Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo…

POR JORGE RENDON VASQUEZ

El 7 de diciembre pasado hubo un Golpe de Estado en el Perú, instrumentado y ejecutado en el Congreso de la República. Su objeto: erradicar de la Presidencia de la República a Pedro Castillo Terrones, elegido para este cargo en las elecciones de 2021.

Un golpe de Estado es una acción o un conjunto de acciones ilegales con la finalidad de retirar del ejercicio del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o de otras instituciones autónomas del Estado a las personas legalmente elegidas como titulares de esos cargos y sustituirlas por otras.

Aunque Pedro Castillo Terrones había leído ese día, ante un canal de TV, una declaración por la cual anunciaba que cerraría el Congreso de la República y declararía en reorganización el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, no ejecutó ninguno de estos hechos.

Sin embargo, la Mesa Directiva del Congreso, al parecer ya avisada, citó a una sesión del Pleno de este para las 13:30 del mismo día con la finalidad de votar por la vacancia de la Presidencia de la República, fundamentándola en esa declaración a la que consideró incapacidad moral (numeral 2 del artículo 113º de la Constitución).

Esta citación era de plano ilegal porque, según el Reglamento del Congreso (art. 89-A), el pedido de vacancia con los fundamentos de hecho y de derecho debe formularse como moción de orden del día, firmada por no menos de 20 congresistas, debe ser admitida a consideración por el Pleno por no menos del 40% de los congresistas hábiles, se debe fijar la fecha y la hora del debate y la votación con citación al Presidente de la República; si se quiere cambiar esta fecha, se requiere el voto de las cuatro quintas partes del total de congresistas, o sea, 104. 

Ese día, ninguno de estos requisitos habían sido cumplidos. 

Es cierto que el Pleno estaba citado para las 3 de la tarde para considerar un pedido de vacancia aprobado el 1 de diciembre, pero este pedido señalaba otras causas de supuesta incapacidad moral. Y no era posible legalmente utilizar esta sesión para considerar la declaración de Pedro Castillo de ese día. Debía haberse seguido otro trámite, ateniéndose al debido proceso.

Instalado el Pleno, la Mesa Directiva procedió de inmediato a hacer votar su ilegal moción que obtuvo 101 votos; 6 congresistas votaron en contra, 10 se abstuvieron y 12 no votaron. Eran las 14 horas.

Unos minutos después, la Fiscal de la Nación hizo capturar a Pedro Castillo y un juez admitió esta detención, lo que era ilegal, puesto que el Presidente de la República sólo puede ser sometido a proceso judicial por las causas indicadas en el artículo 117º de la Constitución y en ese momento Castillo seguía siendo Presidente.

Todo parecía estar coordinado entre los congresistas propulsores de la vacancia, la Fiscalía de la Nación y los jueces que intervenían, estos ya convertidos en factores políticos.

En resumen este Golpe de Estado tuvo éxito, puesto que sus ejecutores expulsaron de la Presidencia de la República al ciudadano elegido para ejercerla y, por añadidura, lo encarcelaron.

Se puede entender que los grupos de congresistas de derecha y de centro derecha pugnasen por erradicar a Castillo como sea de la Presidencia. Para eso están allí, en consonancia con su molicie, su oposición a toda mejora de la condición de las grandes mayorías sociales y su lealtad a quienes les financiaron sus millonarias campañas electorales.

PERO, ¿QUE DECIR DE LOS CONGRESISTAS QUE SE RECLAMAN DE IZQUIERDA?

Ninguno de ellos objetó la irregular citación del Pleno por su objeto y su forma, y se debe suponer que sabían que se estaba infringiendo el Reglamento del Congreso que posiblemente utilizan todos los días. Dejaron que la Mesa Directiva siguiera adelante con el golpe de Estado y lo aprobaron al quedarse en la sesion, aunque algunos votaran en contra, otros se abstuvieran y otros no votaran. Los más resentidos y racistas, votaron por la vacancia. Tenían que liquidar a ese maestrito campesino que había osado pensar diferente y, presumiblemente para ellos, se había dejado manipular por otros para hacer lo que hizo, y no querían ser salpicados. 

En 2021, el novísimo partido de los profesionales de provincia Perú Libre había logrado la elección de 37 representantes, y era una esperanza para el pueblo. Poco después comenzaron las deserciones. Ahora están repartidos en seis grupos: Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Perú Democrático, Podemos y No Alineados. 12 de ellos votaron con la derecha, por la vacancia, 6 votaron en contra, 8 se abstuvieron y 9 no votaron. 

Juntos por el Perú, el grupo que postuló a Verónica Mendoza, en 2021, había logrado la elección de 5 representantes que ahora constituyen el grupo Cambio Democrático. De ellos, 3 votaron por la vacancia, 1 se abstuvo y otro no votó.

O sea que la izquierda aportó 15 votos para convalidar el golpe de Estado contra el Presidente de la República, decisión que tuvo que llegar desde sus comandos centrales, y la derecha necesitaba ese apoyo para legitimar su golpe. Ninguno de estos grupos “de izquierda” ha explicado a sus electores por qué votaron así.

Con este comportamiento esta izquierda se desmorona. La gente en las calles, salida de los barrios y campos del Perú profundo, que protesta contra el defenestramiento de Pedro Castillo Terrones, uno como ellos, los ve como renegados.

No es la primera vez que estas aberraciones ocurren en el Perú. Entre las más ominosas, la primera acaeció cuando una parte de los indios se puso al servicio de Francisco Pizarro y sus conquistadores como auxiliares, convirtiéndose en un factor decisivo para el asesinato de Atahualpa en la plaza de Cajamarca y para la conquista. Otra fue la enconada campaña de un grupo de caciques contra Túpac Amaru al que contribuyeron a derrotar, obedeciendo a las autoridades hispanas. Cuando mataban a Túpac Amaru, Micaela Bastidas y otros dirigentes de esa insurrección en la plaza del Cusco esos caciques estaban junto a los españoles contemplando recocijados la fiesta de sangre. La sociedad peruana no se ha purgado aún de estas macro y micro infecciones.

EL ANALISIS SOCIOLOGICO DE LAS CAUSAS DE ESTA NUEVA DEBACLE DE LA LLAMADA IZQUIERDA Y DE LA MAGNITUD DE LA FRUSTRACION QUE HAN PRODUCIDO EN LAS MAYORIAS SOCIALES ESTA POR HACERSE.

POR EDUARDO ALFONSO DEPETRIS

El Estado de Derecho está en crisis o, más bien, ha sido relegado por otros sistemas legales que han logrado que en el campo jurídico internacional ocupen el centro unas relaciones comerciales que hacen abstracción de los factores humanos. La perspectiva actual ha sustituido el espíritu de la Justicia Social como piedra angular de las relaciones económicas por el beneficio a corto plazo.

El autor recorre los orígenes históricos de esta tendencia para centrarse en las propuestas de Alain Supiot, quien nos recuerda que, desde el punto de vista legal, ya existen mecanismos a los que apelar y que parecen haber caído en el olvido como parte de la campaña ideológica del dogmatismo neoliberal. Su propuesta es recuperar el espíritu que recorre la Declaración de Filadelfia que considera la economía y las finanzas como medios al servicio de la humanidad.

La crisis financiera que se desencadenó en el verano de 2008 está relacionada con un sistema económico que tiene como motor el beneficio a corto plazo. En este aspecto, de lo que se está hablando, en definitiva, es de los fines últimos que guían la actividad económica, es decir, de un sistema de valores.

El derecho, en cuanto cristalizador de valores, ha tenido un papel fundamental en los acontecimientos que se han venido produciendo, puesto que es a través de los sistemas normativos como una sociedad inserta los valores por los que quiere regirse en el espacio público. En cuanto elemento de articulación entre hechos y valores, el derecho puede ser tanto un arma de agresión como una herramienta de emancipación puesto que distintos tipos de campos jurídicos dan lugar a la apertura de nuevos ámbitos de actuación.

Tras la crisis financiera subyace una crisis del Estado de derecho cuya construcción se inició tras la Segunda Guerra Mundial. El régimen internacional de derecho opera en sentido inverso al del campo jurídico mercantil, pues en él prevalecen los valores y puntos de vista frente a los intereses. Se basa en una cultura jurídica que creció a partir del entendimiento del sufrimiento humano y desarrolló una constelación transnacional de acciones sociales progresistas (jurídicas, políticas, humanitarias) creadas para minimizarlo.

Para entender cómo se ha producido esta crisis del Estado de derecho o, en otras palabras, cómo este ha sido relegado por otros sistemas legales más afines al beneficio a corto plazo, se expone el mecanismo que ha hecho posible que surja un campo jurídico internacional donde el centro son las relaciones comerciales que hacen abstracción de los factores humanos. Este mecanismo es el derecho mercantil, que se ha instaurado como marco de referencia para las transacciones comerciales internacionales y que es deficitario desde el punto de vista de los valores humanitarios al no tener en cuenta las condiciones extracontractuales en las que se resuelven las relaciones de poder. Se descentra así la actividad económica de la vida humana, para centrarse en un beneficio a corto plazo. Uno de los efectos de potenciar la ley mercantil, frente a otros campos jurídicos que fueran más afines a las necesidades humanas, es que se ha producido una subordinación de los derechos sociales y culturales a los derechos mercantiles.

LA CRISIS FINANCIERA COMO SINTOMA

En las reflexiones de Alain Supiot hallamos una interpretación a la crisis actual como síntoma de una crisis de orden jurídico que ha dado lugar a la eliminación progresiva de los sistemas normativos menos aptos a la satisfacción de las necesidades financieras de los inversores.

En parte, esta crisis surge de ficciones jurídicas que hacen como si la tierra, la moneda y el trabajo fueran mercancías. Se pone a competir a los sistemas legales, lo que desemboca en un «darwinismo normativo».1

Tras las dos guerras mundiales, se abordó desde Occidente la construcción de un Estado de derecho para defender a la población mundial de los intereses que desembocan en el daño colectivo. Tal y como recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948 en su preámbulo,[2] se consideraba esencial el establecimiento de un régimen de derecho «a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión».

La Declaración de Filadelfia,3 incorporada en 1946 a la Constitución de la O.I.T., propone que se dirija la economía desde la política de tal manera que la vida quede en el centro de pp. 13-21 de relaciones ecosociales y cambio global [14 Nº 114 2011, 1 A. Supiot, L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, Éditions du Seuil, París, 2010, p. 64. 2 Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas [disponible en: http://www.un.org/ es/documents/udhr/;http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/046/82/IMG/NR004682.pdf%5D 3 Declaración de Filadelfia, 1944 [incorporada como anexo a la Constitución de la OIT en 1946. Disponible en: http://www.ilo.org /ilolex/spanish/iloconst.htm#annex]. Declaración de Filadelfia,1944) [texto original: http://www.ilo.org/public/spanish/ century/information_resources/download/phil-es.pdf]

CRISIS DEL ESTADO DE DERECHO: LA ACTIVIDAD ECONOMICA

En ella se afirma que la Paz permanente solo puede basarse en la Justicia Social. En sus aspectos concretos se señalan, entre otras demandas, la no consideración del trabajo como una mercancía y la necesidad de evitar las fluctuaciones económicas y conseguir estabilidad en los precios mundiales de materias y productos primarios.

Así, en dicha Declaración se afirma que «EL TRABAJO NO ES UNA MERCANCIA NI UN ARTICULO DE COMERCIO» (artículo I. a) y, tras el descreimiento de que las fuerzas económicas ciegas (EN REFERENCIA A LA MANO INVISIBLE DE ADAM SMITH) generen una situación de Estabilidad Social, se llega a la conclusión de que es necesario dirigir deliberadamente la Política Nacional e Internacional hacia la Seguridad Económica. (4)

Se ocupa también de señalar la importancia de conservar la estabilidad de los precios mundiales de materias y productos primarios así como de evitar fluctuaciones económicas.

Estas dos inquietudes se recogen en su artículo IV:

«[…] comprendiendo medidas que tiendan a aumentar la producción y el consumo, a evitar fluctuaciones económicas graves, a realizar el progreso económico y social de las regiones en donde exista menor desarrollo, a garantizar mayor estabilidad de los precios mundiales de materias y productos primarios, a fomentar un comercio internacional de alto y constante volumen».

Es reseñable que la Declaración de Filadelfia no es una declaración anticapitalista ni contraria al comercio, sino que está orientada a favorecer el trabajo y el comercio. A pesar de esto, sus demandas suenan revolucionarias al día de hoy, lo que nos da una medida de la evolución regresiva que se ha impuesto en los espacios públicos de discusión.

LA LEX MERCATORIA COMO MECANISMO EXPLICATIVO DE LA CRISIS DEL ESTADO DE DERECHO

Es inevitable preguntarse cómo se ha llegado a la situación actual en la que las normas legales permiten y benefician la actividad económica centrada en el beneficio a corto plazo

Potenciar la ley mercantil frente a otros campos jurídicos más afines a las necesidades humanas ha supuesto la subordinación de los derechos sociales y culturales a los derechos mercantiles 4 [E. Lee, «Orígenes y vigencia de la Declaración de Filadelfia», Revista Internacional del Trabajo, 1994, p. 537 [http://www.ilo.org/public/spanish/century/download/Leeeddy.pdf]

ENSAYO FRENTE A UNA ECONOMIA QUE ATIENDA A LAS NECESIDADES HUMANAS

Como es bien sabido, la actividad de intercambio económico se realiza mediante acuerdos contractuales en los que intervienen las partes contratantes.  Sin embargo, en realidad se requiere una parte externa que garantice el cumplimiento de dichos acuerdos. En el sistema internacional, esa parte garante viene representada por la estructura estatal.

Por tanto, la pregunta es ¿cómo han llegado los Estados a permitir que se impongan los intereses del beneficio inmediato frente a los intereses de sus ciudadanos a los que pretenden representar? Esto es, ¿cuál es el mecanismo que ha socavado el Estado de derecho hasta subordinarlo a un orden de ganancia a corto plazo en vez de al principio de justicia social?

LA UNION EUROPEA COMO CAMPO DE ESTUDIO PRIVILEGIADO

Un análisis más detenido sobre el modo en que se ha articulado la competición entre los sistemas legales a nivel mundial puede contribuir a arrojar alguna luz al respecto. El ejemplo particular de la Unión Europea constituye un ámbito de estudio privilegiado, puesto que permite abordar el proceso en un marco de actuación común, por el cual se produce una desterritorialización de la justicia en el ámbito nacional, para reterritorializarla en el de la Unión Europea.

En la política de acercamiento, el proceso regulativo se articula como una competencia entre legislaciones nacionales fundada en tres pilares:

1°) La Legislación de la Unión concebida como estándares básicos de requisitos mínimos;

2°) El reconocimiento de las legislaciones nacionales.

3°) La aceptación de la discriminación inversa (los Estados pueden imponer requisitos más exigentes a sus nacionales).

Puesto que los Estados pueden imponer regulaciones más exigentes a sus productos nacionales pero tienen que aceptar productos extranjeros sujetos a otras regulaciones, que pueden ser eventualmente menos drásticas, se produce una competencia a la baja, en el sentido de que la presión será puesta sobre la desregulación a nivel nacional. Bajo la aparente distinción entre mercado y regulación, el mercado podrá elegir la mejor regulación a la que desea ser sometido, lo que se traduce en la competencia por la mejor legislación, no en términos regulativos, sino mercantiles.5

Este mecanismo por el que se da preeminencia, desde el Estado mismo, a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y los sistemas financieros frente a los de los ciudadanos, explica la forma en que el Estado se desregulariza progresivamente, lo que no implica, en definitiva, sino una re-regulación.

Se trata de una re-regulación puesto que la pérdida del papel central de la acción estatal en algunas áreas (relaciones laborales, bien pp. 13-21 de relaciones ecosociales y cambio global 16 Nº 114 2011, 5 B. de Sousa Santos,

LA GLOBALIZACION DEL DERECHO

Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación, (Universidad Nacional de Colombia, UNIBIBLOS, 1998, p. 98. estar social), se puede combinar con el énfasis de la acción estatal en otras áreas (entrenamiento laboral, vigilancia política, ajuste de la política exterior a las operaciones de las empresas transnacionales).6

EL DERECHO MERCANTIL A NIVEL MUNDIAL

La Lex Mercatoria o Derecho Mercantil es básicamente un Derecho Transnacional de los Negocios. Como derecho económico actúa de acuerdo con el motor que promueve su desarrollo, esto es, la internacionalización del capital. Las prácticas transnacionales precisaban ser protegidas jurídicamente, lo que llevó a los Estados a desarrollar un derecho internacional privado.

Entre las características del Derecho Mercantil se encuentran la facilidad con la que permite contratos vinculantes, el énfasis en la seguridad de los contratos y la velocidad de decisión en los litigios. Esto ha revertido en el surgimiento de un nuevo ordenamiento jurídico transnacional. Así, la Lex Mercatoria se extendió enormemente en el periodo del Capitalismo PosFordista, coherente con una tendencia a adecuar estructuras internacionales para la acumulación de capital.

«La nueva lex mercatoria está compuesta por varios elementos, entre los que se encuentran los principios generales del derecho reconocidos por los ordenamientos jurídicos nacionales, las reglas de las organizaciones internacionales, las costumbres y los usos, los contratos tipo y los laudos arbitrales».7 Bajo la asunción de que los contratos transnacionales son puramente contractuales, en el sentido de que contienen sus propias reglas de reconocimiento y validación, se infiere que el Derecho Mercantil es apolítico y no necesita hacer referencia a elementos extracontractuales para sustentarse como ordenamiento normativo. Esto conlleva una abstracción indebida de las jerarquías e intercambios desiguales que caracterizan el sistema mundial.

Otra dimensión de las relaciones entre la lex mercatoria y el sistema mundial tiene que ver con las reglas internacionales que regulan la propiedad. Desde el Tratado de Westfalia en 1648, pero de manera mucho más visible a partir de mediados del siglo XIX con el notable incremento de las inversiones extranjeras, los países centrales europeos desplegaron toda una red de tratados a escala global que aseguraran los derechos económicos de sus nacionales en el extranjero. Con estos tratados se abarcaba no sólo la seguridad personal y de la propiedad tangible sino también la de los activos, incluyendo las deudas privadas. [Crisis del Estado de derecho Ensayo 17 6 Ibidem., p. 87. 7 Ibidem., p. 106. Ensayo] De esta manera se creó un campo jurídico interestatal que ha quedado como marco, en el sentido de una estructura jurídica y política, dentro del cual la Lex Mercatoria ha evolucionado en apariencia sin el estorbo de restricciones extracontractuales.

LA PROPUESTA DE ALAIN SUPIOT

Dadas estas tendencias expuestas una de las tareas inmediatas bien podría ser recuperar el Derecho como herramienta de emancipación frente al Derecho como instrumento de agresión. Como ya se ha indicado, en la época de posguerra se consideró necesaria la construcción de un régimen internacional que salvaguardara lo que entonces se consideraron los valores básicos para el sostenimiento de la vida humana de acuerdo al principio de dignidad. El Derecho, en cuanto cristalización de valores, se entendió como un instrumento válido para este fin.
Desde el punto de vista legal, Supiot nos recuerda que ya existen mecanismos a los que apelar y que parecen haber caído en el olvido como parte de la campaña ideológica del dogmatismo neoliberal. Su propuesta es recuperar el espíritu que recorre la Declaración de Filadelfia que considera la Economía y las Finanzas como medios al servicio de la humanidad. La perspectiva actual ha sustituido el Espíritu de la Justicia Social como piedra angular de las relaciones económicas por el beneficio a corto plazo. El capital humano está al servicio de la economía, lo que supone una inversión entre los fines y los medios.Se trata de opciones que responden a una determinada escala de valores, y que no son ni pueden ser meramente técnicas.
Un factor que ha favorecido la “despolitización” de la economía es la pretensión de cientificidad que se le ha intentado otorgar por medio de su exclusiva organización mediante categorías estadísticas. Este reduccionismo estadístico tiene una esencia normativa que contribuye a la configuración del espacio público. El espacio de discusión queda reducido a las categorías definidas por un método propio que no se explicita y que contribuyen a construir una realidad nueva, la de lo cuantificable.
Puede darse una discusión sobre cómo cuantificar y el qué, pero deja fuera todo lo que no se puede atrapar mediante el análisis cuantitativo. Toda medida precisa de un referente para cobrar sentido; la discusión en torno a ese sentido incluye inevitablemente una dimensión dogmática que debería poder ser discutida.
Ese juicio de valor es el que queda oculto al no llevar la información estadística en sí misma las modalidades de su discusión. Así, oculta su propio código de valores y se trasviste de una aparente neutralidad que en realidad no puede alcanzar. Por ejemplo, en la deslocalización empresarial, no entran en competencia los productos como se suele argumentar, sino los sistemas normativos. [pp. 13-21 de relaciones ecosociales y cambio global 18 Nº 114 2011, Crisis del Estado de derecho]

La propuesta de Supiot incluye también que el principio de solidaridad sea introducido en el núcleo de las reglas internacionales del comercio, sin embargo, no ofrece una versión elaborada de cómo articular este principio en el comercio internacional.

La única posibilidad abierta ahora mismo sería demostrar que dichas reglas atentan contra los derechos humanos para que las desviaciones del principio de solidaridad pudieran ser sancionadas.

LA DEUDA COMO MECANISMO DE CONSTRUCCION DE LA VIDA SOCIAL Y OTRAS CONSECUENCIAS

El mismo año que se incorporaba la Declaración de Filadelfia a la Constitución de la O.I.T. entraron en vigor los acuerdos de Bretton Woods que configurarían el nuevo sistema económico internacional. Los Estados Unidos emergieron tras la Segunda Guerra Mundial como primera potencia económica. Los acuerdos de Bretton Woods, que comenzaron a aplicarse en 1946, determinaron el marco del sistema económico internacional de posguerra.

En estos acuerdos se decidió la creación del Banco Mundial (B.M.) y del Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) así como el uso del dólar como moneda internacional.Con la quiebra del sistema de Bretton Woods, en la década de los años setenta del siglo pasado, se puso fin al sistema de tipos cambiarios estables y el valor de las monedas empezó a fluctuar.

Al abandonarse el patrón divisa-oro, se desvinculó la emisión de papel moneda de las reservas de oro y los recursos productivos del país.

Como consecuencia, se independizó el sistema monetario de la creación de riqueza, lo que derivó en un endeudamiento generalizado y la deuda devino en un mecanismo de construcción de la vida social.

Esta es la génesis de la reducción de las inversiones sociales que se da en la actualidad. Admitir el nivel de cambio como sistema de flotación mundial puede considerarse como un sistema que, en definitiva, desemboca en una reducción de las inversiones sociales, pues hasta entonces el dinero pertenecía a la capacidad de trabajo y ahora al endeudamiento.

A raíz de la crisis financiera que se hizo visible en 2008, sectores progresistas interpretaron que se abría una nueva «estructura de oportunidad política»,8 para una reordenación [Ensayo 19 8 S. Tarrow,] El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Alianza, Madrid, 1997.]

Ya existen mecanismos a los que apelar que parecen haber caído en el olvido como parte de la campaña ideológica del dogmatismo neoliberal [Ensayo 9 M. Etxezarreta, «No puede ser de otra manera», Público, 20/05/11. 10 A. Pérez Orozco, Amenaza tormenta: la crisis de los cuidados y la reorganización del sistema económico, 2006, p. 22. [http://cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0378/amaia_perez._AMENAZA_TORMENTA_LA_CRISIS_DE_LOS_CUIDADOS_Y_LA.pdf ]. de la economía, ante la evidencia de que el mercado era incapaz de regularse a sí mismo.

Sin embargo, la financiación de los bancos con dinero público, lejos de contener las ambiciones especulativas, parece haberlas potenciado hasta el punto que, tres años después, el sistema financiero ha salido reforzado y, con el apoyo de las agencias de calificación, se ha convertido en práctica abierta la especulación con la deuda externa de los Estados, que acaba desestabilizándolos mientras el F.M.I. les da instrucciones sobre los recortes que se deben hacer a los derechos sociales.

La desvinculación de la economía y la política llevada a sus últimos extremos explica en gran medida la crisis financiera, por lo que tendría sentido buscar formas de salida de la misma que revinculen la economía y la política. Hasta ahora, las respuestas que se están ensayando son de dos tipos.

1°) Por un lado, está el caso de Islandia y su negativa a pagar deudas que no corresponden a la población, y donde se ha logrado llevar a juicio a los responsables de la ruina del país y obligado a responder a los culpables con su propio patrimonio.

2°) Desde la Unión Europea y el F.M.I. la respuesta que se ensaya es imponer recortes a las condiciones de los trabajadores para que las entidades privadas recuperen sus beneficios, es decir, «no son errores, son opciones estratégicas que rescatan los intereses de los poderosos a costa de las clases populares».9

El debate de fondo que recorre propuestas como la de Supiot es hasta qué punto es posible buscar una salida a la crisis desde el capitalismo o fuera del capitalismo.

Como nos advierte Amaia Pérez Orozco, el conflicto entre el capital y la vida es mucho más agudo en el neoliberalismo, pero en el keynesianismo también existía, por lo que habríamos de estar alerta para evitar un repliegue a momentos anteriores.

Desde su punto de vista, «no se trata de recuperar el pleno empleo, porque este nunca ha existido, sino que se ha basado siempre en exclusiones múltiples: la apropiación de los trabajos gratuitos de las mujeres, el expolio de la naturaleza y la explotación de países no occidentales».10

En el contexto de cambios que caracteriza una crisis, acaso merezca la pena apostar por construir modelos que contemplen la solución a problemas que con anterioridad estaban invisibilizados o que no eran considerados parte del sistema económico.

Una de las grandes aportaciones de Supiot es que ayuda a descomponer “la crisis” en partes más pequeñas, lo que la hace más manejable, al menos teóricamente.

Desde distintas perspectivas se señala la multidimensionalidad de la crisis. Si Supiot señala la crisis del Estado de derecho, otras perspectivas nos muestran cómo la crisis financiera es de relaciones ecosociales y cambio global.

CRISIS DEL ESTADO DE DERECHO SECUENCIA O AGRAVANTE DE OTRAS CRISIS, COMO LA ECOLOGICA, LA ALIMENTARIA O LA DE LOS CUIDADOS

Todas estas perspectivas apuntan de forma más o menos directa a una crisis de valores. Descomponer la crisis y desentrañar los mecanismos que la han hecho posible o la sustentan cobra importancia cuando se descubre que la crisis, además, no es un problema de primer orden para el capitalismo. Las crisis económicas no desgastan necesariamente el sistema capitalista, pues son acontecimientos cíclicos mediante los que entran en competición los elementos económicos de un sector, dando lugar a la “supervivencia de los más fuertes”.

Las empresas y entidades financieras que sobreviven aumentan sus ganancias, lo que indica que lo que se está dando es un darwinismo financiero que elige las entidades financieras más fuertes, tal y como ya ocurrió en el mundo de la informática con la burbuja del año 2000. Se va instaurando la conciencia de que estamos en un punto de inflexión histórico que puede inaugurar una nueva etapa del capitalismo de la que acaso salga reforzado. Sería interesante, por tanto, que las perspectivas económicas críticas establecieran un diálogo entre sí que las refuerce mutuamente, de tal manera que se pueda ofrecer un discurso fuerte que diluya la confusión teórica y permita generar expectativas creíbles de cambio. [11 C. Carrasco, «Mujeres, sostenibilidad y deuda social», Revista de Educación, número extraordinario, Educar para el desarrollo sostenible, 2009, pp, 169-191 [disponible en http://www.revistaeducacion.mec.es/re2009/re2009_08.pdf%5D Ensay]

Propuestas de Alain Supiot, quien nos recuerda que, desde el punto de vista legal, ya existen mecanismos a los que apelar y que parecen haber caído en el olvido como parte de la campaña ideológica del dogmatismo neoliberal. Su propuesta es recuperar el espíritu que recorre la Declaración de Filadelfia que considera la economía y las finanzas como medios al servicio de la humanidad. La crisis financiera que se desencadenó en el verano de 2008 está relacionada con un sistema económico que tiene como motor el beneficio a corto plazo. En este aspecto, de lo que se está hablando, en definitiva, es de los fines últimos que guían la actividad económica, es decir, de un sistema de valores.

El Derecho, en cuanto cristalizador de valores, ha tenido un papel fundamental en los acontecimientos que se han venido produciendo, puesto que es a través de los sistemas normativos como una sociedad inserta los valores por los que quiere regirse en el espacio público. En cuanto elemento de articulación entre hechos y valores, el derecho puede ser tanto un arma de agresión como una herramienta de emancipación puesto que distintos tipos de campos jurídicos dan lugar a la apertura de nuevos ámbitos de actuación. Tras la crisis financiera subyace una crisis del Estado de derecho cuya construcción se inició tras la Segunda Guerra Mundial.

El régimen internacional de derecho opera en sentido inverso al del campo jurídico mercantil, pues en él prevalecen los valores y puntos de vista frente a los intereses. Se basa en una cultura jurídica que creció a partir del entendimiento del sufrimiento humano y desarrolló una constelación transnacional de acciones sociales progresistas (jurídicas, políticas, humanitarias) creadas para minimizarlo. Para entender cómo se ha producido esta crisis del Estado de derecho o, en otras palabras, cómo este ha sido relegado por otros sistemas legales más afines al beneficio a corto plazo, se expone el mecanismo que ha hecho posible que surja un campo jurídico internacional donde el centro son las relaciones comerciales que hacen abstracción de los factores humanos.

Este mecanismo es el derecho mercantil, que se ha instaurado como marco de referencia para las transacciones comerciales internacionales y que es deficitario desde el punto de vista de los valores humanitarios al no tener en cuenta las condiciones extracontractuales en las que se resuelven las relaciones de poder.

Se descentra así la actividad económica de la vida humana, para centrarse en un beneficio a corto plazo. Uno de los efectos de potenciar la ley mercantil, frente a otros campos jurídicos que fueran más afines a las necesidades humanas, es que se ha producido una subordinación de los derechos sociales y culturales a los derechos mercantiles.

CRISIS DEL ESTADO DE DERECHO LA ACTIVIDAD ECONOMICA

En ella se afirma que la paz permanente solo puede basarse en la justicia social. En sus aspectos concretos se señalan, entre otras demandas, la no consideración del trabajo como una mercancía y la necesidad de evitar las fluctuaciones económicas y conseguir estabilidad en los precios mundiales de materias y productos primarios.

Así, en dicha Declaración se afirma que «el trabajo no es una mercancía ni un artículo de comercio» (artículo I. a) y, tras el descreimiento de que las fuerzas económicas ciegas (en referencia a la mano invisible de Adam Smith) generen una situación de estabilidad social, se llega a la conclusión de que es necesario dirigir deliberadamente la política nacional e internacional hacia la seguridad económica.4 Se ocupa también de señalar la importancia de conservar la estabilidad de los precios mundiales de materias y productos primarios así como de evitar fluctuaciones económicas. Estas dos inquietudes se recogen en su artículo IV:
«[…] comprendiendo medidas que tiendan a aumentar la producción y el consumo, a evitar fluctuaciones económicas graves, a realizar el progreso económico y social de las regiones en donde exista menor desarrollo, a garantizar mayor estabilidad de los precios mundiales de materias y productos primarios, a fomentar un comercio internacional de alto y constante volumen».

ES RESEÑABLE QUE LA DECLARACION DE FILADELFIA NO ES UNA DECLARACION ANTICAPITALISTA NI CONTRARIA AL COMERCIO, SINO QUE ESTA ORIENTADA A FAVORECER EL TRABAJO Y EL COMERCIO.
A PESAR DE ESTO, SUS DEMANDAS SUENAN REVOLUCIONARIAS AL DIA DE HOY, LO QUE NOS DA UNA MEDIDA DE LA EVOLUCION REGRESIVA QUE SE HA IMPUESTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DE DISCUSION.

LA LEX MERCATORIA COMO MECANISMO EXPLICATIVO DE LA CRISIS DEL ESTADO DE DERECHO

Es inevitable preguntarse cómo se ha llegado a la situación actual en la que las normas legales permiten y benefician la actividad económica centrada en el beneficio a corto plazo

Potenciar la ley mercantil frente a otros campos jurídicos más afines a las necesidades humanas ha supuesto la subordinación de los derechos sociales y culturales a los derechos mercantiles 4 [E. Lee, «Orígenes y vigencia de la Declaración de Filadelfia», Revista Internacional del Trabajo, 1994, p. 537 [http://www.ilo.org/public/spanish/century/download/Leeeddy.pdf]

ENSAYO FRENTE A UNA ECONOMIA QUE ATIENDA A LAS NECESIDADES HUMANAS

Como es bien sabido, la actividad de intercambio económico se realiza mediante acuerdos contractuales en los que intervienen las partes contratantes.  Sin embargo, en realidad se requiere una parte externa que garantice el cumplimiento de dichos acuerdos. En el sistema internacional, esa parte garante viene representada por la estructura estatal.

Por tanto, la pregunta es ¿cómo han llegado los Estados a permitir que se impongan los intereses del beneficio inmediato frente a los intereses de sus ciudadanos a los que pretenden representar?

Esto es, ¿cuál es el mecanismo que ha socavado el Estado de derecho hasta subordinarlo a un orden de ganancia a corto plazo en vez de al principio de justicia social?

LA UNION EUROPEA COMO CAMPO DE ESTUDIO PRIVILEGIADO

Un análisis más detenido sobre el modo en que se ha articulado la competición entre los sistemas legales a nivel mundial puede contribuir a arrojar alguna luz al respecto.

El ejemplo particular de la Unión Europea constituye un ámbito de estudio privilegiado, puesto que permite abordar el proceso en un marco de actuación común, por el cual se produce una desterritorialización de la justicia en el ámbito nacional, para reterritorializarla en el de la Unión Europea.

En la política de acercamiento, el proceso regulativo se articula como una competencia entre legislaciones nacionales fundada en tres pilares:

1°) La legislación de la Unión concebida como estándares básicos de requisitos mínimos.

2°) El reconocimiento de las legislaciones nacionales.

3°) La aceptación de la discriminación inversa (los Estados pueden imponer requisitos más exigentes a sus nacionales).

Puesto que los Estados pueden imponer regulaciones más exigentes a sus productos nacionales pero tienen que aceptar productos extranjeros sujetos a otras regulaciones, que pueden ser eventualmente menos drásticas, se produce una competencia a la baja, en el sentido de que la presión será puesta sobre la desregulación a nivel nacional.

Bajo la aparente distinción entre mercado y regulación, el mercado podrá elegir la mejor regulación a la que desea ser sometido, lo que se traduce en la competencia por la mejor legislación, no en términos regulativos, sino mercantiles.5

Este mecanismo por el que se da preeminencia, desde el Estado mismo, a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y los sistemas financieros frente a los de los ciudadanos, explica la forma en que el Estado se desregulariza progresivamente, lo que no implica, en definitiva, sino una re-regulación.

Se trata de una re-regulación puesto que la pérdida del papel central de la acción estatal en algunas áreas (relaciones laborales, bienpp. 13-21 de relaciones ecosociales y cambio global 16 Nº 114 2011, 5 B. de Sousa Santos,

LA GLOBALIZACION DEL DERECHO

Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación, (Universidad Nacional de Colombia, UNIBIBLOS, 1998, p. 98. estar social), se puede combinar con el énfasis de la acción estatal en otras áreas (entrenamiento laboral, vigilancia política, ajuste de la política exterior a las operaciones de las empresas transnacionales).6

EL DERECHO MERCANTIL A NIVEL MUNDIAL

La lex mercatoria o derecho mercantil es básicamente un derecho transnacional de los negocios. Como derecho económico actúa de acuerdo con el motor que promueve su desarrollo, esto es, la internacionalización del capital. Las prácticas transnacionales precisaban ser protegidas jurídicamente, lo que llevó a los Estados a desarrollar un derecho internacional privado. Entre las características del derecho mercantil se encuentran la facilidad con la que permite contratos vinculantes, el énfasis en la seguridad de los contratos y la velocidad de decisión en los litigios.
Esto ha revertido en el surgimiento de un nuevo ordenamiento jurídico transnacional. Así, la lex mercatoria se extendió enormemente en el periodo del capitalismo posfordista, coherente con una tendencia a adecuar estructuras internacionales para la acumulación de capital.

«La nueva lex mercatoria está compuesta por varios elementos, entre los que se encuentran los principios generales del derecho reconocidos por los ordenamientos jurídicos nacionales, las reglas de las organizaciones internacionales, las costumbres y los usos, los contratos tipo y los laudos arbitrales».7 Bajo la asunción de que los contratos transnacionales son puramente contractuales, en el sentido de que contienen sus propias reglas de reconocimiento y validación, se infiere que el derecho mercantil es apolítico y no necesita hacer referencia a elementos extracontractuales para sustentarse como ordenamiento normativo. Esto conlleva una abstracción indebida de las jerarquías e intercambios desiguales que caracterizan el sistema mundial.

Otra dimensión de las relaciones entre la Lex Mercatoria y el sistema mundial tiene que ver con las reglas internacionales que regulan la propiedad. Desde el Tratado de Westfalia en 1648, pero de manera mucho más visible a partir de mediados del siglo XIX con el notable incremento de las inversiones extranjeras, los países centrales europeos desplegaron toda una red de tratados a escala global que aseguraran los derechos económicos de sus nacionales en el extranjero. Con estos tratados se abarcaba no sólo la seguridad personal y de la propiedad tangible sino también la de los activos, incluyendo las deudas privadas. [Crisis del Estado de derecho Ensayo 17 6 Ibidem., p. 87. 7 Ibidem., p. 106. Ensayo] De esta manera se creó un campo jurídico interestatal que ha quedado como marco, en el sentido de una estructura jurídica y política, dentro del cual la lex mercatoria ha evolucionado en apariencia sin el estorbo de restricciones extracontractuales.

EL RELATO QUE SIGUE FUE MOTIVADO POR ESTAS PREGUNTAS

ESCRIBE JORGE RENDON VASQUEZ [1]

Hace algunos meses asistí a la conferencia de un periodista responsable de la página cultural de un importante diario capitalino. Había supuesto que él tendría algo que decir sobre la cocina de la redacción de donde salían las sábanas impresas de ese diario y las decisiones sobre lo que el público debía leer o ignorar.

Procedía de la provincia de Cangallo y, en sus años universitarios, había sido un aplicado alumno de Literatura y un francotirador de la crítica, parapetado en una revista autoproclamada de izquierda. No lo había hecho mal y, en verdad, prometía. Hasta que para ganarse la vida, luego de concluir sus estudios, logró colocarse en ese diario en el que su talento se vio confrontado en seguida ante la alternativa de escribir lo que se le mandaba o largarse. Tenía esposa, un hijo y otro en gestación. Lo pensó bien y decidió. Se quedaría. Lo hicieron hacer de todo, desde crónicas policiales y deportivas hasta comentarios políticos, casi siempre para rellenar los espacios vacíos, angustiantes para los diarios. Se decantó finalmente como uno de los articulistas de la página cultural tras lustros de postergaciones a favor de periodistas que sólo aportaban sus apellidos extranjeros o su rancio y residual origen oligárquico. Finalmente, luego de veinticinco años le habían confiado la dirección de esa página.

Y allí estaba ahora, delante de unos cuarenta asistentes, sentados en sillas de plástico blanco, en un vetusto inmueble, cuyo patio había sido habilitado como sala de conferencias. De talla más bien corta y cuerpo delgado, su cabello denso y renegrido encerraba una frente pequeña, y sus ojos negros, sin anteojos, exhibían una mirada ya opaca y algo huidiza.

Pasadas las generalidades sobre las tendencias contemporáneas de la literatura y la crítica, que le consumieron unos treinta minutos y precipitaron en la somnolencia a algunos, entró en lo que todos querían escuchar y por lo que estaban allí.

— Lamentablemente —añadió— el diario se halla constreñido a respetar ciertas preferencias —y se perdió otra vez en lugares comunes sobre la profesión del periodista.

A estas alturas, la audiencia ya despabilada no se perdía una sílaba de lo que decía. Concluyó, quejándose de que la sección de Literatura a su cargo hubiese sido engullida por otra de más extenso contenido, llamada De entretenimiento, de la que formaba parte también la sección de deportes, dedicada casi por completo al fútbol. Y allí terminó su exposición.

Hubo algunos aplausos de compromiso a los que se sobrepuso un murmullo nada amigable. Entonces me di cuenta de que la mayor parte de esos cuarenta asistentes conocía al expositor de otros tiempos, cenáculos e ilusiones compartidas, y que tal vez habían estado esperando esa ocasión para juzgarlo, como un gran jurado.

Un antiguo condiscípulo del conferencista, en apariencia de su edad y vestido como él con una camisa blanca y pantalones arrugados, comenzó el ataque. Le preguntó sin ambages si alguna vez él había podido escribir lo que real y sinceramente se proponía. El expositor le respondió con cierta vacilación que el diario tenía por finalidad informar y que, dentro de ciertos parámetros fijados por la dirección, sí podía hacerlo. Su oponente replicó interrogando cómo explicaba la basura publicitaria de libros y revistas anodinos y las magnificadas noticias de literatos y artistas de pacotilla que llenaban las páginas de su sección. Nueva vacilación del interpelado, hasta que dijo:

—Eso viene ya hecho. Es publicidad y pagan por ella.

Se levantó otro asistente, algo grueso, de cabello largo cubierto con un bonete, y, defendiendo al expositor, manifestó:

—Los diarios tienen que darle a la gente lo que quiere, para no perder clientes y rating.

A la mayoría no le agradó esta intervención y lo hizo saber con apagados abucheos.

—No diga tonterías —contraatacó uno de los disconformes—. Es al revés. A los diarios les pagan para intoxicar, embrutecer y manipular a la gente. Y, con su persistencia, terminan por volverla adicta.

El expositor guardó silencio.

—Recuerdo que usted era un hombre de izquierda en la universidad —intervino otro asistente de pelo hirsuto y palidez enfermiza— ¿Sigue siéndolo?

—Sí, pero sólo para mí —repuso el conferencista.

—¿Cómo? ¿Y lo que hace en el diario no tiene nada que ver con su ideología, si algo le queda de ella?

—¡No! —el conferencista se alzó de hombros—. En el diario yo trabajo, como lo haría en cualquier otra parte. Creo que usted haría lo mismo.

—¿Yo? Yo no me vendería jamás.

—¿En qué trabaja usted?

—Soy Maestro.

—¿Y puede usted enseñar lo que quiera?

—No, pero lo que yo hago es distinto de lo que usted hace.

—¿En qué está la diferencia? —murmuró el conferencista. Pero no obtuvo respuesta.

Otro asistente, de anteojos, frente amplia y desenvoltura de intelectual complacido en mirar a los demás desde sus alturas, pidió la palabra:

—Un vez fui a buscarte para entregarte un libro de poemas que acababa de publicar, atenido a que nos conocemos desde que militábamos juntos en la universidad. Ni me recibiste. Salió tu secretaria y me dijo que estabas muy ocupado y que, si lo deseaba, dejase el libro. No lo dejé, por supuesto. ¿Haces lo mismo con todos?

—En realidad, siempre estoy ocupado, y no puedo recibir personalmente a todos los que vienen a buscarme.

—A mí no pudiste hacérmela igual —se levantó otro asistente, un hombre de cabello cano, delgado, nariz encorvada y anteojos—. El portero del diario había salido y una empleada, que seguramente no estaba enterada de tu prohibición, me hizo pasar a tu oficina. Me hiciste dejar mi libro y aceptaste publicar una nota. Nunca lo hiciste. Una semana después vi mi libro, en el que te había escrito una dedicatoria, en un puesto del jirón Amazonas.

—Recibo todos los días muchos libros de personas que me los envían o me los entregan para que les haga una nota. Pero el diario no tiene espacio para ocuparse de todos. Ignoro cómo tu libro fue a dar a ese sitio. En el diario somos muchos.

—Ni lo digas —le contestó el otro, algo gordo y con un largo bigote—. Espacio tienen, si no ¿cómo explicas la publicación en páginas enteras de noticias y fotografías de escritores y faranduleros, que no valen ni un céntimo, que, todos saben, seleccionas y sobre los que escribes? Lo único claro de lo que vienes diciendo es que sin periodistas como tú los diarios no existirían, ni existirían tampoco los literatos que el poder mediático necesita para llenar su cartelera cultural.

El interpelado escuchó la imprecación sin ofuscarse, con la mirada ensombrecida por la tristeza y la indiferencia.

—Soy un proletario de la pluma o, diré mejor, de la computadora, un proletario como otro cualquiera —replicó, acompañando su estoicismo con una forzada sonrisa—. En todas partes es igual. Si no estás con el sistema no existes.

Todo el mundo comprendió que no había más de qué hablar. No hubo aplausos de despedida. Se levantaron y comenzaron a abandonar la sala. En el semblante de numerosos asistentes se advertía su fastidio. Habían esperado, quizás, tirar al suelo a su antiguo camarada y despedazarlo. Pero él se había protegido, colocándose de espaldas contra las cuerdas y cubriéndose de los golpes como pudo. Me fue difícil colegir por qué había aceptado exponerse a ese trato, disertando sobre un tema tan ominoso para él, y no excluí la posibilidad de que un travieso demonio le hubiera jugado una mala pasada, convenciéndolo para hacerlo.

Lo vi despedirse de los organizadores del acto con una expresión de conformidad congelada en el rostro, y encaminarse hacia la puerta. No tenía automóvil. Era un proletario de a pie. Avanzó hacia la izquierda, confundiéndose con los viandantes que esperaban los ómnibus.

[1] REPRODUCIDO DEL LIBRO DEL AUTOR «UNA RAFAGA DE AMABLE BRISA», LIMA, TARPUY AÑO 2015.

POR ANTONIO MUÑIZ

Gran parte de los argentinos, como la mayor parte del mundo, están prendidos de una pantalla, siguiendo las acciones de un mundial de futbol. Todo parece pendiente de lo que pasa en Qatar cuando comienza a correr la pelota.

Seguramente hay grupos minoritarios, muy ideologizados, que critican esta dependencia, este supuesto veneno del mercado para adormecer a los pueblos. Sin embargo no parecen ver la gran carga de emocionalidad que conllevan estos juegos, LA SENSACION DE PERTENENCIA A UN PUEBLO Y UNA NACION.

También se equivocan quienes buscan sacar redito político interno con un triunfo o una derrota del equipo nacional. Da pena ver a la derecha argentina, expresada en los dos pasquines de mayor circulación, Clarín y La Nación, boicotear y esperar el fracaso para supuestamente llevar agua para sus molinos. Esperando que el fracaso y la derrota beneficien sus intereses políticos o electorales futuros, y temiendo que el triunfo beneficie al oficialismo. La historia de nuestro pueblo, sobre todo, el Mundial 78, muestra que la pasión por el futbol corre distinto que la realidad política cotidiana.

La euforia por el Mundial no tapa una realidad política y económica agobiante, enmarcados en caos global (pandemia, guerras, luchas comerciales, etc) que condicionan mucho más una realidad económica local, producto de una herencia del gobierno anterior de una fabulosa deuda externa, una devaluación brutal y una inflación que fue limando el salario de los trabajadores.

La crisis que vamos atravesando es mucho más que una crisis económica coyuntural, de falta de dólares o alta inflación, como ya hemos vivido en otras épocas. Es una crisis estructural mucha más profunda, es una crisis política. Está en crisis final el modelo neoliberal instaurado en 1976 y consolidado en los noventa con la sanción de la perversa constitución de 1994.

Es un modelo que está en cuestión en el mundo, con la decadencia de las potencias occidentales y el surgimiento de una nueva hegemonía global, liderada por China.

Pero en Argentina alcanza ribetes peligrosos, ya no es una cuestión de lucha de modelos económicos o políticos. Es la podredumbre de grupos económicos, políticos y  sociales, prohijados por 45 años de políticas neoliberales, que nos han llevado hasta acá.

Los que mandan, la vieja oligarquía, pero también grupos de aventureros que en el régimen de anomia en que se han desarrollado han ido consolidando un poder económico y político perverso por sobre el total de la población.

El modelo está en crisis, unos persiguen la persistencia del modelo, no importa el costo social ni político, ya que han sido los ganadores de este tiempo y se han apropiado por saqueo de la riqueza y del trabajo del resto de los argentinos.

El problema que tienen y los mostró el desquicio que dejó el macrismo en 4 años es que no tiene un modelo viable que integre a los 45 millones de habitantes. Es un modelo que para sobrevivir debe generar un mayor ajuste y empobrecer aún más a los sectores asalariados y pensionados. Un modelo así solo puede sostenerse por la violencia y la represión. La pregunta es cuanto ajuste aguanta un pueblo antes de rebelarse en las calles?

Las políticas de ajuste permanente, privatizaciones, desindustrialización , apropiación, saqueo y fuga de la riqueza generada por toda la comunidad, terminan en un gran fracaso, en un colapso de toda la economía, tal como ocurrió en 1982, 1989/90, 2001 0 2019, dejando un país arrasado con mayores índices de desocupación, pobreza e indigencia.

Toda la dirigencia de nuestro país, guiada por intereses de clase, cipayismo, la copia de  modelos  inadecuados, ceguera política,  incapacidad o cobardía, es la gran responsable, por acción u omisión,  de haber transformado un país rico, potente, orgulloso de si mismo, en esta decadencia permanente, que parece no tocar fondo..  

LOS DATOS DE LA REALIDAD:

En esta última semana se han conocido los datos de nuestra sobre la situación socio económica. A partir de periódicos Informes del Observatorio de la Deuda Social de la UCA que, aunque pueden ser cuestionados en forma parcial por lo menos muestran las tendencias generales de cómo y hacia dónde va esta sociedad.  Aunque se diferencia por matices, en general coincide con las tendencias señalada por el Indec.

Los datos gruesos muestran que la situación social sigue en retroceso a pesar de que ha aumentado la ocupación y la actividad económica. Y que las políticas de auxilio vía subsidios, planes, etc, están amortiguando una situación escandalosa en la base de la pirámide. Salta a la vista claramente que con una disminución en el número de beneficiarios aumentaría drásticamente el índice de indigencia. O sea que hay un porcentaje alto de la población que está cubriendo sus necesidades más básicas, la comida por ejemplo, solo con la ayuda estatal.

Estamos en un modelo que genera algo de trabajo, mayormente informal, pero de bajos salarios. Eso explica la persistencia de la pobreza e indigencia. Estamos en un país de trabajadores cuyos salarios están por debajo de la línea de pobreza

Los datos centrales reflejan la situación al final de tercer trimestre (septiembre) del año en curso. La pobreza alcanza el 43,1%, frente al 42,4% del año pasado y como decíamos la indigencia se redujo del 9% al 8,1%, debido al crecimiento  de los planes sociales. El dato tal vez mas escandaloso de ese informe es que el 61,6 % de los niños viven en situación de pobreza.

Si analizamos la evolución de la pobreza en la Argentina veremos cuál fue el resultado de años de políticas neoliberales y programas sugeridos por el FMI: Año 1975 era del 6%; en 1980, primera crisis de la deuda, era del 20%, y a partir de allí su crecimiento ha sido y es exponencial, llegando a su pico máximo en la crisis 2001 del 65%, bajando al 55 % cuando asume Néstor Kirchner en 2003. Durante la gestión de los gobiernos k la pobreza disminuye hasta estabilizarse alrededor de un poco menos del 30 %. Está claro y las estadísticas lo muestran crudamente cuando las políticas económicas se acoplan a programas del FMI como se hizo durante el fatídico gobierno de Macri la pobreza se dispara. Así en 2018 se escapó el dólar, volvió el FMI y el descontrol cambiario hizo que la divisa pasara de 20 pesos a más de 60. A partir de ese momento hasta 2019, los índices de pobreza pasaron  26,1% en 2015 al 37,6% en 2019.

Todo ello a pesar del aumento de los planes sociales. Desde el 2010 esa ayuda a los hogares se duplicó, pasó del 24,4% de los hogares en 2010 al 40,4% de los mismos en la actualidad. El Informe remata con la información que, sin los planes sociales, la pobreza hoy superaría el 50% y la indigencia estaría rondando el 20%.

Y para completar el diagnostico,  los datos existentes muestran que trabajadores privados, y sobre todo los públicos e informales, llevan meses perdiendo ingresos, a un ritmo constante y creciente. Los informales son los que más perdieron, sin olvidar que este último año el trabajo informal pasó del 31,5% al 37,8%, el peor indicador de los últimos 15 años.

Pareciera que la novedad no es lo mal que estamos, sino la perspectiva que siguiendo este camino estaremos peor.

El gobierno, la oposición y los medios vienen pregonando hipócritamente la trasformación de los planes en trabajo digno, cuando la realidad muestra que esta economía no genera empleo y si lo hace es con salarios bajos, casi de subsistencia.

Estamos en una economía de base extractivista, dependiente de la exportación de commoditys sin valor agregado, una economía que debe generar dólares para pagar la deuda. Una economía que no solo no derrama sino que sirve para  la acumulación y el saqueo en manos de su clase gobernante.

Para ser sinceros, y nadie dice las cosas por su nombre, esta economía cierra casi regalando materias primas, el litio es el mayor ejemplo y con la exportación y el contrabando de granos vía Uruguay y sobre todo Paraguay, por los puertos y rutas de la hidrobia, drenaje por el cual no solo se van nuestros cereales, sino también por donde circula la droga hacia Europa.

Desmintiendo a los agoreros del neoliberalismo, Argentina no es un país pobre. Por el contrario es un país rico, pero sus riquezas son saqueadas y están mal distribuidas.

En cuarenta años argentina se latinoamericanizó, pobres cada vez más pobres y una minoría de ricos cada día más ricos.

Esta es la realidad que afrontamos, la mitad de la población en la pobreza, una inflación galopante originada en parte por la situación internacional y en otra fomentada por la elite económica local que tiende a maximizar ganancias y a apropiarse de los recursos de todos.

Jaqueados por la escases de dólares, no solo para sostener mínimamente el aparato productivo, sino para soportar un mínima corrida. Sin reservas, una inflación que tiende al 100%, altos intereses para financiarse en pesos, y pagos de la deuda en dólares y otra en pesos para 2023 prácticamente impagables.

La estrategia del gobierno de AF pareciera circunscribirse a una tímida  “guerra a la inflación”, en base a acuerdos y consensos y en el otro a “patear para adelante” los problemas estructurales. Que la bomba, si estalla, le estalle al próximo gobierno, esperando en el medio algún milagro: los dólares de Vaca Muerta o la explotación offshore frente a las costas del Mar del Plata, por ejemplo.

Mientras tanto solo queda rogar que los formadores de precios se porten bien y cumplan los acuerdos, que la situación internacional, es especial, el conflicto en Ucrania no escale demasiado y profundizar el ajuste, que el gobierno sigue negando. Está claro que para que esto funcione es necesario un descenso de la actividad económica. Volvemos a repetir que el modelo cierra transitoriamente con la consigna “exportar todo lo que se pueda y mantener salarios bajos en dólares”.

Utilizando la famosa frase escrita en papel en su momento de muerte, ya que un cáncer de lengua le impedía hablar, por Juan José Castelli, “si ves el futuro dile que no venga”.

Pero el futuro algún día llegara…

BAILANDO EN EL TITANIC

Y para terminar este análisis, también estamos ante una crisis institucional de suma gravedad, donde oficialismo y oposición juegan un juego de sordos enfrentamiento, donde se han superado los límites del disenso democrático, donde en nombre de la república y la democracia se están demoliendo las pocas instituciones básicas de una Nación.

Todos  bailando en la cubierta del Titánic, con una promiscuidad, falta de decoro y corrupción pocas veces vista en la historia argentina. El nivel de decadencia moral es absoluta. Un minoría política, empresaria, gremial, intelectual, etc, baila en la cubierta preparándose para abordar los botes salvavidas, mientras nuestro pueblo en los subsuelos inferiores trata de sobrevivir ante el naufragio que parece inevitable.

Este nivel de decadencia de nuestras clases dirigentes no es nuevo. Es un fenómeno que comenzó claramente con el nefasto Golpe en 1976, con el Golpe Militar, que vino a resetear toda la sociedad argentina. Su objetivo era hacer desaparecer al peronismo y a la clase trabajadora, como vehículo de lucha; comenzó ahí una contrarrevolución neo conservadora, nunca completada del todo, pero que ha ido permeando capas de nuestra clase dirigente. Casi como un gangrena se ha ido extendiendo y cubriendo con su pus a los medios de prensa, a los jueces, fuerzas de seguridad, políticos, gremialista, empresarios, intelectuales, etc, grande beneficiarios del descuartizamiento del país, pero a su vez han ido adormeciendo a una sociedad, otrora vigorosa y aguerrida, que mira los hechos, su realidad, su empobrecimiento general, su propia decadencia, sin verla, sin comprenderla. Y para peor muchas veces apoyando y votando a su propio verdugo.

Dos hechos en los últimos meses han puesto de manifiesto y ante los ojos de todos, el nivel de la corrupción social citado. Uno fue el intento de asesinato de la principal líder política de este país. El intento de magnicidio a una figura política trascendente, que además tiene el cargo de Vice-Presidenta de la Nación, ha pasado sin pena ni gloria por los titulares de los grandes diarios. Languidecen las investigaciones en opacos juzgados y la sociedad ya casi no habla del tema. Un acto de terrorismo como este no puede ni debe ser manejado con este nivel puerilidad e impudicia. Nadie, y la justicia menos, quieren investigar quienes, además del pequeño grupo de perejiles que se usaron como mano de obra, fueron los verdaderos culpables, los instigadores, los financistas y los autores intelectuales. Y porque es esto, porque todo apunta al corazón del macrismo, todos los indicios llevan a grupos mafiosos, de derecha, ligados a Mauricio Macri y su grupo de mayor confianza, los empresarios Caputo y Milman, ladero de Patricia Bulrich.

Que esta justicia, sobre todo la federal actué así a nadie sorprende, es un secreto a voces su permeabilidad ante el poder, el dinero y muchas veces el delito mismo.

Si algo faltaba en esta danza macabra, de contubernios y acuerdos mafiosos entre los grandes medios, jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, fue el viaje financiado por Héctor Magnetto y Joe Lewis a un encuentro, casi un “RETIRO ESPIRITUAL” bien regado de caros vinos y wiskis añejados, de los más granado y selecto de la justicia federal de Comodoro Py.

No solo cometieron un delito al ir a la residencia de Lago escondido. Eso es un delito tipificado como “Dadivas”, si no que además, se los graba en conversaciones donde hablan de cometer más delitos para tapar el anterior. La conversaciones grabadas son de una gravedad mayúscula, por la manera impune con que se manejan y como en su soberbia no toman a todos por idiotas.

Ante el escándalo, la denuncia en cadena que hace el presidente, más las enunciación  detalladas que hizo la vice presidenta, han hecho imposible, por ahora, tapar los delitos. Pero viendo el poder mafioso de esta justicia y como se han manejado otros hechos, es probable que todo vaya quedando en la nada.

En el medio la condena amañada contra Cristina Fernández, por la causa Vialidad y la notoria y fuerte respuesta de ella, denunciando a los instigadores directos y un gesto moral y ético pocas veces visto, redobla la apuesta contra toda esta situación mafiosa.

Cerrando esta nota llegan noticias del Perú. Confusas porque los medios de prensa hegemónicos jugaron  a  favor  del golpe blando al presidente legítimo Pedro Castillo: hay manifestaciones populares en Lima y varias ciudades del interior en apoyo a Castillo y pidiendo la reforma constitucional. La constitución de Fujimori del año  1993, es igual que la nuestra, piedra basal del modelo neoliberal conservador. Génesis de todos los problemas institucionales que sufre Perú desde hace décadas y la alternancia sin poder las figuras presidenciales.  En el caso peruano, tal como ocurrió en Bolivia vuelve  a aparecer el ejército y las fuerzas de seguridad como reaseguro del golpe y reprimiendo las manifestaciones populares de resistencia. Esta aparición de las fuerzas armadas en los conflictos políticos puede abrir una puerta a la violencia para estatal tal como ocurrió en los 60 y 70.

EPILOGO:

La crisis económica política y social es una crisis estructural mucho más profunda: Es la crisis final del modelo neo liberal que puso su garra en la argentina en 1976.

Es probable que el modelo estalle en sí mismo tal como implosionó en el 2001, y obligue a los sectores populares a salir a la calle en defensa propia como ocurriera hace dos décadas. O tal vez tenga una lenta agonía, con los grupos de derecha queriendo perpetuarse en el modelo, a costa de un mayor ajuste y represión.

El peronismo está en una disyuntiva existencial, con una clase dirigente cómplice de la situación actual, otro con una visión “progre” y reformista, mas allá de las lindas palabras terminan jugando para la derecha y el modelo vigente, por el simple hecho de que le tienen miedo al pueblo en la calle. El peronismo debe elegir ser responsable del derrumbe general que se avecina, por acción u omisión, o se convierte en  una fuerza revolucionaria, que lidere las luchas populares y que ponga de cabezas el modelo neoliberal, desarticulando todo el andamiaje legal y político del coloniaje.
En política en difícil pronosticar los acontecimientos, sin embargo todo parece indicar que están surgiendo fuerzas populares, corrientes subterráneas muy fuertes, buscando el momento, el lugar y el tiempo de salir con ímpetu a la superficie.

Recordando a Althuser, el tren de la historia pasará frente a nosotros, no sabemos dónde ni cuándo, pero hay que estar alertas para cuando ocurra subirnos a él.

ESCRIBE FABIAN ARIEL GEMELOTTI

¿POR QUE EL AJO AHUYENTA A LOS VAMPIROS?

En el libro El Ajo y los Vampiros, un libro publicado en 1888 por el médico argentino Italo Argentino Márquez, se habla del Ajo como propiedad curativa. Un amigo mío, que había leído el libro y conozco al autor gracias a mi amigo, siempre se ponía un ajo en el ano. Íbamos a nadar al río y mi amigo nadaba desnudo, y ahí el ajo aparecía saludando por el trasero. Según Márquez el ajo en el ano trae felicidad a las personas. Un estudio de la Universidad del Congo sobre ajo y felicidad habla del tema: «el Ajo sirve para la Felicidad». ¿Y los vampiros? Sabemos que los vampiros le temen al ajo. ¿Por que el ajo sirve para luchar contra los vampiros? 

Según Blam Stoker, Vlad el Empalador sufría una enfermedad llamada «porfiria eritroyética», la cual retrae las encías y causa fotosensibilidad y el ajo agrava la enfermedad. Las encías al retraerse causan dolor y los dientes afilados empiezan a molestar. Esta es una teoría del autor de Drácula. Pero hay otras teorías. Según el investigador Porfirio Marcelo (especialista en hemorroides) Drácula sufría de dolores anales. El ajo, según este médico, sirve para calmar las dolencias venosas del ano. Este médico, un fanático de los vampiros, hizo un estudio muy interesante y llega a esta conclusión: Drácula de chico se ponía un ajo en el ano y ese ajo un día se le metió bien adentro por accidente al jugar con otro vampiro amigo. Drácula quedó traumado y cuando ve un ajo empieza a temblar. Según investigaciones del psicólogo Martín Pirruga, especialista en psicología de vampiros, Drácula le teme al ajo porque el ajo le trae recuerdos inconscientes de su infancia en Transilvania. El ajo se transforma así en un símbolo de la estructura infantil de los vampiros. Drácula transmite este trauma a todos los convertidos en chupa sangre. 

Pero hay una teoría mucho más interesante y es de un enfermero Rosarino. El Enfermero Pablo de los Santos estudió tres casos de vampiros en Rosario. Como todos saben hay vampiros y en Rosario se detectaron cinco casos en los últimos veinte años. Un día llega un vampiro al hospital y Pablo lo atiende. Atan al vampiro a una cama y lo duermen con una inyección. Pero dejan un guardián al lado de su cama para que lo vigile. Pablo se queda toda la noche vigilando y a eso de las tres de la madrugada le agarra hambre. Y saca de un bolso un pan, salame cortado, queso y dos cabezas de ajo. Y se prepara un sánguche y al morderlo ve que el vampiro se despierta y lo mira. Sigue mordiendo y el vampiro llora. Y muerde más fuerte y el vampiro saca la lengua y los dientes se afilan y su cuerpo se convulsiona. El Enfermero, que había leído Drácula en una versión de Anteojito, agarra un pedazo de ajo colgando del sánguche y se lo muestra al vampiro. Y el vampiro se hace diarrea y ensucia las sábanas. Según este enfermero el ajo produce diarrea en los vampiros. La diarrea, según estudios científicos, es el sorete derretido que en los intestinos se convulsiona de una forma que produce ese líquido amarronado tan singular. Es muy molesta la diarrea porque mancha la ropa y muchas veces sale en abundancia. Según un estudio de la Universidad de California el ajo produce diarrea. 

¿POR QUE LOS VAMPIROS LE TEMEN AL AJO?

Según el libro «Entrevista con el Vampiro», el ajo tiene un olor tan fuerte que hace llorar. Como sabemos los vampiros son insensibles a la muerte. Y las lágrimas le darían una sensibilidad. Pero acá no termina el tema. Mi amigo del ajo anal estudió Bioquímica. Según él se ponía un ajo en el ano para ahuyentar la mala suerte. Según él la mala suerte la produce la sangre roja espesa y el ajo hace a la sangre más liviana. Mi amigo creía en los zombies y no en los vampiros. Asi que nunca llegó a una conclusión científica sobre el ajo en los vampiros. No le interesaba mucho el tema. Mi amigo murió hace unos meses, lo encontraron en su departamento con una marca de mordedura en su cuello. 

Según otra teoría de un investigador de la revista dominical del diario La Capitana, el ajo es un símbolo del Cristianismo. Según el arqueólogo Walter Alvarado el ajo produce pedos ruidosos. Y los vampiros no pueden andar por ahí tirándose pedos. 

Recientemente se ha descubierto la cepa del vampiro. Los vampiros no mutan en zombies porque están muertos los chupa sangre. El zombie es una transformación de un vivo al cual le comieron el cerebro. 

Conclusión: no comas ajo y no creas en nada… Y me agarró sueño, y Colorin Colorado, este Relato ha terminado.

ESCRIBE JORGE RENDON VASQUEZ

Unos minutos después de las once de la mañana, del Miércoles 7 de Diciembre de 2022, varios canales de TV comenzaron a transmitir un Mensaje del Presidente de la República.

Con el rostro algo congestionado y la voz insegura, Pedro Castillo, tras recriminar al Congreso por su comportamiento obstruccionista, sus continuas tentativas de vacarlo sin causa legítima y su abstención de legislar para las grandes mayorías, anunció, leyendo unas hojas de papel:

“Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción, orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas:

– Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.

– Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no menor de nueve meses.

– A partir de la fecha y hasta que se instaure un nuevo Congreso de la República se gobernará mediante decretos leyes.

– Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre de 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente.

– Se declara en reorganización el Sistema de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

– Todo el que posea armamento ilegal deberá entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley.

•  La Policía Nacional con el auxilio de las Fuerzas Armadas dedicará todos sus esfuerzos al combate de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios.

Llamamos a todas las Instituciones de la Sociedad Civil, Asociaciones, Rondas Campesinas, Juntas de Defensa y a todos los Sectores Sociales a respaldar esta decisión que nos permitirá enrumbar nuestro país a su Desarrollo sin Discriminación alguna.”

Antes de que el Presidente terminará este mensaje, los canales de TV, incluido el del Estado, como si se hubieran puesto de acuerdo, ya tenían en las pantallas sus comentarios en contra y las declaraciones de ciertos personajes, llamando a defender el Estado de Derecho.

Poco después, algunos ministros y otros funcionarios de alto nivel se dijeron: “Como Periquito, yo me quito” y renunciaron a sus cargos, invocando su adhesión al Estado de Derecho.

Por su parte, la Mesa Directiva del Congreso de la República, a las 12:25, convocó al plenario para las 13:30 de ese día, con la finalidad de tratar de la vacancia de la Presidencia de la República, que estaba prevista para las 15:00. A las 13:49, la votación terminó con la aprobación de la vacancia por 101 votos, es decir 14 votos más de los que se necesitaba para aprobar esta medida. No hubo debate.

A las 14:50 el Presidente Pedro Castillo fue detenido en la Prefectura de Lima. La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que estuvo allí, dijo que Castillo había cometido el “presunto delito de rebelión, regulado por el artículo 346º del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional”. En la fotografía de esta escena se ve a la patricia observando con desdén y triunfalismo al plebeyo sentado en una silla.

A las 15:52, Dina Boluarte juró en el Congreso, asumiendo el cargo de Presidente de la República.

ASI TERMINO LA CRISIS POLITICA DE ESE DIA.

Como, excepto algunos, todo el mundo se escuda tras el Estado de Derecho al que declaran su amor eterno, vale la pena preguntarse qué es este, y si ha sido respetado en esta sucesión acelerada de acontecimientos ya históricos.

El Estado de Derecho es nada más que la organización y actividad de la sociedad y del Estado, como su encargado de gestionar los servicios públicos, sujetándose al ordenamiento jurídico establecido por el pacto social y registrado en la Constitución. Por lo tanto, todos, ciudadanos y gobernantes, están obligados a ceñir sus actos a este ordenamiento. Más aún, los funcionarios del Estado, “lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen” (Constitución, art. 45º).

La Constitución no le confiere al Presidente de la República la facultad de disolver el Congreso y de dictar decretos leyes; pero tampoco le acuerda al Congreso la de comportarse saliéndose de la legalidad, como lo hizo después de la declaración de Pedro Castillo. 

En efecto, la Mesa Directiva del Congreso de la República no podía adelantar la hora de la sesión del plenario, según el artículo 69º-A, c del Reglamento del Congreso; y si lo hacía, con la mayoría requerida (cuatro quintas partes del número legal de congresistas), debía haber citado al Presidente de la República con la antelación suficiente para su defensa. No lo citaron.

Además, el debate y la votación de la vacancia debían sujetarse al pedido formulado y al acuerdo de los congresistas del 1 de diciembre para admitirlo. Era como una demanda: el juez no puede resolver sobre punto no pedido; si lo hace su decisión es nula. A los congresistas no les importaron para nada estas reglas absolutas y, de entrada, votaron sin debate y sin la presencia del Presidente, por su vacancia, motivada por la declaración que este había hecho de disolver el Congreso, como se dijo en los considerandos de la resolución Nº 001-2022-2023-CR aprobada, que hicieron publicar en seguida en el portal informático del Congreso. 

¿Y EL ESTADO DE DERECHO?

Se supone que la Fiscal de la Nación debe conocer la Constitución y el Código Penal. ¿Se ha enterado de su contenido?

La imputación a Pedro Castillo del delito del delito de rebelión (“el que se alza en armas para variar la forma de gobierno”, Código Penal, art. 346º) es inadmisible. El Presidente de la República no se había alzado en armas. Sólo había hecho una declaración transmitida al público por la TV. Tampoco había disuelto al Congreso de la República, ni había impedido la reunión de los congresistas. Si lo hubiera hecho este no hubiera podido vacarlo. No había suscrito ninguna norma en respaldo de su dicho, y, por lo tanto, no había usurpado funciones que no le competían ¿Hay algún artículo del Código Penal que tipifique como ilegal la declaración que hizo? Ninguno. Revisen los entendidos este Código.

Se debe tener presente, además, que, según el artículo 117º de la Constitución, “El Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134º de la Constitución (la censura a dos consejos de ministros), y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.” Y Pedro Castillo, siendo Presidente de la República, no había incurrido en ninguno de estos supuestos, aunque hubiera declarado que disolvería al Congreso. Y, entonces, ¿en virtud de qué norma lo tienen retenido en una prisión?

No han leído, la Fiscal de la Nación y el juez que ha ordenado su detención, el artículo 2º-24-d de la Constitución?: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible.” 

Se me dirá, claro, estas infracciones son parte constitutiva del Estado de Derecho en el Perú, que es informal para estar a tono con la abrumadora informalidad en las calles; en otros términos, aquí la superestructura política maneja a su gusto a la superestructura jurídica. Ya va disipándose la niebla que cubría esta procesión limeña de sucesos políticos y se comienza a ver la causa inmediata que llevó a Pedro Castillo a hacer esa declaración, el apoyo que le prometieron o que fue ficticio y la razón de la prisa loca de los congresistas que lo vacaron.

Una primera conclusión de este intríngulis es la aceleración de la agonía política de los congresistas y sus grupos, pretendidamente izquierdistas, que votaron por la vacancia de Pedro Castillo o se abstuvieron (Mateo el evangelista habría escrito sobre ellos: “Por sus frutos podridos los conocereis”, 7,15); otra conclusión es que la ingenua inmolación de Pedro Castillo lo reafirma, sin embargo, como un líder de las grandes mayorías sociales de nuestro país.

ESCRIBE JORGE RENDON VASQUEZ [*]

PUNTO DE PARTIDA 

Al Derecho del trabajo se le ha definido, prima facie, como el conjunto de normas destinadas a regular las relaciones surgidas por la prestación del trabajo por una persona para un empleador,  en relación de dependencia y por una remuneración, y las  relaciones colectivas de los conjuntos de trabajadores con sus  empleadores o los conjuntos de estos. 

Esta definición, circunscrita al plano de la superestructura  jurídica, ignora la razón de ser de esta rama del derecho. Como las demás normas del ordenamiento legal de cada país, el Derecho del  Trabajo es el resultado de la acción y decisión de las instancias de la superestructura política, u organización del Estado, a la cual la ciudadanía ha confiado la función de emitir las normas jurídicas.  No obstante, y a pesar de este inmenso poder, el Estado no es autónomo en la formulación y aprobación de las normas. Por su  naturaleza social es, en gran medida, un plano intermediario entre la estructura económica, que exige o impone la necesidad y los caracteres de las normas, y los grupos a los que estas son  destinadas. 

Por lo tanto, la normativa laboral, como elenco de prescripciones de conducta, es inerte, no puede actuar por sí  misma. Como todas las normas jurídicas, cada una de las suyas es una creencia o postulación de cierto comportamiento o estado,  respaldado por una sanción material para asegurar o garantizar  su acatamiento, que obra en la conciencia de quienes la inspiran y  reclaman, de quienes la aprueban y de sus destinatarios, como titulares de los derechos declarados y obligados a cumplirlos.¹ 

La dependencia del Derecho del Trabajo de la estructura económica es más ostensible que en otras relaciones sociales,  puesto que su objeto es encuadrar los derechos y obligaciones de  las partes —empleadores y trabajadores— en la producción de los  bienes y servicios. De allí que el Derecho del Trabajo sea el más inmediato a la Economía y que cada una de sus normas tenga una significación monetaria, como límites para empresarios y  trabajadores en la distribución del valor creado. Correlativamente, al regular estas relaciones conflictivas, el Derecho del Trabajo encuadra legalmente la Lucha de Clases entre Empresarios y  Trabajadores, y señala las maneras de atenuarla y canalizarla hacia a una solución, en mucho transitoria, puesto que, siendo el conflicto entre ambas partes permanente, resurge poco después. 

EL PASADO 

Histórica y socialmente, el Derecho del Trabajo es una expresión de la Evolución del Sistema Capitalista. Surgió hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, impulsado, por una parte, por las ideologías Marxista y Anarquista que se propusieron erradicar la Explotación de la Clase Obrera, y, por otra, como la concesión de un sector de la clase capitalista, motivada por su convencimiento de que al otorgarse ciertos derechos a los obreros se podría atenuar su protesta y alejarlos de las tentativas de acabar con el capitalismo, expropiando las empresas, propuestas  por aquellas ideologías. La confluencia de ambas corrientes de opinión llevó a los gobiernos de los países europeos con un capitalismo más desarrollado a emitir algunas normas que los obreros pedían, e incluso, en ciertos casos, a dictarlas contra la  voluntad de los empresarios para evitar que la animadversión de  los obreros se convirtiera en revueltas y revoluciones. 

Hacia fines del siglo XIX, en la legislación de algunos países europeos se comenzó a utilizar la figura del Contrato de Trabajo,  atribuyéndole ciertos caracteres distintos de los contratos civiles de locación de servicios y locación de obra, que enmarcaban la  relación laboral hasta ese momento.² 

A comienzos del siglo XX, las normas laborales se perfilaban  ya como una nueva rama del Derecho por su número creciente e  importancia. En Alemania, el profesor socialdemócrata Phillip Lotmar denominó a este conjunto Derecho del Trabajo (1902), y,  en Italia, el profesor Ludovicco Barassi, Derecho Laboral (1901).³ 

El primer paso hacia la Constitucionalización de esta nueva rama del Derecho tuvo lugar en Febrero de 1917, en México, cuando los asambleístas de varias tendencias, incluidos algunos dirigentes laborales, reunidos en la ciudad de Querétaro, incorporaron en el texto de la Constitución el largo artículo 123º, dividido en 30 incisos declarativos de los Derechos Laborales y de Seguridad Social por los cuales los trabajadores habían venido luchando. A pesar de su importancia, este avance repercutió muy poco en el exterior y  en México mismo el capitalismo obstaculizó su aplicación. 

La Constitución de Weimar de 1919 consolidó la nueva  legislación laboral y de seguridad social en Alemania, haciéndola  una expresión del entendimiento entre la parte de los obreros  liderada por el partido Socialdemócrata y los partidos de la  burguesía, representados en la Asamblea Constituyente, un pacto  por el cual se admitía la subsistencia del régimen capitalista y la  libertad de oferta y demanda, limitados por los derechos sociales y  la intervención del Estado en la economía. 

Otra manifestación del pacto social, adoptado en un espacio  mayor, fue la creación de la Organización Internacional del  Trabajo en 1919 por el Tratado de Versalles, que puso fin a la  Primera Guerra Mundial. Se le atribuyó la función de operar como un gran centro de negociación anual entre los delegados de los  gobiernos y las organizaciones de empleadores y trabajadores, cuyos acuerdos pueden ser convenios internacionales, susceptibles  de incorporación en la legislación interna de los estados miembros  por la ratificación, y recomendaciones complementarias no  ratificables. El primer convenio adoptado por la O.I.T. ese mismo año tuvo como objeto el reconocimiento de la jornada de ocho horas  por la cual los obreros habían luchado casi un siglo.⁴ El Derecho del Trabajo advino, por lo tanto, como la impronta  del acuerdo social destinado a atenuar la conflictividad social, con  más intensidad que en otras ramas del Derecho y, con este  carácter, se reprodujo en los demás países. De una manera u otra,  la lucha de las clases capitalista y trabajadoras y la necesidad  social de atenuarla han determinado, desde entonces, la aparición  de sus normas y su modificación, con una tendencia al  mejoramiento de la situación económica de los trabajadores, salvo  en ciertos momentos de retroceso, como el impulsado por la  corriente neoliberal desde la década del 80’ del siglo pasado. Afirmada esta vía evolutiva, la mayor parte de la clase obrera  y de sus ideólogos se alejó de la vía revolucionaria para cambiar la  sociedad. Colocados en una posición minoritaria, quienes  preconizaban la revolución social fueron obligados a sumarse a la  corriente mayoritaria, aunque sin perder la esperanza de un  cambio radical que no ha llegado en los cien años siguientes en la  sociedad occidental.⁵ 

En América Latina, la acción de los trabajadores en la  conquista de los derechos sociales no ha tenido los mismos  caracteres y fuerza que en los países europeos, salvo en algunos  momentos. Aunque disponían de organizaciones sindicales, estas  han carecido de la fuerza necesaria para imponer por sí los  cambios requeridos, salvo en uno que otro momento, y su presencia  política ha sido difusa y, en muchos casos, contemplativa y  resignada. Las leyes de contenido social se debieron, en su mayor  parte, a gobiernos de la burguesía, populistas, dictatoriales y  progresistas, con fines concurrentes a sus vinculaciones y  planteamientos económicos, para atraerse las simpatías de los  trabajadores, calmarlos o beneficiarlos. 

La Declaración de Derechos Humanos, aprobada por las  Naciones Unidas en diciembre de 1948, fue otra expresión del  pacto social a escala internacional, a consecuencia de la Segunda  Guerra Mundial. Le añadió a la legislación laboral algunas normas  y reforzó otras, con el efecto de extender el Derecho del Trabajo en los países que ya lo tenían y elevarlo a un rango constitucional, o establecerlo en los que no lo tenían. 

EL PRESENTE 

En la segunda mitad del siglo XX, esta rama del Derecho se  consolidó como una parte esencial de la legislación en casi todos  los países del mundo, como una expresión del Pacto Social que, con  más o menos extensión, regía su vida de relación social y como un  efecto del crecimiento económico. 

En el siglo XX, el Producto Neto Interno (P.N.I.) en los países capitalistas más evolucionados ha aumentado unas veinte veces,  lo que significa una disponibilidad de más bienes y servicios para  todos, aunque la distribución haya sido desigual.⁶ En los países con  un capitalismo menos desarrollado, como los de América Latina,  el P.N.I. ha crecido menos. 

La teoría, o doctrina laboralista, generada a partir de las  corrientes de pensamiento marxista, socialdemócrata, cristiana o de un signo sólo solidario y la enseñanza universitaria han influido decisivamente para el reconocimiento de la importancia del  Derecho del Trabajo. También las conferencias anuales de la  Organización Internacional del Trabajo y la difusión de sus  convenios han contribuido a institucionalizar las normas laborales  y de seguridad social. 

El examen del desarrollo del Derecho del Trabajo podría articularse en torno a cuatro aspectos: su expansión, la naturaleza  económica y jurídica de los derechos de las partes, la aplicación de  sus normas y la subsistencia de la informalidad. 

EXPANSION DEL DERECHO DEL TRABAJO 

A pesar de su marcha ascendente, el Derecho del Trabajo presenta aún problemas inherentes a su extensión que obedecen  al grado de desarrollo del capitalismo en cada país y,  correlativamente, a su nivel de institucionalización política, social  y cultural. 

Estos niveles corresponden a los países altamente  industrializados; a los de capitalismo intermedio; y a los de  capitalismo poco desarrollado. 

En todos, la extensión depende de la creación de empresas, de  la correlación entre la población urbana y la agraria, del tamaño  de la administración pública, de la informalidad y del control de la aplicación de la legislación laboral. 

En los países altamente industrializados, la mayor parte  europeos, Estados Unidos, Canadá, Japón, Nueva Zelandia, Israel  y algunos otros, la población urbana es mayor al 90% de la  población total, y la agraria tiende a reducirse a menos del 5%.  Casi toda la producción de mercancías se efectúa en empresas y  está destinada al mercado, y el control de la legislación laboral por el Estado es altamente eficiente y la intervención de las  organizaciones sindicales muy activa. La informalidad es marginal y, en términos generales, de muy poca importancia económicamente. El personal de la administración estatal se rige  por normas específicas laborales.  

En los países de capitalismo en desarrollo, entre los cuales se  cuentan los de América Latina, la población urbana oscila  alrededor del 80% y la agraria del 20%. 

La expansión del Derecho del Trabajo se ha dado en una dirección vertical y otra horizontal. 

La primera está determinada por los derechos sociales inmanentes al contrato de trabajo creados, tanto en el ámbito de las relaciones individuales como en el de las relaciones colectivas. 

En el primero, se han generalizado, con diversos alcances: la  jornada de 8 horas y la semana de 48, los descansos semanales, en  feriados y anuales, la remuneración mínima, los pagos con  sobretasa por horas extras y trabajo nocturno, los denominados  aguinaldos o gratificaciones, los pagos diferidos hasta la  terminación del contrato de trabajo, la protección contra los  riesgos del trabajo y otros derechos de origen legal y convencional.  En ciertos países, se ha admitido la estabilidad en el trabajo y su  efecto: la reposición del trabajador en el empleo si el despido carece  de causa válida; en otros, en este caso, sólo se ha concedido una  indemnización que, en realidad, convalida la inestabilidad. 

En el plano de las relaciones colectivas, se ha reconocido la  libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. Un  instrumento primordial el control de la aplicación de la legislación  laboral por el Estado ha sido la inspección del trabajo. Asimismo, la función de los fines comunes de la sociedad, como la administración del Estado,  la prestación de los servicios públicos, la construcción de obras  públicas y la promoción de ciertos valores necesarios para ciertos  grupos sociales y para el desarrollo de la economía, la defensa y la  seguridad de la población y del Estado.” 

“Estos caracteres del derecho de propiedad son inherentes también a los derechos sociales, surgidos por la evolución social.”  […] 

“Los derechos sociales se han consolidado como el activo  patrimonial más importante de las personas que deben trabajar  para existir. De esa naturaleza económica, social y jurídica  dimanan tres de sus caracteres más importantes: su función  alimentaria, entendida como capacidad de satisfacer las necesidades personales y familiares de los trabajadores, según el  grado de desarrollo económico, social y cultural de sus países; su indisponibilidad por las autoridades legislativas y ejecutivas; y la irrenunciabilidad por sus titulares, para defenderlos de las  exacciones a que podrían exponerse por desconocimiento o por la  necesidad de emplearse. Al Estado, por consiguiente, no le es  posible eliminarlos ni reducirlos en provecho de los empleadores,  lo que, de hacerlo, equivaldría a transferirles a estos una parte de  la propiedad de los trabajadores sin pago. Al contrario, el Estado tiene el deber de ampliarlos para restituirles su poder adquisitivo,  ponerlos en correspondencia con el progreso económico y dar a los trabajadores una participación en las utilidades, cuyo costo adicional pasa, por lo general, al precio de los bienes producidos»8. Esto ha significado que el derecho de propiedad, en la  mente de los capitalistas y los funcionarios y jueces que les son adictos, tiene como objeto el capital, mas no la fuerza de trabajo, cuyo valor, reconocido por la ley, es susceptible de confiscación en  provecho de los empleadores. 

Desde el lado de los trabajadores, ha habido una acción y resistencia, destinadas, casi por completo, a defender los derechos adquiridos gracias a la ideología crítica, buena voluntad, canalizado, en gran parte, como una contienda de abogados. 

Esta situación ha determinado que los abogados de una y otra parte se hayan vuelto expertos en la aplicación de las normas,  cualquiera que sea su contenido, cuyo origen no discuten, puesto que no es su función. Unos y otros hurgan los textos legales en busca de las frases, a veces disimuladas, que podrían convencer a las autoridades administrativas y a los jueces a decidir a su favor. 

Sin embargo, en este enfrentamiento, la posición de las partes no es igual, a los empresarios, su poder económico les reporta una influencia remarcable en las instancias políticas y administrativas y, en consecuencia, la ventaja de obtener leyes, decretos,  resoluciones y sentencias a su conveniencia. Esta influencia llega a doblegar, incluso a funcionarios y jueces tenidos por probos, por amistad, temor reverencial, la espera de una ventaja, la simpatía de clase, el estatus o el cohecho. Es la fuerza del sistema. Un abogado que defienda con rectitud a los trabajadores es conflictivo y peligroso para ciertos empresarios y sus políticos, y lo anotan en  la lista negra de sus corporaciones que comunican a funcionarios y jueces. Complementa esta modalidad, la persecución de  determinados abogados fieles a los trabajadores, sobre todo cuando los países caen bajo la férula de dictaduras o su régimen es de democracias arbitrarias y de estados de emergencia. El paso de los abogados laboralistas por las prisiones y las torturas complementarias o su asesinato suelen registrarse en sus  currículos como méritos, aunque no envidiables para sus colegas. 

La desigualdad de los abogados en el campo de las relaciones  laborales se manifiesta también en la diferencia enorme de sus ingresos. Los empresarios pagan muy bien a los suyos, en tanto que los trabajadores, a pesar de que juntos sí podrían, no pagan tanto a quienes los defienden y, en muchos casos, esperan la  prestación de sus servicios ad-honorem, invocando su simpatía por alguna ideología de cambio social, o recurriendo a alguna O.N.G. interesada. 

La contienda jurídica se refleja en el plano de la teoría o la doctrina laboralista que se encargan de impulsar las asociaciones  de abogados dedicados a las relaciones laborales. Hasta mediados  de la década del 80’ la tendencia era su agrupación en una sola  asociación, y la reunión de congresos, conferencias o coloquios nacionales e internacionales en los cuales se conversaba, más que debatía, las posiciones de los miembros, con una inclinación hasta  ese momento favorable al principio pro-operario de la legislación  laboral. Después, a consecuencia de la ola ideológica neoliberal,  que en el campo del Derecho del Trabajo se manifestó con la  denominación de flexibilidad o desregulación, los abogados  empresariales orientaron a esas asociaciones hacia la aceptación y  difusión de esta tendencia ideológica.⁹ Algunos profesores  universitarios y abogados, que habían sostenido el carácter defensivo de los trabajadores del Derecho del Trabajo, prefirieron  convertirse a la nueva religión, más rentable. Disconformes, los  abogados leales a los trabajadores constituyeron asociaciones  separadas¹⁰, y otros grupos de abogados crearon otras.¹¹ Esta  división trasluce también la lucha de clases en el plano de las doctrinas laboralistas. 

FORMALIZACION E INFORMALIDAD DE LAS RELACIONES LABORALES 

La economía formalizada se realiza en empresas registradas para fines laborales y tributarios, incluidas las pertenecientes a un solo propietario, con trabajadores que gozan de los derechos sociales creados por la ley y la convención colectiva.  

En cambio, la economía informal elude el registro, y sus  trabajadores no perciben las remuneraciones previstas por la ley ni los derechos sociales laborales y de seguridad social. Es el reino  de la libertad absoluta de oferta y demanda, como en el siglo XIX.  En algunos países de América Latina, representa más del 50% de  la actividad económica total. 

La informalidad y su permanencia se originan por un nivel bajo de desarrollo del capitalismo, el traslado de la población  agraria a la ciudad, empujada por la falta de tierras y empleo, la  ausencia o insuficiencia de control estatal, cierta voluntad del  capitalismo para el cual los bajos salarios en la informalidad son la base sobre la que se estratifican los salarios en las empresas formalizadas, y la ignorancia, incapacidad para defenderse y resignación de los trabajadores de este ámbito. 

Para un grupo de trabajadores, el trabajo informal es su posibilidad inmediata de obtener un ingreso económico con la inversión de un capital insignificante o sin este. Es el caso de la  mayor parte de adultos y niños que llegan del campo a la ciudad,  sin formación profesional o de trabajadores migrantes de otros  países. Se guarecen en cualquier parte y se instalan en la vía  pública, ofreciendo los bienes que adquieren o reciben por encargo.  A este grupo se suman los trabajadores que perdieron el empleo o  que no han podido obtener un empleo inicial, y se convierten en vendedores o artesanos ambulantes. Su permanencia en estas  ocupaciones informales se torna, por lo general, indefinida para la  mayor parte de ellos. Algunos logran acumular un capital y  emplean a otros, posesionándose del sitio que ocupan en la calle que pueden alquilar o ceder. Hay también empresarios que  encaran la producción informal en locales con trabajadores  contratados no registrados ni sujetos a la legislación laboral. En  ciertos casos, se trata de grandes instalaciones, como asientos  mineros, fábricas y establecimientos comerciales. 

Como en otros países, “La creación de las categorías de  microempresas y pequeñas empresas en el Perú tuvo por objeto  tentar la formalización de las empresas informales, primero,  facilitándoles el registro y simplificándoles los requisitos contables  con el Decreto Legislativo 705, del 5/11/1992, que fracasó; y, luego, con el atractivo de una reducción de los derechos sociales de los  trabajadores de las microempresas a la mitad, por la Ley 28015,  del 2/7/2003.¹² […] Si el comerciante o productor informal gana  absteniéndose de someterse a las leyes y sabiendo que las  sanciones serán leves o no lo alcanzarán, rechazara la inscripción  y otros trámites por más sencillos que sean. […] Para reducir la  informalidad se requiere una educación dirigida, ciertos estímulos  y ayudas del Estado (crediticias, tributarias, de formación y  asesoramiento, etc.), control y plazos que pueden ser largos.”¹³ 

EL FUTURO 

El Futuro es un período de duración indefinida. Comienza en el instante siguiente a aquel en el que estamos, y lo que suceda en él es susceptible de conocerse por la prolongación de los hechos del  presente según las leyes de su repetición hasta que sus  contradicciones internas y externas los hagan variar. 

Las Relaciones Laborales y el Derecho del Trabajo están sujetas también a esas leyes. Se puede saber qué ocurrirá con ellas dentro de una semana, el mes siguiente y hasta un año después o más,  proyectando hacia adelante la manera cómo evolucionaron en el  pasado inmediato. Luego, la visión se va tornando difusa hasta perderse en la nada, y es ya imposible e inútil tratar de ver,  suponer o adivinar lo que podría venir seguida. 

Esto nos deja en el período inmediato al presente que podría prolongarse en el corto y, con alguna posibilidad, en el mediano plazo. 

Las proyecciones tendrían que aludir a los hechos fundamentales que conforman las Relaciones Laborales y el  Derecho del Trabajo. 

En el plano económico, admitida la continuación del sistema capitalista hasta que otro lo sustituya, persistirán sus términos  constitutivos: la clase capitalista, en su expresión de conjunto de  empleadores, y las clases trabajadoras que les prestan servicios.  La relación entre ambos grupos seguirá formalizándose como el  contrato de trabajo y los derechos y obligaciones que le son  inherentes. Salvo como una aberración, no se podría volver a la  incorporación forzada de los trabajadores a los centros de  producción ni a la vida familiar.¹⁴ Análogamente, las relaciones de  trabajo en la administración pública seguirán rigiéndose por un  contrato de trabajo especial. 

De moverse la sociedad hacia la expansión de la propiedad empresarial estatal¹⁵, las relaciones de trabajo no podrían cambiar  en lo fundamental. Seguirán encuadradas por el contrato de  trabajo, puesto que, desde el lado de los trabajadores, la  incorporación a la empresa o a otros centros laborales no podría  violentar su voluntad. En cambio, el acceso de los trabajadores a las empresas y la administración pública no podría depender de la  voluntad de sus propietarios, ejecutivos o funcionarios, sino de la  necesidad de contratarlos, de su formación profesional, de la  igualdad de oportunidades y de la disponibilidad de recursos para  pagarles, sobre todo en la administración pública, cuyo empleador  es la sociedad y su fuente de financiamiento los tributos que son  limitados. Ello debido a que la razón de ser de la existencia de los  centros de trabajo es la producción de bienes materiales y servicios  para la satisfacción de las necesidades individuales y sociales, utilizando el trabajo humano, el que, además de su condición de  fuerza energética y mental, es el medio de procurarles a los  trabajadores los ingresos que les posibilitan la existencia y el  bienestar. Correlativamente, los derechos sociales no podrían ser  reducidos en su calidad y magnitud ya alcanzadas. 

Tanto en el caso de una economía capitalista como de otra que la continúe, el mejoramiento de los derechos sociales seguiría el ritmo del crecimiento de la producción y tendría que ajustarse a una atribución mayor del valor creado a los trabajadores, sin  afectar la parte destinada a reproducción y a la sociedad para la atención y expansión de los servicios públicos. 

Siguiendo la línea de la evolución de las fuerzas productivas,  la división social del trabajo y la apropiación privada del producto,  habrá de continuar reduciéndose el número de trabajadores  empleados por las crisis periódicas de superproducción, como ha  venido aconteciendo desde la aparición del capitalismo, y de  manera permanente.¹⁶ 

Desde la década del 30’ del siglo XX, en los países capitalistas  más altamente desarrollados, se ha tratado de conjurar las crisis  y el desempleo masivo que acarrean con una intervención decisiva del Estado, consistente en el otorgamiento de crédito a las  empresas, la construcción de obras públicas, el suministro de  ayudas a los desempleados y a las personas de menores recursos y  el armamentismo.¹⁷ Una parte de esa intervención fue la instauración de una política de empleo a ejecutarse en los planos económico y jurídico, y la institucionalización del seguro de  desempleo como un derecho social. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se generalizó la formación profesional como un conjunto  de acciones integradas, a cargo de los gobiernos, las universidades y las organizaciones empresariales y sindicales, también en los  países más desarrollados, para llevar a cabo la primera formación,  el reciclaje, la readaptación y la promoción. Asimismo, se reguló la  movilidad geográfica de los trabajadores. 

A pesar de la intervención estatal, algunos autores  entendieron que la innovación de las máquinas y los  procedimientos de trabajo seguirían reduciendo el número de  trabajadores necesario para la producción y la circulación de  mercancías, como una tendencia irreversible.¹⁸ En efecto, ciertos  cambios en las técnicas de operación productiva han disminuido el  número de trabajadores ocupados en determinadas fases de la  producción o las han eliminado. Sin embargo, esas mismas  innovaciones han absorbido una gran cantidad de trabajadores con  otras calificaciones y para ocuparse de tareas distintas, en lo cual  las políticas de formación profesional han jugado un rol  determinante.¹⁹ Proseguirá expandiéndose el trabajo a distancia en ciertas ocupaciones. Las estadísticas muestran que la población ha continuado creciendo, aunque a tasas desiguales, según el  desarrollo económico de los países, y que ha aumentado también  el número de trabajadores, lo que desvirtúa los pronósticos  catastróficos de un desempleo insoluble, ocasionado por el  perfeccionamiento de los medios de producción y las nuevas  invenciones en este campo. 

Un efecto de la mayor productividad del trabajo, que tiende a  exceder la capacidad de absorción de los mercados, por la limitación de las necesidades y los ingresos, será la disminución del número de horas de trabajo diarias y semanales y la  prolongación del descanso anual. Esta adaptación no se logrará,  sin embargo, automáticamente. Como cualquier otro cambio  importante de las normas laborales, por cuanto estas tienen un  costo económico, sobrevendrá como epílogos de la lucha social en  la forma de compromisos o de soluciones en vía de autoridad.²⁰ 

Por otro lado, la reducción de la tasa de natalidad (menos del  1.5%), sobre todo en los países más desarrollados económicamente, seguirá disminuyendo, en el mediano plazo, la posibilidad de sustituir a las personas mayores que salen del trabajo con nuevos  trabajadores. Algunos de ellos han debido acudir a una  inmigración selectiva para procurarse la fuerza de trabajo que  requieren. En ciertos casos, el desempleo, la apetencia por  insertarse en sociedades con mejores niveles de vida o los conflictos bélicos han estimulado la formación de corrientes de personas en edad laboral, por lo general sin la formación profesional requerida,  con sus familias o sin ellas, que se trasladan a otros países con la esperanza incierta de ser recibidos. En algunos, se ha permitido su ingreso, inaplicando las normas que reservan el trabajo a los  nacionales, por la influencia de ciertos grupos empresariales que  podrían emplear esa mano de obra, pagándole la remuneración  mínima o menos y sin derechos sociales. Es posible que estas  migraciones, organizadas por tratantes que lucran con ellas, continúen si los países de donde parten no las retienen,  desarrollándose y promoviendo el empleo nacional, y si los países  de destino les deparan alguna esperanza. 

El envejecimiento de la población, por los avances en el cuidado de la salud y el bienestar general debido a la disposición  de mayores recursos, ha repercutido en las relaciones laborales,  por una parte, disminuyendo la recaudación de aportes sobre la  masa laboral empleada, dado el financiamiento de la seguridad  social por cotizaciones, y, por otra, al aumentar el número de  personas fuera del trabajo con derecho a la percepción de  pensiones y cuidados de salud que se incrementan a medida que  aumenta la edad de las personas protegidas. Como esta situación es irreversible, tendrá que modificarse radicalmente el sistema de financiamiento de la seguridad social y hacerlo depender de la  captación directa de una parte del ingreso nacional, por la vía del impuesto. 

En algunas personas en trance de retiro de la actividad laboral al llegar a la edad máxima para el trabajo hay cierta proclividad a mantenerse en sus empleos o colocarse en otros. Ello,  en gran parte, porque el trabajo ha condicionado su vida y sienten  que la inactividad los empuja a un vacío insoportable. El dilema es si los empleos disponibles deben ser ocupados por ellas o por jóvenes u otras personas en edad laboral desempleados o que  esperan esos puestos. En los países más desarrollados económicamente, el retiro de las personas llegadas a la edad de la jubilación no se discute, puesto que los problemas del empleo son graves. En cambio, en algunos países de América Latina, ciertas  personas titulares de un empleo en la administración pública, que  llegan a la edad de la jubilación, suelen prevalerse de sus relaciones para quedarse en él, si las tienen, sin ninguna  consideración por otras personas con la expectativa de ocupar esos  empleos. Tal vez pueda generarse algunas formas de trabajo  individual o asociado de beneficio a la comunidad a cargo de las  personas mayores que quieran y puedan efectuarlo. Se ha hecho  cada vez más frecuente que muchas de ellas, con niveles medios y superiores de lectura, se sientan inspiradas para escribir sus  biografías, relatos o poemas que publican, por lo general, con sus  recursos. 

En suma, de una manera general, los cambios en la Legislación  Laboral y de Seguridad Social seguirán reflejando la correlación de fuerzas entre los conjuntos de personas que trabajan y las  empresas, entidades o personas que los contratan, con una magnitud equivalente, como en el caso de los países europeos y otros altamente industrializados, y con menos equiparidad en los  países de América Latina y otros menos desarrollados. En todos  ellos, la posibilidad de cambios in melius seguirá dependiendo de  la conciencia de los trabajadores, de la fuerza de su organización  sindical y política, y del nivel general de conocimiento de los  ciudadanos de ser ellos quienes deciden sobre la organización y las  funciones del Estado. 

[*] Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima -República del Perú-
¹ Cfm. mi libro El derecho como norma y como relación social. Teoría general  del Derecho, Lima, EDIAL, 4ª edición, 2,000, nº 46.
² Carlos Marx en El Capital, cuya primera edición fue de 1867, había denominado Contrato de Trabajo a la relación entre un capitalista y un obrero.  ³ En cierta literatura hispánica sobre el Derecho del Trabajo se planteó, desde  fines de la década del 40’ del siglo pasado, el tema del tipo de relación que existió entre Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Fue un  entretenimiento, cuya finalidad subliminal apuntaba a hacer de la España  Medioeval, en los tiempos de las expediciones a ultramar de sus aventureros  contratados, el origen del Derecho del Trabajo, dando por cierto que esos personajes existieron realmente. Hubieran debido, más bien, investigar la intención de Miguel de Cervantes y Saavedra cuando los creó para burlarse  de la opresiva sociedad en la cual tuvo que vivir. Que la relación entre Quijote  y Sancho fuese laboral, es indiscutible, como fueron también laborales las del Amo y el Esclavo, del Señor Feudal y el Siervo, del Maestro y el Operario y el Aprendiz, del Patrón y el Trabajador que se alquila en los Contratos de Locación de Servicios, relaciones tipificadas por la dependencia económica y jurídica,  como sucede en la relación entre el capitalista y el trabajador libre que le  presta servicios por un contrato de trabajo, legalmente admitido sólo desde  fines del siglo XIX; y, en todas estas relaciones la finalidad es posibilitarle al  amo, señor, maestro, patrón y capitalista, quedarse con la plusvalía creada  por el trabajo. ¿De qué plusvalía desposeía Don Quijote a Sancho, su escudero,  qué empresa tenía, qué mercancías vendía, era amo, señor, maestro, patrón o  capitalista? En esto, no entran esos imaginativos autores. En Internet se encuentra información sobre tan extravagante tema.
⁴ Sobre la formación y la evolución del Derecho del Trabajo mi libro Teoría  General del Derecho del Trabajo, Lima, Grijley, 2007, tomo I, 2ª edición. ⁵ Cfm. mi artículo Derechos sociales y revolución, publicado en la revista  Reflexión, Lima, mayo 2015, y en la Revista de Derecho del Trabajo y  Seguridad Social, Lima, diciembre 2016.
⁶ Michael Parkin, Economía, México, Ed. Pearson Educativa, 2009, 8ª edición,  pág. 461; Thomas Piketty, L’économie des inegalités, Paris, Éd. La  Découverte, 2015: “la parte del ingreso del trabajo en el valor agregado, que  incluye las cotizaciones sociales pagadas por los trabajadores, no ha  aumentado entre 1920 y 1995”. Thomas Piketty desarrolla con mayores datos  la desigual distribución del PBI en Le capital au XXIème siécle, Paris,  Éditions du Seuil, 2013.
⁷ La semana de 35 horas estuvo precedida por una intensa campaña  ideológica. La hizo posible el Partido Socialista en el gobierno, siendo ministra  de Trabajo Martine Aubry; Gilbert Cette, Dominique Taddei, Réduire la durée  du travail. Les 35 heures, Librairie Général française, 1998.
⁸ Los párrafos citados entre comillas son parte de mi artículo De dónde viene  y adónde va el Derecho del Trabajo (18/3/2019), revista Análisis Laboral de  Lima, edición especial por sus 500 números.
¹⁰ La más importante es la Asociación Latinoamericana de Abogados  Laboralistas, fundada en la localidad de Campos do Jordão, estado de Saõ  Paulo, el 1 de mayo de 2000. Cuenta con varias filiales nacionales. ¹¹ Entre ellas la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la  Seguridad Social “Guillermo Cabanellas”.
¹² El gobierno de Alan García Pérez, del Partido Aprista, extendió el régimen  laboral de las microempresas a las empresas que tienen hasta 100  trabajadores, con el decreto Legislativo 1086, del 27/6/2008, que no entraba  en la delegación de facultades legislativas que se le había conferido. 
¹³ Parte tomada de mi libro El capitalismo, una historia en marcha… hacia  otra etapa, Lima, 2018, pág. 408.
¹⁴ La esclavitud practicada por el gobierno nazi, hasta que fue derrotado en  1945, y otros casos marginales de ese sistema están absolutamente proscritos  de la convivencia humana y del derecho. 
¹⁵ No hay una noción admisible de socialismo. ¿Es la economía totalmente  estatizada y regida por planes obligatorios? En todo caso, el socialismo  denominado “real” desapareció con sus regímenes políticos en Europa del Este  a fines de la década del ochenta y comienzos de la del noventa del siglo pasado.
¹⁶ Paul Krugman, Pourquoi les crisis reviennent toujours, Paris, Editions du  Seuil, 2009. 
¹⁷ John Maynard Keynes, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero,  México, Fondo de Cultura Económica. Franklin Delano Roosevelt en 1933  emprendió una intensa intervención del Estado para sacar al capitalismo de  la crisis de 1929 con su política del New Deal (Nuevo Trato), pero sin llegar a  domeñar del todo a la crisis que terminó en 1941, cuando Estados Unidos tuvo  que entrar a la Segunda Guerra Mundial.
¹⁸ Jeremy Rifkin, El fin del trabajo, Buenos Aires, Barcelona, Ed. Paidos,  1996, “En práctica totalidad de las actividades manufactureras más  importantes, la mano de obra se sustituye sistemáticamente por máquinas.  En la actualidad millones de hombres y mujeres trabajadores en el mundo se  encuentran atrapados entre las prerrogativas de la nueva era económica y  una creciente marginación debido a la introducción de las nuevas tecnologías  que permiten sensibles ahorros de mano de obra.”, pág. 174; Dominique Méda,  El trabajo, un valor en peligro de extinción, Barcelona, edit. Gedisa, 1998;  Viviane Forrester, L’horreur économique, Paris, Editions Fayard, 1996; Olivier Mazel, Les chômages, Paris, Ed. Le Monde-Marabout, 1993.
¹⁹ André Gorz, Metamorfosis del trabajo, Madrid, Editorial Sistema, 1995.
²⁰ La eficacia de la reducción de las horas de trabajo semanales en la  ampliación de las posibilidades de empleo quedó demostrada cuando en  Francia se adoptó la semana de 35 horas. Diecinueve autores, que participaron en una investigación sobre este tema, concluyeron: “En el plano  cuantitativo, la travesía del desierto del empleo parece, en efecto, acabarse en  1997, cuando se inauguraron cinco años en los que el empleo, en el sector del  mercado, creció súbitamente 15% por el efecto de un ciclo de vigorosa  actividad, que combina la reducción de las cotizaciones sociales pagadas por  los empleadores y la baja a 35 horas de la duración semanal legal del trabajo.  Cuando se pensaba que con esta medida se había perdido el secreto del  crecimiento y con él la creación de empleos, la economía francesa creó, en el  curso de este período, más empleos como nunca había sucedido antes: más de  2 millones entre 1997 y 2002, de los cuales más de 600,000 sólo en el año  2,000.” DARES, Las políticas del empleo y el mercado de trabajo, Paris,  Éditions La Découverte, 2003, pág. 13.