Desde 1988, un espacio de pluralidad e intercambio
Forjando el destino de la Patria Grande, un militante de la causa Argentina y Latinoamericana, Carlos Tomada, su pensamiento, ideas y propuestas para remontar tantas pandemias.
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Antecedentes
La crisis de diciembre de 2001 provocó la renuncia del Presidente Fernando de la Rúa, dejando la presidencia en manos del Presidente de la Cámara de Senadores, Ramón Puerta, quien convocó a una asamblea legislativa para elegir un nuevo Presidente. Allí comenzó la seguidilla con Adolfo Rodríguez Saá, quien solo permaneció en el cargo una semana, Eduardo Camaño y finalmente, Eduardo Duhalde.
El 5 de enero de 2002, el Senado de la Nación aprobó un Proyecto de Ley que ordenaba la devaluación del peso argentino que agudizó la crisis y con ellas las protestas, cacerolazos y cortes de ruta que terminaron en brutal represión por parte de las fuerzas policiales.
El asesinato de Kosteki y Santillán
El 26 de junio de 2002 se produjo un hecho que todavía hoy estremece: Maximiliano Kosteki de 25 años y Darío Santillán de 21 años, ambos militantes de la Coordinadora Aníbal Verón, estaban cortando el Puente Pueyrredón, en una jornada de protesta en reclamo de planes sociales, y fueron asesinados a manos del comisario Franchiotti y del oficial Carlos Quevedo en el hall de la estación Avellaneda.
Se supo después que Maximiliano estaba socorriendo a Darío, ya caído en el suelo, cuando el policía le disparó por la espalda. El diario Clarín tituló el hecho simplemente así: «La crisis causó dos nuevas muertes».
Si bien los ejecutores fueron condenados, todavía falta que se juzguen a los entonces funcionarios del Gobierno Nacional que dieron la orden de reprimir.
Darío y Maxi se convirtieron en la expresión más genuina de una juventud militante, dispuesta a dar pelea por una sociedad más justa. Ambos son símbolos de lucha que el Pueblo hizo propios después de sus asesinatos.
FUENTE: LIBRO «CLASE TRABAJADORA, NUESTRA HISTORIA»
ESCRIBE SERGIO DE PIERO
La política social, como espacio de acción del Estado que puede diferenciarse de otras políticas, no nació por voluntad propia. La desestructuración que provocó la implementación de las recetas neoliberales, primero en la dictadura y luego en el gobierno de Carlos Menem, lograron un efecto clave señalado tempranamente por Pierre Rosanvallon: la separación entre lo económico y lo social que, según el autor, era uno de los triunfos del avance neoliberal. De un momento a otro las condiciones de vida de millones de personas dejaron de ser un tema de política económica, para desplazarse al naciente mundo de las políticas sociales. Es cierto, también algunas particularidades etarias o situacionales empujaron el nacimiento de esta especificidad, pero es algo difícil de comprender sin observar las realidades de exclusión social que aquellas reformas provocaron. Entonces, la reflexión sobre la situación social y la construcción de políticas a tal efecto significaron dos procesos en uno, con mucho de ensayo y error.
En términos generales podría decirse que hubo dos grandes períodos de la política social. El primero estuvo dominado por la implementación de las políticas focalizadas en detrimento de la universalidad, considerada un criterio de ineficacia. Todo ello se sostenía en una idea base: se trataba de recomponer capacidades individuales, de modo que cada persona debía diseñar su propia estrategia para reinsertarse en el mercado laboral, ser empleable. Al mismo tiempo, realidades tan diversas generaron numerosos programas sociales, muchos de ellos enlatados, sin que se supiera exactamente su impacto. Se referían a una reconstrucción, pero inevitablemente corrían detrás de las emergencias.
Lentamente se inició un viraje hacia un nuevo diseño, empujado por la grave situación social desbordada por programas que pensaban en un largo plazo, en un contexto de deterioro económico. Se asumió que la estrategia debía consistir en otorgar a las personas simplemente dinero. Nacen así las Transferencias de Renta Condicionada (TRC) a cambio de alguna contraprestación: ciudadanía desempleada recibiría una suma por parte del Estado. También sobre esto existe mucha literatura y experiencias. Por lo pronto, es evidente que en situaciones críticas –como la crisis de 2001 en Argentina– lograba un efecto inmediato: las familias podían hacerse de los bienes imprescindibles para su alimentación. El Plan Jefas y Jefes, por otra parte, incorporó una perspectiva de género en su denominación, no presente hasta ese momento. Las TRC crecieron en toda la región con distintos diseños, lidiando con la cuestión del empleo y sus nuevas definiciones, como así también con el modo en que ello se organizaba –o no.
Con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno y más precisamente en los gobiernos de Cristina Fernández, se buscó una nueva orientación del área. En ese sentido hay cierta tensión que recorre el período: por una parte, la certeza respecto de que la cuestión social requiere de políticas que fomenten el comunitarismo, la participación y la organización social, alentada desde el Estado. Por la otra, la implementación de políticas de transferencia, aunque en otra concepción –que ya mencionaré. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN) se alentaron iniciativas que tuvieran que ver con la organización social. Mi impresión es que los Centros de Integración Comunitaria (CIC) fueron la iniciativa más relevante y novedosa, articulando tres dimensiones de la política social que buscaban implementar: posibilitar políticas de distintos niveles del Estado en un solo espacio, fomentar la participación social y –la más relevante– generar una nueva presencia del Estado nacional en el territorio. Esta política estuvo acompañada por otras, como los Centros de Referencia, prácticas que aplicaron también distintos ministerios: una suerte de reterritorialización del Estado-nación, estableciendo presencia en el territorio y desandando –de alguna manera o en algunos aspectos– los anteriores procesos de descentralización.
La otra dimensión, como decía, refiere a la transferencia de ingresos. En 2009 nació la Asignación Universal por Hijo (AUH) que garantiza el pago a padres o madres sin empleo formal de una asignación por cada hijo o hija menor de edad, replicando el ya histórico salario familiar que reciben quienes poseen un empleo registrado. Se trató de equiparar un derecho, pero aun cuando ello ya era un salto cualitativo, implicó algo más: leer que la situación de informalidad en la que trabajan millones de personas está lejos de ser un fenómeno coyuntural, y estructura ya parte de la economía nacional. Es una pésima noticia, pero no es algo de lo que saldremos en el mediano plazo. La salida individual que pregona el neoliberalismo desde los 90 choca inevitablemente contra las realidades estructurales. La AUH es el resultado de asumir esa realidad: es una respuesta institucional de carácter estable para quienes trabajan en la informalidad, y también es un dato el tiempo en que esa lectura demoró en llegar al Estado.
De este modo, fueron dos lógicas las que atravesaron la definición de las políticas sociales en el período: estimular la organización comunitaria con apoyo del Estado –que implicó el fuerte crecimiento de la economía social-popular– y garantizar ingresos como derecho –expresado en la AUH y en otras políticas, como el PROGRESAR. El macrismo mantuvo algunas políticas, desfinanciándolas, o bien sin un proyecto político para sostenerlas, a la vez que agravaba la cuestión social.
Todo ello nos trae a este presente. Más de 30 años de políticas sociales ya tienen su propia vida, su historia, sus vueltas. Una de esas marcas la constituyen los actores; la otra, la gestión estatal. No son pocos los actores, ni baja su relevancia. Si bien el Estado nacional desplegó distintas políticas, ha sido notable el incremento de la participación de los gobiernos provinciales y municipales. Arrastrando problemas de recursos de diverso tipo, es notable el incremento tanto cualitativo como cuantitativo en la cuestión social. Diversos trabajos dan cuenta del incremento del gasto en asistencia y promoción social por parte de los municipios, como así también en las áreas de salud y educación en las provincias luego de la descentralización.
La política social se produce en diversos territorios estatales, los cuales impactan con distinta intensidad y varias dimensiones: nación sigue siendo el actor con la mayor cantidad de recursos o capacidades, y municipios y provincias con la presencia permanente, cercana e inmediata. El despliegue de cada uno sin duda produce efectos diversos, por ello vale mencionar su rol como actores por separado. Por otra parte, los actores en la sociedad civil: si el crecimiento del sector informal puede observarse notoriamente desde la década del 90, e incluso un poco antes, la novedad de los últimos 15 años es su capacidad organizativa. Los emprendimientos individuales y grupales se han reproducido sin cesar. Las etapas de expansión del empleo registrado no alcanzaron para incorporar toda la búsqueda de trabajo y el sector fue alcanzando un volumen económico y social –y político– cada vez más relevante.
Resumiendo: hoy la política social se caracteriza por la incidencia de los tres niveles de gobierno con distinto énfasis, llevando adelante políticas que se dividen entre la promoción y la organización social –cooperativas, emprendimientos productivos, comedores, capacitación, es decir, la lógica de fortalecer lazos sociales y tejidos productivos– y que se despliegan articuladas con actores colectivos organizados que representan a buena parte de los sectores excluidos. Por otra parte, se aplican políticas de ingresos directos de distinto diseño –AUH, PROGRESAR, Tarjeta Alimentar o IFE– las cuales establecen una relación directa entre Estado y ciudadana o ciudadano, sin necesidad de organización ni participación social.
La dualidad metodológica que puede observarse en estos dos grandes grupos de políticas posee muy baja o nula articulación, pues parten de concepciones diferenciadas sobre la política social. Esta divergencia se expresa incluso institucionalmente: unas gestionadas por el MDSN y otras por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la ANSES. Surge aquí lo que entiendo es el aspecto que merece un debate académico y político, que debe incluir la concepción de la política social y el modo de pensar su gestión. Coexisten dos orientaciones de la política social con escasa articulación, aunque con algunos aspectos de complementariedad no siempre concebidos como tales. Esa falta de articulación se expresa en que la cuestión social está conducida desde dos ministerios, con prácticas, tradiciones, burocracias e historias diferentes –sin contar que hay otros programas en varios ministerios más. Es más sencillo decirlo que implementarlo, pero el Estado no debería reproducir la fragmentación social en sus oficinas, atendiendo demandas emergentes con políticas no articuladas o no diseñadas como complementarias unas de otras. Sin duda es una generalización y sobran ejemplos en contrario, pero es un tema de escala –de hecho, el gobierno cuenta con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Se percibió claramente hace unas semanas, cuando movimientos sociales estuvieron de acuerdo con el aumento en la Tarjeta Alimentar.
Compartimos con François Dubet el principio respecto a que hay que trabajar más por la igualdad de posiciones, pues son insuficiente los frutos de la igualdad de oportunidades. A la vez, sabemos que todos los actores que antes mencionamos son claves en la mejora de la cuestión social. La economía popular-social-solidaria, por su grado de desarrollo, necesita de una política sostenida para definir el lugar que en la economía debe y puede ocupar. O por caso, las políticas de cuidado: la pandemia puso en evidencia el rol preponderante que ocupan en la vida cotidiana y en la economía. Cuando finalice, ¿volveremos a esperar que las mujeres de las familias se ocupen de los cuidados?
Hay agendas urgentes. Para poder procesarlas, mucho más en un contexto crítico, se vuelve necesario encararlas teniendo de fondo una decisión respecto de la gestión de las políticas: dónde debe haber más articulación, pensar relaciones complementarias y, por qué no, unificar agencias de diseño e implementación.
FUENTE: REVISTA «MOVIMIENTO» – N° 33 – JUNIO DE 2021
La norma tiene por objeto “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”.
Se establece que “el Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.
La ley indica que los organismos tendrán que “establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero” y “asimismo, reservar las vacantes que se produzcan en los puestos correspondientes a los agentes que hayan ingresado” bajo el régimen de esta ley. No obstante, aclara que el cumplimiento de la norma “en ningún caso debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes al momento de su sanción”.
Al igual que había dispuesto el Poder Ejecutivo el 4 de septiembre del año pasado por decreto, se prevé que “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”. En caso de que los aspirantes no hayan completado sus estudios, se les “permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos”, para lo cual la autoridad de aplicación deberá garantizar el acceso.
Algo no contemplado por el decreto 721/20 pero que sí incorpora la flamante ley es que “los antecedentes penales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo”.
“Toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género y/o su expresión”, agrega el articulado.
Por otra parte, se establece que tendrán prioridad en las contrataciones del Estado aquellas empresas que cumplan con el cupo trans; en tanto se estipulan incentivos para el sector privado, tales como que “las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales”.
Dicho beneficio tendrá la duración de un año y, en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas el plazo se extenderá a dos años. En tanto, el Banco de la Nación promoverá “líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero”.
El texto contempla la creación del Registro Único de Aspirantes y, por otro lado, de una Unidad de Coordinación interministerial para garantizar la implementación integral y coordinada de la norma.
“El incumplimiento total o parcial de la ley por parte de las funcionarias y los funcionarios públicos responsables, constituye mal desempeño en sus funciones o falta grave, según corresponda”, indica.
Además de invitar a adherir a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, también se invita a adoptar la norma a las Universidades Públicas.
La ejecución de las obligaciones de los organismos y dependencias deberá efectuarse de manera progresiva y dentro de un plazo máximo de dos años, contados desde su sanción.
FUENTE: PARLAMENTARIO.COM
Soy ciudadano marroquí residente en Argentina. Soy opositor al Déspota Régimen Monárquico Marroquí. Hace dias vi en la prensa argentina una noticia de una ayuda a pobres argentinos por parte de la embajada del Reino Alauita marroquí.
Es un acto que me llamó extremadamente la atención. Y en mi nombre y en el de muchos opositores marroquíes a este infame y corrupto sistema reinante en Marruecos quiero alertar a la opinión pública Argentina y a sus instituciones acerca de esta aparente solidaridad que con certeza encierra algún ardid y persigue algún maquiavélico fin.
Primeramente aclarar que no estamos en contra de cualquier acto de solidaridad bien intencionado, pero tenemos la indudable certeza que este gesto de la Embajada de Marruecos en Argentina, llevó a cabo el día 18 de junio 2021 en Buenos Aires, es un gesto hipócrita y lleno de falsedades, porque el pueblo Marroquí es más pobre que el pueblo Argentino, y necesita mas ayuda. Cuestión que el gobierno no hace. También aclaro que no hacemos distinción entre pobres y necesitados pero el pueblo marroquí padece y sufre los desmanes de este Régimen Injusto y Despótico.
El régimen monárquico marroquí es un sistema dictatorial y represivo donde se vulneran los derechos más elementales inherentes al ser humano, si googleamos «pobreza en el Atlas Marruecos» vemos la verdadera y terrible cara de Marruecos, que es totalmente lo contrario de todo lo que se difunde en la propaganda oficial del régimen (playas, camellos, turismo, belleza, abundancia y bienestar) si se fijan veran personas abandonadas y marginadas como si no fueran seres humanos, esas personas son victimas del totalitarismo del monarca Mohamed VI que su fortuna no deja de crecer desde que alcanzó el trono tras el fallecimiento de su padre. Su fortuna supera los 5700 millones de dolares y sigue creciendo mientras paralelamente los numeros de los pobres siguen aumentando.
Además es un régimen expansionista y colonial que lleva invadiendo un territorio que no es suyo desde hace más de 45 años, y desoyendo los reclamos y resoluciones de la comunidad internacional; estamos hablando del Sahara Occidental, uno de los 17 territorios no autónomos según Naciones Unidas, y que esta bajo supervisión de su comité especial de descolonización; el comité de los 24.
Dicho esto, reafirmo que no estoy en contra de la ayuda a los necesitados en cualquier lugar del mundo, al contrario estoy muy a favor de la solidaridad y la ayuda desinteresada, y lo entiendo muy bien, porque mi pueblo tambien necesita ser ayudado humanitariamente pero también políticamente a desligarse de este Régimen Corrupto y Déspota.
Por otra parte agradezco inmensamente a la Republica Argentina por su donación a la Biblioteca Nacional de Marruecos sita en la capital Rabat, ya que es un gesto muy generoso que pretende cultivar y desarrollar a las personas y fomentar la libertad de pensamiento.
DRISS MRANI, OPOSITOR MARROQUI AL REGIMEN ANTIDEMOCRATICO Y FEUDAL DEL REINO DE MARRUECOS.
“EXISTIENDO EL CONTRABANDO Y CON EL, EL INFERNAL MONOPOLIO, SE REDUCIRAN LAS RIQUEZAS A UNAS CUANTAS MANOS QUE ARRANCAN EL JUGO DE LA PATRIA» MANUEL BELGRANO – JUNIO DE 1809
El próximo 30 de julio se abre la oportunidad de recuperar, para el Estado y para todos los argentinos y las argentinas, el imprescindible control y administración de la ruta fluvial más importante del país. Ese día, vence la prórroga de 90 días otorgada por el gobierno nacional, ante el final, el pasado 30 de abril, de la concesión de las tareas de dragado y balizamiento del Río Paraná que se encuentra, desde 1995, en manos del consorcio privado Hidrovía S.A.
Esa concesión, otorgada en plena ola privatizadora, en el marco de la imposición del Consenso de Washington en nuestro país, constituyó un «caso piloto ejemplar” de un sistema de privatización del peaje y control del tráfico fluvial, inédito a nivel mundial. Ninguno de los países con sistemas de transporte fluvial desarrollados, como EE.UU., China o Europa, ha adoptado, desde entonces, el «modelo argentino» de cesión monopólica a privados, sin control efectivo del Estado; por el contrario, han mantenido la incumbencia pública para garantizar la defensa de la soberanía y el interés nacional en sus vías navegables interiores.
Hasta 1.992, con la sanción de la Ley Nacional de Puertos, era la Administración General de Puertos (AGP), una empresa del Estado, la encargada, en forma centralizada, de todo lo relativo a la administración de los puertos marítimos y fluviales del país, así como del mantenimiento, dragado y balizamiento, de los canales, la red troncal y todos sus accesos. Tres años más tarde se concesionó la tarea de mantenimiento de la red troncal.
Hoy nos encontramos ante la oportunidad de retomar el control del Paraná -un canal crucial para el comercio exterior argentino por el que circula la mayor parte nuestras exportaciones e importaciones- elevando bien alto la bandera de nuestra Soberanía.
Entendemos que estamos ante un asunto de relevancia estratégica que se vincula con el modelo de desarrollo nacional a mediano y largo plazo, donde las decisiones del presente tendrán incidencia sobre cuestiones centrales de nuestro sistema económico y social a futuro: la disponibilidad de divisas, la administración del frente cambiario y la restricción externa, y la sustentabilidad de un proceso de crecimiento económico y de desarrollo social sostenible en el tiempo.
La cuestión “Hidrovía” debe ser encuadrada en el marco de un análisis integral que contemple la revisión y optimización de la operatoria del sistema en su conjunto, dado que el Estado Nacional, desde 1992, ha ido resignando potestades. Por ello, el Estado Nacional debe ejercer una eficiente supervisión sobre dónde se draga y el volumen de lo dragado, así como planificar la estrategia de desarrollo a impulsar en los distintos puertos de la vía Troncal, considerando que en la actualidad hay puertos privados y provinciales. Lo que está en juego es la capacidad soberana, el control y el cuidado de aguas territoriales argentinas. En ese sentido, resulta imprescindible repensar estratégicamente, también, aspectos que tienen que ver con la navegación, la operatoria en los puertos privados, las actividades de control aduanero, el Canal de Magdalena, la interconexión de los puertos argentinos y la unidad de la Argentina marítima y fluvial, teniendo a la inversión pública y el rol del Estado como columna vertebral de la mejora y optimización del sistema.
Afirmamos la necesidad esencial e impostergable de avanzar en un camino que permita la recomposición de la soberanía nacional en el Río Paraná, el que debe contemplar:
• Atento a la brevedad de los plazos, diseñar una estrategia por etapas, que contemple acciones, por un lado, para el corto plazo, y, por el otro, para el mediano y largo.
• Retomar el control y administración estatal de la red troncal, a la que podría asistir la AGP, con intervención del recientemente creado Consejo Federal de la Hidrovía y de la Comisión Bicameral para el seguimiento, monitoreo, auditoria y contralor del proceso de concesión y funcionamiento de la Hidrovía y del Sistema de Navegación Troncal, que cuenta con media sanción del Senado de la Nación.
• Optimizar los mecanismos de fiscalización aduaneros, impositivos y del tránsito fluvial, con el objetivo de ejercer un efectivo monitoreo y control de la actividad portuaria y del tráfico comercial, para combatir prácticas ilegales como la subdeclaración de exportaciones, sobrefacturación de importaciones o el contrabando, así como del tráfico ilícito.
• Crear un organismo de control y una base federal de información centralizada que provea todos los elementos necesarios para un efectivo monitoreo y control de las tareas de dragado y balizamiento y del tráfico fluvial, con la concurrencia de todos los organismos con incumbencia en la materia.
• Ejercer el cobro de peajes en el tránsito fluvial, a partir de lo cual el Estado podrá invertir en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y tecnología propias.
• Concretar la puesta en marcha del canal Magdalena, indispensable para estructurar el desarrollo de una perspectiva marítima estratégica integrada con el sistema fluvial de la Cuenca del Plata.
• Revisar integralmente la Ley Nacional de Puertos, sancionada en 1992, con el objetivo de fortalecer la capacidad de control, fiscalización y transparencia en el movimiento de mercancías, lo que debe ser incluido en la legislación.
• Revisar integralmente las Leyes de Promoción de la Industria Naval Argentina y de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional e Integración Fluvial Regional, sancionadas en 2017, en pos de apuntalar la recuperación y el desarrollo de la industria naval argentina y de una flota mercante nacional.
• Alertar, en lo inmediato, sobre las negociaciones confidenciales para el acuerdo Mercosur- Unión Europea, que, en el texto provisional, incluye a la «navegación interna», lo cual inhibiría la soberanía y el desarrollo nacional y regional ante las enormes asimetrías de desarrollos y capacidades locales frente a grandes empresas europeas.
Como en 1812, cuando el general Manuel Belgrano por primera vez izó la bandera nacional a orillas del río, hoy el Paraná sigue siendo ámbito de debate y acción imprescindible para afirmar, con la fuerza y la dignidad histórica del Pueblo Argentino, la SOBERANIA NACIONAL.
FIRMAN
Raúl Zaffaroni (Ex miembro de la CSJ) – Jorge Taiana (Senador Nacional) – Fernanda Vallejos (Diputada Nacional) – Pablo Moyano (Sec. Adjunto Camioneros) – Hugo «Cachorro» Godoy (Secretario Asociación de Trabajadores del Estado, ATE) – Hugo Yasky (Sec. Gral. CTA) – Guillermo Moretti (Vice presidente UIA) – Pedro Salas ( Presidente, SRA Córdoba) – FEMPINRA (Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval) – URGARA ( Unión de Recibidores de Granos y Anexos )- Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) – Juan Carlos Schmid (Presidente CATT)- Ángel Strapazzon (MOCASE) – Mempo Giardinelli (Manifiesto Argentino)- Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina (SAONSINRA) – APYME Santa Fe (Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de Santa Fe) – AAEEM (Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante) – Andrés Gallardo (Pte. Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Económicos y Sociales y la Doctrina Fransciscana)- Ana Almirón (Senadora Nacional)- Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) – Víctor Hugo Morales (Periodista) – José Luis Gioja (Diputado Nacional) – Osvaldo Caffaro (Intendente de Zárate)- Ricardo Nissen (Inspector General de Justicia)- Juan Carlos Alderete (Diputado Nacional) – Sindicato de Dragado y Balizamiento – Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles (Guincheros)- Marcelo Koening (Diputado Nacional)- Héctor Fernández (Diputado Nacional)- Sergio Leavy (Senador Nacional)- Claudia Bernazza (Diputada Nacional) – Cecilia Roth (Actriz) – Francisco Dos Reis ( Pte. Central de Entidades Empresarias Nacionales, (CEEN) – Marcelo Figueras (Escritor) – Amado Boudou (ex-Vicepresidente de la Nación)- Luisa Kuliok (Actriz) – Francisco «Paco» Durañona (Senador Pcia. de Buenos Aires), Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo ( Patrones Fluviales)- Sergio Casas (Diputado Nacional) – Liliana Herrero (Cantante), Ignacio Coppani (Cantaautor)- Liliana López Foresi (Periodista)- Néstor Piccone (Periodista) – Gabriela Piovano (Infectóloga)- Pedro Peretti (Grito Alcorta) – Milagro Sala (Dirigente Social)- Rafael Bielsa (ex-Canciller de la Nación ) – Horacio Embón (Periodista) – Juan Ramos Padilla (Juez)- Eduardo De La Serna (Cura Opción por los Pobres) – Fernando Borroni (Periodista)- Francico «Paco» Oliveira (Cura Opción por los Pobres) – Jorge Elbaum (Llamamiento Argentino Judío) – SEEN (Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales)- Guillermo Prein (Pte. Centro Cristiano Nueva Vida) – Héctor Amichetti (Sec. Gral. Federación Gráfica Bonaerense, CFT) – Sindicato de Capataces y Estibadores Portuarios – Roberto Baradel (Sec.Gral. SUTEBA) – Jorge Cholvis (Constitucionalista)- Roberto Feletti (Sec. Administrativo, Senado Pcia. de Bs.As.) – Felisa Miceli (Ex-ministra de Economía) – Juan Ciolli (Vice presidente CEEN) – Jorge Marchini (Economista) – Juan Grabois (Dirigente Social)- Raúl Hutín (Directivo Fundación Protejer) – Guillermo Wierzba (Director BNA) – Ricardo Aronskind (Economista)- SUPEH (Sindicato Flota Pesquera e Hidrocarburífera- Oscar Laborde (Presidente del PARLASUR), Daniel Tognetti (Periodista)- Eduardo Barcesat (Constitucionalista) – Claudio Lozano (Director BNA) – Julián Bruschtein (Periodista)- Jorge Alemán (Psicoanalista), (Pedro Biscay (ex-Director del BCRA)- Débora Giorgi ( Economista) – Aurelio Narvaja (Editor) – Sandra Russo (Periodista)- Alberto Zorrilla (Mtro, de Educación, Formosa)- Ana Lorenzo (Educadora) – SICONARA ( Sindicato de Conductores Navales)- Mónica Peralta Ramos (Socióloga)- José «Pepe» Sbatella (ex- Pte. Unidad de Información Financiera, UIF) – Fernando Porta (Economista) – Fernando Braga Menéndez (publicista), Luis Arias (ex- Juez)- Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo- Diego Brancatelli (Periodista) – Paula Klachko (Coordinadora Red-H)- Sindicato Único de Serenos de Buques – Mario Galizzi (Pte APYME Santa Fe)- Alicia Castro (Internacional Progresista) – Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales- Carlos Martínez (Dirigente CEEN), Miguel Fernández Pastor (abogado)- Graciela Dragoski (Prof. Emérita UBA)- Fabio Turné (Espacio Puebla)- Julio Fernández Baraibar (Vice presidente Instituto Independencia)- Raúl Noro (Periodista)- Adolfo Farías (MOCASE)- Deolinda Carrizo (MOCASE) – Osvaldo Bassano ( Pte de ADUCC , Asociación de Defensa de los Usuarios y Consumidores) – Leo Bilanski, (Pte. ENAC, Asociación de Empresarios Nacionales)- Ricardo Romero, Rubén Zeballos y Andrés Nikitiuk (Triunvirato CGT Regional Quilmes, Berazategui y Florencia Varela), entre otros.
Para seguir construyendo un país para todxs, lxs trabajadorxs proponemos:
. Recomposición salarial de emergencia: Porque los ingresos le tienen que ganar a la especulación.
. Plan de empleo: Con fuerte inversión en obra pública que requiera mano de obra intensiva.
. Adelanto de los aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil: Para que también se beneficie la economía social.
. Jubiladxs y pensionadxs: Con un incremento de emergencia proporcional al de lxs trabajadorxs activxs.
. Formación profesional: Para incorporar a más jóvenes al empleo formal.
. Control de precios: Para terminar con las prácticas abusivas de los formadores de precios.
AHORA ES EL MOMENTO
CTA DE LOS TRABAJADORXS
ESCRIBE SERGIO MARIO GUARIGLIA
Allá por los años ’90, cuando aún cursaba en la Facultad de Ciencia Política, fue todo un revuelo saber que nuestro Profesor del taller Teoría del Tercer Mundo y Seminario I iba a ser Horacio González.
Sus clases eran maravillosas. Incluso venía gente de otras carreras a escucharlo. Podía arrancar una haciéndonos reflexionar sobre una frase de Proust.
Anécdota aparte, ese dia no alcanzó a llegar y habló por teléfono pidiéndonos que pensáramos en una cita de «En busca del tiempo pedido» que rezaba «Toda batalla es un palimpsesto». Tuvimos que correr al diccionario a ver qué corno quería decir eso.
También llegar, y mirar el pizarrón a medio borrar y exclamar: «Miren, con esto que se ve acá, si agregamos unas flechas y unas palabras, podemos trazar el desarrollo de la cultura latinoamericana del Siglo XX».
Era imposible salir de esas clases sin que se te abriera la cabeza. Terminabas cada una con diez ideas nuevas para pensar, diez libros nuevos que querías leer (o releer bajo un nuevo enfoque), diez autores nuevos que querías conocer.
Nunca he visto un docente tan capaz a la hora de motivar a los alumnos. Y todo desde una sencillez casi campechana: yendo a El Cairo a tomar un café para hablar de un trabajo, o dándote un «VALE» (desgraciadamente lo perdí) donde me ponía un «Sobresaliente» porque me había olvidado la libreta.
Su lucidez era admirable. Siempre interesantísimo leerlo, aunque era de esos Escritores que te obligaban a hacer un esfuerzo para seguirlo.
Entre todas las cosas de mierda de este virus, la partida de Horacio es una de las peores.
SE CUMPLEN 35 AÑOS DEL MEJOR GOL DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES, DENOMINADO EL «GOL DEL SIGLO»
HOY A LAS 16:09 HS. PONE A TODO VOLUMEN EL RELATO DEL GOL DE DIEGO A LOS INGLESES.
Y CUANDO LA PELOTA VUELVA A ENTRAR, VAMOS A GRITARLO PARA QUE SE ESCUCHE HASTA EL CIELO.
¡VOLVAMOS A GRITARLO OTRA VEZ!
#GritaloporD10S
Pero, que ocurrían por esos días en la República Argentina?…
El «Plan Austral» lanzado el 14 de junio de 1985 por el Ministro de Economía Juan Sourrouille, estaba en su pleno apogeo.
En 1986, se presentó el “Proyecto Patagonia y Capital” por instrucción del entonces Presidente Raúl Alfonsín, para trasladar la Capital Federal de la República Argentina al Distrito Federal de Viedma- Carmen de Patagones, integrado por un complejo de Ciudades de la Patagonia Argentina.
El 24 de diciembre de 1986 fue promulgada por Raúl Alfonsín la Ley de Punto Final, que estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables por haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la Dictadura Cívico-Militar-Empresarial y Ecleciástica de 1976 a 1983.
La Confederación General del Trabajo a través de su Secretario General Saul Ubaldini, realiza un Paro General el 21 de Enero de 1986, agregando al Programa de los «26 puntos» el Reclamo de un Aumento Salarial del 30%. Este recibió la adhesión de casi todas las organizaciones sindicales y los partidos políticos. El 25 de marzo, fracasadas nuevamente las negociaciones salariales, la CGT convocó a la Segunda Huelga del año, con una Movilización que reunió a alrededor de 150.000 personas. El 12 de junio de 1986, en el aniversario del «Plan Austral», se realiza otro paro general tras un nuevo fracaso de las negociaciones salariales.
También en ese año 1986, la película dirigida por Luis Puenzo y protagonizada por Norma Aleandro, Héctor Alterio, Chunchuna Villafañe y Hugo Arana, «La Historia Oficial», gana el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
El 14 de Junio de 1986 en Ginebra, Suiza, muere el poeta, escritor y ensayista, Jorge Luis Borges.
El 12 de Diciembre de 1986 Soda Stereo inicia su gira de Conciertos por Latinoamerica promocionando su álbum «SIGNOS».
En 1986 el grupo SUMO graba el Album «Llegando los Monos», donde hay reggae, rock agresivo y post-punk. Realizan un Gran Concierto en el Estadio «Obras Sanitarias», donde se consagran como una de las bandas mas imponentes del Rock Nacional, siendo el hit del disco «Los Viejos Vinagres».
Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo... 