Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo…

ESCRIBE MARA ESPASANDE [1]

El 25 de abril de 1952 fue un día histórico para la República Argentina: por primera vez, seis mujeres asumieron como Senadoras de la Nación. Juana Larrauri de Abrami (Entre Ríos), Hilda Nélida Castañeira de Vaccaro (Santa Fe), María Rosa Calviño de Gómez (ciudad de Buenos Aires), Ilda Leonor Pineda de Molins (provincia de Buenos Aires), Elena Di Girolamo (Corrientes) y Elvira Rodríguez Leonardi de Rosales (Provincia de Córdoba) prestaron juramento en el recinto históricamente ocupado por varones. Tres de ellas maestras, una cantante de tango y dos trabajadoras del círculo cercano a Eva Duarte de Perón asumieron el compromiso legislativo teniendo que superar los prejuicios sociales, pero, también, sus propias inseguridades.

El espacio público había sido vedado a las mujeres y la norma general era la dedicación a las tareas de cuidado en el hogar, algunas profesiones vinculadas a las “cualidades femeninas” -tales como la docencia- o como trabajadoras fabriles, aunque con menos derechos que los varones. Pero estas activistas asumieron el compromiso legislativo conscientes de la hora histórica que protagonizaban. Habían llegado allí, luego de años de arduo trabajo. Todas ellas habían comenzado su militancia junto a Eva Perón para lograr la sanción de la Ley 13.010, promulgada el 23 de septiembre de 1947, por la cual las mujeres podían votar y –también- ser votadas.

Sin dudas, el accionar de Eva Perón y las militantes que la acompañaban fue fundamental para lograr esta conquista. Pero, también, existieron otros factores que permitieron alcanzar este derecho. Por un lado, el contexto mundial y regional generaba condiciones favorables: en 1938, la Octava Conferencia de los Estados Americanos se había pronunciado a favor del voto de la mujer en el marco de la Declaración en favor de los Derechos de la Mujer. Muchos países latinoamericanos tales como Ecuador, Brasil, Uruguay, Cuba y El Salvador, ya habían sancionado el voto –ahora sí- universal. Por otro lado, la larga lucha del movimiento sufragista en la Argentina -que databa de finales del siglo XIX- había promovido, entre 1911 y 1947, la presentación de 11 proyectos ante el poder legislativo con apoyo, en particular, del Partido Socialista. Pero, lo que permitió hacer efectivo el cumplimiento de este derecho fue la llegada al gobierno de un dirigente político que, desde que asumió su primer cargo en la público se planteó como objetivo alcanzar esta conquista.

El 26 de julio de 1945, meses antes de ser detenido, Juan Domingo Perón participó en un acto de la Cámara de Diputados y se declaró a favor de otorgarle el voto a la mujer. Allí afirmó: “…empeño mi palabra como vicepresidente, como ministro y como secretario de Trabajo y Previsión, en el sentido de trabajar incansablemente por llevar adelante esta hermosa iniciativa” (Navarro, 2011: 187). La misma posición expresó en su primer discurso como Presidente en el Congreso de la Nación, en julio de 1946. De esta manera, el movimiento feminista alineado con la Unión Democrática perdió protagonismo y la sanción de la esperada Ley se produjo bajo el impulso de los diputados y los senadores peronistas, en el marco de una movilización en los alrededores del Congreso de miles de mujeres que sostenían en sus manos los retratos de Evita y de Perón. Fue allí, cuando los conductores del movimiento nacional comenzaron a delinear las estrategias políticas para organizar a las mujeres peronistas, decidiendo que la herramienta más adecuada era la creación de un partido político propio. En 1949 –en aquel acto histórico realizado en el Teatro Cervantes, el 26 de julio- se fundó, finalmente, el Partido Peronista Femenino (PPF) donde Evita designó 23 “delegadas censistas” –entre las que se encontraban quienes serían primeras seis senadoras- recibiendo la misión de recorrer el país.

En el encuentro fundacional, Evita explicó los fundamentos de la creación de este nuevo partido político independiente del partido peronista integrado por los hombres. Allí, sostuvo que las mujeres eran “doblemente víctimas en todas las injusticias” (Navarro, 2011: 215) haciendo referencia al sacrificio en el hogar y a la prepotencia patronal sufrida en las fábricas donde, además, obtenían una remuneración menor a la de los varones. Desde esta concepción, el peronismo definió la justicia social y el avance de los derechos de las mujeres como dos caras de la misma moneda, dos conquistas totalmente imbricadas. Pero, ¿por qué crear un Partido autónomo e independiente? Frente a este interrogante, Eva Perón explicaba: “…para que las mujeres no se masculinicen en su afán político. Así como los obreros solo pudieron salvarse por sí mismos (…) también pienso que únicamente las mujeres serán la salvación de las mujeres” (Bellota, 2019: 192).

Según su visión, había prácticas propias de la forma de hacer política de los varones que debían ser combatidas: “todo se arregla entre tabas y empanadas”, sostenía, y consideraba que sería sumamente complicado que las mujeres sin experiencia política previa comenzaran sus primeros pasos en ese marco: debían construir su propio instrumento político. Para eso, las mujeres censistas elaboraron una verdadera red a lo largo y ancho del territorio nacional donde cada unidad básica funcionaban no solo “como centros políticos del peronismo” sino también –en palabras de Eva- “como foco de cultura y acción útil para los argentinos” (Bellota, 2019: 192.). Tal como describe Araceli Bellota, allí se dictaban talleres de peluquería, costura, corte y confección, dactilografía, pero también apoyo escolar, alfabetización, danzas folclóricas, asesoramientos jurídicos y servicios ginecológicos. Además, ocupaban un lugar central los cursos de doctrina peronista y la capacitación para participar en el acto electoral.

Adoptando este perfil, el PPF logró convocar a amplios sectores de la población femenina de los sectores populares pudiendo superar las resistencias sociales propias de la época. Los testimonios de las censistas y de quienes se sumaron a trabajar en las unidades básicas destacan que fue central la realización de tareas de ayuda social –en articulación constante con la Fundación Eva Perón- y los lazos afectivos creados entre ellas, además de la conducción y acompañamiento permanente de la ‘abanderada de los humildes’. La articulación de su rol doméstico con el espacio público permitió que, lentamente, se fueran generando condiciones para asumir la plena participación política.

La reacción de la oposición no se hizo esperar: históricas militantes feministas del Partido Socialista –entre las que se encontraba Alicia Moreau- se declararon en contra de la iniciativa afirmando que “un partido político femenino estaba destinado al fracaso” y que era una “peligrosa desviación de la democracia”. Su antiperonismo, no les permitió advertir la fuerza del nuevo instrumento político que convocaría a millones de mujeres del pueblo a acercarse a la tarea política. Así, resultado del movimiento nacional que había nacido el 17 de octubre de 1945, en las elecciones de 1951 las mujeres ocuparon un tercio de los lugares en las listas peronistas, en todas las categorías.

Además de las seis senadoras nacionales, 80 mujeres llegaron a las legislaturas provinciales y más de una veintena a la Cámara Baja de la Nación. Pero, ¿qué pasó con el resto de las fuerzas políticas? El Partido Demócrata y la Unión Cívica Radical no presentaron candidatas mujeres. Sí lo hicieron –pero en número muy inferior- el Partido Socialista, Partido Comunista, Demócrata Progresista y Partido Concentración Obrera. Sin embargo, ninguna resultó electa: las primeras legisladoras nacionales pertenecieron todas al movimiento peronista. Una vez asumido el mandato, en el Senado de la Nación presidieron distintas comisiones y promovieron la sanción de leyes fundamentales para la conquista de derechos de las mujeres.

De su actuación legislativa resultó la aprobación del divorcio vincular (Ley 14.394) en 1954, la reforma de la ley de culto que propició la separación de la Iglesia del Estado, el Régimen de Trabajo para el personal de Casas de Familia; también, impulsaron las leyes de Abastecimiento y Abaratamiento de artículos de primera necesidad, la Ley de Propiedad Intelectual, entre otras. Cuando Perón fue derrocado por el infame golpe cívico militar de 1955, las senadoras peronistas –junto a las mujeres diputadas- fueron encarceladas y confinadas a la cárcel de mujeres de San Telmo ubicada en la calle Humberto Primo donde permanecieron por más de dos años.

Luego, se sumaron a la resistencia peronista y continuaron su lucha junto al pueblo para lograr el regreso de Perón que, finalmente, se concretaría en 1973. Los recorridos vitales de estas representantes encarnan un quiebre fundamental –y a menudo silenciado- en la historia política argentina. En ese sentido resulta crucial sacarlas del anonimato, conocer sus historias. Adentrémonos, entonces, en las vidas de algunas de las mujeres que protagonizaron aquellos años de avances populares.

Juana Larrauri de Abrami

Nacida en el barrio de Floresta, Buenos Aires, sus dos pasiones fueron el tango y la política. Debutó en 1931 como cantora en LR3 Radio Nacional y cinco años después presentó su primer disco donde se encontraban interpretados los tangos “Castigo” y “Sueño fue”. Decidió interrumpir su carrera artística cuando comenzó a militar junto a Eva Perón.

El mismo año en que fue elegida Senadora, en 1951, su voz interpretó “Evita Capitana”, tema del Partido Peronista Femenino. Como Senadora fue designada Presidenta de la Comisión de Defensa Nacional y más tarde, Presidenta de la Comisión que debía ocuparse de la realización del Monumento a Evita, aprobado por la Ley 14.124, días antes de la muerte de Evita. En su intervención en el debate parlamentario por esta última Ley expresó: …los derechos de la ancianidad, derechos cívicos de la mujer, etcétera, no son más que pequeños eslabones del collar de sublimes realidades si se la compara con la obra espiritual y moral que Eva Perón levantó en nuestras almas (…) No habrá palabras para decir todo lo que ha luchado por su pueblo. No habrá palabras para decir todo lo que nos ha dado. Eva Perón ha dejado jirones de su salud en la Secretaría del Trabajo y Previsión, luchando para los obreros, para sus queridos ‘descamisados’. Eva Perón ha dejado parte de su vida, trabajando noches y días por su pueblo y por su Patria. (…) Eva Perón ha sido y es el ángel tutelar de nuestro querido presidente. Cuando el clamor de la Nación entera le rogaba a Eva Perón se dignara aceptar la vicepresidencia de la República, ella, con magnífico gesto, declinó el expreso deseo de un pueblo que creía cubrirla de honores. Pero no, señor presidente ¡Los honores renunciaron a ella! Los argentinos no tuvimos el alto honor de que Eva Perón fuera nuestra vicepresidenta. (…) Eva Perón es el honor de los honores. Yo no acepto, señor presidente que a Eva Perón se la compare con ninguna mujer, con ninguna heroína de ningún tiempo, porque a muchas de ellas, por no decir a todas, eminentes escritores tuvieron que magnificar su historia; en cambio, no hay ni habrá escritor, por inteligente que sea, que pueda trazar fielmente la historia de las realidades de Eva Perón (1).

Fue perseguida y encarcelada. El 17 de mayo de 1956 se solicitó ampliar su prisión preventiva por “traición y asociación ilícita”, orden dictada por Luis Botet; el 12 de marzo de 1957 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, comercial y penal especial y lo contencioso administrativo, confirma la prisión preventiva a “jerarcas del peronismo” por orden de Enrique Ramos Mejía y Hernán Juárez Peñalva.

protagonista de la Resistencia. En 1970 integró el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista presidido por Juan D. Perón y María Estela Martínez de Perón, en carácter de secretaria. La composición sufrió cambios en 1971 pero Juana permaneció como representante de la Rama Femenina. Allí, se enfrentó con Jorge Paladino, delegado personal de Perón. En reconocimiento a su trayectoria y lucha, integró la delegación que acompañó a Perón en su regreso a la Argentina en 1972 (2).

Hilda Nélida Castañeira de Vaccaro

Rosarina de nacimiento se recibió de maestra normal, cargo que ejerció en Escuela n° 526 de la localidad de Saladillo en la provincia de Santa Fe. Desde allí, solicitó ante diversos organismos que se atendiera las necesidades de dichos estudiantes, mostrando su carácter solidario desde temprana edad. En 1947 comenzó a militar dentro del peronismo y en 1949, en el Congreso realizado en el Teatro Nacional Cervantes entre el 26 de julio y el 31 de julio, fue designada como delegada censista para la provincia de Salta.

Desde el Partido Peronista Femenino luchó por la sanción de la Ley 13.010 que le permitió, en 1951, ser elegida Senadora Nacional por su provincia natal. En la Cámara Alta fue la primera mujer en hacer uso de la palabra. Allí presidió la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, la de Trabajo y Previsión Social e integró la comisión de Obras públicas; también integró la Comisión especial de estudio para la elaboración del Segundo Plan Quinquenal.

En 1952 formó parte de la Comisión que se ocupara del Monumento de Eva Perón. Entre los proyectos de Ley presentados por ella se destacaron: la declaración para la colocación de una placa “Por la independencia económica” en la Casa de Tucumán; la propuesta de otorgar los títulos de Libertador de la República y de Jefa Espiritual de la Nación a Juan D. Perón y Eva Perón, respectivamente; la propuesta de utilizar como libro escolar “La razón de mi vida”; y cambiar la nominación de la avenida 9 de julio por la de “Eva Perón”. Se sumó a las filas de la Resistencia Peronista y en 1972 fue designada secretaria política de la Rama Femenina del Partido.

En 1973 resulta electa como Concejal de la Ciudad de Buenos Aires, cargo del que es depuesta el 24 de marzo de 1976. En 1995 integró el Círculo de Ex Legisladores de la Nación Argentina en el rol de secretaria de la mujer.

María Rosa Calviño de Gómez

Era profesora de la escuela secundaria N° 26 de la Capital Federal. Delegada censista a cargo de la primera unidad básica del Partido Peronista femenino en Buenos Aires, inaugurado el 27 de enero de 1950 en el barrio de viviendas obreras Presidente Perón. En el mismo año, fue creada la Organización de consumidores de la cual fue presidenta de la comisión directiva. Desde este cargo, trabajó junto a las unidades básicas del Partido Peronista Femenino en las campañas de respeto de los precios máximos oficiales. En agosto de 1951 fue nombrada censista para la provincia de Córdoba en reemplazo de la Dra. Elsa Chamorro. Allí, coordinó las tareas de la campaña electoral en más de las 400 unidades básicas de la provincia. Fue elegida Senadora Nacional por la Capital Federal en 1951.

Ocupó el cargo de Secretaria del Consejo de Administración de la Fundación Eva Perón presidido por Juan Perón; José Espejo (Secretario General de la CGT, vicepresidente 1°); Ingeniero Manuel Dupeyrón (Ministro de Obras Públicas, vicepresidente2°). El Consejo se ocupaba de coordinar las licitaciones, compras e inversiones; también, administrar las donaciones, garantizar el funcionamiento interno de la Fundación, organizar los torneos deportivos y vincularse con el Estado nacional.

Para optimizar su funcionamiento se creó una Secretaría General que estuvo a cargo de María Rosa Calviño, pero la secretaría tuvo una corta duración (agosto de 1952 a enero de 1953). En ocasión del intento de Golpe de Estado del 18 de septiembre de 1951, se destacó con su discurso cuando afirmó: …solo bastó que alguien dijera que Perón necesitaba la presencia de su pueblo, para que el maravilloso pueblo argentino, ese auténtico pueblo descamisado que lo integran los trabajadores, hombres, mujeres y hasta niños y ancianos, se lanzaran a la calle, para juntarnos codo con codo en las plazas públicas de todas las ciudades y así unidos esperar órdenes para accionar y demostrar al mundo que en la Nueva Argentina se hace lo que el pueblo quiere y no lo que los “vende patria” o los traidores desean. Es por eso, que el movimiento sedicioso encabezado por un grupo de malos soldados y peores militares fracasó, y porque la acción de los buenos que son los más y los mejores, a Dios gracias, supo imponerse decididamente […] solo la doctrina justicialista salvará al mundo de los horrores de las luchas intestinas […] para el justicialismo la libertad como la prosperidad, el capital, la economía, la cultura y todo lo que es un bien del hombre, no es solamente un bien individual, sino que es también un bien social. El mundo capitalista y su teoría capitalista, había llegado a la explotación del hombre por el hombre y así el pueblo trabajador estaba al servicio de la economía y la economía servía solamente al capital. […] …en las fábricas, en los talleres, en las actividades todas del músculo, el único rey y señor era el dueño del capital oro, que insaciable en su ambición, solo pensaba en aumentar sus caudales, olvidando que el capital trabajo es producido por el esfuerzo inteligente y desgastador de seres humanos que sienten y piensan, que tienen legítimas aspiraciones y que necesitan de un mínimo de dignidad y bienestar para lograr los fines eternos para los que todos fuimos creados. Perón elaboró una nueva concepción justicialista y estableció que el capital debe estar al servicio de la economía y la economía servir de modo tal al pueblo que asegure al que trabaja un ingreso medio de jornal superior al costo de vida (3).

Fue detenida por la Revolución Libertadora y, como en el caso de Larrauri de Abrami, el 17 de mayo de 1956 el juez Luis Botet solicitó ampliar su prisión preventiva por “traición y asociación ilícita”; el 12 de marzo de 1957 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, comercial y penal especial y lo contencioso administrativo, confirmó la prisión preventiva a “jerarcas del peronismo”. El 8 de marzo de 1984, junto a otras ex legisladoras, recibió una medalla recordatoria por parte de la Honorable Cámara de Senadores por su labor.

Ilda Leonor Pineda de Molins

Nació en 1909. Comenzó su militancia política en el peronismo y participó de la fundación del Partido Peronista Femenino. Luchó por la sanción de la Ley 13.010 mediante la cual pudo ser elegida en 1951 como Senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires. En la Cámara Alta ocupó el cargo de Vicepresidente segunda y luego, Vicepresidente primera. Depuesta por el Golpe de Estado cívico militar de 1955, participó en la resistencia peronista, siendo nombrada en 1963 por Perón como representante de la rama femenina dentro de la comisión interventora del Movimiento Justicialista.

Elena Di Girolamo

Nacida en Mercedes, Corrientes. Hija del jefe de estación de aquella ciudad, se mudó a Buenos Aires donde comenzó a trabajar junto a Eva Perón. Tras bregar por la sanción de la Ley 13.010, en 1951 fue elegida como Senadora Nacional por la Provincia de Corrientes donde la participación de las mujeres en la elección fue muy alta: de un padrón de 138.700 votó el 77,49 % (frente a un 77,16 % del padrón masculino). En la Cámara Alta integró las comisiones de Obras Públicas y de Legislación General y Asuntos técnicos; fue miembro de la Comisión bicameral especial de viviendas.

Elvira Rodríguez Leonardi de Rosales

Se desempeñaba como maestra normal nacional y formaba parte de la Unión Cívica Radical cuando nació el peronismo. Adhirió al nuevo movimiento y se integró al Partido Peronista Femenino. Aprobada la Ley 13.010, fue elegida Senadora Nacional en 1951. Integró la comisión de Asuntos Constitucionales y ocupó el cargo de secretaria de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Cuando se presentó para debatir la ley de divorcio vincular renunció a su banca porque cuestionó dicha iniciativa por su filiación al catolicismo. Fue entonces expulsada del PPF. En su reemplazo asumió José Miguel Urrutia.

María del Carmen Castro de Aguer

Maestra, escritora, militante peronista. Fue senadora nacional por la provincia del Chaco –por aquel entonces Presidente Perón- y ocupó la presidencia del bloque peronista en 1953.

Nacida en Itacaruaré, Misiones, en 1917, se recibió de maestra normal en la Escuela Normal Nacional de Maestras “Juan Pujol” de Corrientes. Ejerció la docencia en Villa Ángela, Puerto Tirol y en Resistencia, Chaco. Delegada censista del Partido Peronista femenino recorrió cada rincón del Chaco organizando social y políticamente a las mujeres peronistas. En las primeras elecciones realizadas en la Provincia Presidente Perón, antiguo territorio nacional del Chaco, en 1953, resultó electa senadora nacional. Fue la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta del bloque peronista en la cámara alta; además, presidió la Comisión de Educación y representó al Parlamento argentino en las 37° Conferencia Interparlamentaria de Viena y en la Conferencia para Padres realizada en Londres en 1954. Fue depuesta por el Golpe de Estado cívico-militar de 1955.

En 1994 fue elegida como convencional constituyente por la provincia de Buenos Aires donde trabajó en un proyecto de Educación que fue incorporado en la nueva Constitución Nacional. Publicó a lo largo de su vida 16 obras. Integró la Sociedad Argentina de Escritores y el Sindicato Nacional de Escritores Españoles. Obtuvo varios premios y reconocimientos por su obra literaria. En 1997 publicó su último poemario Eternidad y gloria donde evocaba a Eva Perón. Por otro lado, se destacó por su militancia en el campo cultural: integró la mesa directiva del Club del 45 donde confluían peronistas de la primera hora que buscaban conservar la doctrina del movimiento, integró también el Círculo de Ex Legisladores de la Nación.

Homenajes tardíos e historias pendientes

El primer homenaje a estas mujeres llegó el 8 de marzo de 1984. Recibieron una medalla recordatoria por parte de la Honorable Cámara de Senadores en reconocimiento a su labor. Algunas de ellas integraron y participaron activamente del Círculo de Ex Legisladores y continuaron su militancia política. Sin embargo, sus historias aún son desconocidas no solo para la ciudadanía en general sino también dentro de la producción historiográfica. Es por esto que, con este artículo, esperamos haber rescatado algunas de las acciones de estas mujeres que abrieron camino en la política nacional, como invitación a seguir estudiando la lucha por la igualdad política y, también, por la justicia social.

[1] Licenciada en Historia (UNLu) y Especialista en Pensamiento Nacional y Latinoamericano (UNLa). Directora del CEIL «Manuel Ugarte» (UNLa).

LECTURAS SUGERIDAS

• Barry, C.; Ramacciotti, K.; Valobra, A. (ed). (2008). La Fundación Eva Perón y las mujeres: entre la provocación y la inclusión. Buenos Aires: Editorial Biblios. • Barry, C. (comp.). (2011). Sufragio Femenino. Prácticas y debates políticos, religiosos y culturales en Argentina y en América. Buenos Aires: EDUNTREF. • Bellota, A. (2019). El peronismo será feminista o no será nada. Aportes para la construcción de un feminismo nacional y popular. Buenos Aires: Galerna. • Navarro. M. (2011). Evita. Buenos Aires: Edhasa.

NOTAS:

1. Fuente: Congreso Nacional, Diario de la Cámara de Senadores. Buenos Aires: Imprenta del Congreso de la Nación, 1953, p. 211.

2. Resulta llamativo que en diversas fuentes se afirma que Juana Larrauri fue dos veces senadora de la nación indicando que su segundo mandato transcurrió entre 1973 y 1976 (ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Juanita_Larrauri). Según el libro de matrícula del Senado de la Nación esto no fue así. Elegida en 1951, asumió el 25 de abril de 1952 cesando su mandato luego de 3 años (por la Reforma constitucional de 1949), elegida nuevamente en 1955 pero a poco de asumir fue depuesta por el golpe de estado.

3. Diario Córdoba, 17 de octubre de 1951 citado en: Patricia Roggio, Mujeres peronistas, de los Centros Femeninos a las Unidades Básicas. Córdoba. 1945-1951 Disponible en: https://cehsegreti.org.ar/historia-social-5/mesas%20ponencias/MESA%204/ROGGIO_4.pdf

FUENTE: «TRANSFORMARARGENTINA.COM»

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ASI QUE, AL COMIENZO DE CLASES TENDREMOS…

RESOLUCION DE LA COMISION DIRECTIVA DE AMSAFE PROVINCIAL -10 DE MARZO DE 2021-

Visto:
La propuesta emanada de la Paritaria del día 8 de marzo de 2021, y
Considerando:
Que la propuesta fue considerada insuficiente en el plenario provincial con 12657 votos por el rechazo y 11.576 votos por la aceptación;
Que resulta necesario que la propuesta salarial contenga menos tramos y se adelante el pago;
Que se solicita que el cronograma de ofrecimiento y toma de posesión de IPE sea adelantado;
El Plenario Provincial, realizado en el día de la fecha, con la participación de las y los Delegados Seccionales de los 19 Departamentos, y la votación de más de 24 mil trabajadoras y trabajadores de la educación,
Resuelve:
Paro de 48 hs los días 15 y el 16 de marzo.
En caso de no haber una nueva propuesta, paro de 48 horas los días 23 y 25 de marzo.
Evaluación.

Sonia Alesso – Secretaria General
Adriana Monteverde – Secretaria General Adjunta 1°
Patricia Hernández – Secretaria General Adjunta 2°
COMISIÓN DIRECTIVA PROVINCIAL

Frente a la proximidad de un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura civico-eclesiástico-militar compartimos con toda la comunidad de la U.N.R. la invitación a participar de dos actividades que se desarollarán durante las próximas semanas.
Al igual que en 2020, este año no se hará la marcha y el acto que se realizan habitualmente, con el objetivo de cumplir con las disposiciones sanitarias vigentes en el marco de la pandemia de coronavirus. En su lugar, se convoca a la lectura de un documento en el Parque a la Bandera.
El compromiso histórico que asumimos en la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sigue intacto, más vivo que nunca. Las presentes propuestas, a las que iremos sumando otras con el correr de los días, son nuestro con el que pretendemos nutrir la amplia agenda de actividades que habrá en nuestra ciudad en las próximas semanas.

ACTIVIDAD PROPUESTA EN CONJUNTO POR EL TALLER DE PINTURA DE COAD Y EL C.E.C.A.I. (CENTRO DE ESTUDIO Y CREACION ARTISTICA EN IBEROAMERICA)

Cada 24 de marzo nos convoca a recordar nuestro pasado reciente y conmemorar a las víctimas del terrorismo de estado durante la última dictadura cívica, militar y clerical en nuestro país. Bajo el lema Memoria, Verdad y Justicia, todos los años las calles se inundan de madres, abuelas, militantes, docentes, estudiantes, colectivos, organizaciones sociales y políticas y ciudadanxs que garantizan con su presencia la necesidad de la memoria y se convierten en un antídoto poderoso para el olvido.
Invitamos a artistas, colectivxs, aficionadxs, interesadxs y público en general de todo el mundo a participar de la Convocatoria Gráfica #24M, con una pieza en Blanco y Negro para ser descargada.

Bases para participar de la convocatoria

PLANTAMOS MEMORIA

A 45 años del golpe genocida desde COAD queremos invitar a adherir a la iniciativa #PlantamosMemoria, propuesta por los Organismos de Derechos Humanos en el marco de las actividades conmemorativas del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia que propone plantar 30.000 árboles en todo el territorio nacional en memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos. La propuesta, que se llevará a cabo durante todo este mes de marzo, invita a plantar en sitios de memoria: escuelas, organizaciones barriales, sindicatos y hospitales. También aquellxs vecinxs que quieran sumarse a la iniciativa de manera individual, en su casa, en familia o entre amigxs. La idea es, en tiempos de incendios, deforestación y cambio climático, plantar vida como un acto de memoria y futuro. Y lo que se propone es activar y difundir esa vida a través de árboles nativos, plantines de hortalizas, aromáticas y medicinales en almácigos, en jardines, canteros, macetas, balcones, veredas, escuelas, lugares de trabajo, clubes. Y luego registrar la acción, con fotos, videos, streaming, para subir ese registro a las redes sociales el 24 de marzo con los hashtags #45AñosDelGolpeGenocida #PlantamosMemoria Convocamos a la comunidad universitaria a realizar esta actividad durante el mes de marzo en los distintos edificios de la UNR, culminando con un acto en el CUR donde realizaremos la lectura de un documento, la plantación de un árbol en la plaza de la memoria y colocaremos una placa como acción conmemorativa y colectiva. Respetando protocolos y mostrando que en el marco de la pandemia de coronavirus este 24 de marzo seguiremos exigiendo MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

Desde Amsafe Rosario invitamos a participar de la Charla abierta a la comunidad educativa “Escuelas y Covid”, a realizarse el día Jueves 11/3 a las 18 hs, por el canal de Youtube de Ciencia Rosarina contra el Coronavirus.

La charla está dirigida a docentes, asistentes escolares, equipos directivos, padres y madres, y a toda la comunidad en general, para abordar los protocolos escolares contra el coronavirus desde la ciencia y las instituciones educativas.  

Link de la Charla: http://bit.ly/38lL5uc

Constituye un alto honor presidir nuevamente la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Distinción que debo al voto y a la confianza de mis colegas, a quienes agradezco.

En tal carácter, procederé a dar inicio a la labor judicial del año 2021 en este acto público y solemne de conformidad con el artículo 19, inciso 15, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La crisis global que enfrentamos en materia sanitaria desde marzo del año pasado, y que se extiende hasta el presente, nos obliga a efectuar una necesaria e ineludible referencia acerca del impacto de la pandemia en los poderes judiciales en general y en el sistema judicial santafesino en particular.

Debido a esta situación, el 19 de marzo de 2020 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso políticas específicas de público conocimiento que siguieron las provincias y los municipios; y que este Poder Judicial acompañó.

La pandemia, es el más alto desafío que en tiempos democráticos deben enfrentar los poderes del Estado. A nosotros, el Poder Judicial, ese desafío se traduce en lograr el cumplimiento del designio constitucional de “afianzar la justicia”.

Para ello me ha parecido oportuno volver sobre el Preámbulo, ya que en él se encuentra el “por qué” debíamos darnos una Constitución, con la intención de detenerme en particular sobre uno de esos «para qué» que motivaron a los constituyentes de 1853 a otorgarnos una Carta Magna.

Y ahí encontramos, el mandato de «afianzar la justicia», inspirado directamente en el preámbulo de la Constitución de Filadelfia (que habla, precisamente, del propósito de «instaurar la justicia» -«establish justice»-).

En sus Commentaries de 1833, decía Story que establecer la Justicia “debe ser uno de los grandes fines de todo gobierno sabio”, encontrándose “en la base misma de todas las instituciones” de un gobierno libre. “Sin justicia que sea administrada libre, completa e imparcialmente, ni nuestras personas, ni nuestros derechos, ni nuestra propiedad, pueden ser protegidos”.

Los constituyentes del ’53 a pesar de escoger un verbo distinto, puede decirse “con entera verdad, que uno de los objetivos de la Constitución era establecer la justicia, crearla, darle existencia eficaz”, poniéndola a salvo de los “caprichos sangrientos” (en palabras de Sarmiento) a los que había permanecido sometida durante tantos años.

Entiendo que con esa sola frase se encuentra resumido el sentido último de nuestro trabajo, del mismo modo que ella también es invocada por todos los que vienen a Tribunales a procurar la tutela de sus derechos -repitiendo la conocida frase «será justicia»-.

Cuando nos preguntamos acerca de qué es afianzar la justicia, ineludiblemente nos interrogamos acerca de qué es la justicia y es ahí donde aparece la referencia a uno de los tres «praecepta iuris» de Ulpiano, el precepto de «dar a cada uno lo suyo», una expresión que la filosofía clásica ha adoptado como la definición misma de «justicia». Por supuesto que este no es el lugar para emprender una reflexión acabada sobre el tema, pero parece oportuno realizar unas breves observaciones con sentido práctico.

Ante todo, podría señalarse que la justicia presupone la existencia de normas que establecen lo que es «de cada uno», por lo que ella no resulta un cometido exclusivo del Poder Judicial, sino que es una tarea conjunta de todos los poderes del Estado, destacándose en gran medida el Poder Legislativo, que es el llamado a dictar las leyes que organizan nuestra sociedad, aunque siempre sometido al control de validez de los tribunales (como ya lo enseñaba el juez Marshall en Marbury v Madison -1803-).

En esta ocasión quisiera destacar, pensando en los miembros del Poder Judicial, la necesidad de tener siempre conciencia de que ese mandato de afianzar la justicia se actualiza en cada asunto que se trae a nuestros despachos y que exige respuestas que aseguren y/o restauren la igualdad -que es la raíz de la justicia- en las relaciones humanas concretas, ya sea compensando o repartiendo, adjudicaciones que expresan las dos formas básicas de la justicia, que desde Aristóteles -aunque con cambios en la terminología- conocemos como justicia conmutativa y justicia distributiva.

La justicia conmutativa (llamada «particular») se vulnera cuando hay aprovechamiento, enriquecimiento indebido por desigualdades originarias (como la lesión) o sobrevinientes; al intervenir en tales casos, en los que rige la igualdad aritmética, los jueces -y quienes colaboran con ellos- deben tener siempre presente que, a pesar de involucrar por lo general a particulares, no se trata de asuntos meramente privados, pues las injusticias particulares también ofenden al bien común, lo cual habilita y justifica plenamente el ejercicio razonado de la autoridad judicial para prevenirlas.

El verdadero desafío lo representa la justicia distributiva, que también es condición del bien común. Las crisis, la pobreza, la exclusión, la marginalidad, las vulnerabilidades, se traducen en exigencias de justicia en los repartos, sin la cual no hay justicia social.

Esta justicia distributiva reclama al Poder Judicial mayor protagonismo y ello ha producido una gigantesca expansión de la labor judicial y en muchas ocasiones, por impotencia de la sociedad civil y política, se ha llevado a la magistratura a ocupar un lugar que, por sus lógicas limitaciones de competencia, termina generando desánimo y frustración en los justiciables.

Precisamente este nuevo rol exigido al Poder Judicial se vería ampliado aun más de seguirse a quienes postulan, como autores de la talla de Ferrajoli, la necesidad de poner en práctica la plena vigencia de los derechos sociales y económicos asegurados por mandato constitucional e internacional.
Los jueces tenemos una delicada responsabilidad en asegurar el imperio de la justicia en todas sus formas, reparando los desconocimientos de los «suyos de cada uno».

Persuadido también que afianzar la justicia es una rogatoria constitucional dirigida a los tres poderes del Estado, esta Corte aspira a una construcción permanente y mancomunada con el Parlamento y el Ejecutivo; y en este trabajo es imprescindible la colaboración de los colegios profesionales y de quienes ejercen el derecho mediante el reclamo personal o colectivo.

Precisamente en ese camino, es bueno destacar que con anterioridad a este acto, los tres Poderes del Estado, con la adhesión de los Colegios de Abogados y las Universidades, celebraron un Acta Acuerdo en la conformación de una agenda relativa al servicio de justicia con el fin de encarar nuevos desafíos, como lo son: la conectividad e informatización, la información ciudadana, nuevas competencias y jurisdicciones y reformas procesales, todo con el firme propósito de este postulado inicial de afianzar la justicia.

El Covid 19 ha generado un cúmulo de normas y resoluciones administrativas, propio de una situación inesperada, desconocida y cargada de intereses contrapuestos, que requiere imaginación, creatividad y un conocimiento diversificado de las circunstancias comprometidas.

Al operador jurídico hoy se le requiere y exige una amplia apertura mental, dado que el derecho es inescindible de toda la compleja realidad social en la que se despliega. En tiempos de pandemia se hacen particularmente visibles, bajo rótulos jurídicos, problemas de índole muy distantes tales como: informática, bioética (por ejemplo adjudicación de respiradores, voluntarios para vacunas), medicina (pedidos de plasmas o modos de tratamientos terapéuticos), psicología (angustia, neurosis), economía (subsistencia, pago de impuestos), religión (celebraciones religiosas, sepelios), etc.

La multiplicidad normativa emanada por la pandemia puede implicar riesgos en el balanceo de los tres poderes del Estado, circunstancia que impone reflexionar sobre la independencia del Poder Judicial a fin de garantizar el control de constitucionalidad.

Es un aspecto del afianzamiento de la justicia en tiempos de pandemia precisar una vez más el lugar común de la judicatura: la última palabra sobre el derecho la tienen los jueces, en tanto no existe posibilidad de revisión sobre las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la ley por otro poder del Estado.

Este es el lugar institucional que tenemos asignado. La función judicial es ejercida por uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, erigido como poder político institucional independiente; y el más alto reflejo, la más fiel expresión de que la jurisdicción integra un poder independiente se advierte en la misión -precisamente- de sancionar las violaciones constitucionales en que puedan incurrir los otros poderes constituidos; toca al Poder Judicial el ejercicio de control de constitucionalidad y la señalización de los desbordes institucionales.

Por supuesto -tal como se ha sostenido en innumerables ocasiones-, el mejor reaseguro de la independencia externa e interna del Poder Judicial -presupuesto básico de toda la judicatura argentina- es su custodia permanente.

Este control jurisdiccional de la ley identifica a la Constitución como fuente del derecho; nada del derecho vigente queda al margen de la Constitución y así todo el derecho se impregna de ella y se constitucionaliza.

La solidez y calidad de la función judicial depende de modo directo de la garantía de la independencia judicial en todo el país. En este sentido, el primer paso lo constituye el fortalecimiento de la independencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -como garante último del Estado de Derecho y de toda la Magistratura Argentina.

Como marco de evaluación de los discursos públicos respecto de decisiones jurisdiccionales y las actuaciones judiciales, cabe separar los disensos de las descalificaciones y avasallamientos. Los primeros forman parte de la crítica indispensable para el mejoramiento de la actividad de los Poderes del Estado en una sociedad democrática, incluso cuando provengan de una autoridad pública. Algo muy distinto es la descalificación mediante generalizaciones que engendran deslegitimación y debilitamiento de los sistemas judiciales. Por ejemplo, ¿se puede seguir machacando el concepto de “la puerta giratoria” como regla general, cuando se pasó de 4.100 presos en el año 2014 a 7.100 en la actualidad?, o que ¿los jueces no trabajan cuando a modo de ejemplo, los jueces laborales dictan una sentencia con controversia cada dos días.

Así como el Poder Judicial deberá moverse dentro de la órbita de su competencia, respetuoso de lo que es propio de los otros poderes del Estado, cabe insistir en que por mandato constitucional lo relacionado con la administración y el diseño de las políticas es materia propia de los poderes legislativo y ejecutivo.

De los actos dictados en esas materias al Poder Judicial sólo le compete decidir, en causas judiciales concretas, acerca de la congruencia de tales medidas al ordenamiento jurídico vigente, y -de modo muy especial- de su ajuste a la Constitución. No sobre el acierto, oportunidad o conveniencia de las leyes, como lo tiene reiteradamente dicho nuestro máximo tribunal.

Además, cabe insistir con que, en los tiempos que estamos viviendo, la angustia y la desesperación pueden hacer que los ciudadanos lleven a los estrados judiciales problemas serios, que resultan respetables, e incluso graves. Pero no debemos perder de vista que, algunas veces, esos planteos desbordan lo jurídico para instalarse en lo político o en lo social. Y es allí adonde debemos comprender que la solución no está en las vías judiciales, sino en la vía legislativa o ejecutiva, o, incluso, en la opción electoral.

Ahora bien, considerar a los jueces como árbitros finales de todas las cuestiones públicas puede convertirse en una doctrina peligrosa que “puede colocarnos bajo el despotismo de una oligarquía”, tal como dijo con acierto Thomas Jefferson.

Debe quedar bien en claro que con esto que decimos no estamos sosteniendo que los poderes políticos deben estar exentos del control de la justicia. Por el contrario: también honra a su misión el juez que declara la invalidez de los actos que violentan derechos y garantías, pero debe hacerlo con fundamentos jurídicos, y prestando atención a la trascendencia de sus decisiones.

Esos jueces (es decir, los que conocen las herramientas republicanas con que cuentan y cuáles son sus límites) son los que preservan el Estado de Derecho, porque demuestran conocer la función que les toca cumplir en el sistema republicano. Son ésos los jueces que necesita hoy el país. Insto, pues, a todos mis colegas, a trabajar incansablemente en esa senda.

Por supuesto que la coyuntura sanitaria descripta no cambia el rol del juez, que hace tiempo y en distintas oportunidades hemos perfilado.

Si la tarea de juzgar ha sido siempre trascendente, adquiere en la actualidad mayor significación en razón de nuevas misiones que la sociedad nos ha confiado -a veces excediendo nuestras posibilidades- y del mayor alcance de nuestros cometidos. El Juez se ha convertido en un ingeniero social y todo se espera de él.

Las exigencias a que se alude determinan que, además de la obvia eticidad que obliga a una especial conducta en la vida pública y privada, también sea necesario internalizar el nuevo rol y perfil del juez en la tarea de realizar una justicia transparente y eficaz, en la formación continua, en afianzar el principio de seguridad jurídica.

Este perfil del juez exige austeridad, sobriedad y recato en su vida de comunidad. A la par de que al juez del “Estado de Derecho Constitucional” se le exige también una diversidad de idoneidades: psicológica, gerencial, aplicativa o prudencial ética, tecnológica y comunicacional.

Y quería detenerme y realizar una breve digresión respecto de estas dos últimas idoneidades que adquirieron, con motivo de la pandemia, un decisivo protagonismo.

Estamos instalados en la cultura digital. Parecería que todos nuestros compromisos y nuestra vida en general están de una u otra manera enlazada con los recursos tecnológicos. Esa exigencia se ha universalizado de manera que, para cobrar el sueldo, viajar, realizar diversos trabajos, etc., no cabe otra alternativa que instalar aplicaciones en nuestros celulares, manejar redes, códigos QR, videollamadas, hablar con las máquinas, etc. Por supuesto que todo ese mundo nuevo nos impone desafíos gravosos, pues no hay oportunidad de rechazarlo, dado que las consecuencias se asimilan a una especie de desaparición o muerte civil.
Es obvio que el Poder Judicial y sus integrantes no pueden dejar de incorporarse activamente a las posibilidades que supone esa nueva y desafiante cultura digital. El mundo y sus instituciones funcionan en red, pero las redes suponen también un lenguaje inédito, nuevos problemas. Se impone una capacitación urgente y acelerada de los recursos en cuestión. No hacerlo supondrá bajarse del mundo y renunciar al futuro y al mejoramiento del servicio. Este reclamo se extiende a la totalidad de la administración pública.

Claro está que la pandemia llegó en medio de una coyuntura de modernización en el Poder Judicial, dando un impulso importante a la necesidad de redoblar los esfuerzos para la transformación digital, y en particular al uso del expediente judicial electrónico y las audiencias orales virtuales. La emergencia parece haber vencido también la resistencia al cambio que ralentizaba los procesos modernizadores.

Estamos participando de un cambio de paradigma que importa, entre otras cosas, abandonar los principios clásicos del proceso papel para pasar al proceso electrónico pero sin relegar que lo esencial es el paso a la oralidad como base del sistema de procesamiento de los litigios.

Por último, y para finalizar este breve raconto, quiero poner de resalto que todas las medidas, resoluciones, desarrollos, proyectos, emprendimientos y tecnologías puestas en funcionamiento durante el año pasado, y las que aún se encuentran en ejecución, no han sido meros paliativos y soluciones aisladas a una coyuntura crítica que atraviesa nuestra sociedad.

Todo lo que hemos hecho y continuamos haciendo, es parte de un plan consensuado y proyectado, que en medio de la pandemia debió acelerar sus tiempos de ejecución para dar pronta respuesta a las necesidades y urgencias de la comunidad; pero, una vez que hayamos superado esta compleja realidad, continuarán su vigencia y pondrán en escena los inmensos logros que se han alcanzado desde este Poder Judicial.

Asimismo, en relación a la “idoneidad comunicacional”, al Juez del Estado de Derecho Constitucional se le exige estar “más cerca de la gente” en orden a una nueva relación entre la justicia y la sociedad, superando el aislacionismo de décadas pasadas a través de un nuevo espacio de comunicación libre y transparencia republicana.

A este respecto, en la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, se abordó la relación entre los medios de comunicación y la independencia judicial, estableciéndose que “desde el punto de vista de las personas en general, la publicidad de la justicia constituye una garantía esencial del funcionamiento del Poder Judicial en una sociedad democrática. Cada día vemos cómo la prensa se encarga de la noticia judicial, y cuando se enciende la luz de la cámara algunos no cuentan con la preparación mínima para enfrentarse a los medios”.

En ese temperamento, se destacó en el documento que “buena parte de los ingentes esfuerzos que los jueces despliegan en la aplicación del Derecho y en la búsqueda de la justicia al conocer y resolver los casos concretos se desvanecen en la vorágine de una opinión pública que, carente de una correcta orientación, desvirtúa la labor de las instancias judiciales”.

Es por ello que deviene imprescindible, en orden al robustecimiento de la institución judicial como pilar del sistema republicano, que las Escuelas Judiciales y los Centros de Capacitación incluyan en sus contenidos formativos el adiestramiento que permita a los que ejercen la función judicial adquirir las destrezas comunicacionales necesarias para informar con solvencia acerca de la actividad judicial.

En relación a las idoneidades que exige este nuevo modelo de juez y funcionario judicial no quería dejar de compartirles un anhelo que me acompaña hace años y que tengo la esperanza de ser tratado; me refiero a la creación de una Escuela Judicial propia, una Escuela Judicial Santafesina.

Estoy persuadido de que puede ser la herramienta propicia y específica para aproximarnos a la meta de “Más y mejor capacitación judicial”, en un contexto que impone que las capacitaciones que se brinden respondan eficazmente a las necesidades efectivas de los operadores judiciales y de la comunidad, procurando una acentuada orientación operativa. Es muy dificil aspirar a ese nuevo perfil del juez del que venimos hablando con la sola formación académica, donde se pone el foco en conocimientos teóricos para ejercer la función judicial, pues ello no alcanza a transmitir los modos de operar con el derecho en orden a los casos concretos, y por no considerar las otras funciones adyacentes o idoneidades.

Por eso propongo una Escuela Judicial Santafesina concebida como Institución orientada a formar un específico tipo de hombre de derecho: el destinado a la judicatura y cuyo objetivo sea seguir nutriendo a la magistratura provincial de personas cuya vocación ha sido medida y probada para el cumplimiento específico de la tareas encomedadas y ello redundará seguramente en el fortalecimiento de nuestro Poder Judicial.

También afianzar la justicia nos exige una justificación racional de las decisiones, porque de lo contrario sería mera violencia pretender que se cumpla aquello que es inequívocamente irracional.

La pauta central es que la respuesta luzca justificada racionalmente, de modo que sea posible no solo su comprensión, sino hasta su aceptación voluntaria. En ese terreno cabe reclamar: que se formule en el lenguaje que usa el destinatario, que respete la lógica, que imponga un medio que lleve al fin procurado, que se adecue a las costumbres de la sociedad, que prescriba comportamientos posibles, que no contradiga verdades científicas, que no imponga algo disvalioso, grave y manifiesto, etc. Una vez más, cabe esa advertencia frente a la alternativa que, en búsqueda de la eficacia y el resultado, se incurra en excesos o abusos. De ahí el reclamo de juzgar celosamente y que las normas que obliguen sean aquellas que resulten coherentes con la razón sustancial y procedimental.

Reitero una vez más la necesidad de un idioma simple, claro y que entiendan no solo los profesionales del derecho sino también los justiciables, abandonando el lenguaje barroco.

Hay que bregar por una justicia justa y comprometida con el bien común.
El fin del derecho consiste en garantizar que por la justicia, el orden y la seguridad se creen las condiciones que permitan a los miembros del grupo realizar su bien, el de todos, el bien común.

La idea de justicia del preámbulo refiere a la justicia que debe existir en las relaciones sociales, con su significación profunda de equilibrio igualitario simbolizado por la balanza. Se ubica de este modo como un valor constitucional prioritario, anterior a la libertad y solo precedido por la «unión nacional» sobre la que se constituyó la república federal.

Cada sociedad asume necesariamente un cierto «modo de ser». El pensamiento solidario conjuga mejor con la misma naturaleza humana que otras comportamientos propios de una ponderación sesgadas por el individualismo o colectivismo.

Los tiempos de excepción, incertidumbres y temores son propicios para los extremismos que recurren a salvaciones individuales o mesiánicas, fomentadas o proporcionadas por construcciones ficticias. Por eso la necesidad de que el Poder Judicial se esfuerce en generar climas de entendimiento en sintonía con aquellos valores más compartidos y esperanzadores, evitando plantear disputas radicales o que las alternativas sean todo o nada.

En este camino esperanzador nuestra responsabilidad como hombres de Estado, cada uno dentro de su propia plataforma de actuación, es trabajar en conjunto para lograr transformaciones en épocas de crisis y encontrar un destino común. Para ese objetivo se requieren entre otros valores ser humilde y razonable. La humildad es un valor que crece cuando uno se hace pequeño y el ser razonable no es lo mismo que tener siempre la razón.

Quisiera empezar este tópico saludando a todas las mujeres santafesinas que en el día de ayer, que como todos sabemos, conmemorarmos el día internacional de la mujer. Fue una jornada de reflexión sobre la larga lucha por la igualdad que sigue hoy en curso. Fue un día para recordar y rendir homenaje al valor, la fortaleza y los logros de las mujeres.

Un capítulo aparte merece considerar la gravedad y dimensión de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en Argentina, que obliga a priorizar radicalmente la inmediatez y accesibilidad de los canales para que las respuestas judiciales puedan contribuir a erradicarla. Existe una amenaza real que genera consternación y angustia. Las políticas hacia dentro y hacia fuera del sistema de justicia deben revisarse y de manera interdisciplinaria, a los fines de lograr una interrelación entre los diversos integrantes de todos los poderes del Estado para permitir una respuesta integral al flagelo.

Para comprender cabalmente la magnitud de la situación basta con repasar el número de demandas sobre violencia familiar en el año 2020: un total de 23.093 en todo el territorio provincial.

Urge redoblar los importantes esfuerzos en marcha para capacitar a las y los operadores de los sistemas judiciales en perspectiva de género, en el marco de la ley Micaela.

Dictadas las convenciones internacionales y sancionadas las leyes nacionales, los datos que muestra la realidad y que plasman las estadísticas reflejan que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia doméstica, laboral, sanitaria, educativa en razón de su género, y que no gozan de igualdad con los varones en orden al ejercicio de sus derechos.

Esto demuestra la insuficiencia de las leyes para cambiar una cuestión ancestral de injusticia y de victimización, al tiempo que advierte como única solución definitiva la formación cultural.

Si no se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres.

Tengo que destacar que esta Corte ha sido pionera en materia de capacitación en perspectiva de género, donde se logró la capacitación de más de 3000 integrantes del Poder Judicial.
Para este Tribunal constituyó una obligación ética de primer orden la formación sobre perspectiva de género aún antes de que se consagre en ley, designando a uno de sus integrantes (la Dra. María Angélica Gastaldi) para llevarla a cabo; es un trabajo que seguiremos haciendo, incluso con la preparación de nuevos capacitadores y replicadores en toda la Provincia.

Por supuesto, celebramos el programa que establece la obligatoriedad de la realización de la incorporación de la perspectiva de género para quienes desean integrar como funcionarios/as y magistrados/as el Poder Judicial de la provincia.

Como hemos afirmado desde siempre, acompañaremos a los otros Poderes del Estado en la elaboración de nuevos códigos procesales, enmiendas o modificaciones en todos los fueros. En particular debemos hacer hincapié en el proceso laboral que, más allá de los esfuerzos de todos los operadores que contribuyen a la prestación del sistema, hoy es un lugar común la fuerte litigiosidad cada vez más expansiva a la cual no se alcanza a dar la respuesta deseada. Urge una inmediata reacción de los tres Poderes del Estado ya sea para poner en marcha la ley 13.840 sancionada el 29 de noviembre de 2018 o instar un nuevo proyecto.

Asimismo, esperamos la sanción del nuevo Código Procesal Civil y Comercial que, presentado por el gobierno anterior, perdió estado parlamentario, pero que ha recibido un nuevo impulso dado por el Ministerio de Justicia y la Secretaría, lo que celebramos.

En esta nueva regulación procedimental se consagra la oralidad, que tan excelentes resultados hemos encontrado en la experiencia piloto.

Con mi experiencia acumulada me permite decir con toda humildad que cualquier pleito de cualquier materia debería ser resuelto mediante dos audiencias con la presencia del juez sería suficiente, por eso sugiero agregar que el acceso a la justicia se complementa con la idea de que el ciudadano tiene el derecho a conocer al juez de su causa.

Por último, en el fuero penal, transcurridos siete años de la puesta en marcha del nuevo sistema, resulta hasta lógico pensar en analizar las modificaciones necesarias producto de su propio andar y que fueron recogidas, en más de una oportunidad, por la propia jurisprudencia, específica de la judicatura y de la labor de la acusación y defensa.

Finalmente, en este solemne acto la Corte Suprema que presido debe dar cuenta a la sociedad de las tareas realizadas en el pasado año atendiendo al propósito trazado de afianzar la justicia aun en situación de excepción. Comienzo por nuestras obras:
Corresponde en la política de estado, que comenzadas en gestiones anteriores, ya se han finalizado los Tribunales de San Cristóbal y nos encontramos próximos a finalizar la construcción de los Nuevos Tribunales de Reconquista, mientras que se sigue con el edificio de Cañada de Gómez.

En la ciudad de Rosario se está llevando adelante un importante trabajo en las Defensorías Civiles y continuaran este año las obras del emblemático segundo Cuerpo del Palacio de Justicia, situado a metros de este solemne salón.

Finalmente, se aspira a encarar las obras de los Tribunales Provinciales de las ciudades de Casilda y Rafaela y la ampliación de los Tribunales de San Lorenzo.

En el ámbito de la mediación judicial, pese a la situación epidemiológica que venimos atravesando, este Poder Judicial continuó capacitando a nuevos mediadores judiciales, de conformidad a lo que históricamente viene materializando desde el año 1998.

Al día de hoy, llevamos formados más de 900 mediadores desperdigados en toda la geografía de la provincia, principalmente Jueces y Secretarios Comunitarios, quienes son los receptores primarios de las problemáticas que atañen a poblaciones más distantes de los grandes ejidos urbanos.

A título ilustrativo, durante el año 2020 se realizaron 2.672 mediaciones, de las cuales ya se han alcanzado acuerdos conciliatorios en 1.171 de ellas.

Este encomiable esfuerzo llevado a cabo por nuestros funcionarios y empleados judiciales, a título ad-honorem, no sólo contribuye al debido acceso a la justicia de la población en todos los sectores de la provincia, sino que también permite descomprimir el ingreso de causas en los distintos estamentos de este Poder Judicial.

Durante el complejo año 2020, la capacitación judicial no quedó de lado. Así, pudimos llevar adelante más de 90 cursos y talleres, en los que expusieron más de 80 especialistas de diferentes ramas del derecho en diferentes tópicos, especialmente destaco los cursos destinados al nuevo sistema de gestión de expedientes.

Se realizaron utilizando el servicio de zoom y además, retransmitidas en vivo por el Poder Judicial a través de la plataforma Youtube. Las capacitaciones destinadas a profesionales se encuentran publicadas en la página web del Poder Judicial y se pusieron a disposición de los distintos Colegios Profesionales, los que a su vez las han publicado y difundido en sus redes sociales.

En esa labor conjunta que hemos hablado estaremos atentos a la adhesión de nuestra provincia a la Ley 27592, llamada ley Yolanda en homenaje a quien fuera la primera mujer que ocupara la cartera específica de medio ambiente en la década del 70 en periódo democrático, a fin de cumplir con la capacitación obligatoria para garantizar la formación integral en “ambiente” con perspectiva de desarrollo sostenible.

Este Poder Judicial siempre ha invertido en tecnología y se han implementado modernos proceso de trabajo, resguardando la inescindible seguridad y confidencialidad que el bagaje de información con que operamos deben contemplar.
Somos concientes que en esta materia todo lo que hoy tiene actualidad, mañana ya es obsoleto.

Y bien, a lo concreto, hemos amplido la red Wi-Fi que permitió la celebración de más de 3.000 audiencias vía zoom únicamente en el fuero penal cuyo funcionamiento en pandemia no fue merecedor de críticas significativas y ha brindado adecuada respuesta en el marco de esa situación excepcional.

Hoy estamos trabajando mediante el “SISFE”; para ello hemos brindado la correspondiente capacitación; el sistema permite el inicio electrónico de demandas, escritos, la notificación electrónica y la visualización por parte de profesionales matriculados, organismos públicos y a las partes procesales para ver la totalidad del expediente mediante la Autoconsulta – on line.

Gráficamente, la modernidad nos permite consultar el expediente desde casa o en la Piazza Navona y trabajar desde allí.

Cuantificando el sistema, se llevan iniciadas por la plataforma de Autoconsulta Online 74.649 demandas electrónicas en el período de siete meses; y presentados de la misma forma 487.893 escritos en cuatro meses. De los informes estadísticos, se advierte que diariamente un 73% de los escritos ingresados en toda la Provincia fueron por vía digital, en tanto el 27% restante se recibió a través de correo electrónico o formato papel; se llevan materializadas desde el 9 de diciembre de 2020 a la fecha más de 48.000 cédulas en toda la provincia entre profesionales del derecho; a lo que agrego la creación de un sistema on line de turnos, que ya ha atendido 400.000.

Por otra parte, es dable recordar que la totalidad de los Magistrados, Funcionarios y empleados administrativos de este Poder Judicial cuenta con su propio equipo informático. Se han incorporado notebook (128) y licencias zoom (74) y fortalecido la conectividad de las señales de WIFI para desarrolar el trabajo a distancia.

Seguimos trabajando, lo hecho nos posiciona en un buen estandar en el concierto con las restantes provincias Argentinas.

Sabedores que queda mucho por trabajar en esta empresa, estamos abiertos a las mejoras y ajustes que se propongan por los operadores jurídicos, pero desde luego siempre en el marco del diálogo y del respeto, condimentos básicos para el consenso y arribo de soluciones.

La Provincia de Santa Fe que tiene importancia capital en el concierto nacional por su conformación natural, por el esfuerzo de su gente y por su fuerte institucionalidad, hoy más que nunca necesita de ese diálogo: de saber escuchar y ser escuchados, de la paciencia que ello requiere, de la tolerancia cuando no estamos de acuerdo con el otro, de la prudencia cuando sostenemos nuestras ideas sin ofensas y descalificaciones y del respeto al otro en todo el proceso de construcción de decisiones.

No quisiera dejar inaugurado este año judicial 2021 sin invitarlos a reflexionar juntos y de manera concienzuda sobre un aspecto al cual nos venimos refiriendo y que debemos considerar medular y de decisiva importancia práctica para la institución que nos toca representar.

La ciudadanía no debe dejar de confiar en sus jueces.
No podemos ser indiferentes ni hacer oídos sordos a la crisis de legitimidad que padece toda autoridad en Occidente. Crisis que incluye al Poder Judicial, que se lo percibe como burocrático y difícil de comprender.

Pero si de algo se puede jactar este Poder del Estado es de no escaparle a la autocrítica.

A su vez siento orgullo de este Poder Judicial atento el grado de compromiso de sus integrantes y de la alta responsabilidad institucional que exhiben todos aquellos que prestan este servicio esencial.

En este aspecto, no puedo dejar de mencionar que aun en la situación de pandemia atravesada se dictaron en la provincia de Santa Fe 48384 sentencias y esta Corte dictó 748 resoluciones. asimismo, y al sólo título de ejemplificar el trabajo del Poder Judicial, en pandemia se libraron en toda la provincia de Santa Fe más de 76.000 órdenes de pago, lo que equivale a un monto de aproximadamente 7.000 millones de pesos.

Todo ello significa que aún ante las circunstancias impuestas por la pandemia, el servicio de justicia se prestó, ampliándose a medida que las normas y la realidad lo permitieran, donde -a no olvidar- lo primordial era y todavía lo es, cuidar la salud de todos.
La ciudadanía espera y demanda cada vez más un perfil de responsabilidad ética mayor de todas las autoridades e instituciones del Estado, incluyendo a la judicatura.

Por eso a los funcionarios judiciales, de quienes hoy día mucho se espera, no nos basta con la resolución de los conflictos. Además de ello se nos exige “afianzar la justicia”, no solo con la ley, sino con el derecho todo, lo que implica una gran discrecionalidad y, consecuentemente, una gran responsabilidad institucional y ética mayor en cada una de las decisiones que se adoptan.

Por eso los funcionarios judiciales debemos asumir aquellas exigencias e idoneidades de las que venimos hablando para ser mejores y lo más eficientes posible.

Y de ese modo, con las virtudes y hábitos propios de un buen funcionario judicial y por el camino de la capacitación en las diversas idoneidades que hoy se nos exigen, como fruto de ese compromiso con la excelencia, vamos a lograr una valoración más positiva de la institución de cara a la ciudadanía.

Esta Provincia ha podido exhibir en el concierto nacional la imprescindible armonía con los otros poderes y los operadores del derecho desde la vuelta de la democracia. Aspiramos a poder continuar por esa senda.

Con estas palabras y dando gracias por la atención recibida, dejo inaugurado el año judicial 2021. Muchas gracias.

Desde las 19 horas te invitamos a que te sumes a la edición 338 de LA CHICHARRA por Radio Rebelde Rosario FM 99.3 (www.radiorebelderosario.net) – Teléfono 341-3533993.

HOY NUESTRO PROGRAMA ESTA DEDICADO A LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y SUS LUCHAS

Nos visita nuestra querida compañero la cantante Irma “la Negra” Guevara.

El actor Nelson Cabrera nos trae el micro «Los aforismos del Dr. Martino, un argentino divino».

También estaremos presentado el micro “Rescates” del Colectivo Cultural Patios Compañeros.

Además de todo esto la música de nuestra gran nación latinoamericana traída hoy por un puñado de voces femeninas. Prendete a LA CHICHARRA desde las siete de la tarde por la 99.3 Radio Rebelde Rosario.