Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo…

POR CLODOVALDO HERNANDEZ

En las guerras llamadas de quinta generación no es suficiente con que se entrenen las fuerzas militares que deben realizar el trabajo bélico convencional. Es necesario que también lo hagan los otros actores de ese tipo de conflictos. En los sucesos de Apure eso ha sido evidente. 
 
Si se observa con cuidado el desarrollo de los hechos en la zona limítrofe del estado llanero se puede comprobar que en las operaciones contra Venezuela no han participado solamente los irregulares colombianos alzados en armas, sino también –y en un rol más que protagónico- medios de la muy entrecomillada “prensa libre” y organizaciones no gubernamentales de los dos lados de la frontera. Ambos (medios y ONG) se proyectan muy definidamente como lo que son en sentido estricto: agentes hostiles al gobierno de Venezuela, es decir, parte inseparable de las fuerzas beligerantes. 
 
Se trata -no es válido ponerle suavizantes- de enemigos que actúan abiertamente en los campos de batalla paralelos e, inclusive, en el teatro real de operaciones. Lo hacen bajo la apariencia de ser entes neutrales, de observadores objetivos, pero sus vinculaciones solidarias con el bando promotor del ataque son muy claras y demostrables. Veamos algunas. 
 
EL FINANCIAMIENTO

Primero lo primero. Y en el mundo capitalista, ese componente es el dinero. Si se analiza quién sostiene económicamente tanto a las ONG como a los medios de comunicación que han tomado parte activa en la guerra permanente contra Venezuela (y, muy específicamente, en ensayos en caliente, como el de Apure) constataremos que son armas al servicio de la estrategia imperial. 
 
Algunas de estas ONG se comportan como “no gubernamentales” con respecto a las autoridades de Venezuela, pero son indiscutiblemente “muy gubernamentales” respecto a Estados Unidos y a países de la Unión Europea que sostienen sus actividades bajo pretextos políticamente correctos, como la lucha por los derechos humanos, la libertad de expresión, la transparencia electoral y la lucha contra la corrupción. Debajo de tales ropajes está la verdad: luchan por derrocar a un gobierno que nos les gusta para instaurar uno que obedezca a sus dictámenes y favorezca el control geopolítico de los abundantes recursos naturales venezolanos. 
 
De hecho, la fundación de ONG se ha convertido en uno de los negocios más jugosos para personas avispadas en muchos países, que consiguen así ingresos en monedas fuertes, adquieren notoriedad como luchadores por causas prestigiosas y reciben invitaciones constantes para viajes internacionales con el propósito de asistir a cursos y conferencias y recibir premios y homenajes. 
 
A cambio de tales privilegios, los directivos de las ONG pagadas por las potencias extranjeras deben estar prestos a actuar cuando los patronos lo exijan. Y las operaciones psicológicas asociadas a actos de guerra de quinta generación –como la desarrollada en Apure- se cuentan entre esos momentos en lo que el empleador reclama su contraprestación. 
 
Algo muy parecido puede decirse acerca de la llamada “prensa libre”, apelativo que cínicamente le endilgó el genocida en serie Elliott Abrams (encargado de Venezuela por el gobierno de Donald Trump), cuando dijo que la USAID (la fachada decente de la CIA) financiaba las actividades de los medios opositores en Venezuela. 
 
En esto de “chupar de la teta” del financiamiento de los países enemigos de Venezuela se han anotado varios empresarios vivarachos, sobrevivientes del naufragio de los medios de comunicación convencionales; y también se han sumado los dueños de nuevos medios digitales (algunos que actúan abiertamente y otros mediante interpuestas personas que posan de «emprendedoras»). Todos reciben sus aportes a cambio de una pertinaz y atorrante campaña contra el gobierno bolivariano y de reforzamiento de las grandes matrices de opinión generadas en torno a todo aquello que huela a izquierda o a socialismo. En situaciones especiales –como la que acaba de ocurrir en la población apureña de La Victoria-, esos batallones mediáticos están obligados a presentarse a combate. En el caso que nos ocupa, lo hicieron con la rapidez y la disposición de los mejores soldados. 

La vinculación de ONG y «prensa libre» con los ejecutores de la agresión militar contra Venezuela se aprecia también en la manera orquestada en la que actúan en situaciones como la de Apure.  Al reconstruir minuto a minuto los hechos, el portal de periodismo de investigación y datos La Tabla, evidenció que los «cuentacuentos» mediáticos se activaron de un modo veloz para posicionar dos matrices. La primera, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estaba cometiendo violaciones a los derechos humanos contra la población civil; y la segunda, que la gente desplazada había encontrado abrigo en Colombia, por lo que las generosas autoridades de ese país necesitaban apoyo económico para su loable tarea humanitaria. 

Esos dos relatos apuntaban claramente al objetivo de encubrir la realidad: un grupo armado colombiano había actuado en territorio venezolano, matando a dos oficiales y utilizando incluso armamento de guerra prohibido como las minas antipersonales. Al ser repelidos, encontraron refugio en el departamento de Arauca, sin que las Fuerzas Armadas de Colombia hayan intentado detenerlos, a pesar de que, según se dice, se trata de guerrilleros disidentes de las FARC, es decir, enemigos del gobierno colombiano de ultraderecha. La maquinaria mediática, con los portales colombianos en función estelar, cumplió la misión de posicionar este relato, completamente al revés, en el que Venezuela no es la agredida, sino la agresora. 

Otro momento destacado de la operación comunicacional es el de los «cuatro periodistas detenidos por la FANB», un hecho que nunca ocurrió, pero que se estableció como una típica posverdad. 
 
Los mismos implicados (en realidad, dos periodistas, un abogado y un docente) declararon que no estuvieron detenidos y que, por el contrario, recibieron protección de la Guardia Nacional Bolivariana. Pero la «prensa libre» ya había hecho su trabajo de propiciar el clima de opinión apropiado para que personajes de toda laya, inclusive el absolutamente descarado Iván Duque, salieran a pedir intervención de organismos internacionales para garantizar la vida de los periodistas.  [Sí, Duque, el presidente del país donde La Fundación para la Libertad de Prensa, que empezó a llevar estadísticas en 1977, ha registrado desde entonces 161 asesinatos de periodistas. Pero ese es un tema aparte]. 

Las ONG no desentonaron tampoco en esta operación o ensayo en caliente. En apenas unas horas se emitió un comunicado en el que 60 de ellas (según las versiones de prensa) piden a la ONU y la OEA que intervengan en la situación fronteriza, cumpliendo así el consabido propósito de hacer ver al mundo que se trata de un conflicto internacional o de un problema de Venezuela que está afectando la paz de Colombia. Una vez más, la realidad invertida. 

En su punto de encuentro, las ONG que han orientado su modelo de negocios hacia el nicho de la libertad de expresión, se dedicaron a ametrallar, a discreción, las denuncias sobre las supuestas restricciones a la labor de la «prensa libre» y respecto a la falsa desaparición de los cuatro periodistas, que en realidad no eran cuatro ni estaban desaparecidos. 

Cuando se explora, incluso muy someramente, en las relaciones de los directivos de estas ONG con los actores no encubiertos de la guerra de quinta generación que está en marcha, se entiende perfectamente el papel que desempeñan. Basta mirar algunas de las fotos de sus perfiles en redes sociales para saber que sus mejores amigos están en el ala pirómana de la oposición venezolana y en las altas y bajas esferas del uribismo colombiano, incluyendo sus peores rastrojos. Calcule usted. Para la discusión

La situación planteada en Apure no ha sido sofocada, pero puede tomarse la primera semana como una especie de ensayo general de una operación mayor en la que obviamente participarán los mismos actores de esta primera tentativa y quizá algunos más de la escena internacional. 
 
En lo que respecta al tema específico de este artículo, puede considerarse demostrado que la «prensa libre» y las ONG, financiadas por EEUU, la Unión Europea, otros países y corporaciones privadas, cumplieron su rol en las maniobras. Son parte medular del ejército enemigo… ¿o cabe duda? 

FUENTE: http://www.radiomundial.com.ve/

TRANSCRIBIMOS EL REPORTAJE REALIZADO A QUIEN FUERA PROFESOR TITULAR DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO (FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO) DR. CALIXTO A. ARMAS BAREA, ANALIZANDO LAS CONSECUENCIAS POLITICAS, ECONOMICAS Y JURIDICAS DEL CONFLICTO ARMADO CONTRA LA GRAN BRETAÑA DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 1982

De puño y letra: Cuando el 2 de Abril de 1982, se produjo la invasión a las Islas Malvinas por parte de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, una de las interpretaciones políticas de aquel momento fue que el Gobierno del Gral. Galtieri, inició esa Acción Militar porque para nuestro País prescribían los Derechos de Reclamación de la Soberanía Territorial de las Islas, pasados 150 Años de la Usurpación por parte de Gran Bretaña en 1833, esto es así Dr. Armas?
CALIXTO A. ARMAS BAREA: Lo primero que debe quedar bien en claro es que la actitud argentina no fue, jurídicamente hablando, una invasión sino una recuperación, una toma de posesión de una porción del territorio nacional del que habíamos sido ilegalmente desposeídos, y sobre el que seguíamos teniendo legítimos derechos de soberanía territorial. Tanto es así que cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas trató la cuestión no calificó la actitud argentina de «agresión», sino que se limitó a verificar que había un «quebrantamiento de la paz».
DPL: Muy oportuna aclaración.
CAB: En cuanto a la parte medular de su pregunta, es cierto que en aquellos días hubo quienes hablaron de esa hipotética caducidad de los derechos argentinos transcurridos los 150 años de la usurpación británica. Pero esa afirmación es totalmente falsa. Para el derecho Internacional no hay ningún plazo prescripto prefijado en materia de soberanía territorial. Puede haber otros factores que lleguen a provocar una caducidad de derechos, pero no hay lapso predeterminado.
DPL: ¿Cuál o cuáles habrían sido entonces los factores determinantes?
CAB: Con certeza yo no puedo contestar esa pregunta, y creo que todavía hay muy pocos que puedan hacerlo. Los hechos detonantes tenían en si mismos muy poca importancia: el desmantelamiento de la factoría ballenera en la Islas Georgias no tenía monto económico relevante, los ingleses habían sido informados de antemano y el acto de izar la bandera
argentina y entonar el himno por parte de los operarios no tenía otra trascendencia que la simbólica. La reacción británica original fue desmedida, sin duda alguna, y la movilización de dos fragatas y un submarino atómico pueden considerarse jurídicamente una amenaza a la paz que justifican medidas de autodefensa argentinas. Hay quienes opinan que el incidente fue prefabricado por la marina argentina. Otros por el contrario, sostienen que el gobierno
británico habría provocado muy hábilmente la reacción argentina, así parecen reconocerlo unas declaraciones del Dr. Nicanor Costa Méndez que he leído hace un par de días atrás. Pero por otra parte, parece estar demostrado que los altos mandos argentinos venían planeando la operación militar desde febrero de ese mismo 1982. Todo ello hace que la teoría de que la actitud del gobierno de Galtieri fue para tratar de consolidar su situación política interna pierda fuerza, aunque ello haya podido tener algún peso en la decisión final. También la exagerada reacción británica puede haber estado influenciada por el interés de la señora Thatcher de acrecentar internamente su situación. Es imponderable saber con certeza como pesaron en el conflicto los intereses económicos, por entonces meramente, futuros, particularmente los pesqueros y los de hidrocarburos. Finalmente, el valor estratégico de las Islas siempre sigue jugando un rol preponderante. Pero aún reconociendo la importancia de todos estos últimos factores, y teniendo
en cuenta que todo ello se conocía desde bastante tiempo atrás, queda sin contestar el
por qué, el conflicto se planteó y con esa magnitud para esos últimos días de aquel mes de marzo de 1982.
DPL: ¿Qué consecuencias tuvo la derrota militar para la Argentina, luego de 74 días de guerra en las Malvinas?
CAB: Es indispensable hacer un distingo entre las consecuencias jurídicas de las políticas. Por lo que a las primeras se refiere, debe quedar muy en claro que los plenamente fundados derechos de soberanía territorial que nuestro país tiene sobre las Islas no han sufrido ningún deterioro por la fracasada acción militar. Es como si una persona tiene un derecho de propiedad sobre una casa que ocupa un intruso y cuando discute con éste le aplica un golpe, este acto no está conforme a la Ley. Inclusive podrá ser penado por un Juez, pero no le disminuye en lo más mínimo el título de propiedad que tiene sobre su inmueble. Nuestro derecho de soberanía territorial nos viene por legítima sucesión de España, las ocupábamos cuando fuimos desposeídos de ellas por un acto de fuerza ilícito y no hemos dejado prescribir esos derechos. Ello se respalda también en el Principio de Integridad Territorial reafirmado en la Carta de Naciones Unidas y el movimiento de descolonización que ellas conducen tan exitosamente.

DPL: ¿Y desde el punto de vista político?

CAB: Aquí la situación es totalmente distinta. La acción de 1982 fue un fracaso total desde el punto de vista militar y tuvo consecuencias políticas sumamente desfavorables. Desde luego que repudiamos el uso de la fuerza armada, y su uso es contrario al derecho internacional actual, pero si un gobierno decide recurrir a ella lo menos que puede pedírsele es que considere que tiene razonables probabilidades de triunfar. Hoy parece que todos los técnicos están de acuerdo de que militarmente la Argentina no tenía ninguna posibilidad de triunfar sobre el Reino Unido, y ni siquiera existían las condiciones de infraestructura militar necesarias. Todo ello demuestra una falla profesional muy seria desde el punto de vista estrictamente militar. Y esa derrota militar tuvo consecuencias políticas internacionales muy serias para nuestro país.

DPL: ¿Cuáles habrían sido ellas?

CAB: Hubo también una apreciación de la situación política internacional profundamente equivocada. Por otra parte, se consideró que porque el gobierno de Galtieri estaba en buenas relaciones con el norteamericano e inclusive cooperando en técnicas de represión de la guerrilla especialmente en Centroamérica, la reacción de EE.UU. iba a ser favorable a medias o por lo menos neutral. Que la O.T.A.N. no iba a reaccionar en una cuestión fuera del Atlántico Norte y la entonces U.R.S.S. y China iban a votar en contra del Reino Unido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todas estas valoraciones resultaron totalmente equivocadas. La total superioridad militar pudo aplastarnos totalmente sin que ningún factor político actuara para impedirlo.

DPL: ¿Cómo influyó todo ello en el campo de las relaciones internacionales?

CAB: Las derrotas militares siempre se pagan caras y aunque, repetimos, nuestros derechos sobre las islas se mantienen incólumes, nuestra acción política para recuperarlas ha experimentado un considerable retroceso. Antes éramos nosotros los que teníamos una posición simpática a la opinión mundial y los británicos eran los «chicos malos», y su renuencia a solucionar la controversia había sido reconocida por la misma Asamblea General de la O.N.U. y en la O.E.A. Al recurrir a la fuerza armada, esa imagen argentina ante la opinión mundial ha empalidecido. Con la firme posición de hecho que les da la fuerza militar, la fortificación de la zona, el dominio marítimo y los ingentes recursos económicos, que les suministra las licencias pesqueras, sumado a as considerables mejoras que han podido lograr los kelpers, le permiten al gobierno británico establecer las condiciones de toda negociación y marcar los tiempos de todo el proceso Ello hace que la recuperación argentina, que sin duda un día llegará, se atrase considerablemente.

DPL: Entrando en el período democrático de 1983, ¿el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín tuvo respecto de este tema una posición demasiado intransigente?

CAB: El gobierno radical contó con algunos aspectos internos que mejoraron notablemente la posición internacional de la Argentina, como fueron la democratización del país y la defensa de los Derechos Humanos, reforzada con nuestra adhesión a los Tratados Interamericanos de Protección a los mismos. Pero por otra parte se tomaron ciertas actitudes, que al margen de si fueron o no acertadas, no favorecieron un mejor acercamiento con los EE.UU. y Europa Occidental, tales como nuestra actuación entre los No Alineados y el pago de la Deuda Externa. Con respecto a la cuestión Malvinas fue muy poco lo logrado, aún teniendo en cuenta nuestra condición de país vencido. Los ingleses no mostraron interés en ningún tipo de negociación, fracasó totalmente una reunión en Berna gestada por los buenos oficios del Gobierno Suizo, dadas las posiciones irreductibles de ambas partes, no se restablecieron relaciones regulares ni diplomáticas, ni consulares. Creo que nuestra política fue falta de ductilidad y de imaginación, aunque cabe preguntarse si el frente interno había asimilado adecuadamente la problemática internacional.

DPL: El gobierno de Carlos Menem, y por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores Domingo Cavallo, le dieron un mayor dinamismo a las relaciones internacionales para tratar de arreglar diplomáticamente con Gran Bretaña, inclusive se habla de la visita el próximo año de Menem a Londres. ¿Cómo evalúa la gestión puntual de Malvinas?

CAB: La cuestión Malvinas está por supuesto, inmersa dentro de toda la política exterior argentina, y es evidente que el gobierno actual ha hecho un amplísimo giro en este campo. No cabe pronunciarse si todo ello será acertado y en cuanto, todo ello es demasiado reciente para poder formular una fundada valoración. Pero lo indudable que después de la caída del Muro de Berlín, el gobierno argentino ha considerado que las alternativas habían variado substancialmente, que quizás no hay tanto margen de juego político en «Buena Letra» y ponerse de parte del evidente líder mundial.

DPL: ¿Cómo se ha reflejado ello en nuestra política exterior?

CAB: De muchas formas. Para citar las más evidentes, recordemos que no nos hemos retirado de los No Alineados, pero tendemos a ser un factor moderador dentro de ellos; acompañando a EE.UU. en sus principales posiciones internacionales, como en la votación sobre investigación de los Derechos Humanos en Cuba, negociación del pago de la Deuda Externa; decidido apoyo a las decisiones del Consejo de Seguridad en las sanciones, incluso uso de fuerzas armadas, en los casos de Irak-Kuwait, y ahora mismo en Yugoeslavia. Estamos usando los organismos internacionales, lo que me parece muy atinado, para una mayor inserción argentina en el escenario mundial.

DPL: ¿Cuál ha sido la influencia de estos nuevos enfoques en cuanto a Malvinas?

CAB: Sin que, creo, que haya que entusiasmarse demasiado, es indudable que esta nueva orientación de la política exterior argentina ha favorecido nuestra situación en la cuestión de las islas. Las negociaciones con el Reino Unido se han reanudado, luego de unos contactos secretos en Nueva York en el mes de Agosto del año 1989, concretándose una reunión en Madrid (Octubre de ese año y Febrero del siguiente). No es mucho lo logrado, pero sí hay algunas cosas importantes: reanudación formal de relaciones diplomáticas y consulares, atenuación de las medidas militares, procurar superar problemas en las zonas marítimas conflictivas, y otras varias cosas, todo ello bajo la fórmula protectora del «paraguas».

DPL: ¿Qué alcances y efectividad tiene esa tan mentada fórmula?

CAB: Esto del «paraguas» no es en realidad ninguna novedad en el Derecho Internacional. En muchas ocasiones se recurre a ella y es meramente aclarar que cuando se tomen determinadas actitudes, conjuntas o separadas, ello no debe interpretarse como renunciando a los derechos que cualquiera de las partes pretende tener sobre sus repetidas pretensiones. Esto, refiriéndolo a problemas de soberanía territorial, es jurídicamente correcto y por ejemplo se viene aplicando desde 1961 en la cuestión Antártica. Por eso dije antes que a la diplomacia de Raúl Alfonsín le faltó ductilidad al adoptar actitudes totalmente rígidas.

DPL: Con respecto a la zona de exclusión, ¿Qué es lo que sucede?

CAB: Ahí hay que distinguir entre «Soberanía Territorial» y «Supremacía Territorial». Normalmente ambas se ejercen conjuntamente, pero en determinadas circunstancias un Estado puede -por circunstancias legítima o ilegítimas- tener la «Soberanía Territorial», y no parte o toda la «Supremacía Territorial» correspondiente. La Supremacía es la Posesión, el Poder de Policía, las Facultades Impositivas, etc. Por ejemplo, Panamá arrendó la zona donde se construyó el Canal, reconociendo así muchas facultades propias de la «Supremacía Territorial», pero nunca cedió la Supremacía. La Argentina, por sendos tratados, ha cedido zonas francas a Bolivia y Paraguay en nuestro puerto de Rosario, resignando así ciertos aspectos de su «Supremacía» sin haber perdido ni un ápice de su «Soberanía Territorial». En cambio, otras veces esos ejercicios de Supremacía se realizan por actos de fuerza ilícita. Tal es el caso del Reino Unido con respecto a las Islas Malvinas, de las que se apoderó y retiene ílegitimamente; por lo que sin duda que ejerce la «supremacía territorial» de hecho, pero la Argentina sigue siendo la legítima titular de la «Soberanía Territorial». Teniendo ello en cuenta, y con la forma del «paraguas», ni la zona de exclusión, ni la zona de pesca, ni la pretendida zona económica exclusiva inglesa afectan nuestros derechos soberanos. Pero, desde luego debemos ser hábiles y cautelosos en todas las futuras negociaciones.

DPL: ¿Cómo ve Usted ese futuro?

CAB: Sumamente arduo y lento. Los ingleses tienen la mayoría de las cartas en la mano y pueden fijar casi por completo los tiempos, siendo muy poco lo que ganarían retirándose. En cuanto a los Kelpers, el panorama es totalmente sombrío. la Argentina siempre aclaró que estaba dispuesta a respetar los intereses de la población, conforme pide la Resolución N°2065 de la Asamblea General, y dimos muchas pruebas efectivas de ello. Establecimiento de mejores comunicaciones con el continente, aprovisionamientos, atenciones sanitarias, etc. (todo ello antes de 1982), pero todo ello hizo muy poca mella en los sentimientos de los habitantes, y el hecho bélico arruinó cualquier acercamiento que se hubiera producido. Hoy la situación a empeorado para dicho acercamiento. Los Kelpers han logrado la ciudadanía británica, mayor autogobierno, se han hecho obras públicas importantes (un buen hospital, mejores caminos, aeropuerto, etc.), y la comunicación con Londres puede hacerse casi en 24 horas, y por sobre todo su situación económica ha variado notablemente, debido a los grandes cánones que se cobran a los buques extranjeros que pescan en la zona. De un estado miserable han pasado a tener un ingreso per cápita sumamente envidiable.

DPL: ¿Qué alcances tiene la cuestión de la pesca?

CAB: Sin duda amplios y muy serios. Aparte de que esos ingresos debieran corresponder a la Argentina si tuviéramos la «Supremacía Territorial», la falta de una vigilancia adecuada (de parte de los ingleses y también nuestra), los pesqueros extranjeros están depredando peligrosamente las especies, con lo que se resiente también la riqueza ictícola en el resto de las aguas argentinas. Es indispensable, y en eso se está, que lleguemos a un acuerdo de protección coordinada, bajo la fórmula del «paraguas».

DPL: ¿Y el problema del petróleo?

CAB: Esa es la otra gran cuestión. Esto ya estaba esbozado hace muchos años, inclusive antes de las exploraciones del Shakleton, pero ahora tomando una ineludible actualidad. Es casi seguro que alrededor de las islas hay reservas de hidrocarburos de inmenso valor. Algunos cálculos hablan de cantidades nueve veces mayores a las existentes en el Mar del Norte. Y todo eso es ya tecnológicamente explorable. Sólo falta que haya una situación política y jurídica estable internacionalmente, porque la experiencia demuestra que los grandes capitales no se invierten en zonas políticamente riesgosas, si nos conviene y si podremos ponernos de acuerdo con los británicos en hacer una explotación conjunta, o si ellos creen que pueden llevarla adelante sin ese acuerdo.

DPL: ¿Qué ocurre con el proceso histórico de descolonización que se da en este siglo?

CAB: Esto es muy importante, porque efectivamente la descolonización es ya un proceso totalmente imparable, que está triunfando en todo el mundo. Ello obligó a los ingleses a iniciar negociaciones, pues no pudieron superar la opinión mundial expresada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto es un punto que siempre juega a favor nuestro, conjuntamente con el Principio de la Integridad Territorial que antes mencionara. Otro aspecto a nuestro favor es la tendencia declinante, que no puede retrotraerse, del Imperialismo Inglés, casi totalmente destrozado, que hace que no sea más una potencia mundial de primer orden, y casi diríamos que tampoco de segundo. Aunque no es fácil que se produzca, el brote de nacionalismos puede afectar al Reino Unido (ya lo hacen los Irlandeses, y Escocia y Gales pueden también plantear sus problemas). También juegan a nuestro favor la proximidad geográfica, el poder desempeñar un papel estratégico importante que pueda interesar a los EE.UU., el acuerdo que facilite una pesca más productiva, mayores facilidades para los Kelpers, y por sobre todo que se nos considere indispensables para una estable y segura explotación de los enormes recursos de hidrocarburos existentes.

DPL: ¿Piensa Usted que la cuestión Malvinas involucra de alguna manera a los EE.UU.?

CAB: Sin la menor duda que sí. La Política Internacional es una intrincada red de vasos comunicantes. Por eso decíamos antes que el importante cambio de rumbo de la actual política exterior argentina puede tener una gran incidencia en esta cuestión. Nuestro innegable acercamiento con la actual hiperpotencia puede brindarnos réditos interesantes. Pero también puede tener cesiones importantes. Cuando se negocia, hay que saber qué se quiere obtener y también qué se puede y qué se está dispuesto a dar. Nosotros, para lograr este acercamiento con los EE.UU. estamos dando mucho. Lo apoyamos en la Guerra del Golfo, en la votación contra Cuba, participamos nuevamente en el operativo Unitas, estamos esforzándonos por pagar la Deuda Externa, hemos desmantelado el Proyecto «Condor», se nos está presionando para que suscribamos el Tratado de Tlatelolco (que personalmente opino No Debemos Acceder), etc. Tendríamos que tener bien en claro qué objetivos deseamos obtener. Sin duda que uno de ellos ha de ser que se facilite el reconocimiento de los indudables Derechos de Soberanía Territorial Argentina sobre las Islas Malvinas.

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