Constituye un alto honor presidir nuevamente la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Distinción que debo al voto y a la confianza de mis colegas, a quienes agradezco.
En tal carácter, procederé a dar inicio a la labor judicial del año 2021 en este acto público y solemne de conformidad con el artículo 19, inciso 15, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La crisis global que enfrentamos en materia sanitaria desde marzo del año pasado, y que se extiende hasta el presente, nos obliga a efectuar una necesaria e ineludible referencia acerca del impacto de la pandemia en los poderes judiciales en general y en el sistema judicial santafesino en particular.
Debido a esta situación, el 19 de marzo de 2020 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso políticas específicas de público conocimiento que siguieron las provincias y los municipios; y que este Poder Judicial acompañó.
La pandemia, es el más alto desafío que en tiempos democráticos deben enfrentar los poderes del Estado. A nosotros, el Poder Judicial, ese desafío se traduce en lograr el cumplimiento del designio constitucional de “afianzar la justicia”.
Para ello me ha parecido oportuno volver sobre el Preámbulo, ya que en él se encuentra el “por qué” debíamos darnos una Constitución, con la intención de detenerme en particular sobre uno de esos «para qué» que motivaron a los constituyentes de 1853 a otorgarnos una Carta Magna.
Y ahí encontramos, el mandato de «afianzar la justicia», inspirado directamente en el preámbulo de la Constitución de Filadelfia (que habla, precisamente, del propósito de «instaurar la justicia» -«establish justice»-).
En sus Commentaries de 1833, decía Story que establecer la Justicia “debe ser uno de los grandes fines de todo gobierno sabio”, encontrándose “en la base misma de todas las instituciones” de un gobierno libre. “Sin justicia que sea administrada libre, completa e imparcialmente, ni nuestras personas, ni nuestros derechos, ni nuestra propiedad, pueden ser protegidos”.
Los constituyentes del ’53 a pesar de escoger un verbo distinto, puede decirse “con entera verdad, que uno de los objetivos de la Constitución era establecer la justicia, crearla, darle existencia eficaz”, poniéndola a salvo de los “caprichos sangrientos” (en palabras de Sarmiento) a los que había permanecido sometida durante tantos años.
Entiendo que con esa sola frase se encuentra resumido el sentido último de nuestro trabajo, del mismo modo que ella también es invocada por todos los que vienen a Tribunales a procurar la tutela de sus derechos -repitiendo la conocida frase «será justicia»-.
Cuando nos preguntamos acerca de qué es afianzar la justicia, ineludiblemente nos interrogamos acerca de qué es la justicia y es ahí donde aparece la referencia a uno de los tres «praecepta iuris» de Ulpiano, el precepto de «dar a cada uno lo suyo», una expresión que la filosofía clásica ha adoptado como la definición misma de «justicia». Por supuesto que este no es el lugar para emprender una reflexión acabada sobre el tema, pero parece oportuno realizar unas breves observaciones con sentido práctico.
Ante todo, podría señalarse que la justicia presupone la existencia de normas que establecen lo que es «de cada uno», por lo que ella no resulta un cometido exclusivo del Poder Judicial, sino que es una tarea conjunta de todos los poderes del Estado, destacándose en gran medida el Poder Legislativo, que es el llamado a dictar las leyes que organizan nuestra sociedad, aunque siempre sometido al control de validez de los tribunales (como ya lo enseñaba el juez Marshall en Marbury v Madison -1803-).
En esta ocasión quisiera destacar, pensando en los miembros del Poder Judicial, la necesidad de tener siempre conciencia de que ese mandato de afianzar la justicia se actualiza en cada asunto que se trae a nuestros despachos y que exige respuestas que aseguren y/o restauren la igualdad -que es la raíz de la justicia- en las relaciones humanas concretas, ya sea compensando o repartiendo, adjudicaciones que expresan las dos formas básicas de la justicia, que desde Aristóteles -aunque con cambios en la terminología- conocemos como justicia conmutativa y justicia distributiva.
La justicia conmutativa (llamada «particular») se vulnera cuando hay aprovechamiento, enriquecimiento indebido por desigualdades originarias (como la lesión) o sobrevinientes; al intervenir en tales casos, en los que rige la igualdad aritmética, los jueces -y quienes colaboran con ellos- deben tener siempre presente que, a pesar de involucrar por lo general a particulares, no se trata de asuntos meramente privados, pues las injusticias particulares también ofenden al bien común, lo cual habilita y justifica plenamente el ejercicio razonado de la autoridad judicial para prevenirlas.
El verdadero desafío lo representa la justicia distributiva, que también es condición del bien común. Las crisis, la pobreza, la exclusión, la marginalidad, las vulnerabilidades, se traducen en exigencias de justicia en los repartos, sin la cual no hay justicia social.
Esta justicia distributiva reclama al Poder Judicial mayor protagonismo y ello ha producido una gigantesca expansión de la labor judicial y en muchas ocasiones, por impotencia de la sociedad civil y política, se ha llevado a la magistratura a ocupar un lugar que, por sus lógicas limitaciones de competencia, termina generando desánimo y frustración en los justiciables.
Precisamente este nuevo rol exigido al Poder Judicial se vería ampliado aun más de seguirse a quienes postulan, como autores de la talla de Ferrajoli, la necesidad de poner en práctica la plena vigencia de los derechos sociales y económicos asegurados por mandato constitucional e internacional.
Los jueces tenemos una delicada responsabilidad en asegurar el imperio de la justicia en todas sus formas, reparando los desconocimientos de los «suyos de cada uno».
Persuadido también que afianzar la justicia es una rogatoria constitucional dirigida a los tres poderes del Estado, esta Corte aspira a una construcción permanente y mancomunada con el Parlamento y el Ejecutivo; y en este trabajo es imprescindible la colaboración de los colegios profesionales y de quienes ejercen el derecho mediante el reclamo personal o colectivo.
Precisamente en ese camino, es bueno destacar que con anterioridad a este acto, los tres Poderes del Estado, con la adhesión de los Colegios de Abogados y las Universidades, celebraron un Acta Acuerdo en la conformación de una agenda relativa al servicio de justicia con el fin de encarar nuevos desafíos, como lo son: la conectividad e informatización, la información ciudadana, nuevas competencias y jurisdicciones y reformas procesales, todo con el firme propósito de este postulado inicial de afianzar la justicia.
El Covid 19 ha generado un cúmulo de normas y resoluciones administrativas, propio de una situación inesperada, desconocida y cargada de intereses contrapuestos, que requiere imaginación, creatividad y un conocimiento diversificado de las circunstancias comprometidas.
Al operador jurídico hoy se le requiere y exige una amplia apertura mental, dado que el derecho es inescindible de toda la compleja realidad social en la que se despliega. En tiempos de pandemia se hacen particularmente visibles, bajo rótulos jurídicos, problemas de índole muy distantes tales como: informática, bioética (por ejemplo adjudicación de respiradores, voluntarios para vacunas), medicina (pedidos de plasmas o modos de tratamientos terapéuticos), psicología (angustia, neurosis), economía (subsistencia, pago de impuestos), religión (celebraciones religiosas, sepelios), etc.
La multiplicidad normativa emanada por la pandemia puede implicar riesgos en el balanceo de los tres poderes del Estado, circunstancia que impone reflexionar sobre la independencia del Poder Judicial a fin de garantizar el control de constitucionalidad.
Es un aspecto del afianzamiento de la justicia en tiempos de pandemia precisar una vez más el lugar común de la judicatura: la última palabra sobre el derecho la tienen los jueces, en tanto no existe posibilidad de revisión sobre las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la ley por otro poder del Estado.
Este es el lugar institucional que tenemos asignado. La función judicial es ejercida por uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, erigido como poder político institucional independiente; y el más alto reflejo, la más fiel expresión de que la jurisdicción integra un poder independiente se advierte en la misión -precisamente- de sancionar las violaciones constitucionales en que puedan incurrir los otros poderes constituidos; toca al Poder Judicial el ejercicio de control de constitucionalidad y la señalización de los desbordes institucionales.
Por supuesto -tal como se ha sostenido en innumerables ocasiones-, el mejor reaseguro de la independencia externa e interna del Poder Judicial -presupuesto básico de toda la judicatura argentina- es su custodia permanente.
Este control jurisdiccional de la ley identifica a la Constitución como fuente del derecho; nada del derecho vigente queda al margen de la Constitución y así todo el derecho se impregna de ella y se constitucionaliza.
La solidez y calidad de la función judicial depende de modo directo de la garantía de la independencia judicial en todo el país. En este sentido, el primer paso lo constituye el fortalecimiento de la independencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -como garante último del Estado de Derecho y de toda la Magistratura Argentina.
Como marco de evaluación de los discursos públicos respecto de decisiones jurisdiccionales y las actuaciones judiciales, cabe separar los disensos de las descalificaciones y avasallamientos. Los primeros forman parte de la crítica indispensable para el mejoramiento de la actividad de los Poderes del Estado en una sociedad democrática, incluso cuando provengan de una autoridad pública. Algo muy distinto es la descalificación mediante generalizaciones que engendran deslegitimación y debilitamiento de los sistemas judiciales. Por ejemplo, ¿se puede seguir machacando el concepto de “la puerta giratoria” como regla general, cuando se pasó de 4.100 presos en el año 2014 a 7.100 en la actualidad?, o que ¿los jueces no trabajan cuando a modo de ejemplo, los jueces laborales dictan una sentencia con controversia cada dos días.
Así como el Poder Judicial deberá moverse dentro de la órbita de su competencia, respetuoso de lo que es propio de los otros poderes del Estado, cabe insistir en que por mandato constitucional lo relacionado con la administración y el diseño de las políticas es materia propia de los poderes legislativo y ejecutivo.
De los actos dictados en esas materias al Poder Judicial sólo le compete decidir, en causas judiciales concretas, acerca de la congruencia de tales medidas al ordenamiento jurídico vigente, y -de modo muy especial- de su ajuste a la Constitución. No sobre el acierto, oportunidad o conveniencia de las leyes, como lo tiene reiteradamente dicho nuestro máximo tribunal.
Además, cabe insistir con que, en los tiempos que estamos viviendo, la angustia y la desesperación pueden hacer que los ciudadanos lleven a los estrados judiciales problemas serios, que resultan respetables, e incluso graves. Pero no debemos perder de vista que, algunas veces, esos planteos desbordan lo jurídico para instalarse en lo político o en lo social. Y es allí adonde debemos comprender que la solución no está en las vías judiciales, sino en la vía legislativa o ejecutiva, o, incluso, en la opción electoral.
Ahora bien, considerar a los jueces como árbitros finales de todas las cuestiones públicas puede convertirse en una doctrina peligrosa que “puede colocarnos bajo el despotismo de una oligarquía”, tal como dijo con acierto Thomas Jefferson.
Debe quedar bien en claro que con esto que decimos no estamos sosteniendo que los poderes políticos deben estar exentos del control de la justicia. Por el contrario: también honra a su misión el juez que declara la invalidez de los actos que violentan derechos y garantías, pero debe hacerlo con fundamentos jurídicos, y prestando atención a la trascendencia de sus decisiones.
Esos jueces (es decir, los que conocen las herramientas republicanas con que cuentan y cuáles son sus límites) son los que preservan el Estado de Derecho, porque demuestran conocer la función que les toca cumplir en el sistema republicano. Son ésos los jueces que necesita hoy el país. Insto, pues, a todos mis colegas, a trabajar incansablemente en esa senda.
Por supuesto que la coyuntura sanitaria descripta no cambia el rol del juez, que hace tiempo y en distintas oportunidades hemos perfilado.
Si la tarea de juzgar ha sido siempre trascendente, adquiere en la actualidad mayor significación en razón de nuevas misiones que la sociedad nos ha confiado -a veces excediendo nuestras posibilidades- y del mayor alcance de nuestros cometidos. El Juez se ha convertido en un ingeniero social y todo se espera de él.
Las exigencias a que se alude determinan que, además de la obvia eticidad que obliga a una especial conducta en la vida pública y privada, también sea necesario internalizar el nuevo rol y perfil del juez en la tarea de realizar una justicia transparente y eficaz, en la formación continua, en afianzar el principio de seguridad jurídica.
Este perfil del juez exige austeridad, sobriedad y recato en su vida de comunidad. A la par de que al juez del “Estado de Derecho Constitucional” se le exige también una diversidad de idoneidades: psicológica, gerencial, aplicativa o prudencial ética, tecnológica y comunicacional.
Y quería detenerme y realizar una breve digresión respecto de estas dos últimas idoneidades que adquirieron, con motivo de la pandemia, un decisivo protagonismo.
Estamos instalados en la cultura digital. Parecería que todos nuestros compromisos y nuestra vida en general están de una u otra manera enlazada con los recursos tecnológicos. Esa exigencia se ha universalizado de manera que, para cobrar el sueldo, viajar, realizar diversos trabajos, etc., no cabe otra alternativa que instalar aplicaciones en nuestros celulares, manejar redes, códigos QR, videollamadas, hablar con las máquinas, etc. Por supuesto que todo ese mundo nuevo nos impone desafíos gravosos, pues no hay oportunidad de rechazarlo, dado que las consecuencias se asimilan a una especie de desaparición o muerte civil.
Es obvio que el Poder Judicial y sus integrantes no pueden dejar de incorporarse activamente a las posibilidades que supone esa nueva y desafiante cultura digital. El mundo y sus instituciones funcionan en red, pero las redes suponen también un lenguaje inédito, nuevos problemas. Se impone una capacitación urgente y acelerada de los recursos en cuestión. No hacerlo supondrá bajarse del mundo y renunciar al futuro y al mejoramiento del servicio. Este reclamo se extiende a la totalidad de la administración pública.
Claro está que la pandemia llegó en medio de una coyuntura de modernización en el Poder Judicial, dando un impulso importante a la necesidad de redoblar los esfuerzos para la transformación digital, y en particular al uso del expediente judicial electrónico y las audiencias orales virtuales. La emergencia parece haber vencido también la resistencia al cambio que ralentizaba los procesos modernizadores.
Estamos participando de un cambio de paradigma que importa, entre otras cosas, abandonar los principios clásicos del proceso papel para pasar al proceso electrónico pero sin relegar que lo esencial es el paso a la oralidad como base del sistema de procesamiento de los litigios.
Por último, y para finalizar este breve raconto, quiero poner de resalto que todas las medidas, resoluciones, desarrollos, proyectos, emprendimientos y tecnologías puestas en funcionamiento durante el año pasado, y las que aún se encuentran en ejecución, no han sido meros paliativos y soluciones aisladas a una coyuntura crítica que atraviesa nuestra sociedad.
Todo lo que hemos hecho y continuamos haciendo, es parte de un plan consensuado y proyectado, que en medio de la pandemia debió acelerar sus tiempos de ejecución para dar pronta respuesta a las necesidades y urgencias de la comunidad; pero, una vez que hayamos superado esta compleja realidad, continuarán su vigencia y pondrán en escena los inmensos logros que se han alcanzado desde este Poder Judicial.
Asimismo, en relación a la “idoneidad comunicacional”, al Juez del Estado de Derecho Constitucional se le exige estar “más cerca de la gente” en orden a una nueva relación entre la justicia y la sociedad, superando el aislacionismo de décadas pasadas a través de un nuevo espacio de comunicación libre y transparencia republicana.
A este respecto, en la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, se abordó la relación entre los medios de comunicación y la independencia judicial, estableciéndose que “desde el punto de vista de las personas en general, la publicidad de la justicia constituye una garantía esencial del funcionamiento del Poder Judicial en una sociedad democrática. Cada día vemos cómo la prensa se encarga de la noticia judicial, y cuando se enciende la luz de la cámara algunos no cuentan con la preparación mínima para enfrentarse a los medios”.
En ese temperamento, se destacó en el documento que “buena parte de los ingentes esfuerzos que los jueces despliegan en la aplicación del Derecho y en la búsqueda de la justicia al conocer y resolver los casos concretos se desvanecen en la vorágine de una opinión pública que, carente de una correcta orientación, desvirtúa la labor de las instancias judiciales”.
Es por ello que deviene imprescindible, en orden al robustecimiento de la institución judicial como pilar del sistema republicano, que las Escuelas Judiciales y los Centros de Capacitación incluyan en sus contenidos formativos el adiestramiento que permita a los que ejercen la función judicial adquirir las destrezas comunicacionales necesarias para informar con solvencia acerca de la actividad judicial.
En relación a las idoneidades que exige este nuevo modelo de juez y funcionario judicial no quería dejar de compartirles un anhelo que me acompaña hace años y que tengo la esperanza de ser tratado; me refiero a la creación de una Escuela Judicial propia, una Escuela Judicial Santafesina.
Estoy persuadido de que puede ser la herramienta propicia y específica para aproximarnos a la meta de “Más y mejor capacitación judicial”, en un contexto que impone que las capacitaciones que se brinden respondan eficazmente a las necesidades efectivas de los operadores judiciales y de la comunidad, procurando una acentuada orientación operativa. Es muy dificil aspirar a ese nuevo perfil del juez del que venimos hablando con la sola formación académica, donde se pone el foco en conocimientos teóricos para ejercer la función judicial, pues ello no alcanza a transmitir los modos de operar con el derecho en orden a los casos concretos, y por no considerar las otras funciones adyacentes o idoneidades.
Por eso propongo una Escuela Judicial Santafesina concebida como Institución orientada a formar un específico tipo de hombre de derecho: el destinado a la judicatura y cuyo objetivo sea seguir nutriendo a la magistratura provincial de personas cuya vocación ha sido medida y probada para el cumplimiento específico de la tareas encomedadas y ello redundará seguramente en el fortalecimiento de nuestro Poder Judicial.
También afianzar la justicia nos exige una justificación racional de las decisiones, porque de lo contrario sería mera violencia pretender que se cumpla aquello que es inequívocamente irracional.
La pauta central es que la respuesta luzca justificada racionalmente, de modo que sea posible no solo su comprensión, sino hasta su aceptación voluntaria. En ese terreno cabe reclamar: que se formule en el lenguaje que usa el destinatario, que respete la lógica, que imponga un medio que lleve al fin procurado, que se adecue a las costumbres de la sociedad, que prescriba comportamientos posibles, que no contradiga verdades científicas, que no imponga algo disvalioso, grave y manifiesto, etc. Una vez más, cabe esa advertencia frente a la alternativa que, en búsqueda de la eficacia y el resultado, se incurra en excesos o abusos. De ahí el reclamo de juzgar celosamente y que las normas que obliguen sean aquellas que resulten coherentes con la razón sustancial y procedimental.
Reitero una vez más la necesidad de un idioma simple, claro y que entiendan no solo los profesionales del derecho sino también los justiciables, abandonando el lenguaje barroco.
Hay que bregar por una justicia justa y comprometida con el bien común.
El fin del derecho consiste en garantizar que por la justicia, el orden y la seguridad se creen las condiciones que permitan a los miembros del grupo realizar su bien, el de todos, el bien común.
La idea de justicia del preámbulo refiere a la justicia que debe existir en las relaciones sociales, con su significación profunda de equilibrio igualitario simbolizado por la balanza. Se ubica de este modo como un valor constitucional prioritario, anterior a la libertad y solo precedido por la «unión nacional» sobre la que se constituyó la república federal.
Cada sociedad asume necesariamente un cierto «modo de ser». El pensamiento solidario conjuga mejor con la misma naturaleza humana que otras comportamientos propios de una ponderación sesgadas por el individualismo o colectivismo.
Los tiempos de excepción, incertidumbres y temores son propicios para los extremismos que recurren a salvaciones individuales o mesiánicas, fomentadas o proporcionadas por construcciones ficticias. Por eso la necesidad de que el Poder Judicial se esfuerce en generar climas de entendimiento en sintonía con aquellos valores más compartidos y esperanzadores, evitando plantear disputas radicales o que las alternativas sean todo o nada.
En este camino esperanzador nuestra responsabilidad como hombres de Estado, cada uno dentro de su propia plataforma de actuación, es trabajar en conjunto para lograr transformaciones en épocas de crisis y encontrar un destino común. Para ese objetivo se requieren entre otros valores ser humilde y razonable. La humildad es un valor que crece cuando uno se hace pequeño y el ser razonable no es lo mismo que tener siempre la razón.
Quisiera empezar este tópico saludando a todas las mujeres santafesinas que en el día de ayer, que como todos sabemos, conmemorarmos el día internacional de la mujer. Fue una jornada de reflexión sobre la larga lucha por la igualdad que sigue hoy en curso. Fue un día para recordar y rendir homenaje al valor, la fortaleza y los logros de las mujeres.
Un capítulo aparte merece considerar la gravedad y dimensión de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en Argentina, que obliga a priorizar radicalmente la inmediatez y accesibilidad de los canales para que las respuestas judiciales puedan contribuir a erradicarla. Existe una amenaza real que genera consternación y angustia. Las políticas hacia dentro y hacia fuera del sistema de justicia deben revisarse y de manera interdisciplinaria, a los fines de lograr una interrelación entre los diversos integrantes de todos los poderes del Estado para permitir una respuesta integral al flagelo.
Para comprender cabalmente la magnitud de la situación basta con repasar el número de demandas sobre violencia familiar en el año 2020: un total de 23.093 en todo el territorio provincial.
Urge redoblar los importantes esfuerzos en marcha para capacitar a las y los operadores de los sistemas judiciales en perspectiva de género, en el marco de la ley Micaela.
Dictadas las convenciones internacionales y sancionadas las leyes nacionales, los datos que muestra la realidad y que plasman las estadísticas reflejan que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia doméstica, laboral, sanitaria, educativa en razón de su género, y que no gozan de igualdad con los varones en orden al ejercicio de sus derechos.
Esto demuestra la insuficiencia de las leyes para cambiar una cuestión ancestral de injusticia y de victimización, al tiempo que advierte como única solución definitiva la formación cultural.
Si no se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres.
Tengo que destacar que esta Corte ha sido pionera en materia de capacitación en perspectiva de género, donde se logró la capacitación de más de 3000 integrantes del Poder Judicial.
Para este Tribunal constituyó una obligación ética de primer orden la formación sobre perspectiva de género aún antes de que se consagre en ley, designando a uno de sus integrantes (la Dra. María Angélica Gastaldi) para llevarla a cabo; es un trabajo que seguiremos haciendo, incluso con la preparación de nuevos capacitadores y replicadores en toda la Provincia.
Por supuesto, celebramos el programa que establece la obligatoriedad de la realización de la incorporación de la perspectiva de género para quienes desean integrar como funcionarios/as y magistrados/as el Poder Judicial de la provincia.
Como hemos afirmado desde siempre, acompañaremos a los otros Poderes del Estado en la elaboración de nuevos códigos procesales, enmiendas o modificaciones en todos los fueros. En particular debemos hacer hincapié en el proceso laboral que, más allá de los esfuerzos de todos los operadores que contribuyen a la prestación del sistema, hoy es un lugar común la fuerte litigiosidad cada vez más expansiva a la cual no se alcanza a dar la respuesta deseada. Urge una inmediata reacción de los tres Poderes del Estado ya sea para poner en marcha la ley 13.840 sancionada el 29 de noviembre de 2018 o instar un nuevo proyecto.
Asimismo, esperamos la sanción del nuevo Código Procesal Civil y Comercial que, presentado por el gobierno anterior, perdió estado parlamentario, pero que ha recibido un nuevo impulso dado por el Ministerio de Justicia y la Secretaría, lo que celebramos.
En esta nueva regulación procedimental se consagra la oralidad, que tan excelentes resultados hemos encontrado en la experiencia piloto.
Con mi experiencia acumulada me permite decir con toda humildad que cualquier pleito de cualquier materia debería ser resuelto mediante dos audiencias con la presencia del juez sería suficiente, por eso sugiero agregar que el acceso a la justicia se complementa con la idea de que el ciudadano tiene el derecho a conocer al juez de su causa.
Por último, en el fuero penal, transcurridos siete años de la puesta en marcha del nuevo sistema, resulta hasta lógico pensar en analizar las modificaciones necesarias producto de su propio andar y que fueron recogidas, en más de una oportunidad, por la propia jurisprudencia, específica de la judicatura y de la labor de la acusación y defensa.
Finalmente, en este solemne acto la Corte Suprema que presido debe dar cuenta a la sociedad de las tareas realizadas en el pasado año atendiendo al propósito trazado de afianzar la justicia aun en situación de excepción. Comienzo por nuestras obras:
Corresponde en la política de estado, que comenzadas en gestiones anteriores, ya se han finalizado los Tribunales de San Cristóbal y nos encontramos próximos a finalizar la construcción de los Nuevos Tribunales de Reconquista, mientras que se sigue con el edificio de Cañada de Gómez.
En la ciudad de Rosario se está llevando adelante un importante trabajo en las Defensorías Civiles y continuaran este año las obras del emblemático segundo Cuerpo del Palacio de Justicia, situado a metros de este solemne salón.
Finalmente, se aspira a encarar las obras de los Tribunales Provinciales de las ciudades de Casilda y Rafaela y la ampliación de los Tribunales de San Lorenzo.
En el ámbito de la mediación judicial, pese a la situación epidemiológica que venimos atravesando, este Poder Judicial continuó capacitando a nuevos mediadores judiciales, de conformidad a lo que históricamente viene materializando desde el año 1998.
Al día de hoy, llevamos formados más de 900 mediadores desperdigados en toda la geografía de la provincia, principalmente Jueces y Secretarios Comunitarios, quienes son los receptores primarios de las problemáticas que atañen a poblaciones más distantes de los grandes ejidos urbanos.
A título ilustrativo, durante el año 2020 se realizaron 2.672 mediaciones, de las cuales ya se han alcanzado acuerdos conciliatorios en 1.171 de ellas.
Este encomiable esfuerzo llevado a cabo por nuestros funcionarios y empleados judiciales, a título ad-honorem, no sólo contribuye al debido acceso a la justicia de la población en todos los sectores de la provincia, sino que también permite descomprimir el ingreso de causas en los distintos estamentos de este Poder Judicial.
Durante el complejo año 2020, la capacitación judicial no quedó de lado. Así, pudimos llevar adelante más de 90 cursos y talleres, en los que expusieron más de 80 especialistas de diferentes ramas del derecho en diferentes tópicos, especialmente destaco los cursos destinados al nuevo sistema de gestión de expedientes.
Se realizaron utilizando el servicio de zoom y además, retransmitidas en vivo por el Poder Judicial a través de la plataforma Youtube. Las capacitaciones destinadas a profesionales se encuentran publicadas en la página web del Poder Judicial y se pusieron a disposición de los distintos Colegios Profesionales, los que a su vez las han publicado y difundido en sus redes sociales.
En esa labor conjunta que hemos hablado estaremos atentos a la adhesión de nuestra provincia a la Ley 27592, llamada ley Yolanda en homenaje a quien fuera la primera mujer que ocupara la cartera específica de medio ambiente en la década del 70 en periódo democrático, a fin de cumplir con la capacitación obligatoria para garantizar la formación integral en “ambiente” con perspectiva de desarrollo sostenible.
Este Poder Judicial siempre ha invertido en tecnología y se han implementado modernos proceso de trabajo, resguardando la inescindible seguridad y confidencialidad que el bagaje de información con que operamos deben contemplar.
Somos concientes que en esta materia todo lo que hoy tiene actualidad, mañana ya es obsoleto.
Y bien, a lo concreto, hemos amplido la red Wi-Fi que permitió la celebración de más de 3.000 audiencias vía zoom únicamente en el fuero penal cuyo funcionamiento en pandemia no fue merecedor de críticas significativas y ha brindado adecuada respuesta en el marco de esa situación excepcional.
Hoy estamos trabajando mediante el “SISFE”; para ello hemos brindado la correspondiente capacitación; el sistema permite el inicio electrónico de demandas, escritos, la notificación electrónica y la visualización por parte de profesionales matriculados, organismos públicos y a las partes procesales para ver la totalidad del expediente mediante la Autoconsulta – on line.
Gráficamente, la modernidad nos permite consultar el expediente desde casa o en la Piazza Navona y trabajar desde allí.
Cuantificando el sistema, se llevan iniciadas por la plataforma de Autoconsulta Online 74.649 demandas electrónicas en el período de siete meses; y presentados de la misma forma 487.893 escritos en cuatro meses. De los informes estadísticos, se advierte que diariamente un 73% de los escritos ingresados en toda la Provincia fueron por vía digital, en tanto el 27% restante se recibió a través de correo electrónico o formato papel; se llevan materializadas desde el 9 de diciembre de 2020 a la fecha más de 48.000 cédulas en toda la provincia entre profesionales del derecho; a lo que agrego la creación de un sistema on line de turnos, que ya ha atendido 400.000.
Por otra parte, es dable recordar que la totalidad de los Magistrados, Funcionarios y empleados administrativos de este Poder Judicial cuenta con su propio equipo informático. Se han incorporado notebook (128) y licencias zoom (74) y fortalecido la conectividad de las señales de WIFI para desarrolar el trabajo a distancia.
Seguimos trabajando, lo hecho nos posiciona en un buen estandar en el concierto con las restantes provincias Argentinas.
Sabedores que queda mucho por trabajar en esta empresa, estamos abiertos a las mejoras y ajustes que se propongan por los operadores jurídicos, pero desde luego siempre en el marco del diálogo y del respeto, condimentos básicos para el consenso y arribo de soluciones.
La Provincia de Santa Fe que tiene importancia capital en el concierto nacional por su conformación natural, por el esfuerzo de su gente y por su fuerte institucionalidad, hoy más que nunca necesita de ese diálogo: de saber escuchar y ser escuchados, de la paciencia que ello requiere, de la tolerancia cuando no estamos de acuerdo con el otro, de la prudencia cuando sostenemos nuestras ideas sin ofensas y descalificaciones y del respeto al otro en todo el proceso de construcción de decisiones.
No quisiera dejar inaugurado este año judicial 2021 sin invitarlos a reflexionar juntos y de manera concienzuda sobre un aspecto al cual nos venimos refiriendo y que debemos considerar medular y de decisiva importancia práctica para la institución que nos toca representar.
La ciudadanía no debe dejar de confiar en sus jueces.
No podemos ser indiferentes ni hacer oídos sordos a la crisis de legitimidad que padece toda autoridad en Occidente. Crisis que incluye al Poder Judicial, que se lo percibe como burocrático y difícil de comprender.
Pero si de algo se puede jactar este Poder del Estado es de no escaparle a la autocrítica.
A su vez siento orgullo de este Poder Judicial atento el grado de compromiso de sus integrantes y de la alta responsabilidad institucional que exhiben todos aquellos que prestan este servicio esencial.
En este aspecto, no puedo dejar de mencionar que aun en la situación de pandemia atravesada se dictaron en la provincia de Santa Fe 48384 sentencias y esta Corte dictó 748 resoluciones. asimismo, y al sólo título de ejemplificar el trabajo del Poder Judicial, en pandemia se libraron en toda la provincia de Santa Fe más de 76.000 órdenes de pago, lo que equivale a un monto de aproximadamente 7.000 millones de pesos.
Todo ello significa que aún ante las circunstancias impuestas por la pandemia, el servicio de justicia se prestó, ampliándose a medida que las normas y la realidad lo permitieran, donde -a no olvidar- lo primordial era y todavía lo es, cuidar la salud de todos.
La ciudadanía espera y demanda cada vez más un perfil de responsabilidad ética mayor de todas las autoridades e instituciones del Estado, incluyendo a la judicatura.
Por eso a los funcionarios judiciales, de quienes hoy día mucho se espera, no nos basta con la resolución de los conflictos. Además de ello se nos exige “afianzar la justicia”, no solo con la ley, sino con el derecho todo, lo que implica una gran discrecionalidad y, consecuentemente, una gran responsabilidad institucional y ética mayor en cada una de las decisiones que se adoptan.
Por eso los funcionarios judiciales debemos asumir aquellas exigencias e idoneidades de las que venimos hablando para ser mejores y lo más eficientes posible.
Y de ese modo, con las virtudes y hábitos propios de un buen funcionario judicial y por el camino de la capacitación en las diversas idoneidades que hoy se nos exigen, como fruto de ese compromiso con la excelencia, vamos a lograr una valoración más positiva de la institución de cara a la ciudadanía.
Esta Provincia ha podido exhibir en el concierto nacional la imprescindible armonía con los otros poderes y los operadores del derecho desde la vuelta de la democracia. Aspiramos a poder continuar por esa senda.
Con estas palabras y dando gracias por la atención recibida, dejo inaugurado el año judicial 2021. Muchas gracias.
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Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo... 