Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo…

ESCRIBE HORACIO ROVELLI (*)

Los fondos de inversión acreedores del país y los grandes bancos locales controlan y subordinan. Uno de sus instrumentos: los pasivos del Banco Central. Una enorme masa de recursos con la que embolsan formidables ganancias sin arriesgar y que el gobierno podría destinar a reactivar la economía y mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad.

El capitalismo financiero se caracteriza por el predominio de los fondos de inversión y las entidades financieras en el mapa de la economía mundial. Su actividad es centro y nexo de decisiones que condicionan a sus deudores, ya sean personas, empresas o gobiernos. Controla y subordina, al punto tal que muchas empresas que producen bienes y servicios son de su propiedad. Ocurre aquí y en el mundo.

La mejor demostración de su poder sobre nuestro país y su presente es BlackRock, el principal acreedor privado de la Argentina con títulos públicos por más de 2 mil millones de dólares, la mayoría emitidos bajo ley extranjera. Además es accionista de importantes empresas locales, pero fundamentalmente de los cuatro primeros bancos por volúmenes de depósitos. Los mayores poseedores de títulos de deuda del Tesoro en pesos y de las Letras de liquidez (Leliq) [1] y pases pasivos del Banco Central (BCRA).

A la condición descripta debe sumarse que BlackRock administra activos en todo el mundo por más de 6,5 billones de dólares -casi 20 veces nuestro PIB-. De ser un país, se ubicaría en el tercer lugar, detrás de Estados Unidos y China, pero sin tener que mantener un ejército ni programas de salud y educación. Es la razón por la que su Ceo, Larry Fink, tiene una clara influencia sobre el FMI y el gobierno estadounidense.

La situación Argentina es compleja. Cambiemos endeudó al Estado nacional por más de 100 mil millones de dólares. Del total, unos 45 mil 400 millones es deuda contraída con el FMI. Una parte, 24 mil millones, se empleó para pagar pasivos anteriores y 86 mil 200 millones se fugaron, según el Informe “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA. Y acá está el centro del problema: las que fugaron son empresas en las cuales los fondos de inversión tienen el control accionario, o bien una importante participación. Otras son propiedad de los ricos de siempre: los Magnetto (Clarín), los Arrieta Blaquier (Ledesma), los Bulgheroni (Pan American Energy), los Pagani (Arcor), los Rocca (Techint), los Elsztain (IRSA) y los Urquía (Aceitera General Deheza), por mencionar algunos de los casos emblemáticos.

Un ejemplo. Las dos principales empresas que compraron dólares para fugarlos durante el gobierno de Cambiemos fueron Telefónica Argentina y Pampa Energía. En ambas tiene participación BlackRock. La primera adquirió 1.248 millones. La segunda, casi 904 millones. Ninguna declaró ni pagó durante el período impuestos a las ganancias por esa magnitud. La Afip, sin embargo, no les pide cuentas. Y no se trata de que las compras fueran ilegales, siempre y cuando se pueda explicar el origen de los fondos. Esa es la razón por la cual no se las investiga. La misma razón por la que el grupo de acreedores de la deuda externa que lidera BlackRock aceptó que el capital se amortice desde el segundo semestre de 2024. Lo mismo hará el FMI. Le concederá al país tres o cuatro años de gracia a cambio de que no se investigue a los que compraron dólares que se fugaron. Se podría argumentar que los 86 mil 200 millones los adquirieron casi 7 millones de personas y empresas. Tan cierto como que los 100 primeros fugadores se llevaron nada menos que 24 mil 679 millones. Ninguno registró en esos cuatro años ganancias suficientes para que justifiquen compras de tales magnitudes. Se trata de una minoría parásita y rentista que se enriquece y saca dólares del país que, seguramente y en una parte importante, son administrados por BlackRock o algún otro fondo acreedor [2]. Los principales interesados en que el gobierno de Alberto Fernández acepte el acuerdo que quiere imponer el FMI. Les garantiza no devolver un solo dólar y, como si fuera poco, que la deuda la pagará el conjunto del pueblo argentino.

Lo dijo Nicolás Avellaneda en 1880: “…millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros”. En medio de la segunda ola del Covid-19, el gobierno optó por no implementar una cuarta cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Unos 90 mil millones de pesos que, como las tres rondas sí desembolsadas, hubieran sido una ayuda para los desocupados y quienes no podían trabajar por las restricciones sanitarias. Tampoco, por ejemplo, se optó por incrementar el monto del Plan Potenciar Trabajo, que abarca a 870 mil trabajadores [3] y que de llevarse a 55 mil pesos mensuales (el costo de una Canasta Básica Total) permitiría -haciéndose cargo el Estado nacional de los materiales- construir unas 260 mil viviendas por año. Sin embargo, el gobierno le reconocerá a los bancos hasta fin de año acreencias por unos 700 mil millones de pesos por las Leliq y los pases pasivos. La suma de ambos activos financieros alcanza ya los 3,9 billones de pesos y la tasa efectiva que les paga el Banco Central promedia el 40 por ciento anual.

Para poner en pie a la Argentina real se debería utilizar ese recurso, hoy inmovilizado, cuando en realidad son depósitos del conjunto de la sociedad que los grandes bancos usan sin riesgo alguno. ¿Opciones? Las hay. Por ejemplo, destinarlos a la construcción de viviendas populares mediante los planes de auto construcción, una actividad que no requiere insumos importados y que, además, funciona como un importante multiplicador de la producción local. Incluso se podría financiar un vasto plan de obra pública para generar empleo y reactivar la economía, al tiempo que se avanza con las imprescindibles inversiones en infraestructura. Incluso así quedarían recursos para seguir asistiendo a quienes se beneficiaron con el IFE, pero también a los trabajadores, jubilados y pensionados que perciben remuneraciones menores al costo de una Canasta Básica Total.

¿Qué hace el gobierno, además de pagarle a los bancos por esos fondos inmovilizados? Crea un “festival de bonos” que la Secretaria de Finanzas coloca entre las entidades del sistema y los fondos comunes de inversión mediante licitaciones periódicas en busca de financiamiento en el mercado local. El camino, sin embargo, es el contrario. El gobierno marcha a contramano. Premia a los grandes jugadores financieros locales e internacionales, cuyo máxima expresión es BlackRock.

Nada más alejado de lo que se necesita: un Estado presente que asuma los riesgos que el capital financiero no asumirá. Y lo que es peor, como la economía no crece, la rentabilidad financiera se fuga y los pasivos financieros del BCRA se disparan porque la entidad no puede pagar los intereses, que en definitiva se capitalizan. Una bomba que de no haber un cambio de rumbo se agigantará hasta que, agotado el tiempo, termine estallando.

(*) Economista egresado de la UBA.Docente UBA en Económicas y Sociales.

Notas

[1] Son préstamos de los bancos al BCRA de uno a seis días de plazo. Los cuatro bancos privados más grandes en la Argentina actual son Santander-Río; BBVA; Galicia; y Macro y en los cuatro BlackRock reconoce tener parte del capital accionario.

[2] Franklin Templeton, Gramercy, Fidelity, Ashmore, Pimco, etc.

[3] El Ministerio de Desarrollo Social aumentará el Plan Potenciar Trabajo a $14.040 desde agosto de 2021. El monto del Plan Potenciar Trabajo equivale al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

FUENTE: «TRANSFORMAR ARGENTINA» – IDEAS Y PROYECTOS PARA UN DESARROLLO INCLUSIVO

POR ALBERTO CORTES

En 1973 el Rey de Afganistán fue derrocado por un golpe encabezado por Mohammed Daud Khan, que había sido un importante funcionario durante la monarquía. Cinco años después, el recrudecimiento de la represión contra el Partido Democrático Popular de Afganistán, de orientación comunista y con gran influencia en las FF.AA., provocó la reacción de estos sectores, que derrocaron y asesinaron a Khan e iniciaron un proceso conocido como la Revolución de Abril, que realizó importantes reformas sociales a favor de los campesinos, los trabajadores y las mujeres, en un país donde el 90% de los hombres y el 97% de las mujeres eran analfabetos y los demás indicadores de desarrollo humano eran semejantes.
También fue un gobierno represivo, y tanto este aspecto como los cuestionamientos al patriarcado, muy arraigado, en especial en las zonas rurales, condujeron al levantamiento de los sectores islamistas conocidos como mujahidines, con el apoyo de los EE.UU. que lanzó la “Operación Ciclón”, procurando aprovechar la situación en el contexto de la Guerra Fría, en 1978, durante el gobierno de Carter. Al año siguiente la U.R.S.S. intervino militarmente empantanándose en lo que muchos llamaron “el Vietnam soviético”, y viéndose obligada a retirarse diez años después.
En tres años más, los mujahidines derrocaron y masacraron al gobierno comunista, pero hasta 1996, por otros cuatro años, las fracciones mujahidines combatieron entre sí, imponiéndose finalmente los Talibanes.
En el poder, los talibanes aplicaron una de las más estrictas interpretaciones de la ley Sharia vistas en el mundo musulmán, y en el mundo en general, particularmente por el trato a las mujeres: Obligadas a usar el burka en público, no se les permitía trabajar ni recibir educación después de los ocho años, y hasta entonces solo se les permitía el estudio del Corán. Tampoco ser atendidas por médicos de sexo masculino si no eran acompañadas por un hombre, lo que llevó a que muchas enfermedades no fuesen tratadas. Se enfrentaron a la flagelación y ejecución públicas por violaciones de las leyes de los talibanes. También a mutilaciones.
Debido a que se les prohibió a las mujeres trabajar, la educación para los niños colapsó, puesto que la mayoría de los docentes eran maestras. Se prohibió – en especial para las mujeres- los deportes, bailar, aplaudir, volar barriletes, representar seres vivos, la fotografía y la pintura. Se prohibieron la música y la interpretación visual de cualquier forma humana o animal. Se dinamitaron monumentos históricos de 15 siglos, patrimonio de la Humanidad. Siendo los talibanes sunitas, muchos chiitas y también de otras religiones no musulmanas fueron masacrados.
La violación por los talibanes de muchas normas internacionales, incluido el respeto a los diplomáticos extranjeros, hizo que sólo tres países reconocieran a su gobierno: Pakistán, que había sido la base operativa del movimiento mujahidin. Arabia Saudita, que hasta en medios de propaganda norteamericana como el canal History Channel se reconoce que este estrecho aliado de EE.UU. había sido el creador y patrocinador de Al Qaeda. Y por último los Emiratos Árabes.
Tras el ataque a las torres gemelas en Nueva York –cometido no por afganos, sino por sauditas -, el 11 de setiembre de 2001; los EE.UU. exigieron a los Talibanes la entrega de su aliado Osama Bin Laden, a quien culpaban por los atentados. Los Talibanes hicieron ofertas de entregarlo o juzgarlo si los EEUU entregaban pruebas de su culpabilidad, a lo cual éstos se negaron. Debe tenerse en cuenta que recién en noviembre Bin Laden reconoció la autoría. EE.UU. invadió el país en octubre, junto con otros países de la O.T.A.N. y en articulación con sus aliados internos de la Alianza del Norte. No encontraron a Bin Laden, a quien recién asesinaron – según su versión – 10 años después, en Pakistán; pero desplazaron a los Talibanes del poder y comenzó entonces un ciclo caracterizado por la guerra civil permanente y el encumbramiento de Afganistán a primer productor mundial de opio y su derivado, la heroína. Los Talibanes se habían financiado y se financian hoy, en alto grado de estas producciones, pero mientras fueron gobierno habían casi erradicado las mismas.
Después de veinte años -la guerra más prolongada en que han intervenido los EE.UU. -, habiendo gastado, según el presidente Biden, un millón de millones de dólares, con varios miles de muertos estadounidenses y de la O.T.A.N.; y entre diez y veinte veces más soldados afganos, y especialmente civiles afganos; Trump negoció con el Talibán el retiro escalonado de las fuerzas invasoras, culminando en setiembre próximo. Desde 2011, los EE.UU. vienen amagando con ese retiro, pero por primera vez ahora se está cumpliendo.
El discurso oficial es que están dejando a los afganos –amigos– la lucha en el terreno, y que el país del Norte se limitará a entrenarlos. Este es el mismo discurso que se dio hace medio siglo en Vietnam. Sólo que en orden inverso. Los norteamericanos comenzaron asesorando militarmente a sus títeres de Vietnam del Sur. A medida que se iba viendo la incapacidad de éstos de resistir a las tropas anticolonialistas, los EE.UU. iban poniendo cada vez más tropas propias en combate en el terreno. Diez años después –ya cerca del final- las retiraban y decían que dejaban a los sudvietnamitas esa tarea.
Mientras que Ho Chi Minh y sus fuerzas habían luchado antes contra el Japón y contra Francia, los aliados locales de EE.UU., en especial el dictador Ngo Diem, en cambio, habían sido sus colaboracionistas.
La Guerra de Vietnam generó un enorme desgaste interno a los EE.UU., donde se fortaleció un gran movimiento interno e internacional, en contra de la Guerra. Por eso, en la Conferencia de Paris, en 1973, Washington aceptó retirarse, con el mismo libreto que ahora: No era una retirada o la admisión de una derrota, sino una trasferencia a sus socios locales de la principal responsabilidad de la guerra. Pero con la retirada norteamericana, las fuerzas survietnamitas colapsaron en 1975 y el país se reunificó, bajo el liderazgo de Ho Chi Minh. El mismo resultado que se habría obtenido 19 años antes, y evitando varios millones de muertos, si el presidente estadounidense Eisenhower no hubiera decidido impedir las elecciones acordadas en el Tratado de Ginebra para 1956, en las cuales el pueblo vietnamita decidiría la reunificación o no del país y que Eisenhower estaba seguro que ganaría Ho Chi Minh, como lo revelan numerosos documentos de la época. Por ello EE.UU. decidió impedir la libre expresión de la voluntad de los vietnamitas.
En Afganistán, EE.UU. capitalizó sus flancos débiles de la Guerra de Vietnam, en la que el espectáculo televisado de los cuerpos de los soldados norteamericanos, conscriptos en general, muertos allí fortaleció al movimiento pacifista. Ahora van soldados profesionales, en todo lo que se pudo delegaron en fuerzas locales los combates, especialmente terrestres, como se aprecia en los porcentajes relativos de bajas de cada fuerza. Contrataron más mercenarios que las tropas propias que usaron. Involucraron a todos los aliados posibles. Recurrieron en gran escala a los drones. Todo esto no alcanzó.
En Afganistán los EE.UU. perforaron numerosos pozos petroleros y ambicionaban un control permanente del país por su ubicación estratégica, muy útil a los planes norteamericanos para rodear con bases hostiles a China, Irán y Rusia. Fronterizas las dos primeras y relativamente cercana la última. No pudo ser. Una potencia en declive como el país del norte, no puede permitirse ese lujo por mucho más tiempo.
Tal como en Vietnam, la retirada de Afganistán, muy criticada en su aliada Gran Bretaña, donde se habla sin eufemismos de derrota, está produciendo el colapso del Gobierno de Kabul. En una semana, los talibanes tomaron nueve capitales provinciales, incluidas la segunda y tercer ciudades del país. Kabul, si es rodeada y aislada, terminará cayendo también. Las promesas talibanes de no permitir que el país vuelva a ser base de grupos terroristas o de cierto respeto a los derechos de los afganos son prácticamente imposibles de garantizar. Nuevas oleadas de migrantes invadirán seguramente a los países vecinos y, finalmente, a Europa.
Además, es imposible comprender el desarrollo del terrorismo islámico en el mundo, desde Al Qaeda hasta el Estado Islámico, sin mirar desde el financiamiento y armamento estadounidense a los mujahidines anticomunistas, hasta la Invasión de Irak.
En Afganistán, después de 40 años de guerra financiada por los EE.UU., la mitad de ellos involucrando desembozadamente tropas propias, todo está peor que antes.