JOSE LUIS CABEZAS REPORTERO GRAFICO DE LA REVISTA «NOTICIAS» ASESINADO EL 25 DE ENERO DE 1997 EN PINAMAR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA
ACTO CONMEMORATIVO EN PINAMAR LUNES 25 DE ENERO DE 2021 A LAS 19 HS. EN EL CENTRO COMUNITARIO DEL BARRIO SITO EN LA CALLE 122 BIS Y 53.
LA ASOCIACION DE REPORTEROS GRAFICOS (A.R.GRA.) REALIZA EN LA FECHA UN HOMENAJE A JOSE LUIS CABEZAS, AL CUMPLIRSE EL 24° ANIVERSARIO DE SU DESAPARICION FISICA. CONJUNTAMENTE CON EL SINDICATO DE PRENSA DE BUENOS AIRES, HABRA UN ACTO VIRTUAL Y PRESENCIAL DONDE SE REALIZARA UNA INTERVENCION ARTISTICA EN EL BARRIO «JOSE LUIS CABEZAS», UBICADO ENTRE BERISSO Y ENSENADA.
EN EMOTIVAS VERSIONES CON NUEVOS ARREGLOS Y UTILIZANDO VARIADOS INSTRUMENTOS, PODREMOS VER A GRANDES REFERENTES Y ARTISTAS EMERGENTES DE TODO EL PAIS REUNIDOS PARA CONMEMORAR A QUIENES LES PONEN MUSICA A NUESTRAS VIDAS
«MARCANDO EL COMPAS» – SABADO 23 DE ENERO A LAS 19:00 HS.
LA EMISION DEL PROGRAMA ESPECIAL POR LA TELEVISION PUBLICA TENDRA COMO PARTICIPANTES A 132 ARTISTAS DE TODOS LOS ESTILOS MUSICALES, Y QUE CORRESPONDEN A LAS 24 JURISDICCIONES DEL PAIS
CO-PRODUCCION ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA (I.NA.MU.) Y AVE FENIX MUSICA
11 CANCIONES POPULARES QUE PONEN EN VALOR A NIVEL FEDERAL NUESTRA MUSICA NACIONAL Y LA UNION DE LOS Y LAS ARTISTAS
Con idea y producción de Lito Vitale,el especial contará con recreaciones de clásicos como“TU AMOR” (Pedro Aznar y Charly García) en las voces del mismo Aznar y Lidia Borda; «ESA MUSIQUITA» (Teresa Parodi), interpretada por su autora junto a Luciana Jury, Nahuel Pennisi y Mariana Carrizo; y «TU NOMBRE Y EL MIO» (Lisandro Aristimuño), cantada por Aristimuño, Liliana Herrero, Liliana Vitale y Noelia Recalde. Podremos ver también a Trueno, Hilda Lizarazu, León Gieco, Jairo, Paula Maffia, Peteco Carabajal, Luis Salinas, Fernando Barrientos, Raly Barrionuevo y Paolo Bernal, entre muchos otros músicos de todo el país.
GRUPO ESCULTORICO «EL ABRAZO», BASADO EN EL CUADRO DEL MISMO NOMBRE DEL ARTISTA ESPAÑOL JUAN GENOVES, INSTALADO EN LA PLAZA DE ANTON MARTIN DE MADRID, EN HOMENAJE A LOS ABOGADOS LABORALISTAS QUE FUERON ASESINADOS EL 24 DE ENERO DE 1977 POR LA EXTREMA DERECHA ESPAÑOLA – EN LA IMAGEN, ACTO HOMENAJE CONFEDERACION SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE ESPAÑA EN EL AÑO 2020
ESCRIBE JAIME CEDRUN – SECRETARIO GENERAL DE LAS COMISIONES OBRERAS MADRID-ESPAÑA
El maldito virus está alterando nuestras formas de vida, nuestras costumbres, nuestras conmemoraciones en recuerdo de quienes dieron su vida por nuestros derechos. Este año, cuando celebramos el 44 aniversario del atentado fascista contra nuestros compañeros abogados de Atocha, sindicalistas y comunistas de la clandestinidad, no solo el virus trastoca nuestras cabezas y nuestros corazones, también la vergonzante puesta en libertad de Carlos García Julia, uno de sus asesinos.
También son las voces que surgen desde distintos frentes comparando lo incomparable, lo sufrido en tiempos de franquismo y lo vivido en la actualidad. Por niveles de sufrimiento, de libertad y de democracia tenemos que hacer valer la relevancia de quienes padecieron la ira del franquismo. Una ira que parece latente en muchos. La izquierda toda y el sindicalismo de clase deben tener un exquisito respeto por quienes todavía siguen en las cunetas de nuestras carreteras; por quienes tuvieron que exiliarse de España al defender una España con libertad, con derechos y constitucional. Son incomparables. No existe analogía posible.
Como escribía recientemente el periodista Luis María González, “por la frontera de Catalunya con Francia, atravesando montes y rutas abruptas, abandonaron el país centenares de miles de personas huyendo de la hambruna, la represión y la guerra. Según un informe oficial de marzo de 1939, una gran parte de los 450.000 refugiados en Francia tuvieron que afrontar duras condiciones de vida, que se agravaron con el estallido de la segunda guerra mundial. Francia, México, Argentina y la Unión Soviética fueron los principales países de destino del exilio español, aunque no los únicos”.
La clandestinidad posterior, los abogados y abogadas laboralistas en Madrid y en toda España, nuestros “Abogados de Atocha”, vilmente asesinados por el fascismo el 24 de enero de 1977, eran, son, herederos de ese exilio obrero, campesino, pero también intelectual. España se vació de cerebros y está costando recuperarlos.
Las circunstancias no nos van a permitir recordar, como cada año en la plazuela de Antón Martín, bajo “El Abrazo” de Genovés a Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo. También mataron al estudiante de derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Además, en el atentado fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz. De todos ellos solo sobrevive hoy Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, actualmente presidente de la Fundación Abogados de Atocha.
Este terrible año también se ha llevado a Juan Genovés, por lo que también será fecha el 24 de enero para recordar su figura luchadora. Siempre dispuesto, desde la humildad del genio, a participar en causas justas, en las causas de las Comisiones Obreras.
Muchos y muchas que el pasado año anduvieron homenajeando a los de Atocha se han ido en menos de un año. Desde la fuerza de “Paquita”; de la camarada Susana López, de pensionistas y jubilados; a la de Miguel Periañez, que fuera secretario general de la Federación Regional de Servicios. Y tantos y tantas que es imposible transcribir aquí. Este año, más que nunca debe serlo de acompañamiento, aunque sea en la distancia a familiares y amigos.
De acompañamiento, pero también de renovada fuerza. Este 24 de enero, 44 aniversario del asesinato de los compañeros de Atocha, es fecha de hacer justicia con todos los trabajadores, todas las trabajadoras de los servicios esenciales. En los momentos peores asoman la cabeza los esenciales y en este año llevamos muchos momentos terribles para que reconozcamos la labor de tantas personas, de tantos oficios invisibles pero imprescindibles en nuestra sociedad. Fueron muchas las personas que continuaron trabajando hasta cuando pararon las fábricas, exponiéndose al virus, a la enfermedad, a la muerte, para que el resto pudiéramos continuar con nuestra vida, aunque fuese en confinamiento. Unos trabajos esenciales que hemos vuelto a ver en Madrid tras la histórica nevada con personas peleando contra las inclemencias del tiempo y también contra una gestión política muy deficiente.
Es tiempo pues de acompañamiento y renovada fuerza, pero también de reivindicar el fundamental papel jugado por las Comisiones Obreras en la Transición. Por eso, los abogados de Atocha, como los miles de sindicalistas anónimos que trajeron la libertad, siguen vivos en el sindicato, en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones de padres y madres, defendiendo lo público como garantía de igualdad. Ahí están, persiguiendo los asesinatos machistas y luchando por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.
Su genética pervive haciendo frente a la ambición. Denunciando la vergüenza que para Madrid y España supone la Cañada Real. Un lugar heredero de los miles de asentamientos realizados entre los años sesenta y setenta y cuya solución para las derechas, año tras año, parece haber sido generar un problema para solventarlo por la fuerza. Quienes alardean de misericordia en las iglesias, abogan por cortar la luz a miles de niños, ven cómo hay casos de congelación entre vecinos, casos de intoxicaciones por gas…, pero no parece importar.
Y la gran vergüenza judicial es que este 24 de enero andará libre Carlos García Julia, que tenía 24 años cuando participó en el asesinato de los cinco abogados de CCOO y del PCE. Junto a su compañero pistolero José Fernández Cerra, ambos fueron condenados por la Audiencia Nacional de España a 193 años de prisión como autores materiales de cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio. Siempre apoyado por poderes fácticos, el asesino ha estado viviendo en libertad y escapando de diversos centros penitenciarios en Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, por donde se movía con documentación falsa. En sus escapadas se venía dedicando al narcotráfico y a financiar grupos paramilitares.
Tal como nos recordaba el profesor Antonio Baylos, una vez de nuevo en prisión, la “Justicia” recalculó la pena y en vez de los diez años que se estimaron le quedaban por cumplir hasta los 30 años máximo de pena, se le impusieron 287 días. En ningún caso tuvo conocimiento de este asunto la representación legal de las víctimas, que ostenta la abogada Cristina Almeida. Cuando supieron de este asunto, la representación legal de la Fundación Abogados de Atocha inició un rosario de impugnaciones – todas desestimadas por la Audiencia Provincial – sobre la base de que se le habían aplicado incorrectamente a Garcia Juliá todos los beneficios de redención de condena que en absoluto le correspondían al haber sido condenado en firme por quebrantamiento de condena, llegando incluso a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional ante la absoluta desprotección de las víctimas en todo este proceso.
El pasado mes de noviembre Carlos Garcia Juliá fue liberado de la prisión, y se cumplió una nueva ofensa sobre la memoria de los luchadores por la libertad, despreciados por una serie de decisiones judiciales que ignoran la trascendencia del crimen de Atocha y favorecen la impunidad de sus asesinos.
Sí, desde la distancia tenemos que enfrentar este ultraje, los permanentes ultrajes que colean en esta España. Ultrajes que todavía no hemos podido o sabido explicar a la opinión pública y ni siquiera a los jóvenes políticos de la actualidad.
FUENTE:«MADRIDIARIO» – EDICION DIGITAL DEL JUEVES 21 DE ENERO DE 2021
CHARLA ON LINE EL JUEVES 21 DE ENERO A LAS 20:00 HS. (HORA DEL PAIS VASCO) EN LA REPUBLICA ARGENTINA ES A LAS 16:00 HS. ENTRANDO EN LA PAGINA WEBhttps://lab.eus/international
PARTICIPARAN DE LA MISMA:
MERCEDES CABEZAS -SECRETARIA DE ORGANIZACION DE LA ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO -A.T.E.- PERTENECIENTE A LA C.T.A.-AUTONOMA ARGENTINA.
TAMARA MUÑOZ VICEPRESIDENTA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES -C.U.T.- DE CHILE.
IBIS FERNANDEZ DIRIGENTE SINDICAL DE LA CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES -C.G.T.P.- DEL PERU.
CARLOS TEVEZ COMIENZA LA SERIE DE 5 PENALES CON LOS QUE BOCA JUNIORS DERROTARIA AL CLUB ATLETICO BANFIELD POR 5 GOLES A 3, LUEGO DE QUE EL PARTIDO TERMINARA EMPATADO POR UN GOL DE BANFIELD EN EL MINUTO 51 DEL SEGUNDO TIEMPO REGLAMENTARIO. DE ESTA MANERA EL CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS LOGRA SU CAMPEONATO N° 70 Y ESTIRA LA DIFERENCIA CON RESPECTO A LOS CAMPEONATOS OBTENIDOS POR EL CLUB ATLETICO RIVER PLATEASOCIACION DE AMIGOS HINCHAS DE BOCA JUNIORS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA -DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO- REPUBLICA DE COLOMBIA
Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades; nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. Las decenas de miles de científicos y médicos con que cuenta nuestro país han sido educados en la idea de salvar vidas.FIDEL CASTRO RUZ
LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL -F.M.S.- ANTE UNA NUEVA AGRESION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
El presidente saliente de los Estados Unidos incluyó a Cuba en la lista de los “Estados patrocinadores del terrorismo”. Se trata de una lista hecha por el Departamento de Estado y que de forma unilateral se permite incluir en la misma a países que ellos consideran conveniente castigar, con todas las gravísimas consecuencias que ello conlleva. No es casualidad que se trate siempre de países no propensos a la defensa de los intereses estadounidenses en sus zonas.
Si hubiese que incluir a Cuba en alguna lista, sería en la de los estados que defienden la vida, la igualdad, la democracia y la solidaridad entre los pueblos. La cita de Fidel Castro refleja bien a las claras lo que es Cuba y lo que la Revolución Cubana ha supuesto para la humanidad.
El último ejemplo que demuestra lo dicho han sido las brigadas médicas Henry Reeve, que, en un contexto de pandemia mundial, han ayudado a numerosos pueblos, como el Italiano, a hacer frente a una complicadísima situación sanitaria. Eso es la Revolución Cubana, un ejemplo de solidaridad y vida, aun en los contextos mas complicados como el actual, que siempre está al servicio de la humanidad tal y como lo ha demostrado en numerosas ocasiones.
Por todo ello, desde la Coordinadora de los Pueblos de la Federación Sindical Mundial, compuesta por el sindicalismo nacional y de clase del País Vasco, Països Catalans, Galiza y Canarias, denunciamos esta nueva maniobra de los Estados Unidos contra Cuba. Denunciamos que Cuba es un estado víctima del terrorismo y su población lo ha sufrido en carne propia, al precio de 3.478 víctimas mortales y 2.099 personas con discapacidad por actos cometidos por el gobierno de los Estados Unidos o perpetrados y patrocinados desde territorio de ese país con la tolerancia de las autoridades oficiales.
La Coordinadora de los pueblos, denuncia esta nueva vuelta de tuerca del imperialismo contra la Revolución Cubana, y nos reafirmamos en nuestra solidaridad con Cuba, pueblo amigo de todos los pueblos oprimidos del mundo como lo son los nuestros. Seguiremos luchando en todos los ámbitos donde participemos para defender a la Revolución Cubana y para devolver toda la solidaridad que el pueblo de Cuba ha repartido por el mundo.
PALACIO DE JUSTICIA DE LA NACION -CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES-
La utilización del lawfare como instrumento de persecución política en nuestro país constituye un hecho indiscutible. Los procesos viciados de irregularidades, tales como los seguidos contra la ex presidenta y actual vicepresidenta y funcionarios de su gobierno, y las sentencias dictadas, evidencian que el Poder Judicial no ha actuado en estos casos conforme a la ley y la Constitución Nacional, sino cumpliendo en forma minuciosa los planes organizados por una comisión encabezada por el Ministro de Justicia del gobierno del ex presidente Macri, con la participación activa de los medios hegemónicos.
Pero el plan desarrollado por el gobierno de Macri no se limitó a armar y desarrollar procesos judiciales irregulares, sino que se orientó a crear una Justicia adicta. Los jueces que no se sometieron fueron perseguidos, estigmatizados y en algunos casos destituidos.
TAMBIEN LA JUSTICIA DEL TRABAJO FUE VICTIMA DEL LAWFARE
Es importante destacar que quienes fueron víctimas de la persecución política no fueron sólo jueces y camaristas penales, sino también magistrados y magistradas de la Justicia del Trabajo.
Así lo destaca el Dr. Luis Raffaghelli, Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo:
“A principios de 2016 fuimos visitados en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por el ministro de Trabajo y su gabinete…quienes nos sugerían “consensuar” nuestros fallos, lo que era una demanda claramente improponible”.
“La justicia del trabajo examina los hechos litigiosos, los subsume en las normas legales, y si hay dudas aplicar la más favorable al trabajador, no por ideología ni ocurrencia, sino porque así lo establecen la Ley de Contrato de Trabajo y los tratados internacionales de derechos humanos, que consagran el principio pro persona como esencial”.
“Algunas pruebas de estas afirmaciones: en enero de 2016 el tribunal de feria de la C.N.A.T. dispuso reinstalar a un grupo de trabajadores despedidos por discriminación política, doce meses antes de la finalización de sus contratos y decidimos su reinstalación cautelar. Junto a la Dra. Diana Cañal fuimos denunciados en el Consejo de la Magistratura por ese pronunciamiento”.
El Dr. Raffaghelli reseña otros casos, en los que se manifiesta la generalización de prácticas extorsivas del ejecutivo contra jueces del trabajo:
1) La Dra. Dora Temis -que intimó al gobierno a respetar la ley de paritaria nacional docente- fue recusada y vilipendiada públicamente por el ministro Garavano, forzando su apartamiento de la causa.
2) Los Dres. Arias Gibert y Rodríguez Brunengo, que resolvieron la reinstalación de 350 despedidos de Télam, fueron denunciados al Consejo de la Magistratura.
3) Los Dres. Arias Gibert y Marino, también denunciados ante dicho Consejo por haber intimado a la autoridad administrativa del trabajo que respetara la autonomía colectiva de los bancarios y homologara los acuerdos con las entidades empleadoras.
La Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo de la República Argentina (ANJUT), denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -en audiencia realizada en Montevideo en Octubre de 2017- estas prácticas desarrolladas por el gobierno de Cambiemos. “Se dijo allí –dice Raffaghelli- en presencia de funcionarios del Gobierno nacional, que las denuncias contra varios colegas, sometidos a juicio político, persiguiendo su destitución, afectaron la vigencia irrestricta del Estado de Derecho, así como también la independencia de los jueces laborales, quienes actuaron dentro de la más estricta legalidad, cumpliendo con los mandatos emanados de la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos Laborales”. Destaca lo afirmado por la Dra. Lucía Aseff, camarista de Rosario, quien cierra su discurso afirmando que “sin un Poder Judicial independiente no hay República, ni Constitución, no hay derechos individuales, ni límites al ejercicio del poder” [1]
Este ataque furibundo del gobierno contra la Justicia del Trabajo, fue el mayor desde su fundación durante el primer gobierno peronista, cuando la Corte Suprema cuestionó su constitucionalidad, negándose a tomar juramento a sus jueces.
La ofensiva anti-justicia laboral del gobierno de Cambiemos fue acompañada por el entonces presidente con una retahíla de improperios contra los abogados laboralistas defensores de derechos colectivos e individuales de trabajadores que presentaron amparos, medidas cautelares y demandas tendientes a lograr la reincorporación de miles de obreros y empleados despedidos por el Estado.
Cabe preguntarse si la Corte Suprema –en su carácter de guardián de la Constitución- reaccionó frente a esta situación de gravedad institucional. Debemos afirmar que no hubo ninguna resolución, ni acordada, ni siquiera un discurso de su presidente que manifestara su preocupación frente a esta ofensiva desplegada por el gobierno representante del capital financiero y la gran burguesía contra la Justicia del Trabajo, cuya propia existencia parece molestarles.
La Corte también ha avalado con su silencio la persecución y aún las destituciones de jueces y camaristas federales que resistieron las presiones del ejecutivo.
Muy diferente ha sido su actitud en el caso de los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli, designados por decreto del ex presidente Macri, sin acuerdo del Senado. En este caso no sólo no aplicó el Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación –que le permite rechazar el recurso extraordinario sin dar explicación alguna [2] , sino que hizo lugar al per saltum. Sin poder negar la evidente irregularidad de la designación de estos jueces, el máximo tribunal resuelve que no deben volver a sus tribunales de origen, sino que pueden continuar desempeñándose en la Cámara Penal Federal de Capital, para las que no cuentan con el acuerdo del Senado. Ello supone que podrían continuar dictando sentencias, que serían nulas y de nulidad absoluta por no tratarse de jueces designados conforme al procedimiento previsto por la Constitución Nacional.
LAS POSIBILIDADES DE LA REFORMA
Los proyectos de reforma de la Justicia, no un simple reordenamiento de la Justicia Federal, sino los que configuren una profunda democratización del Poder Judicial, requerirán una concentración de recursos políticos, jurídicos y morales para lograr la superación dialéctica de la contradicción entre las nuevas manifestaciones de una Justicia que ha enjuiciado y condenado criminales de lesa humanidad y la vieja Justicia oligárquica, elitista y antidemocrática. Es indudable que los proyectos de reforma democrática del Poder Judicial serán resistidos por la reacción derechista en el Congreso, y que aún convertidos en ley no podrán corregir o reparar el daño causado a las personas que sufrieron la cárcel, la destitución de sus cargos, y las diversas formas de persecución política desplegadas durante cuatro años por fiscales y jueces y que aún continúan, siempre con la participación entusiasta de políticos y políticas de la derecha y de los aprendices de Goebbels de los medios hegemónicos.
LA AMNISTIA Y EL INDULTO
La amnistía es una decisión jurídica que se concreta a través de una ley dictada por el Congreso, que se traduce en el olvido de los delitos y la extinción de la responsabilidad penal de los autores. El indulto es la decisión de perdonar un delito, extinguiendo la pena que el Código Penal impone al mismo. El Artículo 99 inciso 5 de la Constitución Nacional establece que el Presidente de la Nación “puede indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados”.
El Presidente de la Nación ha dicho que el indulto constituye una “rémora del régimen monárquico”. Es cierto que su origen histórico es el derecho de gracia de los monarcas. Pero cabe destacar que este derecho no ha sido eliminado por ninguna monarquía actual. Así ocurre –por ejemplo- en el Reino de España, en el que la Constitución de 1978 reconoce el derecho del rey a conceder indultos.
Todos los regímenes republicanos presidencialistas -como el nuestro- confieren este derecho a los titulares del Poder Ejecutivo.
La historia de nuestro país registra numerosos indultos y amnistías:
1.- Cabe recordar el indulto dispuesto por Hipólito Yrigoyen en 1929 a favor de Simón Radowitzky, el militante anarquista que dio muerte al Coronel Ramón Falcón, Jefe de Policía de Buenos Aires, responsable de la feroz represión contra trabajadores y sus familias en el acto del 1° de Mayo de 1909 de la FORA en Plaza Lorea, que costó la muerte de 12 personas.
2.- Juan Domingo Perón indulta a Ricardo Balbín en 1950, quien se hallaba detenido luego que la Cámara de Diputados dispusiera su desafuero para responder por once causas que le fueron iniciadas por desacato al Presidente de la Nación, que por entonces constituía delito, según el Art. 244 del Código Penal. Balbín había rechazado el indulto, pero igualmente sale en libertad en Enero de 1951.
3.- El Congreso de la Nación, por ley 14.436 del 22 de Mayo de 1958 (presidencia de Arturo Frondizi) concede una amnistía amplia y general para todos los delitos políticos, comunes conexos o militares también conexos, cometidos hasta la promulgación de dicha ley, comprendiendo los actos y los hechos realizados con propósitos políticos o gremiales, o cuando se determine que bajo la forma de un proceso por delito común se encubrió una intención persecutoria de índole política o gremial.
4.- La Cámara Federal Fuero Antisubversivo -creada por la dictadura de la denominada “Revolución Argentina” a fines de mayo de 1971- juzgó y condenó 1.450 militantes populares (combatientes, delegados, activistas gremiales y estudiantiles, etc.). En su campaña como candidato a presidente por el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), el Dr. Héctor J. Cámpora había prometido: “Ni un solo día más con presos políticos”. Se plantea la remisión al Congreso de un proyecto de ley de amnistía; pero el día de la asunción del gobierno, 25 de Mayo de 1973, más de trescientos presos y presas políticas detenidos en Villa Devoto reclaman su inmediata libertad, apoyados por una gigantesca movilización. La libertad se produjo esa misma noche. El decreto de indulto es firmado al día siguiente, sancionando luego el Congreso -por unanimidad- la Ley de Amnistía 20.508, cuyo artículo 1° incluía los delitos cometidos por móviles políticos, sociales, gremiales o estudiantiles, cualquiera sea el bien jurídico lesionado, el modo de comisión y la valoración que merezca la finalidad perseguida; la participación en asociaciones declaradas ilícitas, con fines políticos, sociales y gremiales o estudiantiles, cualquiera sea la valoración que pueda merecer; los realizados con motivo o en ocasión de manifestaciones o movimientos de protesta contra las autoridades, o para arrancarles alguna medida o concesión; los cometidos con motivo o en ocasión de una huelga, un paro, ocupación de fábrica u otra medida de fuerza, para servir a éstos; los previstos en la ley anticomunista 17.401 y los demás realizados por civiles que hayan sido objeto de juicio por tribunales o comandantes militares. Abarcaba tanto a quienes habían sido condenados como a quienes estaban bajo proceso.
Habrá quienes sostengan que este gobierno no es post dictatorial, y que el gobierno de Cambiemos era tan legítimo como el actual.
Pero es que los procesos judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner, funcionarios de su gobierno y militantes populares, son tanto o más irregulares e ilegítimos que los de la Cámara Federal Fuero Antisubversivo, el fuero especial creado durante la dictadura de la “Revolución Argentina”. Se seleccionaron los jueces que debían intervenir, se destituyó a quienes no eran adictos. En palabras del propio Macri: “ más vale que ellos nos representen, sino vamos a buscar otros jueces que nos representen» [3] . La situación de los imputados es equiparable al juzgamiento por comisiones especiales o ser apartado de los jueces naturales, en clara violación del Artículo 18 de la Constitución Nacional.
Es que el objetivo de estos procesos no era la investigación de la verdad real, no importaba la misma, sino el cumplimiento del plan pergeñado por el ejecutivo en una aplicación literal de la dialéctica amigo-enemigo: la proscripción política, la humillación, el descrédito y la destrucción moral del sujeto perseguido.
En estas circunstancias, creemos que la amnistía o el indulto de los presos políticos son las vías constitucionales que permitirían hacer cesar los efectos dañosos de estos procesos irregulares, abriendo el camino hacia una verdadera justicia democrática e independiente no sólo de los demás poderes del Estado, sino de los poderes fácticos económicos y mediáticos.
[1] Raffaghelli, Luis, “La Justicia del Trabajo sufrió sus peores ataques a 75 años de su creación”, en “Revista de Derecho Laboral- Actualidad”, Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, 12 de Noviembre de 2020, Santa Fe, páginas 303/307.
[2] Art. 280 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: “…La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
[3] La Capital, Rosario, 1° de Junio de 2017.
JORGE LUIS ELIZONDO HABLANDO EN EL ACTO ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE ABOGADOS LABORALISTAS DE ROSARIO, EN DEFENSA DE LA JUSTICIA DEL TRABAJO Y DE LOS DERECHOS DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL FUERO LABORAL, EL DIA VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN LAS ESCALINATAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES DE ROSARIO
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Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo... 