Sinceramente, 2121 me sorprendió desde el primer capítulo. No es la típica historia de ciencia ficción, sino algo mucho más cercano, con escenarios y personajes que se sienten reales, incluso cuando todo gira alrededor de los viajes en el tiempo. Me encantó cómo el autor mezcla lo cotidiano con lo fantástico, haciendo que Rosario se convierta casi en un personaje más dentro de la trama.
Los protagonistas tienen una profundidad que te hace conectar enseguida: Walter F. con su inocencia y curiosidad, Fernanda con su lado tierno y misterioso, y esos personajes secundarios que parecen salidos de una historieta pero con un trasfondo muy humano.
Lo que más destaco es el estilo del autor: ágil, visual, lleno de imágenes que te hacen sentir dentro de la historia. Es de esos libros que te dejan pensando, y que uno termina recomendando sin dudar.
Una joya de la Ciencia Ficción Argentina, distinta, fresca y muy bien lograda.
Este Jueves 6 de Noviembre decenas de Movimientos Populares Movilizamos a lo largo y ancho de todo el País reclamándole respuestas al Gobierno Nacional para los sectores más postergados de la sociedad.
El Hambre crece fuerte en los Barrios Populares, junto con las adicciones que «Atrapan» a nuestros pibes ante la falta de trabajo, futuro y perspectiva.
El desempleo crece y las changas escasean mientras los grandes monopolios, el Capital Financiero y las grandes Agroexportadoras son los grandes beneficiarios del Ajuste y del Plan Económico en curso.
Por eso decimos que cualquier proyecto de Reforma Laboral que solo busque profundizar la Flexibilización y consolidar la Precarización Laboral solo traerá más sufrimiento a Nuestro Pueblo.
No se puede seguir esperando cuando nuestros niños se van a dormir sin su plato de comida.
Por esto es que este Jueves desde las 11 Horas Movilizamos al Ministerio de Capital Humano y a decenas de plazas y rutas en todo el país. Llevando nuestros reclamos y exigiendo soluciones a los problemas que sufrimos y no generamos.
URGENTE ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS COMEDORES Y MERENDEROS POPULARES.
POR UN SALARIO SOCIAL PARA TODOS LOS DESOCUPADOS.
SOSTENIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIAL.
URGENTE AUMENTO SALARIAL.
URGENTE IMPLEMENTACION DE POLÍTICAS PUBLICAS QUE FRENEN EL CRECIMIENTO DE LAS ADICCIONES.
CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA LUCHA Y ORGANIZACIÓN
Un Proyecto de Ley impulsado por la Extrema Derecha en el Congreso de Brasil (724/25) busca catalogar a los Grupos Narcotraficantes como Organizaciones Terroristas o «Narcoterroristas». Bajo la premisa de aumentar las penas y combatir lo que algunos sectores denominan un «Marxismo» benévolo en los Tribunales, la iniciativa es, en realidad, una maniobra con profundas implicaciones geopolíticas que podría expandirse por la región.
La justificación esgrime que el Sistema Penal actual es blando. “Las penas son muy suaves, debería haber una mayor punibilidad para romper el Marxismo que reina en los Tribunales y que trata a los criminales como pobrecitos y los libera”, afirmó recientemente Guilherme Derrite, Secretario de Seguridad del Estado de São Paulo. Sin embargo, esta narrativa es engañosa. Si el objetivo real fuera incrementar el monto de las penas o el rigor de los juicios, el camino no pasaría por crear una nueva figura delictiva, sino por reformar los Códigos Penal y Procesal Penal existentes.
EL GUIÓN ESTADOUNIDENSE Y LOS ALIADOS LOCALES
Detrás de esta ofensiva legal se vislumbra un claro alineamiento con los designios políticos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Las señales de esta sintonía son múltiples. Tras la victoria electoral de Donald Trump, Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo y aspirante presidencial del sector financiero, viralizó un video en sus redes sociales luciendo la gorra de la campaña «Make America Great Again» parafraseando a Jair Bolsonaro el día de la prisión de Lula: «Gran día». El mismo Freitas mantuvo un silencio ensordecedor frente a los arbitrarios aranceles del 50% impuestos por Trump a Brasil durante el Gobierno de Bolsonaro, y llegó a «recomendar» al Presidente Lula da Silva que cediera a los intereses de Washington antes de negociar con el magnate neoyorquino.
Ahora, el Gobernador le sirve en bandeja a la administración Trump la declaración del Primer Comando de la Capital (P.C.C.) –el principal grupo criminal de São Paulo– como organización terrorista. No fue el único en reaccionar. Tras la masacre que ordenó contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro, el Gobernador Cláudio Castro secundó la iniciativa. Con rapidez, figuras como la Ministra de Seguridad Argentina, Patricia Bullrich, y el Presidente Paraguayo, Santiago Peña, avalaron la nueva clasificación y desplegaron dispositivos de seguridad en sus fronteras con Brasil para evitar la «Invasión de Narcoterroristas».
LA TERGIVERSACIÓN JURÍDICA COMO HERRAMIENTA
Aunque pueda parecer una discusión técnica marginal, es crucial desmontar la simplificación jurídica que impulsa la derecha. Argumentar que un grupo es terrorista porque «en ocasiones produce terror en la población», como declaró el gobernador Tarcísio, es un silogismo que desdibuja los fundamentos del derecho penal.
Jurídicamente, un mismo resultado –la muerte de una persona– puede encuadrarse en figuras delictivas distintas con penas muy diferentes. Esquemáticamente, no es lo mismo un PARRICIDIO (el asesinato de ascendiente), que es un HOMICIDIO agravado por el vínculo, que un LATROCINIO (homicidio en ocasión de robo), que es un ROBO agravado por el resultado. Ambos tienen un desenlace luctuoso, pero la figura legal, la pena y muchas veces el tratamiento jurisdiccional no son los mismos.
Estas distinciones son lecciones preliminares en cualquier Facultad de Derecho, algo que Tarcísio de Freitas o sus numerosos Asesores Jurídicos no pueden ignorar. Pero en la retórica del poder, estas «Minucias Leguleyas» parecen importar poco.
EL VERDADERO OBJETIVO: LA PUERTA ABIERTA A WASHINGTON
Lo que realmente está en juego es la entrada de Brasil en el radar de la política exterior Estadounidense, que actúa como un Juez-Ejecutor Universal que persigue el terrorismo en todos los rincones del mundo. Estados Unidos ya lleva a cabo operaciones letales en el Caribe y el Pacífico, donde ejecuta sumariamente a sospechosos en barcazas mediante misiles, sin proceso, pruebas ni la más elemental presunción de inocencia. Aún si las víctimas fueran traficantes, jurídicamente es un absurdo: se convierten en sujetos con menos derechos que los jefes de los cárteles juzgados en un tribunal.
La derecha brasileña quiere que el país ingrese, en el rol de víctima, a este absurdo humanitario. Le abren de par en par la puerta a Estados Unidos para que realice acciones directas en su territorio. Quienes crean que este experimento se limitará a Brasil se equivocan: es un tubo de ensayo para toda Latinoamérica. Ya se observan movimientos similares desde el norte, en Venezuela y Colombia. Es probable que se intente replicar la fórmula en el Ecuador de Daniel Noboa. Y, créase o no, es un camino que probablemente siga la Argentina de Patricia Bullrich, ávida por cumplir las órdenes del ‘Gran País del Norte’. Otros gobiernos harán fila para decir, sumisos: «SIEMPRE LISTOS».
LA TRAMPA JURÍDICA ESTÁ ARMADA, Y SU RESORTE PUEDE ACTIVARSE EN TODA LA REGIÓN.
DANIEL ROY GILCHRIST NOBOA AZÍN – SANTIAGO PEÑA PALACIOS – PATRICIA BULLRICH
Cualquier debate que pretenda ser serio sobre la arquitectura del Capitalismo en el Siglo XXI debe, por necesidad ineludible, contener en su núcleo una discusión frontal sobre la fractura central de nuestra época: la que separa de manera profunda a los ricos de los pobres.
Esta no es una división natural o un mero resultado de diferencias de talento o esfuerzo; la concentración extrema de ingresos y riqueza que define nuestro tiempo no es un subproducto accidental del crecimiento económico, sino el resultado deliberado de decisiones políticas e institucionales tomadas durante décadas de ofensiva ideológica. Un proyecto de ingeniería social a la inversa, cuyas herramientas maestras han sido la desregulación financiera desbocada, una globalización asimétrica diseñada para el capital y no para el trabajo, y la construcción paciente de un sistema fiscal que, lejos de ser progresivo, opera como un mecanismo de redistribución inversa, succionando recursos del conjunto de la sociedad para depositarlos en los bolsillos de una minoría ya obscenamente acaudalada.
La imagen de los multimillonarios conspirando en una sala oscura es un simplismo que oculta una realidad mucho más insidiosa y poderosa. Ellos no necesitan manejar los Estados desde las sombras porque, simplemente, han logrado algo más profundo y duradero: ejercen una influencia sistémica, estructural, sobre las propias reglas del juego económico y político.
Su poder no reside en violar las normas, sino en escribirlas. Esta captura del Estado, un fenómeno documentado y no una mera teoría de la conspiración, permite a las corporaciones y a los magnates que las controlan financiar candidatos para influir directamente en la composición misma de los gobiernos, obteniendo a cambio un acceso privilegiado y constante a los procesos ejecutivos, legislativos, judicial y regulatorios.
Para comprender la magnitud de este fenómeno es imperativo comenzar por el principio, por el flujo de capital que lubrica toda la maquinaria. Los multimillonarios siguen inundando la democracia estadounidense, y por extensión la de muchos otros países, con un diluvio de dinero que convierte la igualdad política formal en una farsa. Un dato, frío y elocuente, basta para ilustrarlo: tan solo 100 familias en los Estados Unidos han invertido una cifra récord de 2.600 Millones de Dólares en las elecciones federales de 2024, lo que representa uno de cada seis dólares gastados en total.
Esta astronómica cifra duplica la cantidad donada por los multimillonarios estadounidenses en las elecciones presidenciales de 2020. Y representa un aumento de casi 160 veces en el gasto político desde que la infame ley Citizens Unitedde la Corte Suprema de 2010 abrió las compuertas al permitir las donaciones ilimitadas a las campañas, equiparando el dinero con la libertad de expresión y transformando la política en un mercado de influencias.
La gran mayoría de este oro negro político apoyó a candidatos republicanos. Los 100 principales donantes de familias multimillonarias destinaron el 70 % (1.840 Millones de Dólares) de sus donaciones a comités que respaldaban a candidatos republicanos, mientras que el 23 % (594 Millones de Dólares) se destinó a entidades que respaldaban a candidatos demócratas, lo que revela una clara preferencia por un partido históricamente más alineado con la desregulación y los recortes fiscales para los más ricos.
El caso de Elon Musk es paradigmático: se erigió en el mayor inversionista político del ciclo electoral de 2024, aportando más de 278 Millones de Dólares a Candidatos Republicanos, casi la totalidad en apoyo directo a la Reelección Presidencial de Donald Trump. Es conmovedor notar que sus contribuciones de campaña fueron cuatro veces superiores a lo que Musk pagó anualmente en impuestos federales sobre la renta entre 2013 y 2018, un dato que encapsula a la perfección la perversa ecuación del poder contemporáneo: la influencia política se compra con lo que se ahorra en impuestos.
La conquista del Estado no es, insistimos, una fantasía conspirativa; es un fenómeno estudiado y denominado «Captura Regulatoria«, un proceso donde los medios de difusión, cada vez más concentrados, y las redes sociales, controladas por estos mismos intereses, tienen el dominio casi absoluto de la narrativa pública. Los laboratorios de ideas (Think Tanks), generosamente financiados por estas élites producen un flujo constante de investigaciones seudocientíficas que legitiman políticas favorables a los ricos —como rebajas de impuestos para las grandes corporaciones o la desregulación de sectores claves—, presentándolas ante la opinión pública como medidas «técnicamente necesarias» para el crecimiento económico, un mantra que esconde una transferencia masiva de recursos hacia arriba.
Sin embargo, ¿cuáles son los beneficios concretos, la hoja de ruta de esta Captura Estatal? Estos van desde la puerta giratoria —donde altos funcionarios pasan a trabajar para las empresas que antes regulaban y viceversa— y el lobby descarado, hasta el financiamiento de campaña que hemos descrito. No se trata de una conspiración secreta, sino de un Proceso Sistémico y Abierto cuyo objetivo final es asegurar que las personas que toman las decisiones clave en el Estado sean permeables o directamente aliadas de sus intereses corporativos.
El botín para los aportantes se materializa en un catálogo de privilegios: la creación de Leyes Impositivas Favorables, es decir, un Código Tributario deliberadamente complejo y plagado de exenciones, créditos y deducciones para los ingresos del capital, que tributan a tipos mucho menores que el trabajo asalariado; la imposición de Leyes Laborales Favorables al Capital, presionando contra el aumento del salario mínimo federal, debilitando los derechos de sindicalización y facilitando la clasificación fraudulenta de los trabajadores como «contratistas independientes» para eludir sus obligaciones; la omisión sistemática de regulaciones, desmantelando metódicamente las normas ambientales, financieras o de seguridad que se consideran «barreras» para los negocios; el afianzamiento de monopolios y oligopolios mediante el debilitamiento estratégico de las agencias antimonopolio, asegurándose que las leyes de competencia no se apliquen con rigor.
Facilitar la evasión fiscal y la falta de control sobre los Paraísos Fiscales, permitiendo que la riqueza se oculte en jurisdicciones opacas; el aumento de su colonialismo en la cadena de suministros, utilizando su poder de negociación y la deslocalización para explotar mano de obra barata y normas ambientales laxas en países en desarrollo; la privatización de servicios públicos esenciales, presionando para que servicios estatales como la salud, las prisiones, el agua y la educación se subcontrasten a empresas con fines de lucro, transformando derechos ciudadanos en oportunidades de negocio; la influencia directa en la política exteriory militar, donde las industrias de defensa y energía tienen un interés directo en las decisiones de guerra y paz; y, finalmente, la captura del sistema legal a través de la inclusión en los tratados de comercio internacional de cláusulas de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS), que permiten a las corporaciones demandar a los Gobiernos Soberanos ante tribunales privados si sus políticas, por ejemplo, ambientales o sociales, afectan las ganancias esperadas.
En este contexto, gravar a los Multimillonarios y detener su concentración de riqueza se ha convertido, en 2025, en una de las luchas políticas centrales a nivel global. Basado en discusiones recientes en medios, académicos y tanques de pensamiento, esta agenda gana una tracción sin precedentes como respuesta lógica a una concentración de riqueza que, en 2025, supera los $16 Billones (casi el P.I.B. de China) en manos de unos 3.000 Multimillonarios, mientras el 50 % más pobre de la población mundial posee solo el 2 % de la riqueza global.
El corazón del debate fiscal moderno ya no se centra solo en los ingresos, sino en cómo abordar la riqueza acumulada y las lagunas legales que permiten estrategias de elusión tan ingeniosas como cínicas. La iniciativa del G20 para gravar a los súper ricos, impulsada con fuerza por la Presidencia de Brasil y apoyada por economistas de la talla de Gabriel Zucman, busca precisamente cerrar estas brechas, proponiendo a menudo una tasa mínima del 2 % sobre el Patrimonio Neto de los individuos más acaudalados. Este acuerdo histórico, aún en gestación, busca contrarrestar la principal dimensión externa de la evasión fiscal: la competencia fiscal depredadora entre países que anima a los súper ricos a trasladar su residencia o sus activos a jurisdicciones con impuestos bajos o nulos, en una carrera hacia el abismo que deja a los Estados sin los recursos necesarios para financiar servicios básicos.
Esta iniciativa se ve no solo como una herramienta esencial para reducir la desigualdad, sino como un mecanismo vital para financiar las enormes inversiones requeridas para las transiciones sociales del siglo XXI. Sin embargo, la principal preocupación, y el talón de Aquiles de cualquier esfuerzo de este tipo, radica en que, si el impuesto no es verdaderamente global y coordinado, los millonarios simplemente moverán su residencia fiscal y sus activos a países que no lo apliquen, lo que llevaría a la temida «fuga de milmillonarios», un chantaje fiscal al que los Estados han sido históricamente vulnerables.
Para gravar la riqueza que ya ha sido concentrada mediante estos mecanismos, el principal instrumento propuesto es el impuesto al patrimonio, también conocido como impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas. Se trata de un gravamen anual que se aplica sobre el valor neto total de los activos de una persona, no solo sobre sus ingresos. Su virtud fundamental es que aborda directamente la riqueza acumulada, incluyendo las ganancias no realizadas, es decir, el aumento en el valor de los activos del titular.
En resumen, esta lucha no es solo sobre gravar, sino sobre reequilibrar el poder: detener la concentración que permite a Multimillonarios «ADUEÑARSE» de los Estados vía el cabildeo. Si gana terreno, podría redefinir la política económica global en 2026.
En un contexto de fuerte desigualdad y pérdida del poder adquisitivo, este informe propone tres análisis sectoriales para comprender las dinámicas que atraviesan la Economía Argentina Actual: el sector financiero, el sector energético y el sector alimentario – agroexportador.
El trabajo fue elaborado por el MATE – Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía con el objetivo de aportar herramientas para el debate público, la acción sindical y las políticas públicas.
Parrafraseando al Notable Laboralista José Luis Ugalde Cataldo (“El Nuevo Derecho del Trabajo” 2004 Inscripción 141A197 Santiago de Chile. Editorial Univertitaria SA. P 16)es debido tomar nota que el estudio del Derecho del Trabajo debe “parecerse más a una película de cine donde los protagonistas y las cosas cambian con rapidez pero siempre se mantienen en tensión “propia de una historia apasionante como es el Mundo del Trabajo y su Regulación Jurídica”.
En ese andarivel, tanto la génesis como el destino del Derecho del Trabajo y el Estado Económico Liberal se encuentran irreversiblemente unidos y negar ese vínculo constituye un grave error dentro de la Ciencia Jurídica.
Luego de la irrupción de la Primer Revolución Industrial y durante el Siglo XIX el sector obrero produjo manifestaciones de desorden social-económico ante los abusos y precarización sufridos –medidas de fuerza autodefensivas y no siempre pacíficas-, las que han influido decisivamente para atemorizar y, en parte, hacer abrir los ojos a las clases pudientes.
Ello llevó a que el Mundo Capitalista Occidental haya decidido comenzar a intervenir en el Mundo del Trabajo, en forma emergente primero con Legislación Obrera y luego más sofisticadamente con el Derecho del Trabajo. Sus objetivos: “forjar los medios jurídicos de la dominación suave del capital». (JEAMMAUD, A. et alt. Le droit capitaliste du travail, PUG, Grenoble, 1980, Francia, p 240).
La Doctrina Laboral con algún grado de desarrollo científico, ha explicado que el Derecho del Trabajo, en cuanto a organización social cumple su rol como “una solución defensiva del Estado liberal para, mediante la promulgación de normas protectoras de los trabajadores, atender a la integración e institucionalización del conflicto entre trabajo asalariado y el capital en términos compatibles con la estabilidad del sistema económico establecido» (PALOMEQUE, MC. Derecho del Trabajo e ldeología, Ed. Tecnus, España, 1995, p 17).
KLARE señala que «el sistema de valores latentes en el Derecho Laboral es, en pocas palabras, una ideología legitimante que refuerza las instituciones dominantes la cultura hegemónica de nuestra sociedad. La crítica totalizadora del Derecho Laboral es, por eso, un requisito previo indispensable para el progreso hacia la libertad en el puesto de trabajo»(KLARE, K. Teoria Critica e diritto dei rapporti di lavoro, Democrazia e diritto, Italia, 1990, p 342).
Posner uno de los teóricos del Neoliberalismo y la Escuela Económica del Derecho, reconoce que la legislación laboral tiene «una meta económica. aunque no eficiente… no es un sistema para maximizar la eficiencia ni aumentar la riqueza sino más bien a redistribuirla o repartirla. (POSNER. R. El análisis económico del Derecho. Fondo de Cultura Económica México 1992, p 30.)
Este ha sido el modelo clásico del Derecho del Trabajo «un Derecho unidireccional, establecido y aplicado en beneficio del trabajador”.
Sin embargo, en los últimos años se hizo carne, a través del proceso de Flexibilización, un sistema bi-direccional que atenderá al Principio Pro Operario y, a la vez, al Principio Pro Empresa que se amplió a Principio Pro Emprendedor y Autónomo.
Este nuevo marco apunta a una dirección distinta y mucho más conveniente al sistema hegemónico capitalista, no afecta nunca al empresario, quien logra, gracias al nuevo mundo de la Flexibilidad, una ubicación de ganador seguro puesto que la disputa se da entre insiders y outsiders del trabajo dependiente.
En suma, se atomiza el sector trabajador -léase trabajadores irregulares, uberizados, microemprendedores y autónomos de servicios personales- magnificando la existencia realidades económicas contrapuestas y abandonando el sistema transaccional que le dio origen.
Es decir, reacciones de enfrentamientos violentos y descalificantes entre los propios trabajadores y sectores económicamente precarios en la distribución de recursos, favoreciendo al sector empresarial concentrador de riquezas que resulta ajeno a la puja distributiva.
El esquema básico de la reforma planteada por el Gobierno Libertario, sumado a la ya vigente Ley Nº 27.742 es la más clara demostración jurídica de esta postura descalificante del Trabajo Asalariado.
Partiendo de la consigna de que la “SEGURIDAD SOCIAL” es una aberración en contradicción con los postulados constitucionales y del Derecho Internacional que el país ratificó, lo que sigue no puede ir en una dirección distinta.
Lo primero fue igualar al trabajador en negro con el trabajador regular a través de la eliminación de las llamadas Multas Agravantes (Ley Nº 27.742) restringir el Derecho de Huelga a través de la figura del Despido con Causa -el que protesta pierde el empleo- y posibilitar el pago de indemnizaciones a través de fondos aportados mensualmente por el empleador. Esto último en contra del principio constitucional de “protección contra el despido arbitrario” del Art. Nº 14 bis y no aplicable en los hechos por el “elevado costo mensual” que deben afrontar los empresarios. Situación que variaría si se viabiliza la alternativa alocada que circula en informaciones que sean los “Propios Trabajadores” los que aporten a su Fondo Indemnizatorio ya que ahí el costo empresarial sería cero.
El Proyecto de la Diputada Diez profundiza -como es lógico después del Resultado Electoral de medio término- esa dirección.
La irrenunciabilidad (Art. Nº 12 de la L.C.T.) en los hechos se va a ver absolutamente violentada con la posibilidad de efectuar acuerdos del Art. Nº 15 de la L.C.T. -seguramente administrativos ante el Ministerio de Capital Humano ya que no creo que los empleadores efectúen presentaciones ante la Justicia del Trabajo- que convaliden y homologuen la Reducción de Derechos.
En cuanto a la distribución desigual de la jornada de trabajo con posibilidad de ampliarla hasta 12 horas diarias y 60 semanales soslayando absolutamente los efectos nocivos de la sobrecarga física de una persona trabajadora a cambio de evitar tener que abonar horas extraordinarias a contramano de todas las reformas en tal sentido que se están produciendo en los Países Occidentales desarrollados en economía liberal en el mundo y en contra nada menos que del Convenio Nº 1 de la O.I.T. al que se pretende gambetear manteniendo en lo formal el límite general de 48 Horas Semanales. En el mismo sentido se apunta a restringir el Derecho del Descanso Anual.
Finalmente, la alternativa que las pymes puedan abonar las indemnizaciones por despido hasta en 12 cuotas con el incremento del I.P.C. -que fija el Gobierno de manera al menos cuestionable respecto a determinados servicios- más un 3% anual, lo que implicaría la irrazonable situación fáctica que un trabajador asalariado otorgue financiamiento a su empleador respecto a los créditos legítimos a su favor.
En primer lugar, puesto que el asalariado se encuentra con sus ingresos cada vez más limitados y muy cerca del límite de pobreza en lo general -ya que el Libertarismo no se aplica tal como se declama en las negociaciones paritarias al poner sostenidamente límites a las mismas siempre por debajo del índice inflacionario-.
En segundo término porque el concepto de pyme en nuestro país conforme la Ley Nº 24.467 y sus Reglamentaciones resulta sumamente vidrioso, con facturaciones anuales Millonarias en Dólares y más de 80 Empleados en algunos casos y excede largamente el criterio de Microempresa de escasa capacidad económica.
Recuerdo al respecto que la firma Lacteos Vidal S.A. se presentaba televisivamente argumentando ser una pyme asfixiada por las medidas gremiales y al borde de la desaparición, para conocerse después en forma pública que había en ese tiempo efectuado Millonarios Aportes de Capital como socia de actividades aparentemente poco lícitas en el exterior.
A ello podemos agregar el exiguo límite de intereses por créditos laborales en una situación económica absolutamente inestable, el límite al pago de costas causídicas ratificado y el control médico a cargo del estado (léase Ministerio de Capital Humano) en el caso de las Licencias por Enfermedad (Art. Nº 208) e Indemnizaciones del Art. Nº 212 de la Ley de Contrato de Trabajo.
La adecuada redistribución de los ingresos en el sistema capitalista es, sin dudas necesaria y funcional tanto en lo social como en lo económico.
Precarizar, restringir e igualar hacia abajo los Derechos de la Clase Trabajadora es violentar el propio Sistema Capitalista Liberal Económico y destruir las posibilidades de crecimiento, generación de riqueza y consumo de una enorme masa social asalariada.
Es generar inevitablemente conflictos políticos y sociales entre trabajadores insiders y outsiders, empleadores y gobierno que van a tratar de ser resueltos con imposiciones unidireccionales y más conflictivas aún.
Es, posiblemente, desencadenar a la larga el fracaso del Sistema Económico Liberal-Libertario que plantea el Gobierno.
Es más funcional a un Sistema de Populismo de Derecha que declama una Libertad Económica netamente Especulativa y Dependiente de Capitales Extranjeros tal como -lamentablemente- opera este Gobierno en los hechos.
SE HA PERDIDO EL CARÁCTER TRANSACCIONAL QUE DIÓ ORIGEN AL DERECHO DEL TRABAJO EN EL MUNDO OCCIDENTAL.
LA LIBERTAD -DE SER CADA VEZ MÁS PRECARIZADO Y MARGINAL EL TRABAJO DEPENDIENTE- SIN DUDAS AVANZA.
LA SALIDA DE GUILLERMO ALBERTO FRANCOS Y LISANDRO CATALÁN, CON EL TRASFONDO DE LAS INTERNAS PALACIEGAS.
Las Renuncias simultáneas de Guillermo Francos y Lisandro Catalán revelaron la interna más profunda del Gobierno Libertario. El fortalecimiento post elecciones del poder de Karina Milei y del Bloque Político que encabezan los Hermanos Menem potenció el enfrentamiento con Santiago Caputo, siendo los funcionarios renunciantes, víctimas de esa situación.
El Gobierno de Javier Gerardo Milei atraviesa una tormenta interna que expuso la fragilidad del equilibrio político en la Casa Rosada. A menos de una semana del triunfo electoral, las renuncias de Guillermo Alberto Francos y Lisandro Catalán marcaron la ruptura entre el ala política del oficialismo y el círculo más cerrado del poder presidencial. Ambos funcionarios, encargados de mantener el diálogo con los gobernadores y el Congreso, fueron desplazados luego de ser excluidos de la foto oficial de la cumbre con mandatarios provinciales.
“La reunión la armaron ellos y ni siquiera los dejaron estar en la imagen final”, reconoció un asesor provincial. Tal vez el detonante final fue la reunión de Javier Milei con Mauricio Macri en la quinta de Olivos, gestionada por Francos, pero a la cual fue excluido a ultimo momento. La renuncia no se hizo esperar y mientras se realizaba la reunion llegó la noticia, ante la sorpresa de Milei y el disgusto de Macri-
Francos argumentó su decisión en “persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional”, mientras que Catalán, en conversaciones privadas, apuntó directamente contra Santiago Caputo, el estratega libertario que acumula poder en el entorno presidencial.
EL TRASFONDO DE LA CRISIS
La confrontación entre Francos y Caputo venía gestándose desde los primeros meses de gestión. El jefe de Gabinete representaba la línea de moderación y diálogo político, mientras que Caputo impulsaba una conducción más ideológica, apoyada en la agrupación juvenil Las Fuerzas del Cielo. Según distintas fuentes, el asesor promovía desde hace semanas un reordenamiento interno para crear un superministerio con control de Obras Públicas y de las relaciones con las provincias, lo que hubiera dejado sin poder tanto a Francos como a Catalán.
El conflicto coincidió con un reacomodamiento interno que fortaleció el poder político de Karina Milei y de los hermanos Menem. Desde su rol como secretaria general de la Presidencia, Karina concentra cada vez más la toma de decisiones y el manejo administrativo, mientras Martín Menem, al frente de Diputados, y Eduardo Lule Menem, se consolidan como su base política y territorial.
ADORNI Y EL NUEVO ESQUEMA DE PODER
El nombramiento de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete confirmó el avance del eje Karina–Menem. Vocero presidencial y funcionario de máxima confianza de la hermana del presidente, Adorni representa al sector que busca disciplinar el gabinete y centralizar el control político. “Agradezco la confianza del presidente y de Karina Milei; vamos a profundizar las reformas estructurales que el país necesita”, publicó en redes tras asumir el cargo.
El movimiento provocó desconcierto entre los gobernadores, que perdieron a sus principales interlocutores. Cuatro mandatarios provinciales se enteraron de las renuncias por redes sociales, lo que generó malestar entre las administraciones provinciales que habían comenzado a tender puentes con la Casa Rosada. “Nos deja sin nadie con quien hablar”, reconoció un funcionario del norte argentino.
EL PODER EN DISPUTA
La salida de Francos y Catalán no fue solo un cambio de nombres, sino la expresión visible de una interna por el control del poder. En el centro del conflicto se enfrentan dos visiones: el ala política, encabezada por Karina Milei, más pragmática y enfocada en consolidar la gestión; y el ala caputista, liderada por Santiago Caputo, que promueve una línea más dura y confrontativa con la política tradicional.
Tras el triunfo electoral, la disputa se intensificó. Caputo aspiraba a ser designado jefe de Gabinete, pero la elección de Adorni frustró sus planes. En los pasillos de la Casa Rosada se comenta que podría encabezar un Ministerio del Interior empoderado, con nuevas facultades sobre la obra pública y los fondos de infraestructura. Si eso ocurre, la pelea entre ambos sectores quedará institucionalizada dentro del propio gabinete.
UN EQUILIBRIO INESTABLE
La dupla presidencial y su entorno atraviesan una etapa de concentración del poder sin precedentes. Javier Milei mantiene la conducción simbólica, mientras Karina dirige la estructura política y administrativa, y Caputo conserva la influencia estratégica. Sin embargo, el equilibrio es frágil. La convivencia entre ambos polos —el eje Karina–Menem y las Fuerzas del Cielo— se ha vuelto tensa y podría derivar en una nueva crisis antes de fin de año.
En paralelo, Patricia Bullrich busca posicionarse como tercera fuerza dentro del esquema oficialista, consolidando su poder en el Senado y aportando respaldo legislativo al Ejecutivo. Su ascenso podría alterar el delicado balance interno del gobierno libertario.
Desde la oposición, las críticas no se hicieron esperar. “Se fue la política, se quedó la familia”, ironizó un dirigente peronista. En la UCR advirtieron que la falta de interlocutores “agrava la debilidad institucional del gobierno”.
Mientras tanto, en Balcarce 50 intentan proyectar calma. “No hay crisis, hay reordenamiento”, repiten los voceros oficiales. Pero puertas adentro, la sensación es otra: el gobierno atraviesa una etapa de reacomodamiento en la que la concentración del poder y la ausencia de mediadores amenazan con convertir cada cambio en una nueva batalla interna.
EL PODER DETRÁS DE LAS CAJAS
Una parte central de la disputa interna tiene que ver con quién controla las cajas y los negocios derivados del Estado. En medio de un proceso acelerado de privatizaciones y reestructuración de empresas públicas, distintos sectores dentro del oficialismo buscan posicionarse para manejar los fondos, contratos y activos estratégicos que se pondrán en juego.
La venta de participaciones estatales en energía, transporte, comunicaciones y medios abre un escenario de “negocios suculentos”, donde las decisiones sobre licitaciones, valuaciones y adjudicaciones tendrán un peso político y económico determinante. En ese contexto, el control de las áreas con capacidad de gasto —Infraestructura, Interior y la Agencia de Bienes del Estado— se convirtió en una batalla de poder. Mientras el entorno de Karina Milei busca blindar estas estructuras para garantizar un manejo centralizado, el sector de Santiago Caputo pretende ampliar su influencia directa sobre los procesos de privatización, en un juego donde los equilibrios internos se confunden con los intereses económicos que se disputan el futuro del Estado argentino.
LAS ELECCIONES DEL 25 DE OCTUBRE PASADO ESTUVIERON INMERSAS EN UNA COYUNTURA ECONÓMICA Y POLÍTICA MUY PARTICULAR
El Modelo Económico mantenido hasta ahora por Milei ha logrado bajar la inflación por el método que él mismo había dado por infalible antes de ser candidato, cuando dijo: “Cualquier idiota puede bajar la inflación con recesión”. Se apoya también en un dólar bajo y pisar los salarios. Miente permanentemente atribuyendo la baja inflacionaria a los feroces recortes a todo lo que tenga que ver con necesidades sociales o de desarrollo económico (no de intereses de la ya descomunalmente inmanejable deuda pública, gastos reservados de la SIDE, de la presidencia en viajes privados al exterior, etc.). Pero mantener hasta las elecciones esa ficción, era esencial para tener alguna chance de lograr lo que logró (aunque se habría conformado con un resultado más modesto). El problema central es que ese modelo fuga permanentemente Dólares y se venía produciendo una corrida cambiaria que, ante las reservas netas negativas del Banco Central, y la completa insuficiencia de los mecanismos “NORMALES” de ingresos de divisas, amenazaba con que fuera inevitable una devaluación antes de las elecciones. Con ella, un salto inflacionario que habría pulverizado las posibilidades electorales del oficialismo, al ser la baja inflacionaria el único logro económico real de la actual administración, aunque se autoagregue –mentiras mediante– varios más.
Esas posibilidades, además, ya habían quedado melladas por los escándalos de corrupción evidenciados en catarata durante todo el año, en el contexto de una recesión económica y una caída de los ingresos de la mayoría de la población, deliberadamente inducidos por las razones señaladas.
Donald Trump llegó a la Presidencia Norteamericana con la pretensión de dar un viraje en los métodos con los cuales la oligarquía que gobierna los EE.UU. (tras una fachada de “DEMOCRACIA”), intenta revertir la firme declinación de la hegemonía mundial estadounidense.
No le ha ido muy bien en esas pretensiones, pero tampoco del todo mal. Para esa hegemonía, el control de lo que consideran su “PATIO TRASERO”, es casi indispensable. De los mayores países de Latinoamérica: Brasil, México, Colombia y Argentina, hoy solamente tienen un Gobierno sumiso en esta última. Evitar que cambie de signo es extremadamente importante en la estrategia de Trump.
Por eso, en las semanas previas a la elección, EE.UU. jugó fuerte, y con herramientas sin precedentes, para evitar el colapso de Milei: El Tesoro Norteamericano intervino en el Mercado de Cambios Argentino, comprando pesos (o sea, vendiendo dólares), para suplir la falta de oferta de divisas por los mecanismos usuales. Estas intervenciones (y otras como el swap), además de lo coyuntural, tienen seguramente como contrapartidas acuerdos que aún no son públicos, que hacen al avance del control Estadounidense sobre aspectos estructurales de la Economía Argentina. La motivación principal para hacerlas parece ser política, pero han tomado estado público otros detalles que hacen a los Intereses Económicos Estadounidenses, tanto privados como públicos: Preservar y fortalecer las ganancias de fondos especulativos cercanos a actuales funcionarios norteamericanos, colocar esos pesos obtenidos en letras del Estado argentino a tasas usurarias (el resultado final de esta maniobra, aún está por verse, según sea el manejo del tipo de cambio en los próximos tiempos).
Pero, además, Trump hizo recontraexplícita la amenaza de que esas “AYUDAS”, desaparecerían al instante, si a Milei le iba mal en las Elecciones de medio término.
Aunque cada fuerza política suele tener un núcleo duro de electores que lo votarán aún en los momentos más desfavorables; lo decisivo siempre es un universo de votantes que son mucho más volubles en sus decisiones electorales, según cuestiones que hacen al estado de ánimo del momento.
La crisis del 2001 y la debacle financiera de los últimos dos años del macrismo, y en especial su pérdida de las primarias Presidenciales de 2019, para no irnos mucho más lejos; ilustran a las claras cómo las clases dominantes tienen la capacidad de hacer recaer sobre las espaldas de los sectores populares la mayor parte del peso de las crisis de sus propios negocios. En algunos casos, hasta culpando públicamente a esos sectores de la crisis, como hizo Macri cuando perdió esas primarias.
El recuerdo de esas debacles, sumado a la falta de visualización de una opción política que genere realmente esperanzas sólidas de un futuro mejor en los sectores populares, empujaron a grandes masas de votantes a apoyar lo que creyeron era la única forma de evitar una abrupta crisis financiera y cambiaria poselectoral, arrastrando efectos económicos aún más catastróficos que los actuales; y así entregaron su voto al mileísmo. No por convicción, sino por miedo a un futuro inmediato peor.
El triunfo por amplio margen del Peronismo en las Elecciones Provinciales adelantadas del 7 de Septiembre (en la Pcia de Bs. As) activó además a importantes Sectores Antiperonistas, que habían votado a Milei en el balotaje y que, en esas elecciones, desilusionados por la marcha del Gobierno Nacional, no habían ido a votar. O bien, lo habían hecho por otras opciones, que esta vez no estaban presentes, o se desinflaron ante la gran polarización del último domingo. Esto se visualiza en dicha provincia, donde el Peronismo mantuvo sus electores de un mes y medio antes, pero el oficialismo los incrementó sustancialmente. Este efecto pesó también seguramente en el resto del país, aunque allí sea más difícil de medir cuantitativamente.
Por supuesto que aportaron a esa ola violeta, además de los beneficiarios temporarios de la “PLATA DULCE” del Dólar barato, sectores que mantienen aún una expectativa esperanzada en el Gobierno. Esto se vio hábilmente estimulado desde el propio oficialismo, con proyectos de recambios ministeriales (que no se produjeron hasta ahora, salvo el del canciller, acelerado por él mismo, por fuera del control de Milei), que daban la idea de una segunda etapa del Gobierno distinta. La idea de que “LO PEOR YA PASÓ”.
En realidad, lo peor no pasó todavía, sino que precisamente ese voto es el que le dio la fuerza parlamentaria que le permitirá proteger vetos y evitar Juicios Políticos. Es el que habilitará para que ahora todo empeore.
La crisis cambiaria no desapareció (a pesar de la reacción coyuntural de los mercados al día siguiente de la elección), sino que los problemas estructurales persisten, y en todo caso, se hace un poco más manejable para el Gobierno, a corto plazo, administrar esa crisis. Prácticamente todos los principales actores económicos que le dieron el respaldo para sortear exitosamente el test electoral, le reclaman una devaluación, que al menos discursivamente el Ministro de Economía sigue esquivando. Solamente ingresos importantes de divisas por algún lado (como podría ser, potencialmente, entrada de inversiones estadounidenses o de otro origen, importantes, en un revival del Menemismo; aunque es difícil que se produzcan con rapidez) se lo podrían permitir por un tiempo importante.
Los Poderes Económicos pretenden transformaciones que les permitan aún más el saqueo de nuestras riquezas naturales y del esfuerzo laboral de los argentinos. Pero quieren que sean tan irreversibles como la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, y tantas otras calamidades que seguimos padeciendo tras haber sido instaladas por la Dictadura, el Menemismo o el Macrismo. Para eso, no alcanzan los decretos, aunque un tercio parlamentario los blinde, sino que quieren leyes que requieren acuerdos legislativos mucho más extensos. De allí, las renovadas conversaciones con Macri y otros actores, en especial los Gobernadores, a los que ya está convocando, cambiando un poco su discurso confrontativo por presiones de Washington, y aprovechando la debilidad poselectoral de éstos.
El Pueblo Argentino, será sin duda, el principal perjudicado por las Reformas, en especial las Laborales, Tributarias y Previsionales que el Mileísmo pretende ahora concretar en los próximos dos años, al frente de un conglomerado unificado de las clases dominantes, bajo la batuta de Washington.
Del nivel de su resistencia a estas próximas nuevas agresiones a su ya deteriorada calidad de vida, dependerá el futuro de lo que resta del Gobierno Mileísta.
CREACIÓN Y CIERRE DE EMPRESAS EN LOS ÚLTIMOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LA GESTIÓN DE JAVIER GERARDO MILEI APARECE COMO LA SEGUNDA PEOR EN DESTRUCCIÓN NETA DE EMPRESAS.
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