del país, inicialmente con la excusa de los narcotraficantes; pero que se ha usado ya para reprimir, por ejemplo, a quienes protestan por la minería.
Todo indica que el asalto a la embajada –pese al altísimo costo político para el país– fue hecho para reavivar a cualquier precio el anticorreísmo, y favorecer ese triunfo en el plebiscito. A pesar de un aliento a sus aspiraciones por sus primeras medidas (declaración del estado de excepción en enero para combatir la violencia); nuevos homicidios y medidas económicas en contra de los sectores populares producen dudas en cuanto sus verdaderas posibilidades electorales. Noboa, por ejemplo, acusado él mismo de evadir impuestos durante 14 años; propone en cambio aumentar el I.V.A., que pagan los consumidores. Necesitaba otro golpe de efecto para tratar de levantar nuevamente su rating en las encuestas y lo intentó de este modo. A nivel político, mientras que en enero todas las fuerzas del país (incluso el mismo Correa), habían cerrado filas en torno a la presidencia, contra la violencia; esto se quebró con la violación de la embajada. México además rompió relaciones.
Jorge Glas, en tanto, fue secuestrado, torturado, alojado en un penal de alta seguridad donde convive con los delincuentes más peligrosos que ya han asesinado a muchos otros reclusos, y tuvo un intento de suicidio. Siendo que tiene doble nacionalidad ecuatoriana-alemana, su defensa estudia la posibilidad de presentar una demanda penal en Alemania por su secuestro.
Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo... 